Sinesio López Jiménez
El triunfo de Ollanta es la toma democrática de la Bastilla. Sin asaltos, sin violencia, sólo con la fuerza de los votos las clases medias y populares han conquistado el gobierno del Estado para todos. Acabar con la captura del Estado por los operadores del poder económico para ponerlo al servicio de todos es probablemente uno de los cambios más importantes que van a producirse a partir del 28 de julio. Desde hace más de veinte años los poderes fácticos han logrado imponer a los presidentes elegidos los operadores de sus intereses en el manejo de los aparatos económicos del Estado. Desde allí desplegaban las políticas económicas para los ricos y asignaban las migajas de las políticas sociales asistencialistas para los pobres. En este lapso ningún ministro de Economía y Finanzas ha provenido de las filas del partido que obtenía el triunfo electoral. Casi todos ellos provenían de las canteras de los organismos financieros internacionales o de los bancos.
Los operadores justificaban su presencia en el Estado no sólo como cuadros técnicos eficientes sino también como hombres de confianza del capital nacional e internacional. Por temor a fracasar en el campo económico o por presión de los poderes fácticos, los presidentes democráticamente elegidos terminaban escogiéndolos como los magos de la economía y las finanzas. Con la elección de Ollanta las cosas pueden y deben ser distintas. Eso explica probablemente la fuerte presión de la derecha y de los poderes fácticos para que el presidente electo, sin haber recibido aún las credenciales del JNE, decida apresuradamente el nombramiento de los hombres que sirvan y defiendan sus intereses. Eso explica también el veto y la satanización (por la prensa derechista) de los hombres de confianza de Ollanta y de los cuadros provenientes de la izquierda. La derecha política no aprende de su propia derrota y sigue actuando como si hubiera ganado.
¿Es posible poner al Estado al servicio de todos?. ¿Es posible gobernar para todos, especialmente para los más necesitados, o está obligado a gobernar para los ricos el que accede al gobierno del Estado?- Si se tiene en cuenta las relaciones de fuerzas sociales y políticas, nacionales e internacionales, es difícil pero no imposible. Ayudaría mucho si el gobierno recientemente elegido fuera respaldado por un partido bien organizado y por una sociedad civil vigorosa. Estas son, sin embargo, tareas pendientes a las que GANA-PERU tiene que abocarse con urgencia si quiere tener éxito en el gobierno y busca darles proyección estratégica a los grandes cambios que pretende realizar.
Soltar las amarras que atan al Estado con los intereses particulares de algunos grupos en desmedro de las mayorías ya es un buen comienzo, sin embargo, y establecer relaciones estatales funcionales, transparentes, eficientes y justas con la economía y con la sociedad es un avance significativo. El Estado tiene la obligación de garantizar la inversión (nacional y extranjera) y la acumulación a todos los empresarios (grandes y pequeños) y de mantener los equilibrios macroeconómicos a través de sus políticas económicas (fiscal y monetaria) adecuadas y de una seguridad jurídica confiable. Los empresarios, a su vez, tienen la obligación de contribuir en forma significativa al sostenimiento del Estado y de sus políticas públicas mediante una tributación equitativa y el respeto a los derechos de los trabajadores.
Finalmente, el Estado está obligado a dedicar una parte significativa de la presión tributaria a las políticas sociales universales (salud, educación, justicia y seguridad) de calidad para todos, especialmente para los pobres y muy pobres. Sólo si ellas llegan a todo el territorio y a todas las clases sociales, la sociedad le otorgará legitimidad al Estado, al gobierno y a los gobernantes. En el fondo, las relaciones funcionales señaladas constituyen un compromiso entre los empresarios y los trabajadores con la mediación efectiva del Estado.