Sinesio López Jiménez

A 3 años del bicentenario de la independencia y 50 del golpe militar del 3 de octubre, se puede decir sin temor a equivocarse que Velasco hizo las reformas más importantes del Perú republicano. Si hubiera triunfado la revolución liberal de 1854 de Castilla y de los hermanos Gálvez que liberó a los esclavos y eliminó la servidumbre, hubiera sido quizás innecesario el golpe de Velasco o hubiera tenido otro sentido, pero Castilla, una vez consolidado en el gobierno en 1856,  mantuvo la libertad de los esclavos, pero retrocedió en la eliminación de la servidumbre campesina.

Velasco organizó una dictadura militar institucionalista, antioligárquica, antifeudal, de corporativismo inclusivo que llevó a cabo las reformas que todas fuerzas progresistas habían planteado de 1930 en adelante, pero que habían terminado traicionando. Esas reformas, realizadas con audacia, energía y rapidez, cambiaron, como ha dicho Luis Pásara (si no me equivoco), la dirección social del miedo en el Perú. Los de arriba que siempre habían mandado con mano dura y los señores de horca y cuchillo se asustaron y comenzaron a temblar y los de abajo se envalentonaron. En el Perú conservador de hoy el miedo se ha convertido en odio a Velasco.

La más importante de todas ellas fue la Reforma Agraria (RA) por varias razones. 1. La RA acabó con el dominio de las clases retardatarias que, desde siempre, trabaron el progreso del Perú: la oligarquía y el gamonalismo. 2. Liquidó el feudalismo y la servidumbre que, desde la colonia, eran la forma de explotación predominante en la agricultura y en la minería. 3. Al liberar a los siervos, la dictadura velasquista produjo más ciudadanos que cualquier democracia posterior y limpió el terreno para una amplia participación ciudadana sin restricciones. Sin reforma agraria no hubiera sido posible el sufragio universal en 1980.

4. La ciudadanía masiva y el sufragio universal permitieron pasar de una democracia restringida que se desarrollaba dentro del Estado oligárquico a la democracia ampliada del Estado post-oligárquico. 5. Al liquidar el gamonalismo, la RA destruyó uno de los principales obstáculos estructurales que impidieron la construcción de un estado nacional. El otro fue la incapacidad de las élites de formar coaliciones sociopolíticas duraderas. Por eso tenemos un estado enclenque y mal hecho. Chile no tuvo estos obstáculos y pudo construir un estado en forma (Marcus J. Kurtz Marcus J. Kurtz (Author)

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. 2013. Latin American State Building in Comparative Perspective. Social Foundations of institutional order).

6. Los gamonales no sólo fueron un obstáculo estructural sino también pésimos actores en la construcción del Estado. Las élites de AL que tuvieron un proyecto de construcción del estado desplegaron dos maneras de construirlo hacia adentro en el territorio. Las de Méjico y Chile, por ejemplo, apostaron a los deployed (funcionarios extraños al lugar) mientras la oligarquía peruana apostó a los delegated (la élite local, o sea a los gamonales). Seguimos sufriendo sus resultados desastrosos (Soifer, 2015, State Building in Latin América). 7. Velasco destruyó el Estado oligárquico de carácter patrimonial y organizó la centralidad de la autoridad estatal en todo el territorio.

Sinesio López Jiménez

Con el pedido de voto de confianza, Vizcarra ha roto el entrampamiento en el que habían desembocado su ofensiva del 28 de julio y la contraofensiva de agosto de la señora K. La movida del Presidente es audaz e inteligente. No es un jaque mate, pero se acerca. La señora K sólo tiene dos posibilidades de movimiento: Negar el voto de confianza u otorgarlo. Haga lo que haga, la señora K pierde. Como ella ni su tropa parlamentaria quieren suicidarse, es casi seguro que van a optar por la pérdida menor, por el voto de confianza al gabinete Villanueva.

¿Se puede escapar de este dilema?. Según Rosa María Palacios sí porque el keiko- alanismo podría otorgar formalmente un voto de confianza y esperar el pronunciamiento del 29 de septiembre del TC que, para quitarle piso al Presidente, podría aprobar las leguleyadas de un congresista que cambian el contenido del artículo 133 de la Constitución que a la letra dice: “Crisis total del gabinete. El Presidente del Consejo de Ministros puede plantear ante el Congreso una cuestión de confianza a nombre del Consejo. Si la confianza le es rehusada, o si es censurado, o si renuncia o es removido por el Presidente de la República, se produce la crisis total del gabinete”. Para anular esa capacidad constitucional del presidente de la República, el keikismo estaría presionando al presidente del TC.

Villanueva, el jefe de la PCM, ha salido al encuentro de esa posibilidad suicida y ha dicho con claridad meridiana: “Muchos esperan que el Tribunal Constitucional nos deje sin piso con el fallo sobre los cambios en la cuestión de confianza. Si ellos van a esos artilugios, será el suicidio político para el Congreso y la democracia. Uno no puede utilizar artimañas para resolver problemas como los planteados. Eso obligaría al presidente a disolver el gabinete que yo tengo y estamos dispuestos a eso” (El Comercio, 19/09/18).

Si esta decisión del gobierno no quedara clara para los keikistas del Congreso y del TC, Villanueva la pone en blanco y negro: “Fuerza Popular, que se está quedando sola, no puede seguir jugando a la soberbia política por su número (de votos). El presidente puede presentar dos gabinetes al día siguiente. Se pide la confianza otra vez y, si no se la dan, se cierra el Congreso igual. Jamás vamos a poner tanques. Tenemos la razón de las cosas”.

Si el gobierno está dispuesto a hacer lo que dice Villanueva, entonces el keikismo puede imaginar cualquier cosa para evadir el dilema, pero no puede evitarlo y va a tener que optar más temprano que tarde. Lo más racional para la señora K es otorgar el voto de confianza y aprobar las reformas ya o a la brevedad posible. Que aprenda del Apra que  ha entendido que  no puede derrotar a Vizcarra y ha decidido, por eso, subirse a su carro.

Al otorgar el voto de confianza, los keikistas y los alanistas ya están derrotados, pero pueden disimular su derrota si otorgan el voto de confianza y aprueban las reformas. El referéndum confirmará, sin duda, su derrota que sería menos catastrófica si no apelaran a artimañas y subterfugios para evadirla.

Sinesio López Jiménez

Estamos viviendo tiempos políticos calientes que contrastan con el acuoso frío limeño. La lucha política entre el Ejecutivo y el Congreso está al rojo vivo y amenaza seguir con ese color por unos meses más. Tras estas bambalinas institucionales, los actores políticos que se confrontan son las fuerzas congresales del keiko-alanismo y el solitario Vizcarra, protegido por la coraza del Ejecutivo. El centro de poder del keiko- alanismo está en el Congreso, mientras el de Vizcarra está en la calle en movimiento. El poder keikista se ha devaluado, pero es institucional y más o menos estable. El de Vizcarra, en cambio, está en ascenso, pero es volátil.

Hasta ahora la confrontación ha pasado por dos momentos: 1. la ofensiva de Viscarra, el desbarrancamiento de la mototaxi keikista y el desconcierto de la señora K (28 de julio-tercera semana de agosto) y 2. la contraofensiva de la señora K, reparación de la mototaxi y parálisis de Vizcarra (última semana de Agosto y primera de setiembre). Es probable que en los meses que vienen se produzcan otros dos momentos políticos que ya se están prefigurando: el entrampamiento de la confrontación y el desenlace.

Los audios que mostraron el albañal en que se habían convertido  la Fiscalía y el Poder Judicial en el Perú y el chapuceo en él del keikismo y del alanismo fueron la ocasión que aprovechó Vizcarra para tomar la iniciativa  política, romper el yugo que lo sometía al keikismo, anunciar las reformas judicial y  política, proponer el referéndum para aprobarlas y avalar las protestas de la calle. Estas obligaron al Congreso a desactivar el podrido CNM en el marco de una legislatura extraordinaria convocada por Vizcarra.

Los bonos de Vizcarra se dispararon en las encuestas mientras los de la señora K se precipitaron en caída vertical hacia el abismo.  Mientras tanto el keikismo preparó la contraofensiva contra Vizcarra, reparó la averiada mototaxi y salieron a matar en las redes, en entrevistas en la TV y en la radio ante la mirada de la gente de la calle que combinaba el escepticismo y el rechazo. La señora K acusó de mentir a Vizcarra por haber negado dos entrevistas que habían tenido antes del 28 de julio, estuvo más o menos de acuerdo con la reforma judicial, ninguneó la reforma política afirmando que no era prioritaria y se propuso, en la práctica, boicotear el referéndum. Algunos integrantes de la mototaxi deslizaron la posibilidad de la vacancia.

Estamos en un momento de entrampamiento y de parálisis decisoria por ambos lados. El keiko-alanismo se mueve con pies de plomo para boicotear las reformas y el referéndum y Vizcarra no sabe cómo salir del marasmo. Mientras tanto se dibujan el horizonte varias salidas posibles. La primera es el diálogo propiciado por la derecha para que todo siga igual. La segunda, es la vacancia de Vizcarra si se mantiene firme en su propuesta de cambios. La tercera es el pedido de voto de confianza a las propuestas de Vizcarra que, si es negado, lleva a la disolución de Congreso y a nuevas elecciones. La última es que Viscarra llame al respaldo de las fuerzas antikeiko-alanistas y convoque a una masiva movilización de la calle para sacar adelante sus propuestas.

Sinesio López Jiménez

Los audios han hecho visibles lo que todos los peruanos sospechábamos, pero no conocíamos con certeza: la podredumbre del Poder Judicial y de la Fiscalía. Ellos han despertado la conciencia y la protesta de la calle, ha permitido la ofensiva del Ejecutivo, ha puesto a la defensiva al fuji-alanismo y han cambiado la coyuntura política.

Pero los audios no son sólo un acontecimiento de la coyuntura. Son también un síntoma de la estructura oculta y profunda que es necesario mostrarla para comprenderla y para proponer soluciones de fondo. Las propuestas de reformar el CNM y de establecer controles externos a los aparatos judiciales y fiscales sólo rozan el problema de fondo: el acceso efectivo a la ley y a la justicia de todos en todo el territorio nacional. Este es un elemento central de la estatalidad o estructura del Estado.

Con José Manuel Magallanes y con Marylia Cruz, politólogos de la PUCP, elaboramos una propuesta de medición de las capacidades del Estado (que tiene que ser mejorada) como parte de una investigación inconclusa sobre el Estado y Democracia en el Perú en el nivel regional. Se trabajaron ocho dimensiones del Estado: capacidad coercitiva, efectividad legal, eficacia burocrática, seguridad ciudadana, provisión de bienes públicos (salud y educación), grado de penetración estatal en la ciudadanía, grado de penetración en el territorio y capacidad impositiva. Todas las variables fueron trabajadas a nivel provincial, lo que permite tener ocho mapas a nivel provincial y un consolidado a nivel nacional.

Uno de los graves problemas para realizar investigaciones cuantitativas en el Perú es la inexistencia y la debilidad de las estadísticas, lo que ya es un síntoma de la debilidad del Estado. Tocqueville, el teórico más brillante de la política del siglo XIX, decía que la solidez de las estadísticas y de las organizaciones que guardan la memoria de un país es el buen síntoma de una saludable burocracia.

La efectividad legal, concepto prestado de Guillermo O´Donnell, es definida como la fuerza o la capacidad que tiene el Estado para aplicar la ley y la justicia en todo el territorio y es medido por los siguientes indicadores: tasa de efectivos policiales, tasa de comisarías y tasa de dependencias judiciales, cada uno de ellos por cada 1,000 habitantes de la provincia. Lo que revela este mapa es que la efectividad legal llega bien a un tercio del territorio (básicamente la costa) y a los otros dos tercios no llega o llega mal.

Si añadimos las formas y los aspectos subjetivos a través de los cuales los fiscales y los jueces aplican la ley y la justicia en los niveles altos y medios del mapa de efectividad legal, entonces la justicia es un desastre en el Perú. Ya no se trata de extenderla a las partes del territorio adonde no llega sino de transformarla de raíz. Por supuesto, siempre se encontrarán provincias y regiones (distritos judiciales) poco contaminadas así como fiscales y jueces probos a los que hay que reconocer y felicitar.

Los otros mapas de las capacidades del Estado no son tan diferentes al de la efectividad legal dando lugar a un mapa nacional que revela una estatalidad débil y maltrecha. Esta estructura estatal tiene una historia sobre la que volveremos.

Sinesio López Jiménez

Para entender mejor la actual coyuntura política peruana hay que prestar atención más a la forma política que al contenido programático. ¿Por qué?. Porque lo que cambia la situación política tanto la actual como la del futuro inmediato no es el conjunto de reformas propuestas por Vizcarra sino la convocatoria a un referéndum para aprobarlo.

¿Cuál es el  significado político del referéndum?. Gracias al referéndum, Vizcarra asume la iniciativa política, se libera del yugo fuji-alanista, pasa silenciosamente a la ofensiva y cambia la correlación política de fuerzas. Vizcarra apela a un recurso constitucional (el referéndum) y se apoya en el pueblo soberano para recuperar la autonomía del Poder Ejecutivo y para vencer la resistencia de la mayoría conservadora del Congreso. Algo más: la nueva mayoría ciudadana que emerja del referéndum acabará con la sobre-representada mayoría formal del keikismo que distorsiona la realidad política actual y que ha devenido una especie de dictadura parlamentaria. El referéndum va a permitir la emergencia de una nueva verdad política.

Los cambios positivos tanto políticos como institucionales que se han producido en los últimos meses se deben, en gran medida, a la presencia del pueblo soberano en las calles. Cualquier intento de acallarlo o de distorsionar su voluntad política será una nueva ocasión para que el soberano vuelva a decir su palabra, obligando a los políticos a ir más allá del plebiscito y de las reformas propuestas por Vizcarra.

Veamos el contenido de las propuestas de Vizcarra. Las que tienen mayor impacto social y político son las reformas judiciales y fiscales. Las reformas políticas son muy limitadas pues no tocan a todo el sistema político sino sólo al sistema electoral. El sistema de partidos y la forma de gobierno van a seguir igual de mal. Y en el sistema electoral las propuestas para reformar las partes más cuestionadas brillan por su ausencia.

Siendo importantes las reformas de la justicia, estas son, sin embargo, limitadas. El problema de la justicia no se reduce al cambio del CNM ni al establecimiento de un mejor control sino que se extiende al acceso efectivo a la ley y a la justicia de todos los peruanos por igual en todo el territorio nacional. El mapa de efectividad legal basado en la existencia de juzgados en todos los distritos judiciales y de comisarías y de efectivos policiales muestra enormes vacíos y serias limitaciones en sus alcances territoriales, sociales y culturales. Si se usaran mejores indicadores provenientes de estudios de casos en los diversos distritos judiciales, el mapa de efectividad legal sería peor.

Lo que digo de la ley y la justicia, se puede extender a otras capacidades del Estado y a sus mapas respectivos: la capacidad coercitiva, la efectividad burocrática, la seguridad ciudadana, la provisión de bienes públicos (salud y educación), el nivel de penetración del Estado en la sociedad y en la ciudadanía, el grado de penetración infraestructural en el territorio y la capacidad impositiva. El nuestro es un estado maltrecho porque es un estado mal hecho. Volvemos sobre el tema.

Sinesio López Jiménez

En una situación de septicemia moral, de parálisis política generaliza y de amenaza del caos, el soberano tiene la palabra. En una democracia, por más enclenque que sea, el soberano es el pueblo.

Lo más grave de las crisis actuales que vive el Perú no es su extensión y su profundidad sino la incapacidad de los actores para enfrentarlas y resolverlas. Los audios nos han hecho tomar conciencia de la podredumbre del Poder Judicial, pero las medidas tomadas por los poderes del Estado nos están mostrando sus limitaciones para resolverlas.

Lo más vergonzoso es lo que está pasando en el Poder Judicial y en la Fiscalía. Ante la renuncia del Presidente de la  Corte Suprema, los jueces supremos eligen a otro que lo sustituya y creen que de ese modo han resuelto el problema. El Fiscal Supremo, recientemente elegido pero de larga y sinuosa trayectoria desde los tiempos de Nélida Colán, se aferra al cargo con uñas, dientes y mentiras. Todos ellos actúan como si la infección hubiera atacado solo a la cabeza y se niegan a ver la podredumbre del cuerpo judicial (con notables excepciones desde luego) y los problemas organizacionales, institucionales y de recursos que les impiden hacer justicia por igual a todos los peruanos en todo el territorio.

Lo que pasa en el Congreso es igualmente escandaloso. En un primer momento, la mayoría congresal se negó a ver la podre del CNM, del Poder Judicial y de la Fiscalía y quiso más bien matar al mensajero, pero fracasó. Ella invierte perversamente la realidad pues cree que el delito no consiste en cometerlo sino en grabarlo y difundirlo. Luego, empujada por Vizcarra y las protestas de la calle, se vio obligada, arrastrando los pies, a destituir a todos los miembros del CNM y a declararlo en emergencia, pero se niega a mirar la septicemia de los organismos judiciales y fiscales. Reduce el problema judicial al nombramiento, evaluación y ratificación de jueces y fiscales.

Vizcarra ha tomado algunas medidas (nombramiento de una comisión de notables e impulso a la destitución de los miembros del CNM) progresivas, pero muy limitadas si se tiene en cuenta la septicemia no solo del Poder Judicial sino de todos los poderes del Estado y de la crisis política general (el sistema político, el régimen político y el Estado). Su gesto más importante ha sido el aval a las protestas de la calle.

Los partidos en la práctica no existen. Sólo existen caudillos personalistas con pequeños entornos, algunos de ellos con decreciente gravitación política y otros y otras con un promisorio liderazgo en desarrollo. ¿Qué hacer cuando los actores institucionales son incapaces de enfrentar y resolver la septicemia moral y la crisis política generalizada del país?.  Convocar al soberano para que elija una Asamblea Constituyente.

Si el soberano no tiene la fuerza suficiente para desalojar a todos los poderes del Estado, se puede llegar al siguiente consenso: Elegir una Asamblea Constituyente que resuelva los graves problemas que los actores institucionales no pueden resolver coexistiendo con ellos, como ha sucedido en otros países.

Sinesio López Jiménez

Los audios que están difundiendo los medios tienen un impacto contradictorio en la conciencia de la gente de a pie, de los comentaristas y de los políticos. Por un lado, revelan la enorme podredumbre del Poder Judicial y, por otro, ocultan la gangrena moral de los otros poderes del Estado (Ejecutivo y Legislativo) y de la mayor parte de los organismos estatales. Todo el cuerpo político del Perú sufre una septicemia.

Los audios revelan también la urdimbre perversa de las organizaciones podridas de la justicia con algunas fuerzas políticas como el fujimorismo, el alanismo y otros partidos de formación reciente pero infestados por viejas mafias como Podemos, pero ocultan el entramado corrupto de los partidos que han tenido o tienen el manejo del Ejecutivo y del Legislativo.

Los audios ocultan también la crisis generalizada de la política. La corrupción infecta a las organizaciones e instituciones políticas, pero la crisis de estas es algo diferente de aquella. La crisis de la política, del sistema político (sistema electoral, sistema de partidos y forma de gobierno), del régimen político (la forma de relación entre el Estado, la sociedad, la economía y los ciudadanos) y del Estado tiene otras causas específicas: mal diseño y peor construcción de las instituciones, tensiones y contradicciones institucionales, desgaste e inadecuaciones de las instituciones políticas frente a los cambios de la vida social, falta de capacidades para desempeñar bien las funciones que tienen, etc.

La corrupción que infecta a todo el cuerpo político y la debacle generalizada de la política configuran una crisis de gran envergadura y constituyen un enorme desafío para las partes sanas de las organizaciones e instituciones políticas, para los líderes políticos que quieren impulsar cambios profundos, para la sociedad civil y para los ciudadanos.

Hay problemas de agencia o incapacidad de los actores (Ejecutivo, Legisltativo, partidos) para enfrentar y resolver este gran desafío. Este déficit institucional de los actores podría ser compensado por la presencia y la fuerza de la calle que aún no se pueden prever ni predecir. El nombramiento de una Comisión especial encargada de proponer algunas reformas del Poder Judicial y la convocatoria a una legislatura extraordinaria para atender y resolver la descomposición moral del CNM expresa la voluntad política del Ejecutivo para enfrentar parcialmente el desafío.

Esas medidas son un avance, pero al mismo tiempo son muy limitadas si se tiene en cuenta la gran envergadura de la crisis y del desafío. Ellas contrastan, sin embargo, con la falta de iniciativa y la actitud remolona del Congreso que parece no estar interesado en enfrentar los problemas que plantea la coyuntura.

¿Qué hacer en una situación de septicemia moral y de crisis política generalizada y de incapacidad de los actores para enfrentarla y resolverla?. Parece que ente caso la salida mejor es apelar al soberano que elija una Asamblea Constituyente que permita la reconstrucción política y moral del Perú. Su convocatoria y su forma de funcionamiento depende, en gran medida, de la fuerza de la calle.

Sinesio Lopez Jiménez

Gracias a los audios difundidos por el IDL, hasta ahora hemos visto solo una parte podrida del sistema político pero se puede sospechar que la corrupción ha infectado a casi todo el cuerpo político y que estamos llegando a la metástasis. Tendríamos que elaborar el mapa entero de la corrupción en la Corte Suprema, en la Fiscalía, en las cortes superiores y de sus conexiones con las mafias de toda laya, especialmente las políticas para tener un diagnóstico más o menos preciso de toda la podredumbre política e institucional.

De lo escuchado y visto podemos llegar a las siguientes conclusiones provisionales:

1.El CNM se ha convertido en uno de los epicentros de la corrupción en el país. El  nombramiento y la ratificación de jueces y fiscales se ha transformado en un oculto mercado persa en donde se venden y se compran los cargos judiciales. Es un próspero negocio que beneficia a algunos de sus titulares y a sus socios. De ese modo entran al Poder Judicial los corruptos y salen los cuadros honestos.

2. El CNM nombra también al encargado de uno de los organismos electorales más importantes del país (la ONPE) y, al nombrarlo, lo somete no sólo a los intereses de algunos de sus integrantes sino también a las presiones políticas de algunos “partidos” y sus mafias.
3. El juez supremo involucrado en la corrupción está a cargo de algunos casos en los que está implicada la señora K de Fuerza N.1 con la que mantiene, al parecer, algunas reuniones periódicas para ver sus casos en el domicilio del interlocutor desconocido cuya identidad es necesario develar. Además de este caso político, el juez supremo ha intervenido escandalosamente en favor de varios casos de delincuencia común.
4. Contrasta la altiva reacción del Presidente Vizcarra con la encubridora actitud de Galarreta, presidente del Congreso. Mientras Vizcarra llama al Consejo de Estado para enfrentar rápidamente a la corrupción del CNM, Galarreta pide matar al mensajero investigando al supuesto origen ilegal de los audios. Algunos fiscales, con evidente conexión con el fujimorismo y el alanismo, intervienen uno de los locales del IDL para requisar los audios y asustar a los periodistas.
5. KF no desmiente que ella sea la señora K de Fuerza N.1 sino que desconoce la coordinación del interlocutor anónimo con el juez supremo y que no ha tenido una reunión con el mencionado juez. Todo parece indicar que KF es la política más afectada por los escándalos que revelan los audios.
6. García no condena la corrupción revelada por los audios sino que exige investigar su origen ilegal para sancionar a los que los difunden. ¿Teme acaso García que se difundan los posibles audios de jueces y fiscales que lo han blindado a lo largo de toda su carrera política?.

¿Puede el Congreso cuya mayoría está bajo las órdenes de la señora K de Fuerza N. 1 hacer algo contra la corrupción?. No, porque forma parte de ella. Hay que apostar a las partes sanas de las diversas instituciones que aún existen y a la fuerza de la calle que las impulse y respalde hasta llegar a un momento constituyente que permita una reconstrucción política y moral del Perú.

                                               Sinesio López Jiménez

Las encuestas de opinión ponen casi siempre en la picota al Presidente y sus ministros, a los congresistas, a los jueces y fiscales, a la policía y a los partidos políticos, pero dejan fuera de su foco de interés a otras dimensiones o instancias de la política que son tanto o más importantes que las realidades observadas. Llenan nuestras pupilas, nos obnubilan y nos impiden ver las cosas que están detrás de los oropeles del poder.

Las encuestas evalúan, como es obvio, lo que pueden ver. Pero la realidad política no es solo lo que se puede ver. Hay dimensiones ocultas de la política que tienen más punche que la política observada y observable. Mirar más allá de las encuestas nos permite relativizar sus resultados. Lo que hay que preguntarse es si la evaluación del desempeño de los gobernantes y políticos que hacen las encuestas dependen sólo de sus capacidades, habilidades y destrezas personales o de las formas peculiares de las organizaciones e instituciones que dirigen o de ambas a la vez.

La calidad de los políticos que tiene el Perú no depende sólo de sus características  personales (niveles de educación, profesión, ingresos, experiencia política y de su CV en general) sino también del sistema electoral, de las reglas de juego bajo las cuales son elegidos y de las organizaciones encargadas de dirigirlo (JNE y ONPE). Mientras tengamos el sistema electoral que tenemos, mientras el Congreso, por incapacidad o por interés, no cambie las reglas del juego electoral, mientras gobiernen el sistema electoral los que hoy lo gobiernan vamos a tener iguales o peores políticos de los que ahora tenemos.

Un buen diseño del sistema electoral puede ayudar a resolver la crisis de representación política y los problemas de representabilidad social y a encontrar una salida al colapso del sistema de partidos.  Hay que enterrar a los viejos partidos y a los nuevos que tienen más vicios que los viejos e imaginar un sistema de partidos con formatos renovados (en su organización y en sus relaciones con el Estado y con la sociedad) que tengan en cuenta la gran revolución de las comunicaciones y los cambios en la estructura social.

Nadie discute la forma de gobierno, esto es, la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo ni la ve como un problema que hay que resolver. No tenemos un presidencialismo puro como en USA, ni un parlamentarismo como en Inglaterra ni un semi-presidencialismo como en Francia. Tenemos un presidencialismo parlamentarismo que es un híbrido que más o menos funciona cuando el Ejecutivo tiene mayoría en el Congreso, pero que se transforma en una estructura asfixiante cuando se tiene un gobierno dividido. Como las situaciones de gobierno dividido son más o menos frecuentes, es necesario imaginar una nueva forma de gobierno que ayude a generar a la vez estabilidad política y un Ejecutivo eficaz.

Otros temas políticos centrales que las encuestas, los gobiernos, los “partidos” y los poderes fácticos no discuten son el régimen político y el Estado. Volveremos sobre ellos, especialmente sobre el Estado.