Sinesio López Jiménez
Los audios han hecho visibles lo que todos los peruanos sospechábamos, pero no conocíamos con certeza: la podredumbre del Poder Judicial y de la Fiscalía. Ellos han despertado la conciencia y la protesta de la calle, ha permitido la ofensiva del Ejecutivo, ha puesto a la defensiva al fuji-alanismo y han cambiado la coyuntura política.
Pero los audios no son sólo un acontecimiento de la coyuntura. Son también un síntoma de la estructura oculta y profunda que es necesario mostrarla para comprenderla y para proponer soluciones de fondo. Las propuestas de reformar el CNM y de establecer controles externos a los aparatos judiciales y fiscales sólo rozan el problema de fondo: el acceso efectivo a la ley y a la justicia de todos en todo el territorio nacional. Este es un elemento central de la estatalidad o estructura del Estado.
Con José Manuel Magallanes y con Marylia Cruz, politólogos de la PUCP, elaboramos una propuesta de medición de las capacidades del Estado (que tiene que ser mejorada) como parte de una investigación inconclusa sobre el Estado y Democracia en el Perú en el nivel regional. Se trabajaron ocho dimensiones del Estado: capacidad coercitiva, efectividad legal, eficacia burocrática, seguridad ciudadana, provisión de bienes públicos (salud y educación), grado de penetración estatal en la ciudadanía, grado de penetración en el territorio y capacidad impositiva. Todas las variables fueron trabajadas a nivel provincial, lo que permite tener ocho mapas a nivel provincial y un consolidado a nivel nacional.
Uno de los graves problemas para realizar investigaciones cuantitativas en el Perú es la inexistencia y la debilidad de las estadísticas, lo que ya es un síntoma de la debilidad del Estado. Tocqueville, el teórico más brillante de la política del siglo XIX, decía que la solidez de las estadísticas y de las organizaciones que guardan la memoria de un país es el buen síntoma de una saludable burocracia.
La efectividad legal, concepto prestado de Guillermo O´Donnell, es definida como la fuerza o la capacidad que tiene el Estado para aplicar la ley y la justicia en todo el territorio y es medido por los siguientes indicadores: tasa de efectivos policiales, tasa de comisarías y tasa de dependencias judiciales, cada uno de ellos por cada 1,000 habitantes de la provincia. Lo que revela este mapa es que la efectividad legal llega bien a un tercio del territorio (básicamente la costa) y a los otros dos tercios no llega o llega mal.
Si añadimos las formas y los aspectos subjetivos a través de los cuales los fiscales y los jueces aplican la ley y la justicia en los niveles altos y medios del mapa de efectividad legal, entonces la justicia es un desastre en el Perú. Ya no se trata de extenderla a las partes del territorio adonde no llega sino de transformarla de raíz. Por supuesto, siempre se encontrarán provincias y regiones (distritos judiciales) poco contaminadas así como fiscales y jueces probos a los que hay que reconocer y felicitar.
Los otros mapas de las capacidades del Estado no son tan diferentes al de la efectividad legal dando lugar a un mapa nacional que revela una estatalidad débil y maltrecha. Esta estructura estatal tiene una historia sobre la que volveremos.