Sinesio López Jiménez

Para el Perú, el 2019 ha sido un año turbulento con avances y retrocesos. Hemos tenido algunos avances en el campo político, estancamiento en la economía e inmovilismo en la estructura social. Los avances políticos pudieron ser mayores, pero fallaron los actores políticos institucionales.

En la lucha contra la corrupción y contra el obstruccionismo fujiaprista,  el país obtuvo grandes victorias (el triunfo en el referéndum, el voto de confianza para la reforma política y la disolución constitucional del Congreso), pero no logró consolidarlas dándoles una forma institucional duradera. Se perdió la batalla del adelanto de las elecciones generales (para que se vayan todos), por falta de visión y de capacidad política de Vizcarra.

Los grandes protagonistas de estos cambios políticos han sido el Presidente Vizcarra, un pequeño y excepcional grupo de fiscales y jueces, las izquierdas parlamentarias  y la calle o el poder en movimiento como la llama Sydney Tarrow. El actor central ha sido, sin duda, Vizcarra que rompió el yugo de sometimiento a KF para enfrentar la corrupción e impulsar la reforma política con audacia. Falló en algunos cálculos (para que se vayan todos), pero sobre todo ha fallado en administrar las victorias (que le hubieran permitido fortalecerse como actor político) y en transformarlas en resultados institucionales.

Las izquierdas han jugado un papel importante en el impulso y el desarrollo de los cambios políticos. Luego de algunos malentendidos en la caída de PPK, han actuado bien, en forma unitaria, con claridad estratégica (postulando los cambios necesarios del sistema político, del régimen y del Estado) y con energía en la coyuntura. La calle ha sido decisiva en las luchas contra la corrupción y por la reforma política. Serían impensables las victorias políticas sin la presencia vigorosa de la calle cuando fallan sus representantes elegidos y las instituciones a las que rechaza y quiere cambiar. En ese contexto, la beatería institucional de la derecha es una estupidez.

¿Se pudo avanzar más? Sí, si Vizcarra hubiera ido más allá de la lucha anti-corrupción y de la reforma del sistema político para impulsar los cambios del régimen político y del Estado que es un desastre (adelantándose a lo que va a hacer Chile)  y si las izquierdas se hubieran coaligado superando su nefasta fragmentación. Los únicos cambios que quedan son la disolución constitucional del Congreso y la evaporación de la sobre-representada mayoría fuji-aprista. En todo lo demás reina la aburrida continuidad.

Sinesio López Jiménez

La disolución constitucional de uno de los peores congresos que ha tenido el Perú se hizo para elegir uno nuevo que, sin embargo, apenas sería mejor porque FP no tendría una mayoría aplastante. La verdad es que poco o nada se puede esperar con el mismo JNE, con los mismos “partidos” y con las mismas reglas de juego.

Según la última encuesta de Datum (Perú 21, 10/12/19), al 65% de los encuestados no le gusta las listas de los “partidos” porque son más de lo mismo y al 60% le parece que no han puesto en esas listas a los mejores cuadros políticos. Pero cuando se les pregunta qué “partidos” debieran estar presentes en la política, el 59% señala casi a los mismos que rechaza y el 39% no escoge a ninguno. AP desaparece cuando se pregunta por los candidatos presidenciales. Los dos primeros lugares son ocupados por líderes independientes (Del Solar, Forsyth). Esto significa que las marcas importan, pero no tanto como se cree.

Como bien dice José Incio, destacado politólogo de la PUCP y candidato al doctorado de la Universidad de Pittsburgh, si los “partidos” y las reglas de juego construyen una oferta electoral mala, fragmentada y con “una sobrecarga de información” (El Comercio, 10/12/19), a los electores no les queda otra que votar por ella (40%) o rechazarla (60% en la encuesta de Datum). Si se mantuviera esa tendencia, el próximo congreso no representaría a la mayoría de los peruanos. Si gana el voto blanco y viciado (60%), ¿es válida la elección?, ¿se puede traducir los porcentajes de la minoría elegida en votos válidos y en cifra repartidora?. Si se hiciera, sería un congreso con poca representación.

¿Se pudo hacer una oferta política mejor?. Se pudo hacer una oferta, no óptima, pero sí algo mejor si el JNE hubiera asumido algunas reglas nuevas (con todas sus limitaciones) que ya habían sido aprobadas con fórceps por el Congreso anterior y si los “partidos” hubieran organizado coaliciones políticas para superar la fragmentación. Si las izquierdas no hubieran escuchado los dicterios y las censuras de los liberales que nunca votarían por ellas, ahora tendrían una coalición que les permitiría tener una representación respetable.

José Incio es, sin embargo, optimista porque cree que, pese a la mala oferta política, se puede decidir bien. Con este fin ha creado una página web (www.decidebien.pe) que hay que consultarla.

Sinesio López Jiménez

Hay diversas maneras de capturar al gobierno y al estado. La más frecuente es el financiamiento privado de las campañas electorales. Cuando los empresarios apuestan por KF, por ejemplo, y la financian, su financiamiento tiene diversos impactos tanto en la política como en la economía.

1. Los empresarios compran a la candidata y a su partido y estos se venden. Más allá de todo legalismo, esto en sí mismo es un acto de corrupción. Se intercambia apoyo partidario con dinero. Se produce lo que el filósofo Michael Walzer ha llamado el intercambio bloqueado.
2. Distorsionan al proceso electoral haciéndolo injusto. El carácter competitivo de las campañas electorales se debilita o se pierde. Es difícil competir con alguien que monopoliza todos los recursos y puede desplegar todas formas de propaganda.
3. Debilitan a la legitimidad de origen del gobierno elegido. Ella puede ser cuestionada seriamente por el carácter injusto de la competencia electoral. Los elegidos aparecen como el gobierno de los ricos.
4. Afectan al carácter mismo del régimen democrático tanto por el carácter injusto de la competencia electoral para ocupar los puestos de mando del gobierno y del Estado como por el cuestionamiento de la legitimidad de las decisiones de las autoridades elegidas. El contrato entre el estado, la sociedad y los ciudadanos deja de ser tal para convertirse en una imposición del dinero que refuerza la imposición de la fuerza.
5. Los empresarios capturan al Estado y a la alta burocracia. No capturan a todo el Estado sino a aquellos aparatos (organizaciones e instituciones) que son útiles porque deciden las políticas públicas que favorecen a sus intereses privados.
6. Esto explica el hecho de que los aparatos económicos tengan los recursos necesarios para ser eficientes para los intereses empresariales mientras los aparatos sociales, que atienden a los ciudadanos, son un desastre.
7. A los gobernantes y a los partidos en el gobierno, especialmente al Apra y a FP, les interesa capturar, a su vez, a los organismos de control del estado (la Contraloría, el poder judicial, la fiscalía, el TC) para blindar sus decisiones y sus actos de corrupción.

Para acabar con la captura de la política, del gobierno y del estado todos los candidatos, los partidos y los ciudadanos debemos impulsar la reforma política que elimine el financiamiento empresarial de las campañas electorales.

Sinesio López Jiménez

Un nuevo protagonista decisivo ha surgido en el escenario político de AL: la calle. Su emergencia masiva, pluriclasista y despartidizada es el cuestionamiento radical del establishment, del orden social y económico injusto y de la política oficial,  la representación política,  los partidos y del estado mismo. Es el surgimiento del soberano que protesta contra su situación injusta y contra el orden establecido y que demanda un nuevo orden social, económico y político, unas nuevas reglas de juego y una nueva constitución que sea realmente un nuevo contrato social que trate a todos por igual.

La calle presenta particularidades en cada país, pero comparte también algunos rasgos comunes: Su masividad, su carácter pacífico con algunos desbordes anarquistas, su composición plural. Define al estado y al gobierno como los enemigos a los que hay que enfrentar. Sus principales formas de acción son los mítines y las marchas de protesta, combina la ira social con el canto y con la imaginación cultural y política. Coordina esas formas de acción, pese a carecer de una dirección política visible a la que reemplaza con las redes sociales.

La calle presenta también diferencias entre los países. Mientras en Ecuador y Chile se muestra unificada, en Bolivia está polarizada entre los que luchan por la caída de Evo Morales y los que lo defienden. La reelección de Evo por tercera vez (violando la constitución y el referéndum que rechazó su re-reelección) desató las iras de algunas fuerzas democráticas y de grupos fascistas y fundamentalistas mientras los sectores populares y e indígenas respaldaban su  re-reelección y los logros económicos y sociales y de reconocimiento de su identidad indígena. Evo cometió un fraude en el proceso electoral e irregulares en el acto electoral que desembocaron en un golpe cívico-militar, pese a que Evo ya había convocada a nuevas elecciones generales aceptando las exigencias de la OEA.

Mientras en Ecuador y Chile la cuestión de fondo es el modelo neoliberal, en Bolivia es la democracia detrás de la cual acecha el modelo neoliberal. En Ecuador y Bolivia la calle es plural con un fuerte componente indígena, mientras en Chile es básicamente urbana y de clases medias. Las demandas en Ecuador y Chile coinciden con las demandas de la izquierda latinoamericana, las de Bolivia enfrentan a la izquierda con la derecha. En Ecuador y Chile están ausentes los partidos, mientras en Bolivia dirigen la confrontación. La calle soberana y democratizadora va ganando hasta ahora la batalla.

Sinesio López Jiménez

Las elecciones de enero del 2020 serán generales, pero se van a parecer mucho a las regionales. Van a carecer de las locomotoras de los candidatos presidenciales que arrastran, con mucha frecuencia, a los candidatos congresales de las regiones. El efecto de arrastre hace que, como los ríos caudalosos, traiga muchas piedras, como hemos visto en las elecciones del 2016.

En las elecciones regionales pesan más los caudillos y las organizaciones locales que los partidos nacionales. La descentralización política y fiscal del 2004 en adelante ha desnacionalizado a la política, a los partidos y al estado mismo y ha instaurado una dinámica política propiamente regional. Es la lucha por el poder y el control de los recursos transferidos a las regiones. Esta lucha será reemplazada por la pugna para elegir una mejor representación politica de las regiones al Congreso de la República.

De hecho, hay pocos gobernadores pertenecientes a los partidos nacionales y ellos son tales no tanto por la fuerza de estos como por su liderazgo y prestigio personales. Los llamados partidos nacionales están conformados por caudillos con entornos leales que tienen una franquicia electoral que les permite participar en la competencia electoral nacional, regional y local. Esa franquicia es obtenida en el mercado en el que cada firma de respaldo cuesta aproximadamente un dólar.

El humor político de las regiones es variado. Depende de la tradición política y del nivel de acceso a los beneficios que genera el crecimiento económico (empleo, ingresos) y a los bienes públicos (salud, educación, seguridad, justicia, infraestructura) que provee el Estado. Las regiones de la costa tienen un mayor acceso a estos beneficios y a los bienes públicos que las regiones de la sierra y de la selva, se sienten más satisfechas y eligen, por lo general, gobernadores de centro o de derecha. Las regiones de la sierra sur, central y alguna del norte son más contestarias y tienden a elegir gobernadores de izquierda o progresistas. Por esta razón, es probable que a la coalición de izquierda de Juntos por el Perú, Perú Libre y Nuevo Perú le vaya mejor de lo que creen sus detractores.

Las elecciones sin locomotoras van a producir un congreso muy fragmentado, con mayoría independiente, que, para funcionar con cierta eficiencia, tiene que organizar coaliciones post-electorales. El Ejecutivo no tendrá bancada propia, pero tampoco tendrá obstruccionismo congresal.

                                   Sinesio López Jiménez

Viscarra es el primer Presidente de la República que ha usado la facultad constitucional de disolver el Congreso luego de que este negara por dos veces consecutivas el voto de confianza al presidente del Consejo de Ministros. Esta facultad fue establecida por la Constitución de 1979 como un mecanismo de equilibrio de poderes del presidencialismo parlamentarizado (PP) luego de la negación del voto de confianza por tres veces consecutivas. La Constitución de 1993 la redujo a dos. La constitución de 1933 solo otorgaba al Ejecutivo la facultad de exigir el voto de confianza que, si le era negado, implicaba la renuncia del gabinete o de alguno de los ministros, pero no le otorgaba la facultad de disolver el Congreso.

¿Qué es el PP? Es una forma híbrida de gobierno que combina el presidencialismo (en el que el presidente es jefe de Estado y jefe de gobierno y designa al jefe de la PCM)  con incrustaciones del parlamentarismo (voto de confianza obligatorio o voto de investidura, censura, etc). Esta forma de gobierno es llevadera si el Ejecutivo logra formar una mayoría parlamentaria que lo respalde. El problema de gobernabilidad surge cuando se tiene un gobierno dividido (GD) en el que un partido controla el Ejecutivo y otro partido tiene en sus manos el Congreso. El GD, propio del presidencialismo, es diferente a la cohabitación, propia del semi-presidencialismo.

El Perú ha tenido varios GD dentro del PP: Billingurst (1912-1914), Leguía (1919), Bustamante (1945-1948), Belaúnde (1963-1968), Fujimori (1990-1992), Kuczinsky (2016-2017) y Viscarra (2018-2019). La crisis de gobernabilidad de algunos de estos gobiernos condujo a golpes militares (Billingurst, Bustamante, Belaúnde), a autogolpes (Leguía, Fujimori), a renuncia ante la inminencia de la vacancia presidencial (Kuczynsky). Solo Viscarra ha podido escapar de esas tradiciones golpistas gracias al uso de la facultad constitucional de disolver el Congreso.

El GD en sí mismo no es fuente de ingobernabilidad. USA ha tenido, antes de Bush, 50 años de GD y ha llevado la fiesta en paz porque su forma de gobierno es el presidencialismo puro en el que existe una división y un equilibrio de poderes claramente establecidos. En un PP, en cambio, el GD se polariza entre vacancia del presidente y disolución del congreso. Todos los GD de PP en el Perú han tenido salidas insconstitucionales y autoritarias, excepto Viscarra quien, al hacer uso de una facultad constitucional, encontró una salida democrática.

Sinesio López Jiménez

La disolución constitucional del Congreso como forma de superar la crisis de un gobierno dividido (GD) en el presidencialismo parlamentarizado (PP) es la primera vez que se produce en el Perú. El carácter inédito de esta salida constitucional y democrática explica quizás la confusión de muchos analistas y políticos. Esta crisis nos deja algunas lecciones que, por ahora, solo enumero para desarrollarlas en otros artículos.

1.Las crisis políticas tienen su propia sustancia, su propia forma y su propia lógica. No se derivan de las crisis económicas ni de las crisis sociales, aunque muchas veces tengan relaciones con ellas.

2. Es necesario ubicar el epicentro de la crisis política: ¿Es el gobierno?, ¿es el régimen político?, ¿es el estado?. La crisis actual se ubica en la forma gobierno y se extiende al sistema de partidos y al sistema electoral, esto es, a todo el sistema político y llega al régimen político.
3. La ética (la lucha contra la corrupción) potencia y masifica la crisis política. La ética y la política son diferentes, no deben fusionarse (fundamentalismo) pero tienen que establecer una estrecha relación.
4. La carencia de partidos, líderes y operadores hace muy difícil el manejo de las crisis políticas.
5. La esfera pública (los medios, la opinión pública, las encuestas) juega un papel importante en el desarrollo de las crisis políticas. Visibiliza, potencia o destruye.
6. La calle y sus expresiones (las democratizaciones y la exigencia del reconocimiento de su soberanía) juegan un papel central en las crisis, en particular cuando los partidos no existen o son débiles.
7. La crisis política es un asunto muy serio para dejarla en manos de los constitucionalistas, sobre todo si son kelsenianos, apolíticos o antipolíticos.
8. La pérdida de legitimidad por desempeño es un criterio muy ligero y subjetivo para vacar a un presidente que tiene legitima de origen (legalidad). Pero la legalidad también se pierde por fraude o incapacidad moral.
9. El institucionalismo puro, vacío de contenido, de poco sirve para la política y el análisis político. Llamar despectivamente populismo a las demandas de abajo (las democratizaciones, el reconocimiento de su soberanía) es una insensatez.
10. La disolución constitucional y democrática del congreso no es una transición porque no hay un cambio de régimen político. La democracia sigue. Hay que inventarle un nombre a este hecho inédito.

Sinesio López Jiménez

La polarización política sigue incontenible y se desarrolla en dos grandes escenarios: el del del congreso y el de la calle como movimiento democratizador y  anti-corrupción y como opinión pública. Ambos son escenarios en conflicto, casi irreconciliables. En el Congreso el actor decisivo es el fujimorismo. Se ha reunificado, ha conseguido nuevos aliados en el congreso y fuera de él (CONFIEP). Tiene varias alternativas en la lucha por el poder.

Una primera alternativa es trabar la propuesta de Vizcarra, desecharla y archivarla. Que las cosas sigan como están. Utiliza con ese fin diversas triquiñuelas (consultas a juristas de dentro y de fuera del país, demoras calculadas, trabajo al susto, diálogo, etc). Quiere ganar tiempo para desgastar la propuesta vizcarrista.  Una segunda alternativa es vacar al Presidente. Está buscando los motivos y el número (87) de congresistas que respalde la vacancia.

Si las alternativas anteriores fallaran y Viscarra plantea el voto de confianza a su propuesta, el fujimorismo no se atreverá  a negárselo porque eso implicaría la disolución inmediata del Congreso. Es más probable que el fujimorismo se divida y otorgue mayoritariamente un voto de confianza bamba, como hizo con la reforma política. Lo otorga de palabra, pero lo niega en los hechos. En el Congreso opera una aguerrida oposición al fujimorismo de diverso signo ideológico que respalda la propuesta de Vizcarra, pero no tiene la capacidad para cambiar la correlación de fuerzas congresales.

El escenario de la calle es mayoritariamente favorable a la propuesta de Vizcarra. El respaldo de la opinión se ha debilitado, pero sigue siendo alto. El debilitamiento obedece probablemente  a tres razones: Desperdicio de las victorias obtenidas (el referéndum y el voto de confianza a la reforma política), demora en tomar decisiones y emergencia de un nuevo eje de conflicto (neoliberalismo vs antineoliberalalismo o derecha vs izquierda) que ha hecho perder el entusiasmo de ciertos sectores liberales por la propuesta de Vizcarra. La calle ha comenzado a moverse y, a medida que la ola crezca, puede decidir el desenlace favorable a que se vayan todos. Eso requerirá la convocatoria a una gran movilización ciudadana por parte  de todas las fuerzas, incluido Vizcarra, que exigen que se vayan todos.

El congreso decide en términos institucionales pero la decisión política fundamental la tienen Vizcarra con la exigencia del voto confianza y la calle: opinión pública, las movilizaciones y el voto del soberano.

Sinesio López Jiménez

El Perú viene arrastrando una larga crisis política, en unas dimensiones más que en otras, pero ahora todas ellas se han acumulado y concentrado y están a punto de estallar. Y hay políticos irresponsables que niegan la crisis y creen que todo o casi todo es normal. Se comportan como Luis XVI en vísperas de la revolución. Otros sufren de esquizofrenia política: Dicen que todo es normal, pero se atrincheran en el Congreso y se preparan para la guerra.

El sistema político (sistema electoral, sistema de partidos y forma de gobierno), el régimen político, el Estado y la misma política están en crisis. La crisis del sistema político fue exacerbada desde el 2016 en adelante por el fujimorismo que se negó a aceptar su derrota electoral y desató una guerra política contra el gobierno de PPK, pese a que compartían el modelo neoliberal. Se instauró un gobierno dividido que no podía funcionar dentro de los marcos del presidencialismo parlamentarizado que tiene el Perú como forma de gobierno.

La crisis de la forma de gobierno reactualizó el colapso del sistema de partidos que se produjo en 1995 y sacó a luz las deficiencias (voto preferencial, financiamiento de las campañas, etc) del sistema electoral. La crisis del sistema político ha generado, a su vez, una crisis de representación y una crisis de gobernabilidad.

El régimen político, que es el resultado de un contrato entre el Estado, los ciudadanos y la sociedad y que se expresa en la Constitución y en las leyes, también está en crisis. Sus ejes (la forma de acceso de los ciudadanos a la representación y al gobierno y la forma de dirección, de gestión y de relación del Estado con la sociedad, incluida la economía) se han desgastado, enmohecido y ya no funcionan bien. La historia de esta crisis viene desde 1993, año en el que el gobierno autoritario de AF impuso una Constitución en la que muy pocos ganan y la inmensa mayoría pierde. Las fuerzas democráticas de la transición del 2001 no tuvieron la fuerza suficiente para cambiarla derrotando a los poderes fácticos.

La crisis del Estado es bicentenaria. Todos se quejan de la falta de seguridad, de la corrupción, de la justicia, de la pésima educación, de la salud, etc, etc, pero a nadie se le ocurre decir que todas estas carencias se deben a la falta de capacidades del estado para cumplir bien sus funciones. La salida de todas estas crisis exige la realización de profundas reformas que los conservadores rechazan porque temen perder sus privilegios.

Sinesio López Jiménez

Para el fujiaprismo es demasiado, para las izquierdas es insuficiente y para Vizcarra y el Ejecutivo el adelanto de elecciones generales es la medida adecuada para resolver la crisis política y la corrupción. El fujiaprismo  rechaza la propuesta, las izquierdas la apoyan y los ciudadanos la aplauden.

Desde hace un año Vizcarra venía arrinconando al fujiaprismo y mostrando su podredumbre, pero no se atrevía a tomar la medida decisiva que lo pusiera en su sitio. Había roto el yugo que lo sometía a KF y al fujiaprismo (debido a sus nexos con la corrupción judicial), les puso (el 28 de julio del 2018) la agenda de la reforma de la justicia, de la reforma política y del referéndum, se subió audazmente a la ola popular democratizadora y de lucha contra la corrupción y ganó abrumadoramente la batalla, pero no supo aprovechar la victoria.

No organizó una fuerza política propia ni una coalición de fuerzas que lo respaldaran y le permitieran tener una fuerza mayoritaria en el congreso (acorde con el referéndum), poner en minoría al fujiaprismo y cambiar las comisiones congresales. Mientras tanto el fujiaprismo seguía blindando a los corruptos, negándose a discutir la reforma política  y generando ingobernabilidad. Vizcarra exigió entonces el voto de confianza, el fujiaprismo le dio uno bamba (sí en las palabras, pero no en los hechos) convirtiendo la reforma política en un mamarracho.

Luego de vivir un año de desconcierto y a la defensiva, el fujimorismo ha superado sus divisiones internas, se ha fortalecido con el apoyo de la CONFIEP, ha retomado la dirección del Congreso y se prepara para someter nuevamente a Vizcarra y, si este se pone chúcaro, para desbarrancarlo como lo hizo con PPK. Confiaba en que Vizcarra no se atrevería a disolver el Congreso, confianza que se confirmó el 28 de julio, pero lo que no esperaba era la propuesta  sorpresiva de las elecciones adelantadas: Se van todos, el Legislativo y el Ejecutivo.

Por las encuestas se sabe que la ciudadanía respalda masivamente la propuesta de Vizcarra y, si el fujiaprismo la rechaza en el congreso, la calle en movimiento terminará por imponerla. Viscarra ha vuelto a ganar la batalla en la ciudadanía y en la calle, pero en el congreso la tiene difícil.  ¿Exigirá el voto de confianza?, ¿aprovechará esta vez la victoria?. Por supuesto, hay también otras salidas. Veremos.

Volveremos con la discusión sobre lo adecuado o no de la propuesta de Vizcarra y la extensión y profundidad de la crisis política.