Sinesio López Jiménez

En la actual discusión sobre la situación venezolana se cruzan muchos temas que, al mezclarse sin un análisis previo y diferenciado, generan una gran confusión. Por un lado, están los temas que tienen que ver con la democracia: el fraude y el acto de votación, el proceso electoral y su carácter competitivo o no, el carácter del régimen político venezolano (¿es una democracia, una dictadura o un autoritarismo competitivo?). Por otro, están los temas que tienen que ver con la política exterior: La dirección de la política exterior, la autorización parlamentaria para viajar, el UNASUR. Y finalmente, la cuestión de si existe o no una relación entre la política exterior y la democracia.

Todo este zanfarrancho nace de la estrecha e inesperada diferencia (de los resultados electorales entre los Maduro Y Capriles) que ha dado pie a la acusación de fraude y al reclamo de la auditoria electoral de todas las mesas electorales por parte de los perdedores, del gobierno norteamericano y de la derecha latinoamericana y peruana en particular. El máximo organismo electoral ha decidido la auditoria total de la votación y Maduro y Capriles la han aceptado. Esta aceptación por Maduro significa, a mi juicio, que no hay fraude electoral en el acto de votación.

No hay fraude, pero hay inequidad en el proceso electoral como lo hubo aquí en el 2011, en el 2006 y en el 2000. ¿Con qué cara y con qué derecho reclama equidad la derecha?. La inequidad del proceso electoral tiene que ver principalmente con la voluntad de perpetuarse en el poder en general y con la reelección indefinida en particular. Esta conduce, a mi juicio, a un régimen no democrático. La mayoría de los venezolanos cree, sin embargo, que su régimen político es una democracia y que su gobierno es democrático. ¿Quién define el carácter de un régimen político? ¿la mayoría del pueblo venezolano que lo elige o los observadores externos ideologizados e interesados?. ¿Quién es el soberano?.

La voluntad de intervenir del gobierno norteamericano y de la derecha latinoamericana tiene que ver más con los negocios esperados que con la democracia deseada. Ha llegado la hora del business neoliberal.  Todo su rollo es, sin embargo, muy ideologizado en defensa de la democracia. ¿Por qué el gobierno peruano tiene que guiarse por los berrinches ideológicos de la derecha peruana? ¿Por qué UNASUR y los gobierno que la integran tienen que someterse a los intereses del gobierno norteamericano y de las derechas latinoamericanas?

Se dice que el gobierno peruano y UNASUR están avalando una dictadura. En el peor de los casos, el gobierno de Maduro es un gobierno autoritario elegido por la mayoría de los venezolanos. Y si fuera una dictadura (un régimen totalmente cerrado que no es el caso), ¿el gobierno peruano no lo debiera reconocer?. Si las ideologías y el  carácter democrático de los regímenes y gobiernos definen la política exterior, ¿por qué la derecha no exige la ruptura con China que  es una dictadura de partido único?.

La política exterior, por lo demás, es responsabilidad del Presidente de la República de acuerdo a la Constitución. El Congreso ejerce un cierto control y autoriza su salida al exterior, pero no dirige las relaciones exteriores. Si la derecha quiere dirigirlas, que gane las elecciones.

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                                               Sinesio López Jiménez

Armando Villanueva es quizá uno de los últimos representantes del político de raza que combina la ideología, el programa, la organización partidaria, el activismo y la pasión. Todo eso expresado en un discurso político que era una invitación a la acción. Un speach-act. Como lo hizo el estado mayor del Apra que acompañó a Haya de la Torre. Villanueva mantuvo al tope esa combinación en la época del martirologio de la persecución, la dejó de lado en la del compromiso y la retomó del 80 en adelante.

En la etapa de la persecución y de la gran clandestinidad,  Villanueva fue encarcelado y deportado varias veces por las dictaduras oligárquicas de esa época. Como lo fueron el propio Haya de la Torre y casi todos los altos dirigentes del Apra que eran entonces acusados de terroristas. El Perú vivía una etapa de gran confrontación social y política. La oligarquía, aliada con las fuerzas armadas y con los intereses extranjeros, se empeñaba en mantener la gran exclusión de fuerzas sociales y políticas que chocaban contra sus privilegios. Las clases medias y populares, organizadas en el Apra principalmente y en sindicatos y movimientos sociales, pugnaban por conquistar un espacio propio en la vida económica, social y política del país.

La exclusión oligárquica produjo la confrontación y alimentó la revolución en el contexto de un incipiente desarrollo del capitalismo, principalmente exportador, y de la emergencia de clases medias y de obreros que demandaron derechos ciudadanos y desplegaron varias formas de protesta social. La palabra revolución formaba parte del lenguaje cotidiano de los dirigentes de las organizaciones anti-oligárquicas perseguidas. En la época del compromiso con la oligarquía (1956-1968) Prialé y Villanueva volvieron clandestinamente al Perú para negociar con los representantes de la oligarquía las mejores condiciones para el ingreso del Apra a la vida política institucional. El Apra abandonó a Lavalle y apoyó a Prado quien le ofreció más ventajas políticas.

El compromiso del Apra con la oligarquía trajo muchos cambios en la vida política y social del Perú e implicó altos costos y también beneficios para el Apra. El ejército abandonó a la oligarquía y pasó al campo de las reformas, aparecieron nuevos partidos de clase media con capacidad para competir con el Apra, los movimientos sociales y los sindicatos se movieron hacia la izquierda que tuvo más espacio para crecer. Introdujo el principio de negociación y debilitó al principio de confrontación levantado por la oligarquía. Desde la perspectiva democrática este es un elemento positivo en medio de la confusión política de entonces. Villanueva llegó a ser Presidente de la Cámara de Diputados en la época de la coalición Apro-odriista (1963-1968) que enfrentaba al presidente Belaúnde.

Pasado el velasquismo, Villanueva fue candidato del Apra a la presidencia de la república en  1980 enarbolando las banderas de la socialdemocracia a las que ha mantenido en alto hasta el fin de sus días, tanto en los años del desastroso primer gobierno de García del que fue Primer Ministro como en los del gobierno neoliberal, los años del perro del hortelano. En esta última etapa Villanueva volvió a adornarse con las virtudes del político de raza. Que descanse en paz.

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                                               Sinesio López Jiménez

Ante las acusaciones de corrupción de su gobierno, García ha desplegado hasta ahora tres estrategias de defensa, dos de ellas de encubrimiento. La primera combina una actitud de colaboración con la Megacomisión que lo investiga con la presencia mediática. García ha asistido a todas las citaciones de la comisión investigadora y ha respondido a los interrogantes que se le formularon, mantuvo un perfil político bajo y se acompañó siempre de la prensa de derecha que lo engríe. García evaluó con razón que era políticamente contraproducente enfrentar a un gobierno que está por encima del 50% de aprobación.

La segunda  mezcla temas supuestamente académicos, con manejo mediático y apelación a la fiscalía. Este ha sido el caso de la revelación (por algunos medios) de la compra de una nueva residencia en la que habitará García. En defensa, el ex-presidente justificó el origen de sus ingresos (provenientes de conferencias internacionales costosas pagadas varias de ellas por empresas que fueron favorecidas en su gobierno, de los altos salarios que le paga la USMP cuyo “propietario” fue su ministro de Educación y su Primer Ministro y de la venta de supuestos “bestsellers”) y pidió que la Fiscalía lo investigue, entregándole la información correspondiente. Los medios (especialmente los de derecha) dieron amplia cobertura a sus declaraciones sin discutir la veracidad de las mismas.

En este caso, García se cubrió (sin decirlo) con la denuncia mediática de la compra de una costosa mansión por parte de la suegra de Toledo. La tercera estrategia es política, judicial (pedido de intervención de la fiscalía) y mediática. García ha pasado a la ofensiva política contra el gobierno en un contexto en que desciende ligeramente la popularidad de Ollanta. La denuncia seria de los medios y de la Megacomisión de los indultos de bandas de narcotraficantes por su gobierno lo sacó de sus casillas y respondió con todo. El componente político de su estrategia tiene tres elementos. El primero es el lanzamiento de su candidatura a la presidencia el 2016 y la acusación al gobierno de pretender bloquearla y destruirla con las denuncias de la Megacomisión parlamentaria. García quiere encubrir la denuncia de corrupción con la de persecución política por el gobierno.

El segundo es la acusación contra Humala de buscar la reelección de la “pareja conyugal”.  Lo que García pretende, en realidad, es, además de encubrir la denuncia de corrupción, romper la alianza del gobierno con Toledo, aislarlo y alinear a todas fuerzas políticas contra la probable candidatura de Nadine Heredia. El tercer elemento es la presión a Humala para que indulte a Fujimori, pese a que no hay una causa que lo amerite. Lo que busca García es el suicidio político de la pareja presidencial y la renovación de su acercamiento al fujimorismo al que meció sobre el indulto durante su gobierno. En el despliegue de esta estrategia lo acompañan fielmente los medios de derecha que, salvo algunos programas de TV que fueron expectorados, lo han mimado durante su segundo gobierno.

Los dirigentes apristas han acudido a la fiscalía para que investigue las denuncias de un narcotraficante sobre los indultos. Ellos esperan un veredicto favorable de una institución a la que han copado para que los blinde y les extienda un certificado de limpieza y honorabilidad.

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                                               Sinesio López Jiménez

Los ajustados y contradictorios resultados electorales de la revocatoria oscurecen el análisis político de los mismos. Para superar esta dificultad es necesario establecer algunos criterios de análisis. Un primer criterio es el señalamiento de los objetivos (que se propusieron los actores en la batalla electoral) y de los logros o fracasos. Castañeda se propuso revocar a Susana Villarán para retornar al municipio limeño en las elecciones de este año y reelegirse en las del 2014, pero perdió. García se propuso reactivar a su partido, entrar en relación amigable con una plaza electoral que siempre fue difícil para el Apra y obtener una fácil victoria dada la aplastante opción por el SI que mostraban las encuestas, pero perdió.

Ollanta Humala y Keiko Fujimori se pusieron de perfil, pero sus bases apostaron por el NO en el primer caso y por el SI en el segundo. Es probable que el primero saboree la victoria y la segunda llore  la derrota. Susana Villarán apostó a revertir una correlación política aplastantemente contraria, a evitar que la revoquen y lo logró, pero no pudo evitar que revoquen a su estado mayor. Su triunfo es, por eso, parcial. Las izquierdas, con sus pequeñas organizaciones políticas y las bases sociales que influyen, se propusieron actuar unitariamente para respaldar a Susana, pero, como ella, tuvieron un éxito parcial porque no pudieron evitar que sus regidores fueran revocados.

Toledo apoyó a Villarán y aprovechó la ocasión para confrontarse con García y Castañeda y derrotarlos. Kuczynsky planteó apoyar a Susana, pero revocar a sus regidores. Lourdes y el PPC rechazaron principistamente la revocatoria, defendieron la gobernabilidad de Lima, respaldaron a Villarán y a sus regidores (del PPC) y lograron ambas cosas. Su triunfo es total. En resumen, Castañeda y García fracasaron en el logro de sus objetivos políticos, mientras Susana Villarán y las izquierdas, Toledo y Perú Posible y Lourdes y el PPC los alcanzaron parcial o totalmente.

Un segundo criterio es el desempeño de los políticos que explica, en parte, los resultados electorales. Desde esta perspectiva, Castañeda y García son los generales de la derrota  porque no lograron mantener el altísimo respaldo del SI a la revocatoria. Susana y las izquierdas y Lourdes y el PPC, en cambio, lograron organizar una buena campaña, revirtieron la desfavorable correlación de fuerzas de apoyo al NO y se jugaron por entero en los momentos decisivos para obtener el triunfo electoral.

Un tercer criterio es el tipo de respaldo obtenido por el SI y el NO. En este aspecto el dato básico es que la mayoría de los votos por el SI provienen de los sectores populares y pobres mientras los del NO provienen de las clases medias y altas. En algunos distritos populares, sin embargo, el NO gana, en otros muy populosos casi empata y en la mayoría pierde. Sospecho que los votos por el SI son más anti-Susana que pro-Castañeda y García y que los votos de las clases medias y altas por el NO expresan un apoyo a Lourdes al PPC y a la gobernabilidad más que a Villarán. Es probable que los votos pro-Villarán de los sectores populares provengan mayoritariamente de las izquierdas y sus bases sociales.

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