Sinesio López Jiménez
La actitud de los ciudadanos y de los políticos frente a los movimientos sociales es un buen indicador de su orientación ideológica. La derecha detesta generalmente a los movimientos sociales, les atribuye un carácter subversivo y exige su represión. La izquierda, en cambio, los ve con simpatía, los alienta y exige que el Estado los respete y atienda sus demandas. Más allá de las actitudes de la gente hacia los movimientos sociales, lo cierto es que entre éstos y el Estado existe una tensión relativamente permanente que muchas veces se transforma en contradicción y en conflicto abierto. Esto es lo que está pasando en el Perú desde hace un buen tiempo. ¿Por qué?. Hay varias razones, unas de carácter estructural y otras tienen sólo un alcance coyuntural.
Entre las primeras está la distinta naturaleza de las cosas. El Estado es una macro-estructura (integrada por el monopolio de la fuerza, la burocracia, la producción del sistema legal, la capacidad impositiva, la distribución del poder en el territorio, el sistema de identidades y referencias) que busca imponer su dominio e instaurar y mantener el orden. Ese es su papel. Los movimientos sociales, por el contrario, buscan la atención política de sus demandas, el cambio y, con frecuencia (no siempre), una mayor democratización en su relación con el Estado. Los elementos coyunturales que avivan los conflictos pueden ser múltiples: crisis económicas, medidas estatales, incumplimientos de acuerdos, corrupción, voracidad empresarial, etc.
Un tema central es el modo como el Estado trata a los movimientos sociales. Ese modo depende de los regímenes políticos (democráticos y no democráticos) que son justamente el resultado del tipo de relación entre el Estado y los ciudadanos. Cuando “las relaciones políticas entre el Estado y sus ciudadanos se demuestran con consultas mutuamente vinculantes, amplias, iguales y protegidas”(Tilly, Democracy, 2007:13-14 ) estamos frente a un régimen democrático. Cuando esas relaciones, en cambio, se caracterizan por ausencia de consultas o por consultas no vinculantes, no protegidas, desiguales y excluyentes estamos frente a un régimen no-democrático.
Todos los políticos y los medios, sin embargo, se llenan la boca con el Estado de Derecho, pero en el Perú, independientemente de lo que diga la Constitución, no existe un dominio efectivo de la ley en todo el territorio y para toda la población. Lo que predomina aquí es el monopolio de la violencia. Eso explica quizá que los gobiernos de los regímenes democráticos se comporten en forma autoritaria frente a los movimientos sociales. García incluso los llamó abusivamente “perros del hortelano” y criminalizó a renglón seguido la protesta social. En el gobierno de Ollanta Humala hay dos momentos diferentes. El del gabinete Lerner que reconoció las justas demandas de los movimientos de protesta y que buscó instaurar el diálogo como forma de atenderlos y de solucionar sus demandas y el del gabinete Valdés que ha impuesto una forma autoritaria de resolver los conflictos sociales. Hoy la consigna es disparar y matar.
Lo que llama la atención en el Perú es el alto nivel de agresividad con el que desarrollan los movimientos de protesta. Eso tiene que ver, por un lado, con la indiferencia o la violencia con las que el Estado, los políticos de derecha, las élites económicas tratan las demandas de los movimientos de protesta y, por otro, con el bajo nivel de desarrollo de las instituciones políticas. Los movimientos de protesta saben que sólo en forma agresiva (quemando llantas, ocupando carreteras, tirando piedras) pueden colocar sus demandas en la agenda pública. Los protestatarios no quieren destruir el sistema: sólo quieren hacerlo funcionar. Si existiera un sistema de partidos y vigorosas reglas de juego que todos acepten y respeten, las protestas serían menos desbordantes y menos desestabilizadoras.
Los movimientos sociales, cuando son vigorosos y más o menos articulados, tienen efectos poderosos en la política y en el Estado. Uno de los nervios centrales del cambio del Estado Oligárquico fue el vasto y agresivo movimiento campesino de los 50 y los 60 del siglo pasado. El Perú no se hubiera desembarazado de la dictadura de Morales Bermúdez, si los movimientos clasistas de entonces no hubieran desplegado grandes movilizaciones. La imposición del Estado neoliberal extremo en el Perú se debió a la ausencia de la protesta social que la limitara. Es probable que su cambio tenga en los masivos movimientos de protesta, especialmente en los socio-ambientalistas, uno de los motores principales.

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Sinesio López Jiménez
El 28 de marzo Ollanta cumple ocho meses en el gobierno. Un rápido balance político muestra más sombras que luces, más frustraciones que esperanzas. Ollanta llegó al gobierno sobre los hombros de las masas descontentas y esperanzadas en el cambio y de las clases medias liberales y democráticas que huían de la perversión fujimorista. Ocho meses después se percibe que las expectativas populares se van apagando, que los miedos de las clases altas han desaparecido gracias a la continuidad de sus privilegios, que las clases medias se han cobijado resignadamente bajo el paraguas del gran capital y que, para colmo de males, el actual primer ministro es un ex-militar autoritario y pro-fujimorista. ¿Qué ocurrió?, ¿Cómo se produjo lo que pasó? ¿Y por qué sucedió?.
Lo que ha pasado es algo que sucede de una manera más o menos frecuente en Perú y en AL: Los que pierden las elecciones gobiernan y los que ganan o ayudan a ganarlas son expulsados del gobierno. Como lo sugirió el genial Carlín, Ollanta bien podría pedir en el Consejo de Ministros que levanten la mano quienes votaron por Keiko Fujimori y tendría una mayoría de manos levantadas. En la práctica se ha producido (y se está produciendo) un cambio de mando en el gobierno sin afectar las formalidades democráticas. La derecha ha dado una especie de golpe de estado con guante de seda, ganando en la mesa mullida del gobierno lo que perdió en la cancha dura de las urnas. El país asiste a una comedia política cuyo título bien podría ser “El arte de gobernar habiendo perdido las elecciones”.
En este caso la pregunta que hay que hacer es la siguiente: ¿metamorfosis o captura del presidente?. ¿Ollanta, al estilo de Gregorio Samsa de Kafka, se acostó como un líder político (de abajo y de izquierda) y se despertó como un insecto (derechista) o ha sido más bien capturado por la derecha?. Mi hipótesis es que la derecha capturó a Ollanta en Cajamarca, lo mantiene preso en Palacio de Gobierno, lo ha enmudecido con sus críticas despiadadas y, sin embargo, le exige sádicamente que hable. Eso no obstante, Ollanta mantiene su identidad política, ajada y maltrecha, pero la mantiene. ¿Cómo hemos llegado a esta situación?. El cambio de un gobierno de centro-izquierda por otro de centro-derecha en crisis fue un proceso que comprende cuatro momentos.
El primero (junio y julio del 2011) fue de resistencia. Ollanta quiso organizar un gobierno legítimo sobre la base de los resultados electorales de la segunda vuelta con un equipo propio académicamente bien formado y con experiencia de gestión, pero las presiones, las amenazas, los chantajes, los halagos y los susurros de la derecha y de sus operadores pudieron más que su voluntad de resistir e hizo subir a la nave del gobierno a los representantes del gran capital (Castilla y Velarde). Desde ese momento, Ollanta dejó de ser para la derecha el chavista repudiado para convertirse en un estadista respetado. El segundo momento es el del gobierno de la concertación (agosto- 4 de diciembre del 2011) integrado por los amigos del presidente, por los amigos de Castilla y los ministros de Ciudadanos por el Cambio con Salomón Lerner a la cabeza como Primer Ministro. Este es el momento de los cambios más importantes: el gravamen minero, la consulta previa, la organización del MIDIS.
El tercer momento se inicia con la orden presidencial de Gonga va, con el desplazamiento de la izquierda y del toledismo para girar a la centroderecha (11 de diciembre). Castilla incrementa su poder controlando más ministerios; lo mismo sucede con Valdés que controla el Premierato, Defensa e Interior. El gabinete Valdés es el acompañamiento autoritario del neoliberalismo en apuros frente a los movimientos sociales contestatarios. Este el momento en el que se produce la captura de Ollanta por la derecha. El cuarto momento es el la fragmentación del gobierno en circuitos de poder (febrero del 2012) y de la ofensiva despiadada de la derecha por apoderarse de todo el gobierno y del Estado.
¿Por qué se produjo todo este cambalache político?. Hay varios factores explicativos, pero pienso que el más importante es la correlación social y política de fuerzas totalmente favorable a la derecha que controla casi todos los espacios de poder a través de los medios, la CONFIEP y los poderosos grupos económicos. ¿Es posible cambiar esta relación de fuerzas?. Mi hipótesis es que se puede siempre y cuando se articule un frente amplio de movimientos contestatarios, de frentes y gobiernos regionales y de izquierda unificada. ¿Hasta dónde van a llegar la desenfrenada audacia y los apetitos desmedidos de la derecha?. Pienso que ella prefiere transformar la captura en metamorfosis de Ollanta.
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Sinesio López Jiménez
La derecha es insaciable. Ella tiene apetitos materiales y políticos desmedidos. Controla ya casi todas las manijas del gobierno, pero no le basta. Quiere tener en sus manos todos los resortes del poder, del gobierno y del Estado. Para lograr ese objetivo quiere limpiar el camino de todos los obstáculos que le impiden avanzar: lo que queda de la izquierda, Abugattás y los líderes del nacionalismo, los gobiernos regionales, los movimientos socio-ambientalistas, Antauro, etc. La estrategia es más o menos conocida. Primero, despliegue de campañas de demolición y de asesinatos morales de los principales líderes del gobierno que le son incómodos sobre la base de pequeños errores cometidos. Segundo, el ingreso oportuno de las “cuentamuertos” (las encuestadoras) con preguntas inductoras y respuestas inducidas. Tercero, la difusión en los medios de noticias como esta: “Frenazo de Ollanta en las encuestas, Abugattás y Antauro le pasan la factura”. Y tarea cumplida.
Ollanta ganó legítimamente el gobierno (derrotando a Keiko Fujimori y a todos los poderes que la apoyaron: García, Cipriani, la CONFIEP, la derecha política y mediática), pero, en lugar de ejercerlo a plenitud, cedió parte del mismo, por presión y por propia voluntad, a los representantes del capital (Castilla en el MEF y Velarde en el BCR). Con la salida del gabinete Lerner, el poder de Castilla se extendió a otros ministerios (Energía y Minas, Trabajo, ¿y Vivienda? ¿y el MINAM?). También avanzó la derecha autoritaria y pro-fujimorista (Valdez y compañía) controlando el Premierato, Interior y Defensa. Ahora la derecha apetece otros Ministerios (RREE, Justicia y otros) aún en manos de la izquierda o de personas progresistas o nacionalistas. Pero el bocado más apetecido es el Congreso de la República al que quiere engullírselo con todo.
El llamado gabinete de la cohesión es hoy un chiste de mal gusto. Todo el gobierno está repartido en cuotas y funciona como circuitos de poder con decisores con agenda propia, con operadores y apoyos mediáticos, con débil articulación entre ellos y sin un director de orquesta. La agenda de Castilla y Velarde es la del gran capital. Lo que es bueno para éste (según ellos) es bueno para el país. Los ministros de los aparatos económicos son sus operadores y reciben el apoyo unánime de la prensa de derecha. La agenda de Valdez es la imposición del orden a como dé lugar. Su papel es enjuiciar, encarcelar, disparar y matar. Y ya comenzó también con el apoyo y beneplácito de la prensa derechista. ¿Alguien ha reclamado por la vida de los tres pobladores muertos en Madre de Dios?. ¿Con qué derecho y con qué moral Valdez puede justificar el uso del monopolio de la fuerza contra la población desarmada?.
La señora Nadine Heredia tiene, sin duda, una gran influencia (nombra ministros, es casi vocera del gobierno e influye en el nombramiento de altos funcionarios), organiza su propio circuito de poder, cuenta con asesores a su servicio y con operadores, se lleva bien con la prensa de derecha, degusta, con fruición inocultable, los halagos y oropeles del poder y tiene, por supuesto, su propia agenda oculta que poco a poco irá mostrando su rostro político. ¿ Y Antauro?. Antauro organiza su propio circuito de poder. Es un preso con poder. Es, qué duda cabe, un líder político (nos guste o no) que pretendió dar un golpe contra un gobierno democrático, que ha sido acusado y condenado por delito de asesinato y está preso, pero que ejerce una cuota de poder. Negocia con los empresarios, coloca a su gente en empresas de seguridad de las mineras, dirige su partido etno-cacerista desde la cárcel, recomienda ascensos militares, influye en el nombramiento de ministros (sería interesante saber cuáles) y goza de ciertas comodidades en la prisión.
¿Y Ollanta?. ¿Qué hace Ollanta?. ¿Gobierna? Ollanta fue capturado en Cajamarca y está preso en Palacio de Gobierno. De vez en cuando aparece para inaugurar alguna obra y desaparece. Cultiva con esmero el silencio impuesto por sus propios miedos a la prensa despiadada de derecha. La fragmentación en circuitos de poder se produce porque no hay un líder que dirija, señale un norte y organice la marcha ordenada del gobierno. Se extraña el liderazgo de Ollanta de la primera y la segunda vuelta. La gran transformación no llegó al país sino a él mismo. Por el bien del país, espero que Ollanta vuelva a ser líder que conocimos en las campañas electorales. ¿Y el asesor?. ¿Vive aún el asesor?. ¿Para qué sirve el asesor? ¿Asesora o hace lobby?.

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Sinesio López Jiménez
No sabemos aún cuál será el veredicto de los técnicos contratados por el gobierno sobre el caso Conga. Caben varias posibilidades. La primera es que ellos avalen al EIA preexistente, la segunda es que aconsejen algunos ajustes para que Conga vaya y la tercera (la más remota) es que sostengan que Conga no va tal como es hoy defendida por Yanacocha. La segunda posibilidad puede presentar, a su vez, varias alternativas dependiendo del grado de modificaciones sugerido por los técnicos. El abanico de alternativas va desde pequeños ajustes hasta cambios significativos en el proyecto para que Conga vaya pasando por algunas propuestas intermedias. No hay, pues, una sola salida técnica sino que son posibles varias alternativas igualmente técnicas, pero con diferentes costos. Algunas pueden ser más costosas para los inversionistas y otras, para los cajamarquinos.
El campo técnico no es, sin embargo, una feria de alternativas sino que su oferta tiene límites. Uno de los más importantes es la rentabilidad del proyecto. Por eso Yanacocha insiste en señalar que ella es baja: ¡¿ 9% !?. Lo que no dice es que ese cálculo ha sido hecho cuando la onza de oro costaba 400 dólares y no los 1,800 de ahora. Para la población las alternativas técnicas más costosas son las que avalan el EIA actual y la que sugiere pequeños ajustes, mientras que para los inversionistas las alternativas más costosas son las que aconsejan que Conga no va tal como está hoy la propuesta o para que vaya es necesario que se realicen importantes cambios en el proyecto original. Es probable que los técnicos planteen diversas opciones para que el gobierno decida. También cabe la posibilidad que los técnicos planteen sólo una alternativa en el espíritu en el que fueron contratados por el Primer Ministro y avalados por Yanacocha para que ella sea impuesta a como dé lugar. En este caso, estaríamos frente a la dictadura de la técnica. Como bien se pregunta Ricardo Giesecke, ex-ministro del MINAM, en una esclarecedora entrevista a EL Comercio (04/03/12): “¿Vamos a sacar la tropa para que la gente entienda que lo técnico está bien?”.
El gobierno tiene, en realidad, diversos insumos para tomar la decisión que juzgue conveniente. Un primer insumo es el veredicto de los técnicos cuyo menú, como hemos visto, puede ser variado. El segundo es lo que los inversionistas quieren (su capacidad de presión) y el tercero es lo que demandan los cajamarquinos a través de su gobierno regional, sus autoridades locales, su frente regional. Generalmente los políticos (en este caso el gobierno) deciden de acuerdo a valores e intereses que pretenden defender e imponer, los técnicos introducen cierta racionalidad en las decisiones de los políticos y los ciudadanos legitiman o deslegitiman esas decisiones. El gobierno no la tiene fácil. Si decide apoyar sólo a los inversionistas, el costo de la decisión sería muy alto para el gobierno porque tendría que imponer Conga a la mala contra la voluntad de los cajamarquinos, con todo lo que eso significa: autoritarismo, probable pérdida de vidas y segura pérdida de legitimidad.
Si, por el contrario, decide desandar lo andado y apoyar las demandas de los cajamarquinos, el costo puede ser relativamente alto para el gobierno en el campo empresarial: pérdida de confianza del capital, de la inversión, de los empleos, de los impuestos y del canon minero. Esta alternativa es, sin embargo, poco probable porque ella implica un cambio del esquema político impuesto en diciembre del año pasado. ¿Existe una alternativa en la que todos (gobierno, empresarios y cajamarquinos) ganen?. Creo que existe mientras la rentabilidad sea alta. Esta alternativa exige, sin embargo, dos condiciones. La primera consiste en modificar significativamente el proyecto de tal manera que la población lo acepte (licencia social), pero que no mate la rentabilidad legítima de los empresarios.
La segunda es el diálogo entre el gobierno, los empresarios y los representantes sociales y políticos de los cajamarquinos. Eso requiere, a su vez, una voluntad de diálogo de todos los actores del drama. La alta rentabilidad del proyecto posibilita felizmente este compromiso económico, social y político. ¿Existe esta voluntad política? Lo que se percibe hasta ahora es más bien un cierto maximalismo en algunos actores de todos los campos (incluido el gobierno). Es posible, sin embargo, que los actores democráticos de todos los campos logren controlar el maximalismo (el autoritarismo en el gobierno, la máxima rentabilidad en los empresarios, el fundamentalismo ecologista en el campo social) para desplegar un realismo político que permita llegar a un compromiso en el que todos ganen.
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