Sinesio López Jiménez

¿Cuál es la diferencia entre un asaltante y la SUNAT?. Materialmente, ninguna. La SUNAT, como el asaltante, mete coercitivamente la mano al bolsillo de los ciudadanos que trabajan y se lleva casi un tercio de sus sueldos y salarios. La diferencia es formal. Una decisión normativa del Estado hace que el asalto se transforme en una extracción legal y legítima. La ley ha hecho que un asalto a mano (monopólicamente) armada sea un acto civilizatorio de la población bajo su dominio y que ésta cometa un delito (y se sienta culpable) cuando se resiste a ser asaltada. Sólo cuando la población acepta que el asalto es legítimo y que su resistencia a ser asaltada es un delito se transforma en una ciudadanía responsable, capaz de sostener a “su” Estado. Todas estas transformaciones no sólo se apoyan en la ley sino que existe una serie de mecanismos (la educación, la cultura cívica, la administración, las sanciones, los temores) que constituye una férrea estrategia de disciplinamiento de los ciudadanos. Esta es la historia de todos los estados del mundo.

En el Perú, sin embargo, la ley no ha logrado ocultar la barbarie de la fuerza y el abuso de poder del Estado. Si, por desgracia, un ciudadano tiene una deuda con la SUNAT entonces se le viene la noche. Primero, es declarado no habido (para las deudas porque para el asalto mensual es “siempre habido”), viene luego un juicio sumario sin derecho a la defensa, de inmediato la SUNAT interviene los ahorros del ciudadano y finalmente procede a la cobranza coactiva. Haciendo enormes sacrificios, el ciudadano amenazado y estrujado paga sus deudas, pero sus ahorros siguen intervenidos por meses hasta que una arrogante burocracia los libera, luego de enormes penurias y gestiones humillantes para que le devuelvan lo que le pertenece.

La historia de los estados está hecha de guerras, asaltos, invasiones, muertes, robos, extracciones a la fuerza de los recursos de las poblaciones. De ese modo van construyendo sus poderosos e incuestionables monopolios: el de la ley, de la decisión, de la justicia, de la violencia y de la administración. Cada monopolio tiene su propia historia nada edificante, por cierto. Desde la época de los estados nacionales (siglo XVIII en adelante) las autoridades establecieron relaciones directas con la población, abandonando las mediaciones de poder indirecto (los principados, los poderes locales, los grandes propietarios, etc.). Esta nueva situación abrió la posibilidad de conflictos y negociaciones, de demandas poblacionales y decisiones estatales, de derechos, garantías y responsabilidades, de imposiciones y obediencias. Surgió, de ese modo, la relación del estado con la ciudadanía que tiene también su propia historia. En el caso peruano (y latinoamericano) las élites gobernantes no han logrado construir una relación armoniosa entre el estado y los ciudadanos ni han logrado constituir una sociedad de ciudadanos. Tres grandes problemas caracterizan esa relación difícil: No existe igualdad ante la ley, la igualdad de oportunidades es un sueño lejano y no existen tampoco garantías para los derechos reconocidos.

Estas nuevas relaciones políticas constituyen, sin embargo, actos civilizatorios de los estados por parte de los ciudadanos, de los movimientos de protesta social que los acompañaron, de las nuevas fuerzas políticas y de diversas corrientes discursivas. La lógica del poder dejó de ser descendente para devenir ascendente. Son intentos de voltear la historia de la relación de los estados con sus poblaciones. Es una revolución copernicana. Las corrientes políticas más influyentes que han contribuido a amansar y a humanizar los estados han sido el liberalismo, el constitucionalismo, el pluralismo y la democracia. El liberalismo vació de poder al estado y lo atribuyó a los individuos que, de acuerdo a su concepción, eran libres, iguales y soberanos. El constitucionalismo fragmentó el poder siguiendo el criterio de las principales funciones estatales y estableció balances y contrabalances para proteger al individuo. El pluralismo (político y jurídico) cuestionó los monopolios de la decisión política y de la dación de la ley por parte del estado y atribuyó y distribuyó el poder y la capacidad normativa entre los diversos grupos de interés y las diferentes instituciones normativas (la sociedad, la economía, las iglesias, etc).

La peculiaridad política latinoamericana y peruana consiste en el déficit civilizatorio estatal. El Estado sigue siendo chúcaro, opresivo, irrespetuoso de la igualad de la ley, de la igualdad de oportunidades y parcializado con los intereses de los ricos. En el caso de los impuestos, por ejemplo, los ciudadanos de a pie, a través del IGV, contribuyen con más del 60% de los ingresos fiscales del Estado que, sin embargo, funciona principalmente para los ricos. Hasta Dionisio Romero ha reconocido la injusta carga impositiva que existe en el Perú.

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Sinesio López Jiménez

La condena judicial, la reforma de la política y la reconstrucción de la historia de los 90 no son suficientes para salir del pantano fujimorista. Es necesaria también una reforma intelectual y moral. Urge dejar atrás las formas elementales de pensar (es un decir) del fujimorismo, los sentidos comunes que predominaron en esa época (y que aún perduran) y la carencia total del sentido ético de la política. Los males del país (la violencia política, la exclusión, el racismo, la desigualdad) no fueron, sin embargo, un invento de Fujimori. Ellos lo precedieron pues forman parte de nuestras peores tradiciones políticas y culturales (criollas, andinas y mestizas). Constituyen el lado oscuro de la historia y la cultura peruanas que nos invade a todos. Fujimori encarnó ese lado oscuro de nuestras vidas sin los buenos modales y sin las mediaciones institucionales de la política en una década de crisis, de terror, de desconcierto y de miedos. En ese sentido, el fujimorismo es la forma política de la indecencia, del cinismo, la viveza criolla, la pendejada, el robo, las actitudes taimadas, la conducta solapa, el achoramiento, etc. ¿Significa todo esto que Fujimori es la expresión concentrada del mal?. No. En modo alguno. Nadie es totalmente malo ni totalmente bueno. Pero en Fujimori estaban cargadas las tintas hacia lo primero. Los defectos concentrados del fujimorismo no embellecen, sin embargo, al pasado pre-fujimorista ni a los partidos pre-existentes. La diferencia entre unos y otros es, me parece, de grados. No se trata, por eso, de volver al pasado sino de mirar al futuro.

La tarea es complicada, pero necesaria. Hay que amistar la política con la ética. Es una relación difícil, sobre todo en el mundo moderno. A diferencia del mundo clásico y medieval, la política moderna es un campo autónomo, diferente de la ética. Son esferas distintas que no se superponen sino que se diferencian. Cada una de ellas tiene sus propios fines y su propia lógica. Pero la diferenciación no es separación. La ética tiene que estar presente en la relación entre los medios y los fines de la política. No importa el modo como se defina la política en el mundo moderno (búsqueda del bien común, lucha por el poder, relación intensa amigo-enemigo, monopolio de la coerción), ella es diferente del bien y del mal. Si desde una perspectiva schmittiana, por ejemplo, la política se caracteriza por la definición precisa del enemigo, eso no significa que éste sea intrínsecamente malo. La fusión y la confusión de la ética con la política conducen a la enemistad absoluta, a una guerra sin reglas y a rematar a los rendidos. Si para conseguir un fin político, es necesario apelar a la violencia (como hacen permanentemente los estados y los insurgentes) la ética exige, sino dejar de usarla, al menos economizarla, como sostienen Sheldon Wolin e Isaiah Berlin hablando de la política de Maquiavelo. La defensa del valor de la vida se interpone entre los fines políticos (orden, paz o revolución, dependiendo del caso) y los medios violentos. Estos planteamientos fueron totalmente ajenos a la política antiterrorista de Fujimori. Su paseo macabro sobre los cadáveres de terroristas rendidos y cruelmente rematados ha quedado grabado en la memoria de todos.

El mismo vacío ético campea en la reforma económica neoliberal del fujimorismo y sus aliados. El objetivo era instalar un orden neoliberal a cualquier precio. La equidad y la justicia brillaron por su ausencia. Se superpuso prácticamente la estabilización con las reformas estructurales sin tomar en cuenta los costos sociales. La coalición fujimorista impuso un capitalismo salvaje con todas ventajas para los ricos y todas las desventuras para los trabajadores. El resultado: un capitalismo boyante y voraz sin derechos ni garantías para el trabajo. Se privilegió desmedidamente la inversión y la acumulación y se dejó de lado la distribución. Se impuso la autorregulación del mercado sin la autoprotección de la sociedad. El mercado fue (y es) un molino satánico que trituraba (y tritura) la vida de los trabajadores. Las políticas económicas fueron (y son) un banquete para los ricos y las políticas sociales, un reparto de migajas para los pobres. En el diseño y la aplicación de las políticas públicas no hubo ningún sentido de justicia y de equidad, sino de perversión: gobernar para los ricos con el apoyo de los pobres.

¿Qué se puede decir del manejo fujimorista de los asuntos públicos y de los bienes públicos?. La ausencia total de transparencia y de probidad constituyó la regla básica. El gobierno fue utilizado como la plataforma para el asalto al fisco y para apropiación descarada e ilícita (el robo) de los bienes públicos. Las privatizaciones, las concesiones y las licitaciones constituyeron la ocasión privilegiada para el atraco con alevosía y ventaja. Como todas las cosas ilícitas, el robo y los peculados se cometieron en la oscuridad del secreto y del silencio. El modus operandi fue la captura y la desnaturalización de todas las instituciones de control estatal, social y ciudadano. Este es el arte sofisticado de robar y encubrir.

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Sinesio López Jiménez

La solución judicial del caso Fujimori es incompleta si no va acompañada de una solución política y de una reconstrucción histórica. Pese a que tienen vasos comunicantes, esas diversas soluciones tienen sus propios escenarios, actores específicos y una lógica peculiar. Y cada una tiene también sus propios tiempos. Año y medio (si no más) ha durado el debate jurídico y la sentencia judicial. El proceso ha sido ejemplar y transparente, iluminado por los reflectores de todos los medios. Los fiscales y los jueces han mostrado una profunda formación jurídica, capacidad analítica, objetividad e imparcialidad en un tema difícil que despierta todas las pasiones. Los abogados de las partes en conflicto han tenido también un comportamiento responsable y respetable. La solidez de la sentencia se expresa en la pregunta precisa “¿está probado que…?” y en la respuesta lapidaria “sí, lo está”. El documento condenatorio consta de 247 preguntas con sus respectivas respuestas sobre la masacre de Barrios Altos, el asesinato de los estudiantes y un profesor de la Cantuta, los secuestros de Gorriti y Dyer Ampudia y otros delitos posteriores.

El argumento central de la sentencia se puede resumir del siguiente modo: Fujimori avaló, apoyó y autorizó el financiamiento estatal de una estructura organizada (el grupo Colina) por Montesinos y otros mandos militares destinada a eliminar (extrajudicialmente) a supuestos subversivos de Sendero Luminoso y del MRTA. De acuerdo al fallo judicial, ninguno de los 25 asesinados de Barrios Altos y La Cantuta era, sin embargo, senderista. Una vez producidos los asesinatos, Fujimori felicitó a los integrantes del grupo Colina y recomendó su ascenso por acciones distinguidas. Más aún: Conocidos los asesinatos por la opinión pública gracias a algunos medios y a la oposición política, el general Hermoza, (subordinado de Fujimori, quien, como presidente de la república, era el Comandante en jefe de las FF:AA.), sacó los tanques a la calle para amedrentar a la oposición, Fujimori mismo obstaculizó la aplicación de la justicia y la mayoría parlamentaria fujimorista trató de ocultar la responsabilidad del gobierno y de los mandos militares. Producida la condena de los responsables del asesinato de La Cantuta por un tribunal militar, Fujimori promulgó una ley de amnistía a los condenados por esos crímenes. Si todo eso está probado, la condena era inevitable. Los jueces no deciden sobre la base de indicios sino de pruebas. El fallo judicial contra Fujimori puede ser el punto de partida de un proceso de reestructuración del poder judicial y de recuperación de su dañada imagen.

La solución política es quizás la más difícil y de más larga duración. La política no se reduce a la coyuntura y no sólo es el corto plazo. Se hace política en las coyunturas, pero los actores políticos buscan permanecer en el tiempo. Hay coyunturas que no se cierran y que, cuando se cierran, se reabren por algún nuevo acontecimiento. La larga coyuntura de la violencia terrorista, por ejemplo, pareció cerrarse con la captura de Abimael Guzmán, pero la supervivencia del terrorismo en algunas zonas y los juicios a los terroristas y a los violadores de los derechos humanos la reabren. Hay varios temas en este campo que es necesario discutir. He aquí un breve listado: La emergencia de las fuerzas terroristas y la responsabilidad de la izquierda; la evaluación de las estrategias más eficaces para combatir el terrorismo; la responsabilidad de los partidos y gobiernos democráticos en la lucha contra el terrorismo; la tesis schmittiana según la cual sólo un estado de excepción (producido a través de un golpe) puede restaurar el orden, el monopolio de la violencia y la soberanía; la evaluación objetiva del fujimorismo y de su régimen autoritario en la lucha antiterrorista; el papel de los servicios de inteligencia y de algunas organizaciones policiales en la derrota del terrorismo, la participación activa de las rondas campesinas en la lucha contra el terrorismo y en el proceso de pacificación, el rol jugado por los medios en esa desdichada coyuntura.

¿Qué impacto tiene el fallo en la coyuntura política actual? Las encuestas muestran que la opinión pública sigue relativamente polarizada y que sus alineamientos se mantienen. La encuesta de CPI post-fallo confirma la de INFOPUC pre-fallo judicial en Lima. Según la encuesta de la CPI el 69 % de los limeños está de acuerdo con la condena a Fujimori (36.2% con los 25 años, el 4.3% hubiera preferido una condena mayor y el 28.5%, una menor). Sólo el 26.2% hubiera preferido la absolución. Este un dato macizo que no se puede manipular con sumas y lecturas tontas. Y eso que Lima, sobre todo los en los sectores D y E, es uno de los baluartes del fujimorismo. Mi hipótesis es que el fallo judicial va a producir estragos en el fujimorismo por el simple hecho de ser condenatoria y de revelar una serie de informaciones que no se conocían o habían sido olvidadas. Esa incidencia será mayor si las fuerzas políticas antifujimoristas y los medios alientan un debate político serio sobre los temas arriba señalados.

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Sinesio López Jiménez

Un alegato apasionado, casi teatral, de inocencia de los delitos de los que se le acusa y el despliegue expositivo de los supuestos éxitos de su gobierno en el campo de la pacificación y de la reforma económica neoliberal. Y de paso una acusación frontal a los gobiernos de Belaúnde y de García por su incapacidad e ineficacia en ambos campos. Así comenzó y así está terminando la aplicación de la estrategia política de Fujimori en el juicio que se le sigue por los asesinatos de 25 personas en los casos de la Cantuta y de Barrios Altos. Esa era una estrategia cantada toda vez que Fujimori no es abogado y los delitos de los que se le acusa se cometieron durante su prolongado gobierno. Lo que hay que preguntarse es si esa estrategia ayuda o no a Fujimori en el juicio. Mi hipótesis es que su estrategia política no ayuda directa e inmediatamente a un desenlace favorable del juicio. Ella no evita, ni reduce, ni aumenta la condena. Sus alegatos políticos no van a incidir en los jueces que, me parece, tienen ya una opinión formada sobre su responsabilidad.

El impacto es, sin embargo, indirecto y busca hacerse sentir en el corto y mediano plazo. Su incidencia puede ser múltiple en diversos actores y en diversos escenarios: condiciones de encarcelamiento, presiones al gobierno por el indulto, movilizaciones políticas permanentes, potenciación de lo que él ha llamado la herencia del fujimorismo, aumento de la aprobación ciudadana, mejores resultados en las elecciones del 2010 y del 2011. ¿Cuál será el impacto mayor? ¿En qué sectores sociales impactará más? Es probable que el impacto mayor se sienta en el gobierno, en algunos grupos empresariales y en los sectores C y D. Dadas las relaciones políticas que García tiene y está dispuesto a mantener con el fujimorismo, no debiera sorprendernos que el gobierno tome algunas decisiones favorables a Fujimori luego de la inevitable condena. Es muy probable también que los alegatos de Fujimori despierten algunos antiguos reflejos políticos de ciertos grupos empresariales que en su momento apostaron por él. Pero el impacto mayor se sentirá, sin duda, en los sectores C y D que recibieron los beneficios de políticas sociales asistencialistas durante su gobierno. De rebote, la candidatura de su hija, la señora Keiko Fujimori, se verá beneficiada.

Lo más interesante de su alegato político ha sido, si embargo, la referencia a su legado político que, en la coyuntura actual, tiene varios sentidos. En primer lugar, la alusión a su legado político significa el abandono explícito, no de la política, sino de su carrera política. Fujimori no será candidato a nada en los años que le quedan de vida. En segundo lugar, el legado político significa (para Fujimori y para su comprensión de los fenómenos del poder) que la política y el acceso al gobierno son bienes que le pertenecen y que sólo él los puede administrar y delegar, no a cualquier persona ni a sus partidarios, si no a su familia, particularmente a Keiko y a Kenyi. En tercer lugar, que el sentido patrimonialista de la política no expresa sólo su particular punto de vista sino que es compartido por algunos sectores sociales (C y D) significativos del país. La política (el estado, el gobierno, sus cargos y sus recursos) es un bien (público) que puede ser apropiado (por el que participa en ella), administrado y delegado (legítimamente) como si fuera un asunto propio y privado. Todos estos sentidos explican la emergencia (en 2006) de la señora Keiko Fujimori en la política y la obtención de centenares de miles de votos sin saber leer ni escribir en ese campo. Supongo que la hija de Fujimori tiene suficiente sentido común como para darse cuenta que los miles de votos que recibió en el 2006 no eran maná que caía del cielo y que el significativo respaldo ciudadano que tiene hoy no es el producto de su esforzado trabajo y de sus imaginativas propuestas en favor de los pobres. Su único mérito discutible (que otros abiertamente rechazarían) es ser hija de Fujimori.

¿Tendrá éxito Fujimori en campaña desde los tribunales de justicia hoy y desde la cárcel después? Mi hipótesis es que su éxito será relativo. La abultada simpatía fujimorista no alcanza para que Keiko Fujimori gane las elecciones del 2011, pero sí para consolidar el apoyo que tiene en los sectores C y D, lo que no es poca cosa. Con ese apoyo puede insistir en ir sola al proceso electoral o puede incrementar su capacidad para organizar alianzas con otros sectores políticos. ¿Qué sectores políticos se inclinarán por formar un frente con el fujimorismo?. ¿El mayor respaldo ciudadano a Keiko Fujimori incrementará las simpatías de García por ella? ¿Apoyará el APRA su candidatura?. Lo dudo, pese a que para García, Keiko Fujimori, cuyas credenciales democráticas son tan discutibles como las de su padre, es la mejor candidata. Ella, tanto como su padre y el mismo García, es la mejor defensora del modelo económico neoliberal, componente central de la herencia fujimorista. Además, ella disputa palmo a palmo a Ollanta Humala –el candidato antisistema de García- la simpatía de los sectores C y D. Es la candidata de los ricos que los pobres apoyan.

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