EL ESTADO Y LA SUNAT

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Sinesio López Jiménez

¿Cuál es la diferencia entre un asaltante y la SUNAT?. Materialmente, ninguna. La SUNAT, como el asaltante, mete coercitivamente la mano al bolsillo de los ciudadanos que trabajan y se lleva casi un tercio de sus sueldos y salarios. La diferencia es formal. Una decisión normativa del Estado hace que el asalto se transforme en una extracción legal y legítima. La ley ha hecho que un asalto a mano (monopólicamente) armada sea un acto civilizatorio de la población bajo su dominio y que ésta cometa un delito (y se sienta culpable) cuando se resiste a ser asaltada. Sólo cuando la población acepta que el asalto es legítimo y que su resistencia a ser asaltada es un delito se transforma en una ciudadanía responsable, capaz de sostener a “su” Estado. Todas estas transformaciones no sólo se apoyan en la ley sino que existe una serie de mecanismos (la educación, la cultura cívica, la administración, las sanciones, los temores) que constituye una férrea estrategia de disciplinamiento de los ciudadanos. Esta es la historia de todos los estados del mundo.

En el Perú, sin embargo, la ley no ha logrado ocultar la barbarie de la fuerza y el abuso de poder del Estado. Si, por desgracia, un ciudadano tiene una deuda con la SUNAT entonces se le viene la noche. Primero, es declarado no habido (para las deudas porque para el asalto mensual es “siempre habido”), viene luego un juicio sumario sin derecho a la defensa, de inmediato la SUNAT interviene los ahorros del ciudadano y finalmente procede a la cobranza coactiva. Haciendo enormes sacrificios, el ciudadano amenazado y estrujado paga sus deudas, pero sus ahorros siguen intervenidos por meses hasta que una arrogante burocracia los libera, luego de enormes penurias y gestiones humillantes para que le devuelvan lo que le pertenece.

La historia de los estados está hecha de guerras, asaltos, invasiones, muertes, robos, extracciones a la fuerza de los recursos de las poblaciones. De ese modo van construyendo sus poderosos e incuestionables monopolios: el de la ley, de la decisión, de la justicia, de la violencia y de la administración. Cada monopolio tiene su propia historia nada edificante, por cierto. Desde la época de los estados nacionales (siglo XVIII en adelante) las autoridades establecieron relaciones directas con la población, abandonando las mediaciones de poder indirecto (los principados, los poderes locales, los grandes propietarios, etc.). Esta nueva situación abrió la posibilidad de conflictos y negociaciones, de demandas poblacionales y decisiones estatales, de derechos, garantías y responsabilidades, de imposiciones y obediencias. Surgió, de ese modo, la relación del estado con la ciudadanía que tiene también su propia historia. En el caso peruano (y latinoamericano) las élites gobernantes no han logrado construir una relación armoniosa entre el estado y los ciudadanos ni han logrado constituir una sociedad de ciudadanos. Tres grandes problemas caracterizan esa relación difícil: No existe igualdad ante la ley, la igualdad de oportunidades es un sueño lejano y no existen tampoco garantías para los derechos reconocidos.

Estas nuevas relaciones políticas constituyen, sin embargo, actos civilizatorios de los estados por parte de los ciudadanos, de los movimientos de protesta social que los acompañaron, de las nuevas fuerzas políticas y de diversas corrientes discursivas. La lógica del poder dejó de ser descendente para devenir ascendente. Son intentos de voltear la historia de la relación de los estados con sus poblaciones. Es una revolución copernicana. Las corrientes políticas más influyentes que han contribuido a amansar y a humanizar los estados han sido el liberalismo, el constitucionalismo, el pluralismo y la democracia. El liberalismo vació de poder al estado y lo atribuyó a los individuos que, de acuerdo a su concepción, eran libres, iguales y soberanos. El constitucionalismo fragmentó el poder siguiendo el criterio de las principales funciones estatales y estableció balances y contrabalances para proteger al individuo. El pluralismo (político y jurídico) cuestionó los monopolios de la decisión política y de la dación de la ley por parte del estado y atribuyó y distribuyó el poder y la capacidad normativa entre los diversos grupos de interés y las diferentes instituciones normativas (la sociedad, la economía, las iglesias, etc).

La peculiaridad política latinoamericana y peruana consiste en el déficit civilizatorio estatal. El Estado sigue siendo chúcaro, opresivo, irrespetuoso de la igualad de la ley, de la igualdad de oportunidades y parcializado con los intereses de los ricos. En el caso de los impuestos, por ejemplo, los ciudadanos de a pie, a través del IGV, contribuyen con más del 60% de los ingresos fiscales del Estado que, sin embargo, funciona principalmente para los ricos. Hasta Dionisio Romero ha reconocido la injusta carga impositiva que existe en el Perú.

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