Sinesio López Jiménez

El informe que la CVR publicó hace cinco años sigue siendo un documento que nos interpela a todos. Seguirá interpelándonos en el futuro mientras nos neguemos a tomar conciencia de los problemas de fondo que salieron a luz con el fenómeno de la violencia terrorista. Pero ese informe es, sobre todo, una valiente requisitoria contra los gobiernos y las élites económicas, sociales y políticas del Perú que se niegan a asumir su responsabilidad en la producción y reproducción de las enormes fracturas económicas, sociales y culturales que alimentaron, potenciaron y prolongaron la violencia terrorista por más de veinte años. El documento expresa, desde luego, una condena clara y explícita de la violencia terrorista de Sendero Luminoso y del MRTA así como del terrorismo que el Estado desplegó como respuesta. La CVR tiene razón cuando señala que “el conflicto armado interno vivido en el Perú entre 1980 y 2000 ha sido el de mayor duración, el de impacto más extenso sobre el territorio nacional y el de más elevados costos humanos y económicos”. Esa violencia no golpeó por igual a todos los peruanos sino que se ensañó con algunas regiones (el centro y el sur andinos), con algunos estratos sociales (los más pobres) y con algunos grupos étnicos (quechuas, aymaras, ashaninkas). Por el número de muertos y desaparecidos (69 mil personas) y por el tipo de víctimas, la violencia terrorista de los 80 y 90 alcanzó niveles y visos de genocidio, comparable con el producido durante la revolución y la derrota de Túpac Amaru (1780-1783) en que fueron aniquiladas más de 100 mil personas. Fueron eliminadas física y jurídicamente todas las élites indígenas que anteriormente eran reconocidas por el poder colonial. La CVR sostiene que “existió una evidente relación entre exclusión social e intensidad de la violencia. No fue casual que cuatro de los departamentos más afectados por el conflicto armado interno (Huancavelica, Ayacucho, Apurímac y Huánuco) sean ubicados por diferentes estudios (…) dentro de las lista de los cinco departamentos más pobres del país”. Afirma asimismo que la proporción de personas que hablaban quechua u otra lengua nativa fue siempre mayor entre las víctimas fatales reportados a la CVR que en el conjunto de la población”. Concluye que “la verdad que el país necesita asumir en toda su gravedad es que el Perú rural, andino y selvático, quechua y ashaninka, campesino, pobre y con escasa instrucción formal se desangró durante años sin que el resto de la nación se percatara de la verdadera dimensión de la tragedia de ese “pueblo ajeno dentro del Perú” (frase usada por un sobreviviente de la violencia terrorista ante la CVR).

La CVR afirma que “la pobreza no explica por sí sola el estallido del conflicto armado. Es más preciso verlo como uno de los factores que contribuyó a encenderlo y como el telón de fondo en el cual se desarrolló ese drama”. En ese telón de fondo se han desplegado múltiples brechas, siendo las más importantes la desigualdad creciente entre ricos y pobres, la discriminación étnica y racial, el centralismo limeño y costeño. ¿Cuál ha sido la reacción de los gobiernos y de las distintas élites del país ante el informe de la Comisión de la Verdad? ¿Acaso han hecho suyo el documento en su integridad? ¿Lo han analizado y discutido seriamente? ¿Qué han dicho sobre “los factores de largo plazo que explican el conflicto” y sobre todo qué han hecho para superarlos?. ¿Han hecho algún esfuerzo por tomar conciencia de las profundas fracturas sociales que ellos han producido o han contribuido a mantener?. ¿Han hecho caso algún propósito de enmienda?. ¿Han asumido siquiera alguna de las reformas sugeridas por la CVR?. No. Nada de nada. Su respuesta ha sido el linchamiento del mensajero (la CVR) que trae tan malas noticias. Las respuestas de los gobiernos y de las élites a los planteamientos de la CVR han sido banales: el cuestionamiento de la supuesta militancia política de los integrantes de la CVR, los errores en el señalamiento del número de muertos. Ningún planteamiento de fondo sobre el problema de la violencia terrorista y sus causas.

¿Qué han respondido los gobernantes que, en su respectivo gobierno, abdicaron de su responsabilidad de enfrentar políticamente la violencia terrorista y apelaron más bien a la militarización del conflicto y toleraron el terrorismo estatal? ¿ Qué han hecho para superar los llamados “factores institucionales” que han impedido al Estado tener legitimidad en su relación con la sociedad y que bloquearon su capacidad política para responder adecuadamente al desafío terrorista? ¿ Que han los partidos y algunos dirigentes de izquierda (e intelectuales) que con sus posiciones ambiguas echaron más leña al fuego terrorista?. Poco o nada han hecho los gobiernos para hacer suyo y cumplir el Plan Integral de Reparaciones (simbólicas, en salud, en educación, restitución de derechos ciudadanos, reparaciones económicas individuales y colectivas) así como el Plan Nacional de Investigaciones Antropológico-forences con la finalidad de esclarecer las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales. A muchos de ellos no sólo la historia los juzgará. También el Poder Judicial. Así espero.

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Sinesio López Jiménez

El capitalismo salvaje (sin derechos) que emergió con Fujimori y que continuó con Toledo ha recibido un nuevo impulso con García: la ley de la Selva que desconoce los derechos de la ciudadanía diferenciada. La voluntad de entregar las tierras a las grandes corporaciones pasa por arrasar con los derechos específicos de este tipo de ciudadanía. Ella implica el reconocimiento simultáneo de los derechos individuales universales y de los derechos colectivos de grupos culturalmente diferentes. En un libro que publiqué hace once años (Ciudadanos Reales e Imaginarios, Concepciones, Desarrollo y Mapas de Ciudadanía en el Perú), discutí ampliamente este concepto. La ciudadanía no es sólo un status determinado, definido por un conjunto de derechos y responsabilidades. Ella expresa también una identidad, un sentimiento de pertenencia a una comunidad política. Marshall, el pionero de la teoría moderna de la ciudadanía, consideró a ésta como una identidad compartida que integraba grupos previamente excluidos de la sociedad británica y proporcionaba una fuente de unidad nacional. Estaba particularmente preocupado por integrar a las clases trabajadoras que, por falta de educación y recursos económicos, eran excluidas de la “cultura común” que debía ser una “posesión y herencia común”. La ciudadanía cumple, según Marshall, una función integradora.

Muchos grupos -mujeres, pueblos aborígenes, minorías étnicas y religiosas y otras minorías – se sienten excluidos de la “cultura común”, a pesar de poseer los derechos comunes de la ciudadanía. Ese sentimiento de exclusión proviene no sólo de su situación económica y social sino también de su identidad cultural: de su “diferencia”. Estos grupos sólo pueden ser integrados a la cultura común si se adopta lo que Iris Marion Young ha llamado la “ciudadanía diferenciada”. En esta perspectiva pluralista, los miembros de ciertos grupos pueden ser incorporados a la comunidad política nacional no sólo como individuos sino también como colectividades y sus derechos dependen, en parte, de su pertenencia a ellas. Las demandas de “ciudadanía diferenciada” plantean un desafío serio a la concepción prevalente de ciudadanía. En la visión ortodoxa, la ciudadanía implica, por definición, el tratamiento a las personas como individuos con iguales derechos ante la ley. Este es el principio con el que operan los estados nacionales que definen políticas homogeneizadoras de integración social. En la perspectiva del pluralismo cultural, en cambio, el intento de crear una concepción universal de ciudadanía que trasciende las diferencias de grupo es fundamentalmente injusto porque oprime a los grupos históricamente excluidos. Hay dos razones por las cuales la igualdad genuina requiere afirmar más que ignorar las diferencias de grupo. En primer lugar, los grupos culturalmente excluidos están en desventaja en el proceso político como producto de una injusticia histórica que no se resuelve con fórmulas presentistas de justicia. Una solución posible y plausible que resuelva su exclusión es proporcionar medidas institucionales (ley de cuotas, autonomías, derechos especiales, etc.) para el reconocimiento y la representación explícita de los grupos oprimidos y excluidos. En segundo lugar, los grupos culturalmente excluidos tienen a menudo necesidades claras que pueden ser enfrentadas sólo mediante políticas diferenciadas por grupo: el derecho a la identidad, la autonomía del territorio que ocupan y formas propias de representación política. Este el caso de las demandas de las etnias de la Amazonía que plantean demandas fuertes de carácter multinacional. Los quechuas y los aymaras peruanos, en cambio, plantean reivindicaciones, no multinacionales, sino multiétnicas (respeto a sus costumbres, a su cultura e idioma, etc) y, en todo caso, mejores formas de integración.

El Centro Amazónico Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) ha analizado de una manera inteligente y justa los siete Decretos Legislativos (N. 994, 1064, 1073,1079, 1081, 1089,1090) que tienen que ver con la ley de la Selva de García y ha mostrado que todos ellos violan la Constitución, algunas leyes de mayor jerarquía y los tratados internacionales que suscribe el Estado peruano para reconocer los derechos de una ciudadanía diferenciada. El CAAAP señala que la política económica genera un marco de desprotección para los pueblos indígenas porque no reconoce sus derechos colectivos. Señala asimismo que esos Decretos Legislativos no les ofrecen la oportunidad de un desarrollo sostenible, que violan sus derechos de propiedad y posesión, que pasan por alto la consulta previa, libre e informada a los ciudadanos y que desconocen y expropian la territorialidad indígena y sus recursos. El conjunto de estas violaciones de los derechos de la ciudadanía diferenciada ha generado la natural e impactante protesta de los pueblos indígenas. El gobierno amenaza a los movimientos contestatarios con la represión y la cárcel y acusa de sabotaje a las ONGs que supuestamente manipulan a estos movimientos. La protesta desplegada en un centro neurálgico de la economía ha obligado al gobierno, al Congreso y a diversas instituciones a buscar soluciones negociadas para salir del atolladero en que nos ha metido García.
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Sinesio López Jiménez

Tonterías, necedades, cojudeces (para emplear la jerga de un obispo) son las cosas que escuchamos del oficialismo y leemos (y oímos también) en ciertos medios de prensa a propósito de los resultados de la última encuesta nacional de CPI: “No gobernamos para las encuestas, gobernamos para el país”. “La población es injusta al desaprobar al gobierno en un porcentaje tan alto” (80%). “El gran crecimiento del país también genera una demanda que va a los mercados y origina aumento de precios”. “Este es el momento en que se prefieren las críticas y el cargamontón. Conozco a mi país y sé como suben y bajan las olas. No me parece justo que se diga que no se hace nada en el sur (afectado por el sismo) o que no avanzan las obras materiales ni el empleo”. “La gente comprenderá finalmente que éste es el rumbo acertado y naturalmente por descontentos o por desaprobación en encuestas momentáneas sería una irresponsabilidad cambiar los objetivos que nos hemos planteado”. ¿Quiénes habitan el país? ¿Extraterrestres o ciudadanos de carne y hueso?. ¿Quien es injusto?. ¿El gobierno que aplica políticas públicas que no reducen la pobreza y que agravan la desigualdad o la ciudadanía que las evalúa en su propio pellejo?. El gran crecimiento: la cantaleta de todos los días. ¿Quiénes gozan, engordan y estallan con el gran crecimiento?. ¿De qué sirve “el gran crecimiento” para casi la mitad de los peruanos que son pobres y para el 20% de los ciudadanos que viven en la extrema pobreza?. “Este el rumbo acertado”: ¿Acertado para quienes?. ¿Acertado para los pobres y muy pobres?. “Por desaprobación en encuestas momentáneas sería una irresponsabilidad cambiar los objetivos que nos hemos planteado”: ¿Cuáles objetivos, aquellos que García propuso como candidato y por los cuales fue elegido presidente por los ciudadanos o los actuales con los que gobierna para los ricos?.

¿Qué quiere decir García con eso de “conozco a mi país y sé como suben y bajan las olas”? ¿Quiere decir que pese a su desastroso primer gobierno fue elegido en una segunda oportunidad en el 2006 y que pese a las desaprobaciones ciudadanas de hoy puede ser reelegido en el 2016?. Se equivoca de cabo a rabo. Ese fue el país del pasado. No conoce al país del presente. El mundo político del que García es hijo y heredero se ha derrumbado, pero el derrumbe ha sido tan lento y silencioso que el mismo García no lo ha percibido. América Latina ya no es un continente “partidocéntrico”: La centralidad del mundo sociopolítico latinoamericano (para usar la feliz expresión de Isidoro Cheresky, destacado sociólogo y politólogo argentino, profesor de la UBA) es ocupada hoy por los ciudadanos. Adiós al pueblo y a “los partidos del pueblo”. Bienvenidos los partidos de los ciudadanos. Es probable que la política latinoamericana –los partidos, las instituciones, los estados- se reconstituyan desde esa nueva centralidad en conflicto, desde luego, con otros actores y otros intereses con vocación epicéntrica. Hundimientos y emergencias, fragmentaciones y recomposiciones, manipulaciones y deliberaciones caracterizan y dinamizan el escenario actual de la política en AL. Se hunden los partidos y emergen los ciudadanos. Los viejos movimientos sociales se fragmentan y se recomponen lentamente las sociedades civiles en los diversos países latinoamericanos. La manipulación arrolladora de los medios es puesta en cuestión y múltiples voces entran atropelladamente a la crítica y al debate público.

Los ciudadanos están hoy el centro de la escena en el Perú y en América Latina. Invaden diversos espacios y desempeñan múltiples funciones. No ejercen el poder, pero son sus titulares. Están presentes en los procesos electorales para delegar la autoridad y elegir representes y gobernantes. Constituyen el eje de la accountability vertical. Los ciudadanos y la sociedad civil forman los pilares de la accountability social. Al deliberar sobre asuntos de interés general, son los constructores de la esfera pública y de la opinión pública. Son los que otorgan y quitan legitimidad a los políticos y a las instituciones. Por eso mismo, se erigen en el centro de referencia y en el terror de los políticos. No son en sí mismos demócratas, pero constituyen la base de la democracia. Son los jueces severos que juzgan a los políticos y a las instituciones y expresan su veredicto en las encuestas. Como en Argentina y Bolivia en momentos de crisis, los ciudadanos pueden dar golpes de Estado. Pero pueden contribuir también a la consolidación y al mejoramiento de la calidad de la democracia. Más aún: Desde la ciudadanía, especialmente desde la ciudadanía social, como lo sostuvo Marshall en su célebre conferencia (Ciudadanía y clase social) en la Universidad de Cambridge en 1949, se puede, sino superar, al menos reducir la desigualdad social. ¿Puede García revertir el veredicto ciudadano de la desaprobación masiva de su gobierno?. Difícil, pero no imposible. La receta es, sin embargo, simple: Que no gobierne para los ricos sino para todos los ciudadanos. Eso no es populismo. Es simplemente justicia y democracia.
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Sinesio López Jiménez

En sus orígenes tuvo un sentido conservador. Pero con el tiempo la gobernabilidad se ha transformado en un concepto relativamente neutro que es utilizado por los teóricos y los políticos de diversas orientaciones ideológicas y por los regímenes políticos democráticos y por los no democráticos. La razón principal es que ningún gobierno, ningún régimen político y ninguna sociedad, en suma, pueden vivir en el caos permanente. Todos ellos requieren un mínimo de orden para hacer viable la convivencia social. Huntington, un politólogo conservador norteamericano, escribió en uno de sus libros clásicos, El orden político en las sociedades en cambio, que uno de los méritos de los regímenes comunistas era haber logrado organizar un alto nivel de gobernabilidad. Hasta donde yo sé el primer teórico en usar el término fue Max Weber, destacado sociólogo alemán, quien lo utilizó en sus escritos políticos para señalar que la democracia como contenido (valores, bienes, participación, soberanía popular) chocaba con la gobernabilidad y que, por eso mismo, era necesario organizar la democracia como procedimiento, esto es, postular una democracia como un método (las elecciones) a través del cual los ciudadanos eligen a sus gobernantes y representantes y los dejan gobernar. Como concepto, sin embargo, el primero en aludir a ella, fue Tomás Hobbes quien, como todos los teóricos del contrato, fundamentó la política en el estado de naturaleza y, en su caso particular, en la guerra de todos contra todos y en el miedo. Todo ello induce a los ciudadanos, según Hobbes, a entregar sus derechos absolutos a todo al Leviatán, el dios mortal que, en nombre del Dios inmortal, crea el orden (la sociedad civilizada) para que todos puedan vivir en paz. Hobbes resumió sus ideas centrales en el símbolo del Leviatán que adorna una de las carátulas de su libro (porque hay otra especialmente elaborada y dedicada a su amigo Carlos II) en la que aparece la mitad superior del cuerpo de un hombre, constituido por múltiples cabezas (inteligencias y voluntades) de hombres mirándose entre sí, que observa y domina el mundo, que adorna su cabeza con una corona de rey y que sostiene el báculo del Papa con su brazo izquierdo y la espada con el brazo derecho. Es el símbolo del Estado Soberano que ejerce el poder porque él, ya no Dios, es el titular del mismo gracias a la voluntad de todos los ciudadanos.

Fundando la política, ya no en la naturaleza humana, sino en la historia como todos los científicos sociales modernos desde Montesquieu en adelante, fue Tocqueville, el teórico político más importante del siglo XIX, el que sostuvo que cuando una sociedad producía más movimientos sociales que instituciones generaba necesariamente inestabilidad. Se adelantó a lo que hoy la ciencia política llama gobernanza. En la década del 70 del siglo pasado, Huntington, Crozier y Watanuki, de la Comisión Trilateral, retomaron y radicalizaron hacia la derecha el concepto weberiano, afirmando que la democracia, al estimular las demandas de los ciudadanos, sobrecargaba al Estado, lo inducía a la crisis y generaba inestabilidad e ingobernabilidad. Su propuesta conservadora era limitar la capacidad que tienen las democracias de formular demandas. En la misma línea conservadora, añadiéndole un toque tecnocrático, los neoliberales de los 80 y los 90 identificaron la ingobernabilidad con la parálisis decisoria como resultado de la presión social y del escrutinio público desplegado por los ciudadanos, estimulados por la vigencia de la democracia. Su receta igualmente conservadora fue concentrar el poder de decisión en la cúpula (Presidente de la República, alta burocracia y poderes fácticos) y gobernar apelando a la sorpresa y al secreto (los decretos de urgencia).
La ciencia política convencional diferencia la acción de gobierno, la gobernanza (el conjunto de reglas, procedimientos y rutinas que regulan a la primera) y la gobernabilidad, y reduce a esta última a los factores estructurales que limitan o potencian las políticas públicas desplegadas por el gobierno. Se dice entonces, por ejemplo, que una región, un país o un continente son ingobernables porque poseen un bajo grado de desarrollo, no tienen un Estado consolidado, son agobiados por una profunda desigualdad social, etc, etc. A mi me parece que esa perspectiva es unilateral puesto que los problemas de la gobernabilidad atraviesan las instituciones (gobernance) y la acción de gobierno (goberning). De hecho, existen actores (el caudillismo, los autsiders, el movimientismo) y acciones de gobierno (la improvisación, los ex –abruptos, las inspiraciones de García por ejemplo) que afectan la gobernabilidad. Igualmente existen diseños institucionales (la designación presidencial en elecciones generales de dos vueltas, el sistema proporcional puro, el presidencialismo plebiscitario exacerbado (tipo García), la inexistencia de un sistema de partidos) que afectan seriamente la gobernabilidad. Tengo la impresión que García y el APRA tienen un concepto primario, unilateral y conservador de la gobernabilidad. Ellos están dispuestos a sacrificar la democracia y la transparencia en nombre del orden neoliberal. Ese y no otro es el sentido de la coalición apro-fujimorista formada recientemente en el Congreso.

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Sinesio López Jiménez

Es la primera vez que esto me sucede. Me había preparado de antemano para escuchar una sorpresa. Carlos Franco, a quien creo y aprecio de veras, había anunciado en una entrevista a la República que, de acuerdo a informaciones más o menos confiables, los cambios podían comenzar el 28 de julio. Me senté cómodamente frente a la TV a la espera de los cambios anunciados. Lo escuché con atención durante media hora y luego me quedé profundamente dormido. El discurso de García fue para mí un poderoso somnífero no sólo por la forma sino sobre todo por el fondo. Todo lo que pude escuchar me pareció la lectura de un periódico de ayer, algo dejá vu. Tengo la impresión que los bajos niveles de aprobación ciudadana lo deprimen mucho, aunque lo niegue invocando a los peruanos a contagiarse con su optimismo. Me parece que ese mismo estado de ánimo lo indujo a realizar un modesto desfile militar y a mantenerse lejos de las multitudes.

Quizá lo más importante del discurso de García es lo que no dijo. Otro tono y otro espíritu habría tenido su discurso si hubiera señalado los grandes desafíos que tiene su gobierno en los tres años que le restan y que constituyen la agenda pendiente. En primer lugar está el crecimiento sin inflación. Este es el desafío inmediato. Hasta ahora los operadores de la política económica que están en el MEF y en el BCR se han mostrado incapaces para frenar la inflación. El consuelo que nos ofrece García y que nadie le cree, particularmente los pobres de las regiones, es que el Perú tiene la inflación más baja de AL y la solución que nos propone es la disminución de la demanda a través de la reducción del gasto público y de la inversión pública sin afectar un ápice el desbordante gasto privado y las importaciones. El segundo tema de la agenda pendiente es el crecimiento con distribución y con equidad. García ha mantenido un silencio total sobre este tema y ha asumido la tesis obsoleta de chorreo. La distribución es asunto básicamente político y la herramienta más eficaz para logarla es la reforma tributaria: Que paguen más los que más tienen. Que los ingresos fiscales provengan principalmente de la renta y no del IGV a través del cual pagan más los que menos tienen. Es hora de olvidarse del óbolo a las mineras, que tiene un sospechoso olor a corrupción, y discutir seriamente el impuesto a las ganancias extraordinarias. García en este aspecto ha optado por lo más fácil, extrayendo los ingresos fiscales de los sectores menos pudientes y de los más débiles: los consumidores y los trabajadores en planilla a los que mete la mano al bolsillo y les saca casi un tercio de su sueldo. Lo más irritante de los impuestos a la clase media es que no les devuelve nada a cambio, lo que constituye casi un robo. El tercer tema de la agenda pendiente es el desarrollo con descentralización. Enfrentar este desafío implica superar la injusta e irracional distribución de la renta principalmente minera (canon, regalías e impuestos) para que todos participen en la cosecha de lo que no siembran y que pertenece a todos los peruanos. Es necesario evitar la dilapidación de la renta engordando una abundante clientela política para destinarla al desarrollo de todas las regiones, especialmente de las más pobres, en un esfuerzo combinado del gobierno central, las regiones y la empresa privada. El aprobado CEPLAN es la herramienta necesaria para impulsar el desarrollo con descentralización. Una cuarta cuestión pendiente es la disminución de la pobreza con reducción de la desigualdad. El camino es más o menos conocido: el aumento de empleos adecuados con salarios dignos a través de la inversión privada y pública, además del incremento sustantivo del gasto público como parte del PBI para desarrollar las capacidades de los pobres e impulsar una política de igualdad de oportunidades a través de la educación de calidad y de la salud. La supuesta reducción de la pobreza se evaporó y se ha incrementado con la inflación actual. Un quinto tema de la agenda pendiente es la reforma del Estado en todas sus dimensiones (las instituciones y la burocracia, el sistema legal, las FF.AA. y policiales, los poderes del Estado, el Estado-para- la- nación, el Estado como sistema institucionalizado de dominación social) con la reforma política (reforma constitucional, reforma de sistema electoral, reforma de los partidos y del sistema de partidos y cambio de la forma de gobierno). Aparte de pequeños e insignificantes cambios burocráticos, las reformas estatales hasta ahora propuestas no son para la nación sino para el capital y los grandes empresarios. El último tema pendiente, y no por eso menos importante, es el desarrollo con democracia. García no puede sacrificar la democracia en nombre del crecimiento como lo viene haciendo hasta ahora: Cualquier demanda y la más modesta protesta social son definidas por él como una declaratoria de guerra. Y se prepara disparar y dispara. El crecimiento y el desarrollo forman parte sustantiva de la construcción de la democracia y de una sociedad democrática. En cuanto a la reforma del alma que propone García, debiera comenzar por la suya porque las políticas que viene desplegando son francamente desalmadas.
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