Donald Trump to push for new limits on immigration, system based on skills, merit

WASHINGTON – President Donald Trump plans to join with two Republican senators to unveil legislation that would place new limits on legal immigration. It would seek an immigration system based on merit and jobs skills instead of family connections.

Trump was appearing with Republican Sens. David Perdue of Georgia and Tom Cotton of Arkansas at the White House on Wednesday to discuss the bill. The president said at an Ohio rally last month that he was working with the conservative senators to “create a new immigration system for America.”

Trump has made cracking down on illegal immigration a hallmark of his administration and has tried to slash federal grants for cities that refuse to comply with federal efforts to detain and deport those living in the country illegally.

His involvement will put him at the centre of efforts to make changes to the legal immigration system. Previewing the event, White House officials said the bill would aim to create a skills-based immigration system to make the U.S. more competitive, raise wages and create jobs.

The White House said that only 1 in 15 immigrants comes to the U.S. because of their skills, and the current system fails to place a priority on highly skilled immigrants.

Perdue and Cotton introduced the legislation in February that would change the 1965 law to reduce the number of legal immigrants, limiting the number of people able to obtain green cards to join families already in the United States.

The bill would also aim to slash the number of refugees in half and eliminate a program that provides visas to countries with low rates of immigration.

Trump’s appearance was aimed at bringing attention to the bill, which has been largely ignored in the Senate, with no other lawmaker signing on as a co-sponsor. GOP leaders have showed no inclination to vote on immigration this year.

Some immigrant advocates have criticized the proposal, saying that slashing legal immigration would hurt industries like agriculture and harm the economy.

“Our system is broken, but the response should be to modernize it, not take a sledgehammer to it,” said Jeremy Robbins, executive director of New American Economy, a group of business leaders, mayors and others backed by former New York City Mayor Michael Bloomberg that advocates for comprehensive immigration reform.

In: globalnews.ca

¿En qué consiste la reforma que plantea el Ejecutivo para el Consejo Nacional de la Magistratura?

La iniciativa ha causado polémica, pues algunos la acusan de politizar la entidad encargada de nombrar, ratificar y destituir a jueces y fiscales.

¿En qué consiste la reforma que plantea el Ejecutivo para el Consejo Nacional de la Magistratura? (USI)

El presidente Pedro Pablo Kuczysnki enfatizó, en su mensaje a la Nación, la necesidad de reformar el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), organismo que se encarga de nombrar, ratificar y destituir a los jueces y fiscales.

En ese sentido, el gobierno presentó un proyecto de ley que ha desatado polémica pues algunos aseguran que politizará a la entidad que, según la Constitución, debe “ser independiente”.

La iniciativa plantea que los miembros de la CNM se reduzcan de siete a cinco y se seleccionen de la siguiente manera:

– Uno elegido por el Poder Ejecutivo, designado mediante resolución suprema con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros.

– Uno elegido por el Congreso, con el voto de los dos tercios del número legal de legisladores.

– Uno elegido por el Poder Judicial, entre los magistrados de la Corte Suprema jubilados y en actividad.

– Uno elegido por el Ministerio Público, entre la Junta de Fiscales Supremos jubilados y en actividad.

– Uno elegido por los miembros señalados precedentemente, de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica del CNM.

Con ello, quedan excluidos de la elección el colegio de abogados del país, los demás colegios profesionales, las universidades públicas y las universidades privadas, que actualmente sí participan en la designación de los miembros de la CNM.

Sobre los requisitos para ser integrante de la CNM, el proyecto de ley indica lo siguiente:

– Ser peruano de nacimiento, ser ciudadano en ejercicio y mayor de 45 años de edad.

El miembro del CNM gozará de los mismos beneficios y derechos, y está sujeto a las mismas obligaciones e incompatibilidades que los magistrados de la Corte Suprema.

En la explicación de motivos, el Ejecutivo argumenta que con la nueva conformación se pretende un CNM más equilibrado, con mayor compromiso de parte del poder político en el mejoramiento y reforma judicial a partir de la designación de jueces y fiscales, y el compromiso de los actores de justicia y la academia.

Además, indica que al pasar de siete a cinco miembros (al excluir a los representantes de las facultades de Derecho y de los colegios profesionales), se ahorra el costo en organización y tiempo.

Cabe señalar que el vocero de la bancada de Fuerza Popular, Daniel Salaverry, sí se ha mostrado a favor de la reforma del CNM que el Ejecutivo propone. “Saludamos su propuesta y su intención de reformar el Consejo Nacional de la Magistratura”, dijo.

En: peru21

Ver además:

Guido Águila: “El proyecto de reforma del Ejecutivo es inconstitucional y politiza el CNM

Avelino Guillén: “Es insostenible que el CNM siga igual” [ENTREVISTA]

LEER: TEXTO COMPLETO DEL PROYECTO DE LEY No. 1720-2017-PE PROYECTO DE LEY DE REFORMA DE LOS ARTÍCULOS  155 Y 156 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ SOBRE LA CONFORMACIÓN Y REQUISITOS PARA SER MIEMBROS DEL CNM

Costa Rica, en riesgo de insolvencia

El presidente del país anuncia en televisión una falta de liquidez que pone en peligro los servicios públicos y el pago de la deuda y anuncia políticas de austeridad y subidas de impuestos para revertir la situación.

Imagen: http://www.dw.com/image/39928225_303.jpg

Luis Guillermo Solís, presidente de Costa Rica, compareció la noche del martes (01.08.2017) en la televisión local para advertir de que el Gobierno “enfrenta dificultades de liquidez para pagar sus obligaciones y garantizar la operación de servicios”. “A pesar de todos los llamados públicos y esfuerzos que hemos hecho desde el inicio de mi mandato para contener los gastos y aumentar los ingresos, sigue existiendo una brecha que debemos cerrar con recursos frescos”, afirmó el mandatario.

Solís añadió que las decisiones económicas tomadas durante su Administración han permitido que la población “no perciba los peligros”, pero la crisis de liquidez ocurre a pesar del crecimiento de la producción, del buen manejo de la inflación y del control ejercido sobre la presión al alza de las tasas de interés. Este martes la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) reveló un informe que Costa Rica necesita ejecutar reformas tributarias significativas para mantener un desarrollo sostenible de la economía.

El presidente costarricense estableció un conjunto de acciones para salvaguardar las necesidades “de todas las familias de Costa Rica”, entre las que destaca una orden de que el presupuesto de la República para el año 2018 tenga un crecimiento cero en todos aquellos rubros que no tengan obligación legal para aumentar. Además, firmó un decreto en el cual ordena a la Tesorería Nacional priorizar los pagos del Estado de tal manera que se atiendan en primer lugar la deuda pública, los salarios y pensiones del Gobierno central.

El déficit fiscal de Costa Rica en el 2016 cerró en un 5,2% del Producto Interno Bruto (PIB), el más bajo registrado en los últimos cuatro años, según el Ministerio de Hacienda. El Banco Central de Costa Rica dio a conocer el pasado lunes que la proyección del déficit fiscal para el año 2017 pasó de un 5,9% a un 6,1% del PIB, mientras que la perspectiva de crecimiento económico pasó de un 4,1% al 3,8%.

“Mi Gobierno está dispuesto a tomar las decisiones necesarias, asumir toda la responsabilidad para cerrar este ciclo odioso de debilidad de nuestras finanzas y permitir que las próximas administraciones tengan los recursos necesarios para erradicar la pobreza y construir la infraestructura imprescindible que necesita un país desarrollado”, manifestó Solís. El mandatario agregó que convocó al Congreso un proyecto de ley que transforma el impuesto de ventas en un impuesto al valor agregado, así como una reforma del impuesto sobre la renta.

“Mi Gobierno está dispuesto a impulsar los impuestos imprescindibles, a limitar el crecimiento del gasto aún más y priorizar el pago de sus obligaciones de forma puntual de manera que no se ven afectados ustedes y sus familias”, puntualizó Solís. El presidente de Costa Rica (2014-2018) cerró con un mensaje optimista al decir que tiene la “esperanza de superar este momento, porque el país avanza por el rumbo correcto”.

LGC (EFE/LaNación)

En: DW

Congreso aprobó norma que excluye a sus trabajadores de la Ley Servir

Los trabajadores del BCR, SBS y el Congreso no ingresarán al nuevo régimen de servicio civil.

Imagen: internet

La Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó el miércoles 12 de julio el proyecto de ley que exonera a los trabajadores del Banco Central de Reserva (BCR) y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) de la Ley Servir. La autógrafa enviada al Ejecutivo también considera a los trabajadores del Congreso.

El 14 de junio, la Comisión de Economía del Congreso aprobó los proyectos presentados por el BCR y la SBS, analizando la naturaleza de los entidades autónomas. El 12 de julio, la Comisión de Economía presentó un texto sustitutorio, en el que incluyó a los trabajadores del Congreso, sin exponer el análisis de los motivos. Ese mismo día, la Comisión Permanente aprobó el nuevo dictamen.

Si bien los trabajadores del BCR aún no han ingresado al régimen Servir –pues las incorporaciones de las entidades estatales a este régimen forman parte de un proceso que viene tomando varios años –este es un temor latente en la entidad si es que no se aprueba el proyecto de ley.

En abril del año pasado, el Tribunal Constitucional (TC) terminó que la inclusión de los trabajadores del BCR, el Congreso, la Sunat, SBS y la Contraloría no es inconstitucional, por lo que forzó a estas entidades a adecuarse al nuevo régimen laboral del sector público.

Si bien la implementación de la Ley Servir está en curso y todavía no rige en las entidades públicas mencionadas, la SBS y el BCR recurrieron al Congreso para la exoneración de sus empleados de la norma, lo que se concretó hace unos días.

En: semanaeconomica

Ver: Servir: una reforma necesaria pero dolorosa

Promulgan ley que excluye del régimen Servir a los trabajadores del Congreso, BCR y SBS

La Ley N° 30647, publicada hoy, señala que el Congreso, BCR y SBS son “organismos autónomos y sus trabajadores se rigen por el régimen laboral de la actividad privada”.

Tal como lo adelantó Gestión, hoy se promulgó la Ley N° 30647, la cual excluye del régimen Servir a los trabajadores del Congreso, BCR y SBS.

La citada norma sostiene que estos son “organismos autónomos y sus trabajadores se rigen por el régimen laboral de la actividad privada”.

Cabe recordar que a inicios de año tanto el BCR como la SBSenviaron sendos proyectos proponiendo su exclusión al régimen de Servir, al considerarse entidades especializadas.

En julio, la Comisión Permanente del Congreso reunió ambos proyectos en un solo dictamen y también agregó la misma disposición para sus trabajadores.

Al respecto, el abogado laboralista Jorge Toyama refirió que la propuesta para excluir a los trabajadores del Congreso del régimen Servir no se justifica, pues a diferencia del BCR y la SBS, no es un organismo especializado ni constitucionalmente autónomo.

“El Congreso no tiene un estatuto particular, es como cualquier otra entidad pública. Ahora cualquier otra entidad pública podría solicitar una medida similar”, advirtió Toyama.

En: gestion

Ver: Sentencia del Tribunal Constitucional Peruano que declaro inconstitucional la exclusión de los trabajadores administrativos del Congreso, BCR, SBS. Expedientes 00025-2013-AI 00003-2014-AI 00008-2014-AI 00017-2014-AI

Here’s how much the healthcare industry paid John McCain to take away your healthcare

Senator John McCain returned to the Senate Chamber on Tuesday to cast a deciding vote allowing the legislative body to begin debating a bill put together behind closed doors by Republicans that would repeal and replace the Affordable Care Act.

And while many doctors and provider associations are opposed to a repeal — alongside at least half of Americans — major health industry players, especially on the insurance side, have been vocal in their opposition to the Affordable Care Act. In fact, the health industry donated millions more to Republicans than Democrats in every election cycle since 2010, as the Republican alternatives are expected to substantially enrich the industry.

So why would Senator McCain — who is treating his recently diagnosed brain cancer with taxpayer funded healthcare — vote to discuss a bill that could take healthcare away from around 32 million Americans

Health industry professionals have overwhelmingly supported Republicans seeking federal office, and one could imagine McCain and others who benefit from that support might push policy that would be more financially beneficial to their benefactors.

Healthcare providers are among the top 5 contributors by industry to McCain’s campaign coffers, having given $7,184,854 since 1989, according to OpenSecrets.org.

When the insurance industry is factored in, total contributions from the health-related sectors amount to $25,272,446.

full list of donors in the health and insurance industries provided by FollowTheMoney.org reveals that USAA, Humana, Liberty Mutual, American Association of Orthopaedic Surgeons, Cigna Corp, American Society of Anesthesiologists, American Society of Plastic Surgeons, National Association of Insurance & Financial Advisors and others have been top donors to McCain throughout his career, providing as much as $20,000 (USAA’s contribution) each to his campaigns.

Selecting just for health industry contributions, here are some of the top donors to McCain ranked by contribution amount, from the Institute for Money in State Politics:

Image: http://reverepress.com/wp-content/uploads/2017/07/top-donors-e1501033453524.jpg

Here’s the top of the donor list when sorted by Finance, Insurance and Real Estate (FIRE):

Image: http://reverepress.com/wp-content/uploads/2017/07/insurance-e1501033932436.jpg

In: reverepress.com

Pentagon spends 10 times more on erectile disfunction meds than transgender services

The Pentagon spent $84 million on erectile disfunction medications in 2014, 10 times the estimated annual medical costs for transgender services.

Military Times reported in 2015 that the military spent $84 million on erectile disfunction medications such as Viagra and Cialis the year before. Meanwhile, a 2016 Rand Corporation study estimated that the maximum annual medical costs for transgender military members would be around $8.4 million, Business Insider reports.

“You’re talking about .000001% of the military budget,” being spent on transgender services, Navy SEAL veteran Kristin Beck, who is transgender, told Business Insider.

President Trump announced Wednesday on Twitter his decision to ban transgender people from serving in the military “in any capacity.” He cited the “tremendous” costs for providing medical services for transgender troops.

“Our military must be focused on decisive and overwhelming victory and cannot be burdened with the tremendous medical costs and disruption that transgender in the military would entail. Thank you,” Trump tweeted.

His announcement sparked widespread condemnation from members of both parties, including Republicans who broke with the president to speak out against the ban.

Image: Facebook

In: thehill

Read also:

Trump to ban transgender people from all military service

Retired transgender Navy SEAL: Tell me to my face I’m not worthy of serving

 

El fracaso de Trump en la reforma sanitaria destapa sus problemas de liderazgo

El republicano sigue siendo un presidente de excepción, apoyado por un núcleo duro, pero rechazado por el resto.

Donald Trump en su reunión con senadores republicanos tras el fracaso de la reforma sanitaria. REUTERS

Donald Trump sigue solo. Tras seis meses en el poder y una agenda en agitación permanente, el multimillonario neoyorquino no ha sido capaz de romper con la maldición de su mandato. Continúa siendo un presidente de excepción, apoyado por un núcleo duro de votantes, pero rechazado por el resto. Una fractura, cristalizada en su bajísima valoración en las encuestas, que el fracaso en la aprobación reforma sanitaria ha dejado en evidencia. Ni siquiera en el proyecto más emblemático y anhelado de la derecha ha logrado unir a su propio partido.

La división republicana ha dejado el liderazgo de Trump por los suelos. El legado de Barack Obama ha mostrado mucha más resistencia de la que se suponía y ha permitido que las carencias del multimillonario afloren. Las encuestas lo han señalado desde el primer día. Su valoración es la más débil de un presidente a esta altura del mandato, y su vertiginosa gestión solo polariza más. Pero esta limitación no implica que haya perdido el apoyo de sus bases. Los sondeos, como indica a este periódico el profesor Larry Sabato, director del Centro para la Política de la Universidad de Virginia, se elaboran sobre población general pero a efectos electorales solo importan los votantes registrados, y ahí Trump permanece incólume. Sin otros aliados, pero fuerte.

Con este bagaje, Trump ha entrado en el laberinto. Fracasado su plan de liquidar el Obamacare y aprobar al mismo tiempo un proyecto propio, está tratando de hallar una nueva salida: votar la eliminación del actual sistema y dejar para una discusión posterior su alternativa. El plan es de alto riesgo. Tres republicanos moderados ya han alertado de que no piensan dar ese paso y que sumaran sus votos a los demócratas. Dada la exigua mayoría republicana en el Senado (52 escaños frente a 48), es casi imposible que la iniciativa prospere.

Pero Trump no ha tirado la toalla. Ha pedido al líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, que someta a votación el fin del Obamacare la semana que viene, y paralelamente él mismo ha convocado una serie de reuniones con los senadores, la primera este miércoles, con el objetivo de recuperar terreno perdido y taponar una fuga irreversible en su presidencia. “La inacción no es solución. Tengo una pluma en la mano lista para firmar. No deberíamos dejar la ciudad hasta tener un plan y sacarlo adelante”, les dijo.

La Casa Blanca es consciente de que sin una mayoría estable en el Senado no sólo la reforma sanitaria, sino su plan fiscal y los presupuestos del año próximo corren peligro. Ante este espectro, Trump, el antisistema que venía a drenar el pantano, ha empezado a buscar su apoyo. No será tarea fácil.

Los republicanos tienen la mayoría en las dos Cámaras, pero forman un universo fractal que hizo de la obstrucción un arma mortal contra Obama y cuyo aguijón sigue vivo. Irredentos, centrados en sus intereses de circunscripción y ultrasensibles a las elecciones de 2018 (renovación total en la Cámara de Representantes y un tercio en el Senado), usan su poder hasta la extenuación y no perdonan los deslices. Trump lo ha sentido en carne propia.

El líder que se presentaba como el gran hacedor de pactos ha cometido en la tramitación de la reforma sanitaria graves errores de estrategia. El primero se vio en marzo cuando intentó forzar la votación de una primera versión en la Cámara de Representantes sin tener mayoría asegurada. In extremis tuvo que retirarla y volver a negociar a puerta cerrada.

El bochorno se ha repetido ahora. En esta segunda fase, obligó al líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConell a imponer un doble juego:eliminar el Obamacare y aprobar un proyecto alternativo al mismo tiempo. McConnell y otros senadores le advirtieron de la complejidad de la jugada. Demasiado ambiciosa para lograrla de una sola tacada. Trump insistió. Y la fractura volvió a emerger.

Para los moderados, el plan presentado era excesivamente duro en sus recortes a los más desfavorecidos y hacía prever un colapso en la cifra de asegurados de clase trabajadora (unos 15 millones menos en dos años). Y para los radicales, la ley dejaba escapar con vida el Obamacare. El descontento era evidente. Y Trump no supo manejarlo.

El mismo lunes el presidente cenó con un nutrido grupo de senadores y dedicó la mayor parte de la reunión a recordar sus viajes. “No habló más que de Francia y del Día de la Bastilla”, señaló con sorna un senador republicano. Poco después, la rebelión tomó cuerpo y con la oposición de solo cuatro legisladores la ley se hundió.

JUGANDO CONTRA LAS ENCUESTAS

Donald Trump ha jugado contra las encuestas en la reforma sanitaria. La última elaborada por The Washington Post-ABC y publicada este domingo pasado ya revelaba la falta de confianza en su proyecto. Aunque es cierto que el Obamacare no gusta del todo (sólo el 37% lo apoya con fuerza), aún gusta menos el proyecto alternativo auspiciado por la Casa Blanca (sólo 17% lo apoya con fuerza). Un resultado que se repite incluso entre los trabajadores blancos sin estudios superiores, el sector de voto duro de Trump.

A este factor se suma la propia polaridad del presidente. Excepto en el área económica, donde el 43% aprueba su gestión frente 41% que la rechaza, en el resto de baremos el mandatario suspende. Así el 58% es contrario a su gestión presidencial (36% a favor) y el 55% considera que no ha logrado avances significativos, frente al 38% que sí.

MÁS DE 30 MILLONES DE PERSONAS MÁS SIN SEGURO CON LA DEROGACIÓN DE OBAMACARE

En pleno debate interno, el Partido Republicano sufrió un nuevo jarro de agua fría. La Oficina Presupuestaria del Congreso, un organismo independiente, pronosticó este miércoles que derogar partes de la ley sanitaria actual sin sustituirlas por una alternativa dispararía el número de personas sin seguro médico en EE UU: 17 millones más en 2018 y 32 millones en 2026. Es una cifra muy superior a los 22 millones de personas más sin seguro en nueve años que había calculado el organismo ante la primera propuesta de reforma republicana.

Ante la incapacidad de sumar los votos republicanos necesarios para avanzar con su propia reforma, Donald Trump ha instado a los senadores a derogar primero Obamacare y luego votar por una propuesta que lo sustituya. Pero esa estrategia parece contar con aún menos apoyos entre los legisladores, lo que posiblemente se acentuará con el pronóstico de la Oficina Presupuestaria.

En: elpais

Entendiendo el Sistema de Salud en los Estados Unidos

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¿Se ha preguntado sobre qué trata el debate sobre el Seguro de Salud en los Estados Unidos? o ¿por qué un seguro de accidentes o por enfermedad funciona de la manera en que lo hace? El sistema de salud de los Estados Unidos puede ser difícil de entender, y la palabra “sistema” en sí puede ser engañosa ya que diferentes áreas de ella están dirigidas por cientos de organizaciones individuales, incluyendo el gobierno y las organizaciones con y sin fines de lucro.

Historia del Servicio de Salud en los Estados Unidos

La atención médica era de difícil acceso en los primeros días de Las Colonias ya que pocos médicos británicos entrenados habían llegado a Norteamérica. Sin embargo, a mediados del siglo XVIII, Nueva Orleans, Filadelfia y Nueva York fundaron los primeros grandes hospitales, en ese contexto las primeras escuelas de medicina también abrieron sus puertas. El primer hospital, el Royal Hospital de Nueva Orleans, era demasiado caro para una gran parte de los residentes del área, por lo que se decidió construir un segundo hospital, The Charity Hospital, que atendería a la población con fines caritativos. A lo largo de la historia de los Estados Unidos y aún hoy, muchos hospitales están dirigidos por organizaciones religiosas, las que tradicionalmente se han inclinado por atender las dolencias y enfermedades de los más pobres.

Durante la Guerra Civil en los Estados Unidos, el Gobierno Federal y los Estados individuales comenzaron a construir hospitales en cada Estado para la atención de los soldados enfermos o que caían heridos. El gobierno también inició las primeras disposiciones sobre salud pública relacionadas con el servicio de agua potable, saneamiento y control de la tuberculosis, las cuales comenzaron a tener efectos significativos a principios del siglo XX. Desde entonces, la atención de la salud en los Estados Unidos se convirtió en un gigantesco sistema dirigido por múltiples grupos.

En 1965, el Presidente Lyndon B. Johnson promulgó los sistemas Medicare y Medicaid, que aseguraban a los jubilados y a las personas cuyos ingresos se encontraban bajo la línea de pobreza. Esto significó la creación de un gran sistema de salud federal que cubre a millones de estadounidenses. Sin embargo, resultaba difícil expandir estos programas para cubrir a más personas, porque se trataba de un tema muy polémico y que la mayoría de los políticos no querían abordar.

El Debate sobre la Atención de Salud en los Estados Unidos

El debate sobre si el gobierno debía proporcionar financiamiento a los servicios de salud y cuánto debería proporcionarse, es de larga data. La primera legislación, propuesta por la activista Dorthea Dix, fue el Proyecto de Ley de 1854 para el beneficio de indigentes con problemas mentales. A pesar de haber sido aprobada en ambas cámaras del Congreso, el proyecto de ley fue vetado por el presidente Franklin Pierce, quien argumentó que el bienestar social no debía descansar en manos del gobierno federal.

En 1910, cuando muchos países europeos aprobaban legislación para estatizar la atención médica para sus ciudadanos, el presidente Theodore Roosevelt trató de promover el mismo tipo de legislación en los EE.UU. Sin embargo, fue derrotado en el intento por los políticos de ambos partidos políticos. Los principales argumentos del debate en la actualidad siguen basándose en ideas similares en ese tiempo.

Los que apoyan la idea de la atención universal de la salud en los Estados Unidos afirman que sólo el Gobierno Federal puede garantizar que todos los ciudadanos estén cubiertos. Asimismo, el dinero que el gobierno federal gasta ahora para cubrir la atención de emergencia para aquellos sin seguro es tan alto que sería más eficiente si ellos pudieran tener un sistema formal que cubra a todos. Un sistema unificado tendría una mayor capacidad de negociación para concertar con compañías farmacéuticas, hospitales y proveedores de equipos permitiéndoles reducir los costos de la atención.

Sin embargo, en los Estados Unidos existe una larga historia de recelo por parte del poder federal. Los EE.UU. fueron diseñados originalmente con un gobierno federal débil y  gobiernos estatales fuertes como una garantía de protección  contra la tiranía. Aunque ese equilibrio ha cambiado dramáticamente a través de los años, aún muchos estadounidenses prefieren limitar el poder del gobierno federal. Estos argumentan que si el gobierno administra el servicio  de salud, este sería más burocrático y tendría que tomar decisiones sin participación  de los pacientes. Sienten que su cuidado sería más regulado y menos individualizado. También temen que un sistema de salud grande implique un alto costo y contribuya a impuestos significativamente más altos.

Sistema Estadounidense de Aseguramiento en Salud

Aunque hay varios tipos de cobertura y los Estados a menudo tienen sus propias regulaciones sobre seguro de salud, hay algunos aspectos del sistema que son similares en todo EE.UU. Hospitales, clínicas, consultorios médicos y otras instalaciones de atención de salud son propiedad de una gran variedad de entidades públicas y privadas. Los proveedores de seguros de salud (health insurance providers) son generalmente empresas separadas de aquellas y tratan con una amplia gama proveedores de atención médica (healt care providers).

Los pacientes pagan cuotas de seguro de salud mensuales para asegurarse de que estarán cubiertos cuando tengan que ir al médico, clínica u hospital. Los proveedores de seguros cubren a miles de pacientes, por lo que son capaces de negociar con los proveedores de atención médica por precios reducidos y  el pago por los servicios. El seguro de Medicare o Medicaid funciona de la misma manera, pero a mayor escala. Dado que necesitan ser capaces de negociar, los proveedores de seguros generalmente tienen una red de médicos con los que tienen acuerdos y los pacientes están cubiertos por visitas a los médicos dentro de esa red, pero puede que no esten cubiertos o totalmente cubiertos, por visitas a doctores que están fuera de esa red. Los proveedores de seguros por lo general cubren los servicios que los médicos consideran necesarios, pero a menudo no cubren los servicios que se consideran “electivos”. Las compañías de seguros tienen como objetivo mantener sus costos bajos mientras siguen cubriendo los cuidados de salud necesarios.

La Ley de Cuidado de Salud Asequible (Afordable Care Act, A.C.A. u “Obamacare”)

La Ley de Protección al Paciente y Asistencia Asequible (PPACA), comúnmente conocida como “Obamacare”, fue una ley aprobada en el año 2010. Como las compañías de seguros son sociedades privadas con fines de lucro, muchos estadounidenses quedaron sin seguro porque no podían pagarlo, no querían el seguro, o porque fueron rechazados debido a condiciones preexistentes. El gobierno de Obama trató de abordar varios de estos temas con la Ley de Protección al Paciente y Asistencia Asequible (ACA). Estas son algunas de las principales disposiciones de la Ley:

  • No se permite a los aseguradores rechazar la cobertura debido a condiciones preexistentes.
  • Se establecieron patrones mínimos para las pólizas de seguro de salud.
  • La elegibilidad para Medicaid se expandió.
  • Medicare se sometió a reformas orientadas a una mayor eficiencia.
  • Las personas sin seguro proporcionado por el empleador están obligadas a comprar un seguro de salud.
  • Los Health Exchange (o Health Insurance Marketplace) se crearon para ofrecer a los consumidores una forma eficaz de encontrar un seguro de salud adecuado y proporcionar subsidios a quienes lo necesitan.

Bajo la Ley de Protección al Paciente y Asistencia Asequible (ACA), 11 millones más de estadounidenses están asegurados en comparación con periodos anteriores. Sin embargo, esta legislación fue criticada por los republicanos a pesar de que fue aprobada por ambas cámaras del Congreso. Los intentos repetidos por detener la legislación a través de los tribunales han fracasado en su mayoría, aunque ha habido algunas resoluciones parcialmente en su favor. Es muy probable que el debate sobre la atención sanitaria continúe como ha ocurrido durante los últimos cien años.

Texto traducido de Elizabeth Cummings en: Understanding the US Health Care System

Leer además:

12 Junio 2016 – Why is Healthcare so Expensive in the United States?

12 Marzo 2017 – Estados Unidos y el trabajo inacabado de dar cobertura sanitaria en el país más rico

18 Julio 2017 – Las deserciones republicanas hacen naufragar la reforma sanitaria de Trump

20 Julio 2017 – Reforma Sanitaria en los EE.UU.

How bosses are (literally) like dictators

Americans think they live in a democracy. But their workplaces are small tyrannies.

Some Amazon warehouse workers have complained about being pushed beyond their abilities by their bosses. Boston Globe / Getty

Updated by  Jul 17, 2017, 8:20am EDT

Consider some facts about how American employers control their workers. Amazon prohibits employees from exchanging casual remarks while on duty, calling this “time theft.” Apple inspects the personal belongings of its retail workers, some of whom lose up to a half-hour of unpaid time every day as they wait in line to be searched. Tyson prevents its poultry workers from using the bathroom. Some have been forced to urinate on themselves while their supervisors mock them.

About half of US employees have been subject to suspicionless drug screening by their employers. Millions are pressured by their employers to support particular political causes or candidates. Soon employers will be empowered to withhold contraception coveragefrom their employees’ health insurance. They already have the right to penalize workers for failure to exercise and diet, by charging them higher health insurance premiums.

How should we understand these sweeping powers that employers have to regulate their employees’ lives, both on and off duty? Most people don’t use the term in this context, but wherever some have the authority to issue orders to others, backed by sanctions, in some domain of life, that authority is a government

We usually assume that “government” refers to state authorities. Yet the state is only one kind of government. Every organization needs some way to govern itself — to designate who has authority to make decisions concerning its affairs, what their powers are, and what consequences they may mete out to those beneath them in the organizational chart who fail to do their part in carrying out the organization’s decisions.

Managers in private firms can impose, for almost any reason, sanctions including job loss, demotion, pay cuts, worse hours, worse conditions, and harassment. The top managers of firms are therefore the heads of little governments, who rule their workers while they are at work — and often even when they are off duty.

Every government has a constitution, which determines whether it is a democracy, a dictatorship, or something else. In a democracy like the United States, the government is “public.” This means it is properly the business of the governed: transparent to them and servant to their interests. They have a voice and the power to hold rulers accountable.

Not every government is public in this way. When King Louis XIV of France said, “L’etat, c’est moi,” he meant that his government was his business alone, something he kept private from those he governed. They weren’t entitled to know how he operated it, had no standing to insist he take their interests into account in his decisions, and no right to hold him accountable for his actions.

Over time, national governments have become “public,” but in the US workplace governments remain resolutely “private”

Like Louis XIV’s government, the typical American workplace is kept private from those it governs. Managers often conceal decisions of vital interest to their workers. Often, they don’t even give advance notice of firm closures and layoffs. They are free to sacrifice workers’ dignity in dominating and humiliating their subordinates. Most employer harassment of workers is perfectly legal, as long as bosses mete it out on an equal-opportunity basis. (Walmart and Amazon managers are notorious for berating and belittling their workers.) And workers have virtually no power to hold their bosses accountable for such abuses: They can’t fire their bosses, and can’t sue them for mistreatment except in a very narrow range of cases, mostly having to do with discrimination.

Why are workers subject to private government? The state has set the default terms of the constitution of workplace government through its employment laws. The most important source of employers’ power is the default rule of employment at will. Unless the parties have otherwise agreed, employers are free to fire workers for almost any or no reason. This amounts to an effective grant of power to employers to rule the lives of their employees in almost any respect — not just on the job but off duty as well. And they have exercised that power.

Scotts, the lawn care company, fired an employee for smoking off duty. After Rep. Rodney Frelinghuysen (R-NJ) notified Lakeland Bank that an employee had complained he wasn’t holding town hall meetings, the bank intimidated her into resigning. San Diego Christian College fired a teacher for having premarital sex — and hired her fiancé to fill her post. Bosses are dictators, and workers are their subjects.

American public discourse doesn’t give us helpful ways to talk about the dictatorial rule of employers. Instead, we talk as if workers aren’t ruled by their bosses. We are told that unregulated markets make us free, and that the only threat to our liberties is the state. We are told that in the market, all transactions are voluntary. We are told that since workers freely enter and exit the labor contract, they are perfectly free under it. We prize our skepticism about “government,” without extending our critique to workplace dictatorship.

The earliest champions of free markets envisioned a world of self-employment

Why do we talk like this? The answer takes us back to free market ideas developed before the Industrial Revolution. In 17th- and 18th-century Britain, big merchants got the state to grant them monopolies over trade in particular goods, forcing small craftsmen to submit to their regulations. A handful of aristocratic families enjoyed a monopoly on land, due to primogeniture and entail, which barred the breakup and sale of any part of large estates. Farmers could rent their land only on short-term leases, which forced them to bow and scrape before their landlords, in a condition of subordination not much different from servants, who lived in their masters’ households and had to obey their rules.

The problem was that the state had rigged the rules of the market in favor of the rich. Confronted with this economic situation, many people argued that free markets would promote equality and workers’ interests by enabling them to go into business for themselves and thereby escapesubordination to the owners of capital.

No wonder some of the early advocates of free markets in 17th-century England were called “Levellers.” These radicals, who emerged during the English civil war, wanted to abolish the monopolies held by the big merchants and aristocrats. They saw the prospects of greater equality that might come from opening up to ordinary workers opportunities for manufacture, trade, and farming one’s own land.

Marchers in Burford, England, celebrate the “levellers,” who sought to overthrow monopolies in the 17th century. Tim Graham / Getty

In the 18th century, Adam Smith was the greatest advocate for the view that replacing monopolies, primogeniture, entail, and involuntary servitude with free markets would enable laborers to work on their own behalf. His key assumption was that incentives were more powerful than economies of scale. When workers get to keep all of the fruits of their labor, as they do when self-employed, they will work much harder and more efficiently than if they are employed by a master, who takes a cut of what they produce. Indolent aristocratic landowners can’t compete with yeoman farmers without laws preventing land sales. Free markets in land, labor, and commerce will therefore lead to the triumph of the most efficient producer, the self-employed worker, and the demise of the idle, stupid, rent-seeking rentier.

Smith and his contemporaries looked across the Atlantic and saw that America appeared to be realizing these hopes — although only for white men. The great majority of the free population in the Revolutionary period was self-employed, as either a yeoman farmer or an independent artisan or merchant.

In the United States, Thomas Paine was the great promoter of this vision. Indeed, his views on political economy sound as if they could have been ripped out of the GOP Freedom Caucus playbook. Paine argued that individuals can solve nearly all of their problems on their own, without state meddling. A good government does nothing more than secure individuals in “peace and safety” in the free pursuit of their occupations, with the lowest possible tax burden. Taxation is theft. People living off government pay are social parasites. Government is the chief cause of poverty. Paine was a lifelong advocate of commerce, free trade, and free markets. He called for hard money and fiscal responsibility.

Paine was the hero of labor radicals for decades after his death in 1809, because they shared his hope that free markets would yield an economy almost entirely composed of small proprietors. An economy of small proprietors offers a plausible model of a free society of equals: each individual personally independent, none taking orders from anyone else, everyone middle class.

Abraham Lincoln built on the vision of Smith and Paine, which helped to shape the two key planks of the Republican Party platform: opposition to the extension of slavery in the territories, and the Homestead Act. Slavery, after all, enabled masters to accumulate vast tracts of land, squeezing out small farmers and forcing them into wage labor. Prohibiting the extension of slavery into the territories and giving away small plots of land to anyone who would work it would realize a society of equals in which no one is ever consigned to wage labor for life. Lincoln, who helped create the political party that now defends the interests of business, never wavered from the proposition that true free labor meant freedom from wage labor.

The Industrial Revolution, however — well underway by Lincoln’s time — ultimately dashed the hopes of joining free markets with independent labor in a society of equals. Smith’s prediction — that economies of scale would be less important than the incentive effects of enabling workers to reap all the fruits of their labor — was defeated by industrial technologies that required massive accumulations of capital. The US, with its access to territories seized from Native Americans, was able to stave off the bankruptcy of self-employed farmers and other small proprietors for far longer than Europe. But industrialization, population growth, the closure of the frontier, and railroad monopolies doomed the sole proprietorship to the margins of the economy, even in North America.

The Industrial Revolution gave employers new powers over workers, but economists failed to adjust their vocabulary — or their analyses

The Smith-Paine-Lincoln libertarian vision was rendered largely irrelevant by industrialization, which created a new model of wage labor, with large companies taking the place of large landowners. Yet strangely, many people persist in using Smith’s and Paine’s rhetoric to describe the world we live in today. We are told that our choice is between free markets and state control — but most adults live their working lives under a third thing entirely: private government. A vision of what egalitarians hoped market society would deliver before the Industrial Revolution — a world without private workplace government, with producers interacting only through markets and the state — has been blindly carried over to the modern economy by libertarians and their pro-business fellow travelers.

There is a condition called hemiagnosia, whose sufferers cannot perceive one half of their bodies. A large class of libertarian-leaning thinkers and politicians, with considerable public following, resemble patients with this condition: They cannot perceive half of the economy — the half that takes place beyond the market, after the employment contract is accepted, where workers are subject to private, arbitrary, unaccountable government.

What can we do about this? Americans are used to complaining about how government regulation restricts our freedom. So we should recognize that such complaints apply, with at least as much force, to private governments of the workplace. For while the punishments employers can impose for disobedience aren’t as severe as those available to the state, the scope of employers’ authority over workers is more sweeping and exacting, its power more arbitrary and unaccountable. Therefore, it is high time we considered remedies for reining in the private government of the workplace similar to those we have long insisted should apply to the state.

Three types of remedy are of special importance. First, recall a key demand the United States made of communist dictatorships during the Cold War: Let dissenters leave. Although workers are formally free to leave their workplace dictatorships, they often pay a steep price. Nearly one-fifth of American workers labor under noncompete clauses. This means they can’t work in the same industry if they quit or are fired.

And it’s not just engineers and other “knowledge economy” workers who are restricted in this way: Even some minimum wage workers are forced to sign noncompetes. Workers who must leave their human capital behind are not truly free to quit. Every state should follow California’s example and ban noncompete clauses from work contracts.

We should clarify the rights that workers possess, and then defend them

Second, consider that if the state imposed surveillance and regulations on us in anything like the way that private employers do, we would rightly protest that our constitutional rights were being violated. American workers have few such rights against their bosses, and the rights they have are very weakly enforced. We should strengthen the constitutional rights that workers have against their employers, and rigorously enforce the ones the law already purports to recognize.

A Manchester clothes mill, 1909. This is not the world Adam Smith envisioned when he championed free markets. Topical Press Agency / Getty

Among the most important of these rights are to freedom of speech and association. This means employers shouldn’t be able to regulate workers’ off-duty speech and association, or informal non-harassing talk during breaks or on duty, if it does not unduly interfere with job performance. Nor should they be able to prevent workers from supporting the candidate of their choice.

Third, we should make the government of the workplace more public (in the sense that political scientists use the term). Workers need a real voice in how they are governed — not just the right to complain without getting fired, but an organized way to insist that their interests have weight in decisions about how work is organized.

One way to do this would be to strengthen the rights of labor unions to organize. Labor unions are a vital tool for checking abusive and exploitative employers. However, due to lax enforcement of laws protecting the right to organize and discuss workplace complaints, many workers are fired for these activities. And many workers shy away from unionization, because they prefer a collaborative to an adversarial relationship to their employer.

Yet even when employers are decent, workers could still use a voice. In many of the rich states of Europe, they already have one, even if they don’t belong to a union. It’s called “co-determination” — a system of joint workplace governance by workers and managers, which automatically applies to firms with more than a few dozen employees. Under co-determination, workers elect representatives to a works council, which participates in decision-making concerning hours, layoffs, plant closures, workplace conditions, and processes. Workers in publicly traded firms also elect some members of the board of directors of the firm.

Against these proposals, libertarian and neoliberal economists theorize that workers somehow suffer from provisions that would secure their dignity, autonomy, and voice at work. That’s because the efficiency of firms would, in theory, drop — along with profits, and therefore wages — if managers did not have maximum control of their workforce. These thinkers insist that employers already compensate workers for any “oppressive” conditions that may exist by offering higher wages. Workers are therefore free to make the trade-off between wages and workplace freedom when they seek a job.

This theory supposes, unrealistically, that entry-level workers already know how well they will be treated when they apply for jobs at different workplaces, and that low-paid workers have ready access to decent working conditions in the first place. It’s telling that the same workers who suffer the worst working conditions also suffer from massive wage theft. One study estimates that employers failed to pay $50 billion in legally mandated wages in one year. Two-thirds of workers in low-wage industries suffered wage theft, costing them nearly 15 percent of their total earnings. This is three times the amount of all other thefts in the United States.

If employers have such contempt for their employees that they steal their wages, how likely is it that they are making it up to them with better working conditions?

It’s also easy to theorize that workers are better off under employer dictatorship, because managers supposedly know best to govern the workplace efficiently. But if efficiency means that workers are forced to pee in their pants, why shouldn’t they have a say in whether such “efficiency” is worthwhile? The long history of American workers’ struggles to get the right to use the bathroom at work — something long enjoyed by our European counterparts — says enough about economists’ stunted notion of efficiency.

Meanwhile, our false rhetoric of workers’ “choice” continues to obscure the ways the state is handing ever more power to workplace dictators. The Trump administration’s Labor Department is working to roll back the Obama administration’s expansion of overtime pay. It is giving a free pass to federal contractors who have violated workplace safety and federal wage and hours laws. It has canceled the paycheck transparency rule, making it harder for women to know when they are being paid less for the same work as men.

Private government is arbitrary, unaccountable government. That’s what most Americans are subject to at work. The history of democracy is the history of turning governance from a private matter into a public one. It has been about making government public — answerable to the interests of citizens and not just the interests of their rulers. It’s time to apply the lessons we have learned from this history to the private government of the workplace. Workers deserve a voice not just on Capitol Hill but in Amazon warehouses, Silicon Valley technology companies, and meat-processing plants as well.

Elizabeth Anderson is the Arthur F. Thurnau Professor and John Dewey Distinguished University Professor of Philosophy and Women’s studies at the University of Michigan. She is the author of Private Government: How Employers Rule Our Lives (and Why We Don’t Talk About It) (Princeton University Press, 2017).

In: vox

España: El FMI pide que las pensiones solo suban el 0,25% para repartir el ajuste entre generaciones

El Fondo defiende que se mantengan las reformas de la Seguridad Social y que la rebaja fiscal anunciada se compense con otras medidas

Madrid 18 JUL 2017 – 16:42 CEST

El Fondo Monetario Internacional ha publicado este martes su análisis anual de la economía española, el llamado Artículo IV. Y entre sus recomendaciones pide que se mantengan como están las últimas reformas de las pensiones. El FMI argumenta que hay que dejar que las pensiones solo suban un 0,25% anual para que el sistema sea sostenible y el esfuerzo de ajuste se reparta “entre generaciones”. Para aumentarlas más del 0,25%, “debería compensarse con un paquete amplio de medidas, porque de lo contrario el impacto recaerá en las generaciones futuras”, ha resaltado durante la rueda de prensa la economista jefe de la misión, Andrea Schaechter.

La semana pasada, la Autoridad Fiscal alertó de que las pensiones solo se actualizarán un 0,25% anual al menos hasta 2022. Y en estos momentos todos los partidos salvo el PP se plantean acabar con el actual sistema de revalorización y volver a ligar las prestaciones a la evolución de la inflación. En definitiva, las reformas aplicadas a la Seguridad Social están siendo cuestionadas. Justo en medio de este debate, el Fondo dedica una parte de su análisis a las pensiones. Y concluye que las reformas aprobadas no deben modificarse. “España adoptó en 2011 y 2013 un paquete muy completo de reformas para responder a las presiones que el envejecimiento de la población ejerce sobre el gasto en pensiones. Las reformas aseguraron la estabilidad financiera del sistema”, afirma el informe de la institución sita en Washington.

Es más, el FMI explica que habrá “aumentos anuales de todas las pensiones en términos nominales”. Es decir, con los repuntes del 0,25% y los mayores sueldos de hoy, los pensionistas del futuro recibirán unas prestaciones cada vez más altas. Sin embargo, el organismo reconoce que a pesar de eso la pensiones perderán poder adquisitivo, ya que las reformas aprobadas harán que las prestaciones crezcan menos que lo que crecerá la economía. En la actualidad, la pensión media viene a ser un 80% del salario medio. En unos treinta años, el FMI admite que la relación entre la pensión media y el salario medio caerá, será más baja y, por lo tanto, las prestaciones tendrán una menor capacidad de compra. Si bien el Fondo apunta que los jubilados españoles “todavía tendrán una relación entre pensión y salario bastante más alta que la media de la UE”. O lo que es lo mismo, la generosidad del sistema será mayor que en el resto de países.

Pero para lograr esa sostenibilidad, el FMI señala que “es esencial que las reformas sean implementadas al completo y deberían evitarse cambios puntuales como por ejemplo del sistema de indexación”. Es decir, el Fondo deja muy claro que no debería cambiarse la actual fórmula de revalorización de las pensiones, pensada para asegurar la sostenibilidad financiera del sistema al ligar la actualización de las prestaciones a la salud de las cuentas de la Seguridad Social. “Este esquema fue ideado para dejar claro que había un desfase entre los gastos y los ingresos y que los políticos tomasen medidas para equilibrar las cuentas. Entre otras cosas, permite que el Gobierno busque más ingresos para que el deterioro no sea tan fuerte”, explica un alto cargo de la Administración.

Y el Fondo abunda en esa línea: “Si los cambios son considerados necesarios para asegurar una transición suave a una pensión financieramente sostenible y socialmente aceptable, el peso del ajuste debería ser repartido entre todos y entre generaciones”. En realidad, el Fondo indica que el ajuste será mayor para las futuras generaciones y que, por lo tanto, debería tenerse cuidado con la forma en que se reparten los esfuerzos: “Si se elevan las pensiones actuales, los pensionistas futuros tendrán que correr con esa carga, por eso hay que tener mucha precaución respecto a lo que se hace en este asunto”, ha declarado Andrea Schaechter, informa Iñigo de Barrón.

El FMI argumenta que lo mejor sería aplicar “un paquete de medidas que incentive trabajar durante más tiempo y fomente el ahorro complementario”. De hecho, Schaechter ha prescrito que la edad de jubilación se vincule de forma automática a la esperanza de vida como se ha hecho en otros países. “Por el bien de los pensionistas de hoy y de mañana, es esencial la transparencia total sobre cómo se consigue la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones y las implicaciones que ello tiene para los ingresos de jubilación”, sostiene el organismo que dirige Christine Lagarde. Schaechter ha señalado que los trabajadores tienen que ser conscientes de que su futura pensión no va a ser igual que las de ahora y ha pedido que se informe de lo que pueda cobrar un ciudadano cuando se vaya a jubilar.

Respecto a las rebajas de impuestos pactadas entre el Gobierno y Ciudadanos, el FMI comenta que habría que buscar otras medidas para compensarlas. La elevada deuda deja “poco espacio para que la política fiscal pueda responder a shocks” y “se correría el riesgo de dejar algunos segmentos de la población atrás”, subraya. Además, las “dinámicas de población” implican que “en el medio plazo el gasto relacionado con la edad aumentará significativamente”. De ahí que el Fondo anime a España a reconstruir su colchón financiero bajando la deuda más rápido de lo que lo hace. Una vez más, la institución recomienda subir al 21% el tipo reducido del IVA que se aplica a la hostelería y que está fijado en el 10%. También aboga por la puesta en marcha de más impuestos medioambientales.

MÁS CRECIMIENTO PERO DEMASIADA TEMPORALIDAD

El FMI alaba el crecimiento más sano de la economía española y mejora las previsiones de España hasta el 3,1% para este año y el entorno del 2,5% para 2018. “La competitividad por costes ha apoyado la fuerte creación de empleo”, destaca el Fondo. Preguntada por los salarios, Schaechter ha esgrimido que estos deben subir con la competitividad. “España ha mejorado, pero aún está por debajo de la media europea”, ha insistido la jefa de la misión.

El organismo también llama la atención sobre la alta temporalidad y el elevado número de empleados que trabajan a tiempo parcial de forma involuntaria. “Será importante mantener la competitividad de la economía, lo que requiere condiciones de trabajo flexibles en línea con las necesidades de cada sector, y atajar el persistente problema de la dualidad del mercado laboral [entre indefinidos y temporales]”, rezan las conclusiones. A las que Andrea Schaechter ha añadido: “Es un problema porque los empresarios no invierten en formación de los trabajadores, y estos sin cualificación lo tienen más difícil para ser más competitivos y ganar mejores sueldos. Se debería suavizar la indemnización por despido, y el contrato único es la vía”.

En: elpais

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