Categoría: Derecho
Perú: Despiden a empleado por insultar a su jefe en Facebook
El trabajador había usado calificativos de grueso calibre para despotricar contra su jefe.
https://youtu.be/q_tjAsMRZB4
Marca un precedente. La Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria declaró infundada la demanda de un trabajador que fue despedido por insultar a su jefe en Facebook.
El colaborador identificado como Wellington Douglas Ramírez Chahua hizo la demanda por despido fraudulento en contra de la empresa Tecnología Textil SA, ubicada en San Juan de Lurigancho, pero fue declarada infundada e inapelable.
Siga leyendo en: peru21
Los detenidos en la operación contra la organización del referéndum
La Guardia Civil ha entrado en sedes de la Generalitat, organismos públicos y empresas en las que se prepara la consulta del 1 de octubre
La Guardia Civil ha detenido este miércoles a al menos 14 personas por su supuesta participación en la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre, la mayoría altos cargos del Ejecutivo catalán. Entre los detenidos en nueve sedes oficiales de la Generalitat se encuentra el número dos de Oriol Junqueras en la Conselleria d’Economia, Josep Maria Jové. Este es el cometido actual de los principales arrestados.
JOSEP MARIA JOVÉ, secretario general de Economía y Hacienda
Además de número dos de Oriol Junqueras en el Departamento de Vicepresidencia, Economía y Hacienda, Jové es también un peso pesado dentro de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), donde preside el Consell Nacional. Tras ejercer como asesor en el sector público y privado, su carrera política despegó ya durante el Gobierno tripartito. Entre 2005 y 2010, desempeñó el cargo de Políticas Sectoriales en los departamentos de Presidencia y Vicepresidencia.
En la última crisis de Gobierno, en la que saltaron varios consejeros por su negativa a llegar hasta el final del proceso soberanista y se incorporaron otros inequívocamente independentistas, Jové se incorporó en un núcleo duro de coordinación política integrada por solo cuatro miembros: el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont; el vicepresidente, Oriol Junqueras, y el secretario del Gobierno, Víctor Cullell. Como número dos de Junqueras, tiene también bajo su responsabilidad el área de procesos electorales, una vez esta fue traspasada del Departamento de Gobernación a Vicepresidencia.
LLUÍS SALVADÓ, secretario de Hacienda
Junqueras confió a otro miembro de peso de ERC el desarrollo de una de las áreas clave para el proceso independentista: la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC). Secretario general adjunto de ERC desde 2011, Salvadó se deshizo del anterior cerebro de la llamada Hacienda catalana, Joan Iglesias, y decidió dar un empujón al organismo con el plan de que asuma la gestión de todos los tributos que se generan en Cataluña.
Su tarea no era fácil: Salvadó debía hacerse cargo de una agencia en estado precario que había desarrollado menos competencias que otros organismos autonómicos e irla dotando de contenido con la plena asunción de la gestión de los impuestos propios y cedidos y la recaudación de multas. Para ello implantó un programa informático capaz de procesar masivamente impuestos para superar la obsoleta plataforma E-spriu y amplió la plantilla de la ATC, de 350 a más de 700 personas.
También tuvo que lidiar con el escándalo que protagonizó el exsenador Santi Vidal, que afirmó que la ATC tenía todos los datos de la ciudadanía de forma ilegal, lo que motivó una auditoría de la Agencia Catalana de Protección de Datos. Su último proyecto, la gestión de las retenciones y cotizaciones sociales de las administraciones catalanas (incluidos los Ayuntamientos) provocó un choque con el Gobierno central, que entendía que esa intermediación era ilegal.
XAVIER PUIG FARRÉ, responsable de la Oficina de Asuntos Exteriores
Puig entró en la Administración catalana en 2012 a través del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat, donde estuvo en las áreas de Innovación y posteriormente ocupó cargos de dirección. En mayo de 2016 pasó al Departamento de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia, donde se hizo cargo del departamento informático.
Entre sus funciones están las de garantizar que las actuaciones en materia tecnológica estén de acuerdo con los “objetivos estratégicos y operativos” de la consejería de dirige Raül Romeva. Puig ha compaginado esas responsabilidades con la actividad docente en escuelas de negocios.
JOSUÉ SALLENT I RIBES, Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI)
Su inicio en la Administración catalana se remonta a septiembre de 2010, cuando dirigió el Centro de Seguridad de la Información de Cataluña (CESICAT). Allí estuvo apenas siete meses, cuando pasó a la empresa privada. Desde septiembre de 2016 es director de Estrategia e Innovación del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat.
DAVID FRANCO MARTOS, Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI)
Empleado del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) desde 2005, está adscrito como gestor de proyectos del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia. Uno de sus encargos, según fuentes del Gobierno catalán, era la preparación de la Agencia Catalana de la Protección Social, que debía ser el embrión de una eventual Seguridad Social Catalana.
JOAN MANEL GÓMEZ, Centro de Seguridad de la Información de Cataluña
Vinculado al Centro de Seguridad de la Información de Cataluña (CESICAT) desde 2010, donde estuvo en las áreas de riesgo y seguridad, Gómez tiene encomendadas labores de desarrollo del voto electrónico y el encargado de coordinar el plan de acción de la Generalitat para implementar el voto electrónico de los catalanes residentes en el extranjero.
DAVID PALANQUES SERRANO, Departamento de Trabajo y Asuntos Sociales
Profesor de la Universidad de Barcelona, está adscrito actualmente al Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias.
JOAN IGNASI SÁNCHEZ, departamento de Gobernación
Es asesor del gabinete del Departamento de Gobernación, dirigido por la consejera Meritxell Borràs (PDeCAT) que convocó un consurso para licitar la compra de urnas. Sánchez fue también concejal del grupo municipal de Convergència i Unio del Ayuntamiento de Sabadell.
FRANCESC SUTRIAS GRAU, director de Patrimonio de la Secretaría de Hacienda
En el Ejecutivo de Carles Puigdemont, Sutrias es director general de Patrimonio, dentro del Departamento de Vicepresidencia, Economía y Hacienda que lidera Oriol Junqueras. Anteriormente, había sido concejal de ERC en Rubí. Abogado de formación, se ha dedicado sobre todo al ámbito de la vivienda y el urbanismo.
NATALIA GARRIGA IBÁÑEZ, directora de Servicios de la Secretaría General de Vicepresidencia
Licenciada en Derecho, fue durante el tripartito jefa del gabinete técnico de la Secretaría de Coordinación Interdepartamental, responsable técnica en la Dirección General de Coordinación Interdepartamental. En 2016 fue gerente en el Instituto Catalán de las Empresas Culturales, hasta que pasó al cargo actual.
PAU FURRIOL FORNELLS, abogado y miembro de ERC
Abogado y militante de ERC desde 1962. Ha sido presidente de la sectorial de Justicia, de la Comisión de Garantías y ha formado parte de la sectorial de Politica Económica y Financiera del partido.
JOSEP MASOLIVER, Fundación PuntCat
Es responsable técnico y de proyectos tecnológicos de la Fundación PuntCat y especialista en seguridad informática.
MERCEDES MARTÍNEZ SANTOS, empresa Fox Box Publi Alternativa
Apoderada de la empresa Fox Box Publi Alternativa SL, que presuntamente estaría vinculada con material electoral del referéndum ilegal del 1 de octubre.
ROSA MARÍA RODRÍGUEZ CURTO, empresa T-Systems
Actualmente ejerce como directora General de Servicios de la empresa T-Systems
En: elpais
Ver: Tres los detenidos en libertad tras negarse a declarar ante la Guardia Civil
Cronología del 20-S, el día en que se ha acelerado la crisis catalana
Estos son los nuevos ministros de PPK, luego de la cuestión de confianza denegada a Zavala por parte del Congreso Fujimorista
- Mercedes Aráoz es la Jefa del Consejo de Ministros.
- José Manuel Hernández es ratificado como ministro de Agricultura.
- Fernando D’Alessio, juramenta como nuevo ministro de Salud.
- Idel Vexler, Nuevo ministro de Educación. (posibles modificaciones en la Nueva Ley Universitaria, vinculo con la USMP, y erradicación del enfoque de genero en la educación escolar peruana)
- Enrique Mendoza, juramenta como nuevo ministro de Justicia. (posibilidad de indulto a Alberto Fujimori)
- Carlos Basombrío juramenta y se mantiene en la cartera del Ministerio del Interior.
- Claudia Cooper, nueva ministra de Economía y Finanzas reemplaza a Fernando Zavala.
- Jorge Nieto Montesinos es ratificado en el Ministerio de Defensa.
- Ricardo Luna juramenta y se mantiene como ministro de Relaciones Exteriores.
- Alfonso Grados se mantiene en la cartera del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
- Pedro Olaechea, congresista de Peruanos por el Kambio, es ratificado en el Ministerio de la Producción.
- Eduardo Ferreyros se mantiene como ministro de Comercio Exterior y Turismo.
- Cayetana Aljovin se mantiene en el Ministerio de Energía y Minas.
- Carlos Bruce Montes de Oca, nuevo Ministro de Vivienda Construcción y Saneamiento.
- Bruno Giuffra, se mantiene a la cabeza del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
- Ana María Choquehuanca se mantiene como ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
- Elsa Galarza juramenta como ministra de Ambiente.
- Salvador del Solar se mantiene en el Ministerio de Cultura.
Leer: ¿Por qué causa polémica Idel Vexler en el ministerio de Educación?
India’s top court rules privacy a fundamental right in blow to government
NEW DELHI/MUMBAI (Reuters) – India’s top court unanimously ruled on Thursday that individual privacy is a fundamental right, a verdict that will impact everything from the way companies handle personal data to the roll-out of the world’s largest biometric ID card program.
A nine-member bench of India’s Supreme Court announced the ruling in a major setback for the Narendra Modi-led government, which argued that privacy was not a fundamental right protected by the constitution.
The court ordered that two earlier rulings by large benches that said privacy was not fundamental in 1954 and 1962 now stood overruled, and it declared privacy was “an intrinsic part of the right to life and liberty” and “part of the freedoms guaranteed” by the constitution.
“This is a blow to the government because the government had argued that people don’t have a right to privacy,” said Prashant Bhushan, a senior lawyer involved in the case.
India’s law ministry was not reachable for comment, but the Law Minister Ravi Shankar Prasad is expected to weigh in on the ruling at a news conference late on Thursday.
The judgment also has a bearing on broader civil rights, as well as a law criminalizing homosexuality. Lawyers said it also impacts a ban imposed on the consumption of beef in many states and on alcohol in some states.
In his personal conclusion, Justice Sanjay Kishan Kaul wrote privacy is a fundamental right and it protects the inner sphere of an individual from interference from both state and non-state actors and lets individuals make autonomous life choices.
“The privacy of the home must protect the family, marriage, procreation and sexual orientation,” Kaul wrote.
The ruling is the second landmark decision to come from the Supreme Court this week.
On Tuesday it ruled that a law allowing Muslim men to divorce their wives instantly by uttering the word “talaq” three times was unconstitutional, in a major victory for Muslim women who spent decades arguing it violated their right to equality.
AADHAAR SETBACK
The privacy judgment was delivered at the end of the tenure of the chief justice of India, Jagdeep Singh Khehar, who retires in a few days.
The ruling comes against the backdrop of a large multi-party case against the mandatory use of national identity cards, known as Aadhaar, as an infringement of privacy. There have also been concerns over data breaches.
Critics say the ID card links enough data to create a full profile of a person’s spending habits, their friends, property they own and a trove of other information.
Aadhaar, which over one billion Indians have already signed up for, was set up to be a secure form of digital identification for citizens, one that they could use for government services.
But as it was rolled out, concerns arose about privacy, data security and recourse for citizens in the face of data leaks and other issues.
Over time, Aadhaar has been made mandatory for the filing of tax returns and operating bank accounts. Companies have also pushed to gain access to Aadhaar details of customers.
Those opposed to the growing demand for Aadhaar data cheered the ruling.
“Truly a victorious week for India – upholding liberty, dignity and freedom for all,” Jyotiraditya Scindia, a member of parliament from the opposition Congress party, said in a tweet.
Bhushan, the senior lawyer involved in the case, said while government demands for the use of Aadhaar for tax purposes could be considered reasonable, any demands for the use of Aadhaar for travel bookings and other purchases could now be questioned in the face of the ruling.
“The fact that there was no dissent is an important thing,” said Raman Chima, policy director at Access Now, which defends digital rights. “They made it clear that the government has to protect privacy.”
In: reuters
La nueva Asamblea Constituyente chavista destituye a la fiscal general de Venezuela
La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, fue destituida de su cargo por decisión de la todopoderosa Asamblea Nacional Constituyente. Ortega, que será sometida a juicio, será sustituida temporalmente por el defensor del pueblo, Tarek William Saab.
La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, fue destituida de su cargo por decisión de latodopoderosa Asamblea Nacional Constituyente, constituida el viernes.
Ortega, que también será sometida a juicio por orden del Tribunal Supremo, fue sustituida temporalmente por el defensor del pueblo, Tarek William Saab, un aliado del chavismo acusado por la oposición de hacer la vista gorda a los abusos del estado durante las protestas contra el gobierno por la crisis que vive el país.
William Saab fue juramentado este sábado por la Asamblea Constituyente tras las destitución de Ortega.
La destitución de la fiscal es una de las primeras decisiones de la recién instaurada Constituyente, que permitirá a Nicolás Maduro gobernar sin límites.
Este sábado Ortega ya denunció en un mensaje en Twitter que la Fiscalía había amanecido rodeada de agentes de la Guardia Nacional Bolivariana, solo unas horas antes de del inicio de la primera sesión de este nuevo órgano, que ha sido elegido en un proceso con múltiples acusaciones de fraude y que tiene poderes especiales sobre otras instituciones elegidas democráticamente.
La fiscal no pudo acceder al edificio y desde su entrada declaró: “Quieren con esto esconder las pruebas de (el caso de la empresa brasileña) Odebrecht, esconder las pruebas de la violación de derechos humanos que se ha dado en este país, los seguiré denunciando”.
Ortega se ha convertido en una de las voces más críticas con Maduro, aunque defiende la herencia de Hugo Chávez. Su enfrentamiento con el gobierno le ha valido el calificativo de “traidora” y Maduro la ha acusado de apoyar la “insurgencia armada”, que es como el presidente ha calificado la ola de protestas en oposición a su gobierno que comenzaron el pasado mes de abril.
La Fiscalía venezolana solicitó anular por completo la existencia de la Constituyente, fuertemente cuestionada por la comunidad internacional. Además, anunció que investigaría el fraude electoral en la elección de este cuerpo. Tras su destitución, ahora esa investigación por “presunta comisión de delitos durante el proceso electoral” podría quedarse en papel mojado.
Tanto la Asamblea como la destitución de Ortega tienen un amplio rechazo de gobiernos y organismos internacionales.
También de la oposición venezolana se manifestó este sábado denunciando la ruptura de la democracia. “Lo que está sucediendo en Venezuela es el secuestro total de todas las instituciones por una sola mano, por un solo partido político”, dijo Julio Borges presidente de la Asamblea Nacional en manos de la oposición que sería el único organismo capacitado para nombrar y destituir al fiscal general.
Constituyente para rato
Además, la Constituyente aprobó en su primera sesión de este sábado extender su duración a los dos años. La propuesta de Diosdado Cabello fue votada por los 545 miembros y ampliará las funciones del cuerpo hasta agosto del 2019.
La presidenta de la Asamblea, Delcy Rodríguez, anunció además que este domingo comenzará a operar la denominada Comisión de la Verdad que será presididia por ella misma, con el objetivo de hacer “justicia” y buscar “responsabilidades” por la violencia que el país vive desde hace más de cuatro meses y que ya ha dejado dejado al menos 121 muertos en protestas callejeras, y miles de detenciones.
La decisión sobre la destitución de Ortega se tomó casi al mismo tiempo que el Mercosur anunciaba que suspendía a Venezuela de manera indefinida por la “ruptura del orden democrático”. La medida, que aisla aún más al régimen de Maduro, se tomó de manera unánime en una reunión celebrada en Sao Paulo, Brasil
El bloque también aseguró que el país caribeño no volverá al Mercosur hasta que se restaure el orden democrático en el país y se hayan liberado todos los presos políticos. Además, invitó a Caracas a iniciar un proceso de transición política “de manera inmediata”.
En: elnuevoherald
SERVIR: El crecimiento del CAS hace imperativo profundizar reforma del servicio civil
- Con el 40% del total de contratados, el CAS se convirtió en el principal régimen laboral en el Estado, sin considerar las carreras especiales, con 275 mil servidores en los tres niveles de gobierno.
- Si las entidades se acogen a la reforma del servicio civil, se reducirá progresivamente el uso del CAS en el Estado y se incentivará la meritocracia, señala SERVIR.
La Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) alertó que el crecimiento de 8% promedio anual en las contrataciones de personal vía el régimen CAS es uno de los principales escollos para profundizar la reforma del servicio civil y la meritocracia en el Estado peruano, según el informe denominado “Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios – CAS” publicado hoy.
El referido informe, señala que, sin considerar a los regímenes de carreras especiales, el CAS se ha convertido en el principal régimen de contratación laboral en el Estado, desplazando a los contratados bajo los regímenes de los Decretos Legislativos Nº 276 y 728.
“Si excluimos a las carreras especiales, el grupo del régimen CAS pasa a concentrar a la mayor parte de servidores públicos con el 40% del total. Luego le siguen los servidores del D. Leg. 276 con el 38% y del D.Leg. 728 con el 22%”, señala el informe. Agrega que, a diciembre de 2016, existían en el Estado aproximadamente 275 mil servidores públicos bajo el régimen CAS en los tres niveles de gobierno, según la Planilla Electrónica del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).
El informe indica que el número de servidores bajo el régimen CAS ha crecido de manera sostenida entre los años 2009 y 2016, considerando que pasaron de 157 mil a 275 mil, lo cual implica un incremento de 8% al año en promedio y un 76% acumulado en ese periodo. Casi la mitad de servidores sujetos al régimen CAS son de las entidades del gobierno nacional.
El referido informe también resalta que aun cuando la contratación bajo el régimen CAS pueda contar con marco presupuestal, tenga concordancia con las funciones de la entidad y siga un procedimiento determinado, muchas veces dicho régimen permite a las entidades contratar personal sin considerar instrumentos de planificación y/o presupuesto ni el uso de criterios objetivos para seleccionar personal. “Esto facilita la contratación y la hace más permeable a un uso inapropiado. Esta podría ser una de las razones por las que la cantidad de servidores contratados bajo el régimen CAS se ha incrementado en las entidades públicas”, puntualiza el informe.
Otro aspecto analizado en el informe es el costo anual de la planilla CAS, que asciende a cerca de S/ 7 750 millones incluyendo a los tres niveles de gobierno. “Dicho costo laboral anual ha crecido sostenidamente desde el año 2009: 20% en promedio al año y más del triple en términos acumulados. Ello se explica tanto por el incremento en el número de servidores CAS como de sus remuneraciones promedio”, según se precisa en el informe de SERVIR.
Señala también que si se mide la incidencia del costo de la planilla CAS en el PBI nominal, en el periodo 2009-2016 se duplicó dicho costo. “El costo de la planilla CAS representa el 1,2% del producto bruto interno (PBI) nominal, valor que se ha duplicado en relación al registrado en el año 2009 (0,6%), reflejando que el costo de los servidores CAS creció a un mayor ritmo que el PBI nominal”, puntualiza.
En cuanto a los ingresos, en el período 2013–2016, las remuneraciones mensuales promedio de los servidores sujetos al régimen CAS se incrementaron sostenidamente tanto para los hombres como para las mujeres. “En el caso de los primeros en 9% al año en promedio y en el de las segundas en 11%”, se apunta en el referido informe.
Finalmente, en el informe se señala que dada la mayor dinámica de crecimiento de las remuneraciones mensuales promedio de las mujeres en relación a las de los varones bajo el régimen CAS, la brecha salarial general de género en favor de los hombres se ha reducido de 10% a 4% entre los años 2013 y 2016, lo que está “en línea con la reducción de la brecha salarial general de género en todo el sector público registrada en los últimos años”, concluye.
Recomendaciones
Para SERVIR, acelerar y profundizar el pase de las entidades públicas a la Ley del Servicio Civil, reducirá progresivamente el uso del régimen CAS, permitiendo el desarrollo de una carrera basada en la meritocracia en las entidades públicas de los tres niveles de gobierno.
Para ver y descargar el Informe “Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios – CAS” hacer click aquí
Lima, 10 de julio de 2017
Subjefatura de Comunicaciones e Imagen Institucional
En: servir
Duberlí Rodríguez advierte que proyecto del Gobierno podría “politizar” el CNM
Propuesta del oficialismo, enviada al Congreso, plantea que el Consejo Nacional de la Magistratura tenga un representante del Ejecutivo y otro del Parlamento.
El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, ha mostrado su contrariedad sobre el proyecto del Gobierno que plantea que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) tenga un representante del Poder Ejecutivo y otro del Congreso.
“Se corre el riesgo de la politización en el nombramiento de los jueces y fiscales de todos los niveles en el país. Si hay dos poderes del Estado (Ejecutivo y Legislativo) que son políticos y van a designar a dos consejeros, y el Poder Judicial designa a uno, y luego entre los tres vamos a designar a otro; entonces, hay que tomar en cuenta que los dos poderes políticos tendrán mayoría en este trío. Ellos podrían ponerse de acuerdo con un sistema de cuotas partidarias que sería terrible para la independencia del PJ”, advierte.
El titular de la Corte Suprema, sin embargo, dijo en diálogo con Correo que no hay que alarmarse por esta iniciativa, ya que es una propuesta más de las que ya existen para recomponer el CNM.
“Entiendo que el Congreso de la República le dará el trámite que corresponde y luego ya se verá, porque para esta propuesta se requiere una reforma en la Constitución”, explicó.
Cuestionó que el proyecto no se haya discutido en el Acuerdo Nacional por Justicia, que lidera la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello. “No nos parece muy pertinente que se haya presentado directamente al Congreso”, refirió.
Para Rodríguez Tineo, es necesario cambios en el organismo, pero dijo que hubiera preferido que la propuesta de reforma haya salido del propio CNM. “Al propio presidente del CNM (Guido Águila) le parece que no ha sido oportuna una propuesta desde fuera”, remarcó.
Este proyecto, anunciado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski en su mensaje del 28 de julio, plantea cambiar la conformación del CNM. El proyecto de ley, que entregó al mismo titular del Congreso, Luis Galarreta, busca que el Consejo tenga cinco representantes: uno del gobierno, uno del Parlamento, otro del Poder Judicial, otro de la fiscalía y un quinto elegido por los cuatro mencionados.
En: larepublica
Rosa María Palacios: “Proyecto del Ejecutivo entregaría elección de jueces al fujimorismo”
El estilo crítico y profundo de Rosa María Palacios para analizar los hechos que marcan la agenda nacional, en Sin Guion.
Rosa María Palacios opinó este miércoles sobre la elección de jueces y el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo sobre la reforma en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
En su programa Sin Guion, la conductora cuestionó el proyecto del Gobierno, pues aseguró que se le daría poder al fujimorismo para elegir jueces en el país.
“El CNM debe ser la institución más opaca del Estado peruano, no se ve; sin embargo, es vital”, expresó.
“El presidente presenta un proyecto que es volver a la Constitución del 79 pero peor, mucho peor. Significa entregarle al fujimorismo la elección de jueces, tienen los votos”, dijo.
En: larepublica
CAL muestra preocupación por proyecto sobre Consejo Nacional de la Magistratura
Letrado Pedro Angulo dice que modificación planteada por el Ejecutivo atenta contra independencia y autonomía de jueces y fiscales.
El proyecto de ley para reformar la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), presentado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski ante el Congreso, ha causado preocupación en algunas instituciones, como los colegios de abogados.
“Este proyecto, que coincide con otro que había presentado el legislador Gilbert Violeta, nos causa gran preocupación, pues se está proponiendo la eliminación de los representantes del colegio de abogados y de los demás colegios profesionales en el CNM”, dijo el decano del Colegio de Abogados de Lima, Pedro Angulo.
El letrado recalcó que se pretende hacer una modificación constitucional, que, según él, afectaría la actual conformación del CNM establecida en la Carta Magna y que violentaría su autonomía. “Lo que se está buscando es que el Ejecutivo y el Legislativo sean los que designen a los miembros del CNM, y eso pondría en una situación de precariedad la independencia y autonomía de los jueces y fiscales. Eso es lo que más nos preocupa”, manifestó a este Diario.
Adelantó que los decanos de los colegios de abogados del país se reunirán en Lima la próxima semana para expresar públicamente su discrepancia con el proyecto y exhortar al Ejecutivo a evaluar bien el asunto.
En el CNM, los colegios de abogados tienen un representante, mientras que el resto de colegios profesionales tienen dos.
El primero en salir a cuestionar el proyecto fue el presidente del CNM, Guido Aguila, quien manifestó a El Comercio que dicha propuesta es un riesgo que acabaría politizando la justicia. “El proyecto propone que los siete miembros del CNM se reduzcan a cinco y que, de esos cinco, uno sea nombrado por el Ejecutivo y el otro por el Congreso. Así, el 40% del CNM tendría un tinte político”, dijo.
Lamentó que el proyecto no se haya conversado en el Acuerdo Nacional por la Justicia, en el que se ha venido trabajando la reforma del CNM. “Ha sido una sorpresa conocer ese proyecto en el mensaje”, subrayó.
En: elcomercio