El Ángel de la Independencia en Ciudad de México
(foto de Juan Luis Orrego)
Hoy los mexicanos deben celebrar los 200 años del “Grito de Dolores”, el inicio de la guerra por su Independencia, que recién se cristalizaría en 1821. Hay muchas voces en México que se preguntan si hay algo que justifique la celebración. Dos centurias después del levantamiento de Hidalgo, el país tiene 108 millones de habitantes, de los que la mitad siguen pacediendo la pobreza. Si a esto le sumamos la violencia extrema de los carteles de la droga, el panorama es aún más sombrío; tan es así que muchas autoridades han suspendido los festejos y pedido a la población que lo haga en familia, por miedo al crimen organizado.
El México independiente tenía muchas semejanzas con el Perú de la república inicial. Había sido una de las colonias más explotadas por España y una de las más reconocidas por su enorme riqueza. Los valores coloniales, en consecuencia, estaban bien arraigados y se mantuvieron casi intactos luego de 1821. La Independencia no fue declarada por un libertador venido de fuera (como aquí lo fueron San Martín y Bolívar), un republicano o un líder revolucionario (como lo fueron allá Hidalgo y Morelos), sino por un general realista, Agustín de Iturbide, quien, además, implantó un gobierno monárquico que rápidamente colapsó . Como es natural -y esto sí, al igual que el Perú- se trataba de una población diversa y fragmentada y no había consenso sobre la nueva identidad del país. Muchos de los líderes de la independencia habían combatido en el bando realista y la nueva elite del país se encontraba muy dividida por su cambio continuo de lealtades antes y después de su separación de la Metrópoli.
Otro elemento común es que la lucha por la Independencia dejó al antiguo país de los aztecas sumido en el desorden y la decadencia. Aquí la guerra, a diferencia de Argentina o Brasil, fue mucho más extensa. La economía había colapsado y los peninsulares se habían llevado su capital a España. Las minas de oro y plata, en su tiempo orgullo del Imperio español en Ultramar, requerían todo tipo de reparaciones. Los obrajes habían caído, los caminos estaban casi desiertos y la agricultura sobrevivía a duras penas. Unos 300 mil hombres, que en su mayoría habían combatido en las luchas separatistas, estaban sin trabajo y sin ingresos. Representaban casi el 30% de toda la población adulta masculina. Se trataba de un segmento social irritado y casi siempre armado. No eran solo un problema económico sino también social: alimentaban la violencia cotidiana (Skidmore y Smith 1996). Pueblos y viviendas devastados completaban el triste panorama. No hay duda que, al igual que el caso peruano, el siglo XIX es incomprensible en México sin tomar en cuenta el trauma dejado por la independencia.
Dos instituciones eran ahora las dueñas del país: la Iglesia y el ejército. La Iglesia sobrevivió a la Independencia con su estructura y riqueza casi intactas. Los cálculos apuntan a que poseía cerca de la mitad de la tierra. El clero gozaba de rentas constantes por el alquiler de sus numerosos bienes, sus inversiones estaban en todo el territorio y era el mayor operador bancario del nuevo país. Sus generosos créditos a los hacendados no solo le garantizaban ingresos regulares sino también le facilitaban una estratégica alianza con los estratos más poderosos de la pirámide social. Esto sin mencionar sus ingresos por diezmos y capellanías. No es sorprendente, pues, que la Iglesia terminara convirtiéndose en el blanco de la oposición de los liberales, por cuestiones ideológicas, y por aquellos grupos que no se beneficiaban de su riqueza. En el caso mexicano, entonces, es imposible entender su siglo XIX sin el tema clerical, clave en el tortuoso camino para establecer la reforma liberal.
Los militares, por su lado, dominaron la política toda la centuria. Hasta el advenimiento de Benito Juárez, el castigado país tuvo cerca de 50 gobiernos, 35 de ellos presididos por oficiales del ejército los que, cuándo no, recurrían al golpe de estado para ocupar el cargo presidencial. Los caudillos no se molestaban en gobernar. Este “complicado” arte era dejado a un grupo de abogados e intelectuales, casi todos de Ciudad de México, quienes ocupaban las vicepresidencias y llenaban los ministerios. De todos estos caudillos, el más famoso y tragicómico fue Antonio López de Santa Anna: ocupó la presidencia 9 veces y puso en el cargo a sus títeres en otras ocasiones.
A continuación, reproducidos las reflexiones que publica hoy el historiador mexicano Enrique Krauze en el diario El País de España a propósito de esta importante efeméride.
EL GRITO DE MÉXICO
Pareciera que cada 100 años México tiene una cita con la violencia. Si bien el denominador común de nuestra historia nacional ha sido la convivencia social, étnica y religiosa, la construcción pacífica de ciudades, pueblos, comunidades y la creación de un rico mosaico cultural, la memoria colectiva se ha concentrado en dos fechas míticas: 1810 y 1910. En ambas, estallaron las revoluciones que forman parte central de nuestra identidad histórica. Los mexicanos veneran a sus grandes protagonistas justicieros, todos muertos violentamente: Hidalgo, Morelos, Guerrero, Madero, Zapata, Villa, Carranza. Pero, por otra parte, ambas guerras dejaron una estela profunda de destrucción, tardaron 10 años en amainar, y el país esperó muchos años más para reestablecer los niveles anteriores de paz y progreso.
En 2010, México no confronta una nueva revolución ni una insurgencia guerrillera como la colombiana. Tampoco la geografía de la violencia abarca el espacio de aquellas guerras ni los niveles que ha alcanzado se acercan, en lo absoluto, a los de 1810 o 1910. Pero la violencia que padecemos, a pesar de ser predominantemente intestina entre las bandas criminales, es inocultable y opresiva. Se trata, hay que subrayar, de una violencia muy distinta de la de 1810 y 1910: aquellas fueron violencias de ideas e ideales; esta es la violencia más innoble y ciega, la violencia criminal por el dinero.
Tras la primera revolución (que costó quizá 300.000 vidas, de un total aproximado de seis millones), las rentas públicas, la producción agrícola, industrial y minera y, sobre todo, el capital, no recobraron los niveles anteriores a 1810, sino hasta la década de 1880. A la desolación material siguieron casi cinco décadas de inseguridad en los caminos, inestabilidad política, onerosísimas guerras civiles e internacionales, tras las cuales el país separó la Iglesia del Estado y encontró finalmente una forma política estable (méritos ambos de Benito Juárez y su generación liberal) y alcanzó, bajo el largo régimen autoritario de Porfirio Díaz, un notable progreso material.
La segunda revolución resultó aún más devastadora: por muerte violenta, hambre o enfermedad desaparecieron cerca de 700.000 personas (de un total de 15 millones); otras 300.000 emigraron a Estados Unidos; se destruyó buena parte de la infraestructura, cayó verticalmente la minería, el comercio y la industria, se arrasaron ranchos, haciendas y ciudades, y en el Estado ganadero de Chihuahua desaparecieron todas las reses.
Por si fuera poco, entre 1926 y 1929 sobrevino la guerra de los campesinos “Cristeros”, que costó 70.000 vidas. Pero desde 1929 el país volvió a encontrar una forma política estable aunque, de nuevo, no democrática (la hegemonía del PRI) que llevó a cabo una vasta reforma agraria, mejoró sustancialmente la condición de los obreros, estableció instituciones públicas de bienestar social que aún funcionan y propició décadas de crecimiento y estabilidad.
Ambas revoluciones -y esto es lo esencial- presentaron a la historia buenas cartas de legitimidad. En 1810, un sector de la población no tuvo más remedio que recurrir a la violencia para conquistar la independencia. Su recurso a las armas no se inspiró en Rousseau ni en la Revolución Francesa. Tres agravios (la invasión napoleónica a España que había dejado el reino sin cabeza, el antiguo resentimiento de los criollos contra la dominación de los “peninsulares” y la excesiva dependencia de la Corona con respecto a la plata novohispana para financiar sus guerras finiseculares) parecían cumplir las doctrinas de “soberanía popular” elaboradas por una brillante constelación de teólogos neoescolásticos del siglo XVI como el jesuita Francisco Suárez. A juicio de sus líderes, la rebelión era lícita.
Además, era inevitable, porque la corona española -a diferencia de la de Portugal- desatendió los consejos y oportunidades de desanudar sin romper sus lazos con los dominios de ultramar enviando, como ocurrió con Brasil en 1822, un vástago de la casa real para gobernarlos.
En 1910, un amplio sector de la población, agraviado por la permanencia de 36 años en el poder del dictador Porfirio Díaz, consideró que no tenía más opción que la de recurrir a la legítima violencia para destronarlo. Al lograr su propósito, esta breve revolución puramente democrática dio paso a un gobierno legalmente electo que al poco tiempo fue derribado por un golpe militar con el apoyo de la embajada americana. Este nuevo agravio se aunó a muchos otros acumulados (de campesinos, de obreros y clases medias nacionalistas) que desembocaron propiamente en la primera revolución social del siglo XX. Las grandes reformas sociales que se hicieron posteriormente han justificado a los ojos de la mayoría de historiadores la década de violencia revolucionaria que, sin embargo, vista a la distancia, parece haber sido menos inevitable que la de 1810.
En 2010, un puñado de poderosos grupos criminales ha desatado una violencia sangrienta, ilegal y, por supuesto, ilegítima contra la sociedad y el gobierno. Esta guerra ha desembocado, en algunos municipios y Estados del país, en una situación verdaderamente hobbesiana frente a la cual el Estado no tiene más opción que actuar para recobrar el monopolio de la violencia legítima que es característica esencial de todo Estado de derecho.
El clima de inseguridad de 2010 ha ensombrecido la celebración del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución. Desde hace casi 200 años, en la medianoche del 15 de septiembre los mexicanos se han reunido en las plazas del país, hasta en los pueblos más remotos y pequeños, para dar el Grito, una réplica simbólica del llamamiento a las armas que dio el “Padre de la Patria”, el sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla, la madrugada del 16 de septiembre de 1810. En unos cuantos días, una inmensa cauda indígena armada de ondas, piedras y palos lo siguió por varias capitales del reino y estuvo a punto de tomar la capital. A su aprehensión y muerte en 1811 siguió una etapa más estructurada y lúcida de la guerra a cargo de otro sacerdote, José María Morelos. La Independencia se conquistó finalmente en septiembre de 1821.
Han pasado exactamente 200 años desde aquel Grito. Hoy, México ha encontrado en la democracia su forma política definitiva. El drama consiste en que la reciente transición a la democracia tuvo un efecto centrífugo en el poder que favoreció los poderes locales y, en particular, el poder de los carteles y grupos criminales. Ya no hay (ni habrá, como en tiempos de Porfirio Díaz o del PRI) un poder central absoluto que pueda negociar con los bandoleros. Habrá que ganar esa guerra (y reanudar el crecimiento económico) dentro de las reglas de la democracia, con avances diversos, fragmentarios, difíciles. Costará más dolor y llevará tiempo.
El ánimo general es sombrío, porque a despecho de sus violentas mitologías, el mexicano es un pueblo suave, pacífico y trabajador. Muchos quisieran creer que vivimos una pesadilla de la que despertaremos mañana, aliviados. No es así. Pero se trata de una realidad generada, en gran medida, por el mercado de drogas y armas en Estados Unidos y tolerada por muchos norteamericanos que rehúsan a ver su responsabilidad en la tragedia y se alzan los hombros con exasperante hipocresía.
Esa es nuestra solitaria realidad. Y, sin embargo, la noche de hoy las plazas en todo el país se llenarán de luz, música y color. La gente verá los fuegos artificiales y los desfiles, escuchará al presidente tañir la vieja campana del cura Miguel Hidalgo, y gritará con júbilo “¡Viva México!”.