El nombre “Perú” tiene la ventaja de no hacer referencia a algún territorio o grupo indígena en concreto, es políticamente “neutro”, no puede ser reivindicado por nadie en particular y permite construir la continuidad entre el pasado colonial y la Independencia, como explica en este artículo Jesús A. Cosamalón, de la Universidad Pontificia Católica del Perú.
No existe una sola versión del origen del nombre del Perú en el virreinato, pero el distinguido historiador Raúl Porras Barrenechea sostuvo hace ya varias décadas, que provenía de la corrupción lingüística de Birú o Virú, término que aparentemente designaba a un cacique de los territorios existentes al sur de Panamá y que tempranamente, desde la década de 1520, pasó a nombrar a los futuros territorios que conquistaría Francisco Pizarro. Una vez producida la negociación entre la corona y los expedicionarios, liderados por el mencionado Pizarro y Diego de Almagro, el nombre oficial de la gobernación fue el de Nueva Castilla, que no tuvo demasiada vigencia porque fue reemplazado en 1542 por el del Virreinato del Perú.
Una vez proclamada la independencia, a diferencia de otros casos, no se tuvo ninguna discusión acerca de la necesidad de cambiar el nombre del naciente país ni se debatió la pertinencia de variar el nombre de origen colonial. Es más, los documentos de la época transitan entre denominarse Virreinato del Perú en julio de 1821, antes de la independencia, a República Peruana en 1823. En ese tránsito nadie propuso ningún cambio de nombre ni se cuestionó hasta qué punto la permanencia del vocablo Perú podía mostrar una peligrosa continuidad entre una etapa y la otra. Sin duda esta ausencia de discusión no resulta casual de ningún modo; por el contrario, expresa el complejo carácter de la gesta independentista en el Perú y la dificultad para definir qué tipo de ruptura con España se produjo y bajo qué proyecto político se desarrolló.
Como es conocido, una vez proclamada la independencia el proyecto negociado entre los miembros de la mayor parte de la élite limeña y las cabezas visibles del ejército libertador, Don José de San Martín y su cuestionado asesor Bernardo Monteagudo, consistió en plantear una solución gradualista antes de llegar a la ansiada meta republicana. San Martín se nombró Protector del Perú, cargo interino que ejerció por medio de un Estatuto Provisorio que retomó varios artículos de la Constitución española de 1814, repuesta por el régimen colonial en 1820.
Nombre neutro.- En el caso peruano, a pesar de contar con una rica tradición prehispánica aún vigente en ese tiempo, el esfuerzo de “nacionalizar” los nombres no tuvo el impacto de otros casos conocidos. Más bien fue durante el régimen colonial que se aplicaron nombres indígenas a varias de las intendencias: Puno, Cuzco, Huamanga, Huancavelica, etcétera. Curiosamente el nombre “Perú” cuenta con la ventaja de no hacer referencia a algún territorio o grupo indígena en concreto, es políticamente “neutro”, no puede ser reivindicado por nadie en particular y permite construir la continuidad entre el pasado colonial y la Independencia. Tal vez esto explique el por qué a nadie preocupó esta permanencia, especialmente a los liberales republicanos que no tenían una respuesta acerca del rol de los indios en la nueva etapa, pero que eran conscientes del peligro de utilizar más allá de lo simbólico la retórica incaísta.
Un aspecto reiterado en las propuestas de la elite que proclamó la independencia es la necesidad de evitar una ruptura radical con el pasado, la cual podría dividir peligrosamente a los habitantes de la capital y ocasionar el desorden. Es en ese sentido que hay que entender la argumentación de la continuidad entre la monarquía incaica, la supuesta fidelidad monárquica de los indios y la monarquía constitucional como bases para sostener un proyecto gradualista de Independencia.
La independencia adquirió el carácter de tránsito controlado de la inevitable ruptura entre el presente y el pasado colonial inmediato. Es más, a partir del 15 de julio, días después de la salida del virrey, el Cabildo dejó de utilizar el tradicional encabezado “en la muy noble, insigne y muy leal ciudad de los Reyes” en las actas, para pasar al más parco “en la ciudad de los Reyes del Perú.” Este tránsito de nombres donde poco a poco, sin una ruptura radical, se pasa de un momento a otro en la Independencia resulta especialmente significativo. Incluso desde principios de septiembre de 1821 el Cabildo, insinuando el plan político que estaba por proponerse, comenzó a encabezar las actas con las palabras “En la ciudad de Lima, Corte del Perú”. Más adelante, en una tercera fase se pasó a la más patriótica fórmula de “la heroica y esforzada ciudad de los libres” a principios de octubre de 1821.
Por otro lado, el asunto bastante más relevante de la forma de la nueva identidad política se estableció de una forma natural, no traumática. El Estatuto provisorio que rigió el protectorado de San Martín solo señalaba que en él se unían el “mando supremo político y militar de los departamentos libres del Perú, bajo el título de Protector”, sin señalar la forma política que se asumiría.
Constitución política para la República Peruana.- Una vez derrotada la propuesta monárquico constitucional de San Martín su salida del Perú era cuestión de tiempo. Se convocó finalmente al Congreso Constituyente para establecer en 1823 nuestra primera constitución. Su salida, una vez instalado el Congreso, ocasionó una etapa de desconcierto pues la asamblea tuvo que asumir funciones ejecutivas de emergencia, utilizándose por primera vez el cargo de Presidente del Perú a principios de 1823 en la figura de José de la Riva Agüero. Poco a poco, hacia abril de ese año, comenzó a aparecer de manera tímida en la sesión inicial del proyecto de Constitución política para la República Peruana, la primera forma detectada de un nombre para la nueva entidad política. El 12 de noviembre de 1823, con la ley que promulgó la Constitución del Perú firmada por José Bernardo de Tagle, “Presidente de la República peruana nombrado por el Congreso Constituyente” se estableció la forma política del Perú, organizada bajo los principios republicanos de participación popular (El País, España).