El origen de este absurdo conflicto se encuentra en la guerra de nuestra independencia, que se desarrolló entre 1820 y 1824 y que culminó con la batalla de Ayacucho el 9 de diciembre de 1824 y la posterior Capitulación de Ayacucho. En dicho documento, el Perú reconocía ciertas deudas a España, que posteriormente, en 1864, pretendió hacer efectiva, bajo presión de los tenedores de bonos españoles y peruanos residentes en la península ibérica.
¿OSCUROS INTERESES? En 1863, el gobierno español señalaba que el peruano Manuel del Campo Cortázar y Abarca, conde de San Isidro, había presentado, ante un juez de primera instancia de Lima, un expediente en el que solicitaba la devolución de sus propiedades secuestradas durante las guerras de independencia por apoyar al bando realista. Dicho personaje residía por entonces en España y hacía gestiones ante la corte para exigir la cancelación de la deuda, ya que la ley de consolidación promulgada por Castilla no consideraba dichos casos.
Pero el caso del Conde de San isidro no era el único. Sabemos que los poseedores de los bonos de la deuda con España eran, en su mayoría, peruanos. Es sabido que en el siglo XIX muchos hombres de negocios compraban valores de la deuda peruana para luego presionar al Estado y lograr su “consolidación”; estos papeles subían su cotización cuando el Estado aseguraba que asumiría esos compromisos. Por ello, personajes como José Joaquín de Osma o Manuel Ortiz de Zevallos, por ejemplo, hicieron gestiones a favor de la firma de un tratado porque eran poseedores de dichos bonos.
Osma viajó en 1853 a España, como enviado de Castilla, y negoció un tratado de “paz y amistad” con el ministro español Ángel Calderón de la Barca. Luego, colaboró en la organización de la Sociedad General de Crédito Mobiliario Español, a la cual se le atribuyó especulaciones con los títulos de la deuda peruana; además, entre 1856 y 1864, presidió su consejo administrador. Para estos fines, Osma utilizó la enorme influencia que en la corte de Madrid tenía su esposa Ana Zavala de la Puente y Bravo de Ribero, quien rehabilitó el título de Marquesa de la Puente y Sotomayor que había ostentado su abuelo y le reconocía “grandeza de España”.
Por su parte, Ortiz de Zevallos, ministro de Relaciones Exteriores, abogó por la conveniencia de negociar un tratado con España y presionó para que se le nombrase plenipotenciario en Madrid; se decía que su esposa. Josefa Tagle y Echevarría, cuarta hija del Marqués de torre Tagle, segundo presidente del Perú y muerto en el Real Felipe, tenía bienes que reclamar. Otro caso interesante es el del español Merino Ballesteros, quien tenía reclamaciones pendientes contra el gobierno del Perú. Sus hermanos dirigían un periódico, Eco hispano-americano, que se editaba en París, en el que redactaban artículos en contra del Perú. Merino Ballesteros fue nombrado vice-cónsul de España en el Perú, un error de la diplomacia española, pero en Lima se le negó el nombramiento por ser persona no grata al país.
Fue recién en 1853 que España aceptado formalmente la independencia del Perú que, por su parte, ya había reconocido la deuda pendiente con la corona española por concepto de indemnización por las guerras de independencia. Sin embargo, hacia 1860, las relaciones entre ambos países se enfriaron debido a la política intervencionista que España aún tenía en América Latina. La “Doctrina Monroe” (América para los americanos) ya tenía vigencia en casi toda América, aunque algunos territorios aún eran colonias (Cuba y Puerto Rico y algunas pequeñas islas en el Caribe). Cuando Francia, con apoyo español, invadió México, el gobierno peruano, a través de su cónsul, protestó enérgicamente por la intromisión.
¿SUEÑO MONÁRQUICO? Es importante mencionar que por esos años, tanto en España como en Perú, había personas que deseaban la restauración colonial en América del Sur, o concretamente en el Perú. Una carta de nuestro embajador en Washington, Federico Barreda, dirigida a nuestro Canciller, en 1864, resulta interesante: Se ha encontrado un pretexto aunque malísimo en el Perú, el país más codiciado de América. Los retrógrados españoles creen que el elemento monárquico es grande en nuestro país y que sólo necesita el pequeño apoyo que le preste una fuerza extranjera para apoderarse del gobierno, destruir la República y proclamar a un príncipe.
Lo que sí podemos asegurar es que el Perú no debía reconocer la deuda a España por los gastos de la independencia pues hubiera sido admitir que la guerra había sido injusta. Además, el reconocimiento de la deuda era susceptible a muchas interpretaciones y dudas: podía ser muy gravosa para el Perú por probables falsificaciones o alteraciones de documentos, tal como ocurrió con el pago de la deuda interna.
Texto de la Capitulación de Ayacucho en la que se acordó el pago de la “deuda de la independencia”