Lo prioritario para su administración era poner fin al litigio con Colombia. Esto quedó “resuelto” en mayo de 1934 cuando se suscribió en Río de Janeiro un Protocolo confirmatorio. No obstante, en la opinión pública siempre quedó en polémica la cuestión colombiana, criticándose muchas veces la cesión del “Trapecio Amazónico”.
En relación a los asuntos internos, el ambiente político se aclaró un poco gracias a una ley de amnistía que permitió un relativo acercamiento entre el APRA y el gobierno. Muchos presos políticos fueron liberados y se autorizó la circulación de los diarios clausurados. Las universidades, incluida San Marcos, reanudaron sus actividades. Todo parecía ir por buen camino hasta que llegó el 1936, año en que debía culminar el mandato de Benavides según el período para el que fue elegido Sánchez Cerro. Diversas candidatos se lanzaron, sin embargo, la Constitución prohibía la participación de los “partidos internacionales” -por su origen marxista- como el APRA y el Partido Comunista. Es por ello que el Jurado Nacional de Elecciones rechazó la candidatura de Haya de la Torre. Ante este escenario, Luis Antonio Eguiguren, quien había sido presidente de la Asamblea que promulgó la Constitución de 1933, salió vencedor en las elecciones. Pero su triunfo no fue reconocido al decidir el Congreso que se debió al endoso de votos apristas. El mandato de Benavides, ya abiertamente inconstitucional, se prolongó hasta 1939. Ahora la persecución al APRA y a los comunistas fue implacable. Otra vez desde el mismo gobierno, y con la complicidad del Congreso, se alentaba el militarismo.
Los inesperados seis años del segundo gobierno de Benavides tuvieron como lema Orden, Paz y Trabajo. A pesar de mantener una dictadura, el régimen hizo ampliar la asistencia social, la educación y, en la medida de lo posible, las obras públicas. En este sentido se construyeron diversos barrios obreros y restaurantes populares, y se crearon el Seguro Social Obrero y la Dirección de Trabajo y Previsión Social para resolver los problemas laborales. Se estableció la Dirección de Asuntos Indígenas en el Ministerio de Salud Pública; en setiembre de 1935 se promulgó la ley que establecía el Ministerio de Educación Pública y se dio incentivos para la carrera magisterial mediante el sistema de concurso para cubrir las plazas vacantes, la estabilidad laboral y el incremento de beneficios del mutualismo magisterial (préstamos, pensiones, seguro y hospitalización). También se estudiaron importantes proyectos para la construcción de hospitales como el Obrero, el central Policlínico y postas médicas tanto en Lima como en provincias.
Compró moderno armamento, edificó cuarteles y reglamentó el Servicio de Movilizables ante cualquier peligro en la seguridad nacional. También se implementaron el Terminal Marítimo y Dique Seco del Callao; se construyó la Caretera Panamericana y la Carretera Central hasta Tingo María, declarándose el libre tránsito por el territorio nacional; y se terminaron de edificar los palacios de Gobierno y Justicia, ambos en Lima. El nuevo Código Civil quedó listo en 1936 que reconoció, por vez primera, el divorcio. Asimismo, se inició una política de fomento al turismo para lo cual se construyó el Hotel de Turistas de Tingo María y se avanzaron los de Piura, Huánuco, Chala, Cusco, Camaná, Puno, Huancayo, Huaraz, Arequipa y Abancay. Finalmente se preparó el Censo General que fue realizado recién en 1940 por el siguiente gobierno.
