El ex primer ministro francés, Jacques Chirac. | Afp
Efe | París
Actualizado lunes 05/09/2011 09:14 horasDisminuye el tamaño del textoAumenta el tamaño del textoEl tribunal de París que este lunes comenzó el juicio contra el ex presidente francés Jacques Chirac por presunta malversación de fondos y abuso de confianza ha decidido que será juzgado aun sin estar presente por motivos de salud.

Esa fue la decisión de la sala del Tribunal Correccional de la capital francesa, al término de una deliberación de cerca de hora y media sobre las consecuencias de la ausencia del ex jefe del Estado en el proceso.

Chirac, que sufre una forma de Alzheimer, será representado por sus abogados, como estos hicieron saber a la sala al comienzo del proceso, que se abrió a primera hora de la tarde con la ausencia del principal implicado, que ha alegado que tiene las facultades mentales muy mermadas por una enfermedad neurológica.

La salud de Chirac -que cumplirá 79 años en noviembre próximo- ha sido la primera y la principal cuestión que ha abordado el presidente del Tribunal Correccional de París, Dominique Pauthe, que el pasado viernes recibió un informe médico enviado por la familia del anterior jefe del Estado en el que se explica que tiene mermadas las capacidades para participar en la audiencia.

El informe, elaborado a petición de la esposa y la hija de Chirac, precisa que los problemas neurológicos detectados y evidentes desde hace meses son de hecho consecuencia de una anosognosia que acarrea pérdidas de memoria.

Ese diagnóstico, realizado por Olivier Lyon-Caen, un reputado médico que dirige el servicio de neurología del hospital la Pitié Salpêtrière de París, iba acompañado de una carta en la que el propio ex presidente solicita a Pauthe que sus abogados puedan representarlo y hablar en su nombre durante el juicio.

Las consecuencias
La decisión del tribunal de aceptar la demanda de Chirac y dispensarlo de comparecer podría devaluar absolutamente el sentido del proceso y los otros nueve acusados estarían tentados a rechazar ese escenario.

Su ausencia impedirirá tener las explicaciones del principal inculpado, el mismo que ha motivado que la vista no se haya podido iniciar hasta dos décadas después de los hechos que se tienen que desmenuzar: una veintena de empleos supuestamente ficticios pagados por el Ayuntamiento de París -del que Chirac fue alcalde hasta que llegó al Elíseo en 1995- de personas que trabajaban para quien entonces era el líder de la derecha francesa.

El tribunal también podría encargar desde el próximo martes un nuevo peritaje de la salud del que fue jefe del Estado de Francia entre 1995 y 2007 para confirmar el informe de Lyon-Caen, convocar al propio Chirac a puerta cerrada para confirmar su incapacidad o aplazar su comparecencia para ser interrogado, algo que inicialmente había de producirse a partir del martes.

Quiere ser juzgado como cualquier otro ciudadano
El ex presidente ha declarado repetidamente -incluso esta misma semana- que quería ser juzgado como cualquier otro ciudadano, mientras su mujer, Bernardette, y su hija Claude se han esforzado por evitarlo de forma rotunda.

Haber entregado el informe médico en el último momento alimenta la sospecha de una maniobra de su entorno más próximo para evitarle el mal trago de sentarse en un banquillo, donde teóricamente por los hechos que se le reprochan (“malversación de fondos públicos” y “abuso de confianza”) podría ser condenado hasta a diez años de prisión y a una multa de 150.000 euros.

Lo cierto es que la Fiscalía había pedido el archivo de la causa durante su instrucción, por lo que lógicamente solicitará su absolución en el juicio.

fuente: EL MUNDO ESPAÑA Sigue leyendo →

Lunes 05 de septiembre de 2011 – 12:50 am

(América TV)El 26 de julio, dos días antes de que culmine el gobierno de Alan García, se publicó una cuestionada ley promovida por la bancada del APRA en el anterior Congreso, la cual brinda la posibilidad de condonar las deudas de prestatarios del Banco de Materiales que se encuentren en extrema pobreza.

Sin embargo, por culpa de extraños negociados y presunto cobro de cupos, familias que en realidad no cumplen con el requisito de estar en extrema pobreza se beneficiarían con la norma cuando se empiece a aplicar, dejando de lado así a personas que realmente lo necesitan.

De ser así, el ente perdería 214 millones de soles por los 20 mil beneficiarios que habría, según denunció el programa “Cuarto Poder”. El presidente del banco, Luis Ramos, explicó además que la institución se quedaría solo con el 10% de sus activos iniciales de implementarse la ley.

Por su parte, el congresista aprista Mauricio Mulder aceptó que fue él quien promovió la medida por una promesa realizada en la campaña electoral del 2006.

“Por eso, yo me preocupé del tema y lo presenté como un proyecto individual, lo que pasa es que después, como ya estábamos a las finales y no se hizo la exoneración de las comisiones, se colgó de otro proyecto que había sido rechazado previamente”, argumentó el parlamentario reelecto.

ALGUNOS CASOS
El citado dominical comprobó que algunas familias no cumplen con pagar sus deudas argumentando que en un inicio, cuando realizaron el préstamo, vivían en extrema pobreza, condición que ya no tendrían.

Por ejemplo, en Villa El Salvador, el ciudadano Serapio Alfaro, prestatario del Banmat, señala que no tiene recursos para pagar su deuda, pese a que vive en una casa de dos pisos y con un negocio de electromecánica ubicado en una avenida principal. Además, su esposa refirió que tiene a tres hijos estudiando en una universidad.

Otro caso es el de Genoveva Cárdenas, que debe 5.013 soles y en estos momentos construye el segundo piso de su vivienda. Pero su esposo, Juan Mendoza, dijo que pidió el préstamo hace 8 años.

“Hemos invertido cerca de más de dos mil soles en reuniones, una cosa y otra cosa”, dijo Mendoza, quien se estaría refiriendo a los cupos que cobraron algunos dirigentes vecinales para que su familia sea incluida en la lista de beneficiarios, según denunció “Cuarto Poder”.

FUCNIONARIOS PÚBLICOS NO PAGAN DEUDAS
Pero funcionarios públicos y hasta un ex congresista tampoco cumplen con pagar sus deudas al Banmat. Un caso es el del vicepresidente regional de Tumbes, Orlando la Chira, que actualmente gana 6 mil 800 soles netos. Él sostuvo que en un inicio sí pagó las cuotas del préstamo que asumió hace 15 años,

La consejera regional de Tumbes, Jesús Saavedra, tiene un caso similar, pero se niega a cumplir con su obligación.

Asimismo, Carlos Cánepa Lacotera, ex legislador de UPP por Tumbes, tiene una deuda de 26 mil 800 soles. Pese a sus ingresos como ingeniero de profesión y también catedrático universitario, no canceló sus cuotas. “No es que no quiera pagar, el asunto es que cómo pagar ni cuánto es el monto de lo que debo”, adujo.

Más casos existen en funcionarios públicos de los gobiernos regionales de Piura, Lambayeque, Amazonas, La Libertad, Huánuco y Moquegua.

FUENTE: EL COMERCIO PERU Sigue leyendo →

Lun, 05/09/2011 – 06:21

Corrupción. Bancada aprista promovió ley promulgada días antes de dejar el poder. Comisión Permanente presidida por César Zumaeta aprobó ley en julio, que haría perder a la entidad S/. 214 millones. El 2009 se promulgó ley similar.

Dos leyes promulgadas por el gobierno aprista para condonar deudas a miles de prestatarios del Banco de Materiales harían perder a esta entidad casi 800 millones de soles, reduciendo su capital al diez por ciento del fondo inicial y empujándolo a la liquidación.

Cuando el Banmat ya estaba sumergido en denuncias de corrupción y desfinanciamiento, el 26 de julio pasado, a días de dejar el poder, el ex presidente Alan García promulgó la Ley 29770 que en su penúltimo párrafo autoriza la cancelación de la deuda para prestatarios en extrema pobreza.

En su último día, la Comisión Permanente del Congreso presidida por César Zumaeta aprobó la iniciativa del hoy reelecto legislador aprista Mauricio Mulder.

Esta condonación beneficia a 20 mil prestatarios del Banmat que, como demostró anoche el programa “Cuarto Poder”, no cumplen el requisito de pobres extremos.

Estas personas dejarían de pagar S/. 214 millones, la tercera parte del fondo actual de esta entidad: S/. 648 millones.

El presidente del Banmat, Luis Ramos Rodríguez, estimó que los fondos “están desapareciendo por decisiones políticas”. Hace 31 años el banco empezó con un capital de S/. 3,100 millones y de condonarse 214 millones más por esta ley sorpresa, solo quedaría el diez por ciento de este fondo.

La primera ley

El congresista Mulder reconoció que presentó el proyecto como “iniciativa individual” y dijo que el propio Banmat debería vigilar que no se beneficien prestatarios que incumplan los requisitos.

Pero el afán aprista por desfinanciar al Banmat no es nuevo, y tiene más de una ley.

En mayo del 2009, Alan García promulgó la Ley 29231 de Saneamiento Financiero a los Prestatarios del Banmat que canceló deudas de 267 mil familias en extrema pobreza por S/. 570 millones.

Sumada a la “ley Mulder”, las pérdidas al Banmat serán de S/. 784 millones. La primera norma promulgada por García no tuvo opinión favorable del MEF y curiosamente tampoco de los “compañeros” apristas, quienes se abstuvieron de votar en el Pleno del Congreso.

¿Beneficiarios pobres?

Desde el fujimorismo en adelante, todos los gobiernos aplicaron la ley del ‘perromuerto’ para perjudicar al Banmat. Celso Palacios, dirigente de los trabajadores del banco, estima que Alberto Fujimori condonó el 90% de créditos por más de S/. 200 millones.

Alejandro Toledo hizo lo mismo al promulgar dos leyes, la 27810 y 28275. La primera, por ejemplo, permitía cancelar la deuda con solo diez soles a prestamistas damnificados por fenómenos naturales o en extrema pobreza. Es por estas normas que muchos prestamistas incumplen el pagar préstamos teniendo solvencia económica.

Hace quince años, el actual vicepresidente regional de Tumbes, Orlando La Chira, adquirió un préstamo para terminar su vivienda. Debía pagar 58 cuotas de 200 soles, pero a la actualidad debe casi la totalidad de los 8 mil soles, cifra similar a su sueldo de un mes.

El programa “Cuarto Poder” presentó a otro ‘beneficiario’: Carlos Cánepa La Cotera, congresista por Tumbes hasta julio pasado.

Cánepa tiene una deuda con el Banmat por 10 años, por 26 mil 800 soles, y aseguró que no la paga porque “no sabe a quién pagar ni el monto”. Ingeniero y catedrático, Cánepa ganó S/. 15,600 durante cinco años en el Parlamento.

Esta es apenas una muestra de cómo los prestamistas hacen lo posible por no honrar sus deudas, mientras el banco agoniza.

“No se debe liquidar, cumple función social”

Según Celso Palacios Choque, secretario general del sindicato de trabajadores del Banmat, la alta morosidad del banco se explica por las condonaciones facilitadas por gobiernos y la corrupción de malos funcionarios. “Pero el camino no es la liquidación –indica–. El Banmat cumple función social, y si se liquida sería una estafa política de este gobierno porque la cartera pasaría a banca privada, que terminaría absorbiendo deudas de familias pobres”.

El dirigente asegura que un sector de la banca ve con codicia la probable liquidación –esbozada por el ministro de Vivienda René Cornejo– debido a que Banmat otorga créditos hasta por S/. 200 millones al año. Agrega que un grupo de funcionarios del banco son procesados en la Fiscalía Anticorrupción, entre ellos la actual gerente legal.

Se sabe también que congresistas de diferentes bancadas tampoco están de acuerdo con su liquidación. Las comisiones de Fiscalización y Vivienda harán sesiones conjuntas para investigar los casos de corrupción.

Cifras

1.500 millones de soles es el importe de préstamos que no son amortizados.

4.000 millones de soles en créditos registra el Banmat desde su creación en 1980.

1 mlln. de familias han sido beneficiadas con créditos.

fuente:LA REPUBLICA PERU Sigue leyendo →

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La pérdida de documentos quedó registrada en un reporte del área de seguridad. (R. Cornejo)
Por Carlos Castillo

La mañana del 28 de julio último, el presidente Alan García tenía todo listo para dejar el cargo y su sucesor, Ollanta Humala, se alistaba para ceñirse la banda presidencial. A la misma hora, a pocas cuadras del Palacio de Gobierno, dos camionetas particulares retiraban 198 cajas que contenían documentos archivados en Provías Descentralizado, la institución a cargo de la gestión de obras viales en el interior del país.

Luego de que Perú.21 pusiera al descubierto la eliminación de más de cinco mil carpetas de crédito en el Banco de Materiales, una persona ajena a Provías nos proporcionó la copia de una hoja de cuaderno que contenía el reporte de seguridad en los sótanos de esta institución, ubicada en la cuadra seis del jirón Camaná, en pleno Centro de Lima.

Lo primero que llamó la atención de esta información fue la fecha. Se trataba del reporte de un agente de seguridad privada que daba cuenta del retiro de “198 bultos” en dos unidades móviles que –como se verificó después– no son de propiedad de la entidad.

El reporte identifica que el encargado del archivo, Álvaro Calle Vidal, y una persona ajena a la institución, Pool Bustamante Romero, habían colocado el material en dos camionetas de placas OG-9355 y PF-4478.

¿Cómo ingresaron estos vehículos de carga al Centro de Lima el día de la transmisión de mando, cuando es evidente que había restricciones por motivos de seguridad? Algún funcionario del anterior gobierno debe dar las respuestas.

El seguimiento del caso nos permitió detectar que la documentación había sido retirada del archivo general del organismo, ubicado en el piso 12.

En este almacén se guardan, entre otros documentos, los expedientes técnicos –concluidos y no concluidos– de las obras que la institución ejecuta en el interior del Perú. Asimismo, los contratos, las adquisiciones y los pagos a proveedores.

Provías Descentralizado es una unidad ejecutora del Ministerio de Transportes y es considerada el brazo articulador en lo que respecta a la descentralización de obras de este ministerio. Además, presta asesoría técnica a los gobiernos regionales, municipales, provinciales y distritales en materia de gestión vial.

En la actualidad, el director ejecutivo es el militante aprista Daniel Vera Ballón. Sin embargo, el control de la entidad recaería en la gerenta de Administración, Ana Rojas Fuentes.

Voceros del Ministerio de Transportes revelaron que Rojas Fuentes es una funcionaria muy vinculada al anterior ministro, Enrique Cornejo. Incluso, el trabajador señalado en el reporte de seguridad, Álvaro Calle, es una persona de su entorno.

LAS EXCUSAS. Se supo que la irregularidad ya es materia de investigación interna. La excusa dada por los responsables es que los documentos retirados eran considerados innecesarios y, por lo tanto, se procedió a “venderlos” con el fin de obtener fondos para el CAFAE institucional, según un acuerdo interno.

Para justificar los hechos se ha presentado un recibo de quien retiró los documentos y en el que se indica que se trababa de una venta de “680 kilos de papel en desuso” por S/.476. Sin embargo, no hay un recibo formal de la empresa que compró el papel y el nombre de Pool Bustamante Romero, el supuesto reciclador que retiró los documentos, está mal escrito.

Además –como en el caso del Banmat–, el material retirado no siguió el procedimiento de eliminación de archivos que se establece en la Directiva N° 003-2011- MTC/21. Es decir, no se constituyó el comité evaluador de documentos y no se informó al Archivo General de la Nación, que es la entidad encargar de autorizar toda eliminación de documentos que forman parte del patrimonio de la nación.

fuente: peru 21 Sigue leyendo →

Más de 10 mil funcionarios involucrados en irregularidades durante el gobierno aprista

La Contraloría también informó que en setiembre se iniciará un examen especial a las obras del tren eléctrico

Miércoles 31 de agosto de 2011 – 04:15 pm 18 comentarios

(Foto archivo El Comercio)
La Contraloría General de la República detectó a 10.659 funcionarios involucrados en presuntas irregularidades entre enero de 2009 y julio de 2011, es decir, durante el gobierno aprista.

La cifra la dio hoy el titular de la entidad, Fuad Khoury, durante la presentación de su plan de trabajo para este año ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, según informó Andina.

Según fuentes de la Contraloría, del total de servidores públicos investigados 2.447 tienen responsabilidad civil o penal y sobre 8.212 recae alguna falta administrativa.

Se precisa, además, que los funcionarios provienen tanto del Gobierno Central como regional y local.

TREN ELÉCTRICO
El funcionario también adelantó que para la quincena de setiembre se tiene previsto iniciar un examen especial en las obras del tren eléctrico, a fin de verificar por qué el presupuesto de la obra se incrementó en 108 millones de dólares.

Khoury precisó que durante su gestión se han realizado tres veedurías al tren eléctrico, en las cuales detectaron 32 deficiencias, entre ellas las condiciones de las columnas preexistentes.

BANCO DE MATERIALES
Asimismo, el contralor confirmó que está en marcha un examen especial en el Banco de Materiales, a fin de investigar la desaparición de 5.000 carpetas de crédito, un supuesto tráfico de influencias y el cobro de cupos.

También informó que se encuentran en curso ocho exámenes especiales y una auditoría financiera a EsSalud.

Al respecto, dijo que dos de los exámenes más importantes están referidos a la ejecución de obras del hospital policlínico Luis Negreiros y centro asistencial Virú, por 44 millones de nuevos soles; y del hospital Nuevo Chiclayo, hospital I Tumbes y clínica geriátrica San Isidro, por 66 millones.

CASO BARRIOS
Respecto al cobro de indemnización del ex presidente de EsSalud en el gobierno anterior, Fernando Barrios, señaló que solo se ha encontrado responsabilidad administrativa por parte de los funcionarios de confianza que autorizaron el pago, pues el dinero fue devuelto por Barrios.

FUENTE: EL COMERCIO PERU Sigue leyendo →

No contentos con cobrar en julio 116 mil soles por indemnización, los congresistas del periodo anterior, incluidos los ahora reelectos, planeaban cobrar una compensación extraordinaria de desinstalación ascendente a dos remuneraciones. Es decir, S/. 31, 200.
Por Martín Hidalgo Bustamante y Enesto Carrasco

Así lo establece el acuerdo firmado en la sesión del pasado 20 de julio, en la Mesa Directiva del gobierno anterior, presidida por el aprista César Zumaeta Flores.

“Pago extraordinario”

El acuerdo N° 290-2010-2011/MESA-CR establecía a partir del periodo parlamentario en ejercicio, el pago de una comisión extraordinaria por “función congresal ininterrumpida”, el cual fue fijado sobre la base de la remuneración mensual y establecía abonarlo al término de cada gestión.

Dicha compensación era equivalente a dos remuneraciones mensuales, “sin ningún tipo de descuentos. Vale decir, S/31, 200 netos”.

Para el actual vicepresidente de la Mesa Directiva, Yehude Simon, esta fue una jugada para cobrar una especie de “desinstalación”, aunque le cambiaron de nombre a la figura puesto que legalmente no correspondía.

“Esta medida fue dejada sin efecto en una sesión del nuevo Parlamento el pasado 24 de agosto. Intentamos limpiar la imagen de los congresistas para que no nos llamen otorongos y esto es una muestra de ello”, indicó a La República, después de aclarar que ningún legislador cobró dicho monto.

Pese a ello, en el mes de julio, los 25 congresistas reelectos cobraron cinco conceptos: sueldo (S/.15,500 menos descuentos), gratificación (un sueldo) y CTS (cinco sueldos), además de bonificación por asignación (ex gastos de representación que llegan a S/. 7.000). Todo ello suma S/. 116.000.

En el caso de los que no fueron reelegidos, solo dejaron de cobrar el sueldo de instalación, es decir, cobraron más de 125 mil soles.

Nada lo impide

El tercer vicepresidente de la Mesa Directiva, Michael Urtecho, advirtió que estas “movidas” seguirán en la medida que no se modifiquen las normas referidas a compensaciones en el Congreso.

“Esta desinstalación iba a ser cobrada en setiembre sin tener sustento legal, por lo cual decidimos eliminarla por unanimidad. Tenemos que normar esto para evitarlo en el futuro”, precisó Urtecho.

Detectan más irregularidades

En la última sesión del 24 de agosto, la Mesa Directiva, presidida por Daniel Abugattás, también dejó sin efecto la creación, traslado o modificación del Servicio Parlamentario, así como el incremento de sueldos por recategorización, contrato o designación. De igual manera, se canceló todo nombramiento de personal realizado sin el debido sustento legal.

Respecto a este tema, el congresista Yehude Simon indicó que se está haciendo una exhaustiva evaluación a todo el personal del Parlamento, debido a una serie de irregularidades encontradas en la gestión de la Mesa Directiva del anterior gobierno aprista.

”De manera ilegal, varios trabajadores recibieron un incremento de sueldo que no correspondía. Me refiero a gente que apenas tenía cinco meses en su cargo”, apuntó.

Datos

Vacaciones. En julio pasado, los congresistas también intentaron cobrar una compensación por “vacaciones truncas”, la cual establecía el monto de un sueldo por año. De haberse aprobado, los legisladores, hubieran recibido 220 mil soles.

Más pagos. La polémica propuesta se sumó al controvertido cobro de gastos de instalación y desinstalación (dos sueldos de S/. 15.600, es decir, S/. 31.200).

FUENTE: LA REPUBLICA PERU Sigue leyendo →

Vie, 19/08/2011 – 06:27

Medida. Por posible corrupción de funcionarios. Ministro de Vivienda confirma desaparición de 5 mil expedientes de créditos cedidos irregularmente.
El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, René Cornejo, pidió la renuncia de todos los integrantes del directorio del Banco de Materiales (Banmat), la cual fue aceptada.

La decisión de destituir a todo el directorio del Banmat fue acordada durante una reunión de directorio del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe), luego de que un medio de prensa revelara la desaparición de más de 5.000 expedientes de créditos al parecer irregularmente concedidos a personas cercanas a personajes del anterior gobierno.

René Cornejo señaló que después de la renuncia obligada de los directivos de la entidad crediticia se ha procedido a una reingeniería. Preciso, sin embargo, que se continuará con el proceso administrativo y la investigación iniciados contra los presuntos responsables de la desaparición de los expedientes de créditos otorgados por el Banmat.

De acuerdo con lo vertido con el congresista de Perú Posible Víctor Andrés García Belaunde, los funcionarios habrían eliminado las fechorías entre la primera y la segunda vuelta electoral. “Al saber que los candidatos no eran del gobierno ni afines habrían procedido a eliminar todas las pruebas delictivas.

El congresista García Belaunde ha señalado que este caso deberá verse de todas formas en la Comisión de Fiscalización del Congreso para determinar las responsabilidades de los funcionarios, al margen de la investigación que el Poder Judicial y el Ministerio Público puedan abrir en los siguientes días.

“Este caso tenemos que investigarlo en la Comisión de Fiscalización (porque) que lo mismo (desaparición de pruebas) se puede repetir en otras entidades públicas”, indicó el parlamentario.

Claves

Anuncio. El ministro de Vivienda anuncia que el avance de las investigaciones será puesto en conocimiento de la prensa en forma periódica.

Implicados. El gerente general de Banmat, Alejandro Ruiz Rabines, estaría al tanto de la desaparición de los expedientes y habría minimizado el hecho como una labor administrativa.

fuente: LA REPUBLICA PERU Sigue leyendo →

Wilder Ruiz Loayza consignó en hoja de vida que es economista, electricista y que fue directivo de azucarera, pero habría mentido

Viernes 19 de agosto de 2011 – 12:56 pm
Wilder Ruiz
(Foto archivo USI)

La Procuraduría del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) denunció penalmente al congresista Wilder Ruiz Loayza, ante la Fiscalía Provincial Penal de Turno de Huaura, por el presunto delito contra la función jurisdiccional de este órgano, pues habría consignado información falsa en su hoja de vida durante el proceso electoral.

Según informó el JNE en una nota de prensa, la Universidad Faustino Sánchez Carrión de Huacho informó que Ruiz Loayza registró su última matrícula en el IV ciclo 1995-I, en la Escuela de Economía y Finanzas. Al JNE le dijo que era egresado.

Asimismo, el centro de estudios Benjamín Galecio Matos informó al JNE que Wilder Ruiz figura solo como alumno matriculado en 1992 en la especialidad técnica de electricidad automotriz, mas no tiene la condición de egresado, como él afirmó.

Para el órgano electoral también carece de veracidad lo consignado por el congresista sobre su experiencia laboral. Al respecto, afirmó ser presidente del directorio de la Empresa Agraria Azucarera Andahuasi S.A.A. desde 1993 a la fecha; sin embargo, se reportó que laboró como chofer y auxiliar de departamento de asociados.

Frente a las declaraciones del congresista, respecto a que la información vertida en su hoja de vida no sería la que él presentó, la Procuraduría del JNE precisa que fue el personero legal de Gana Perú quien entregó esta información.

Durante la segunda vuelta, el entonces candidato Ollanta Humala dijo que no blindará a nadie, en referencia a Wilder Ruiz, sobre quien se informó que pesaban 30 denuncias fiscales y judiciales.

fuente: EL COMERCIO PERU Sigue leyendo →

Condenado José F. Crousillat sale de penal como si fuera su casa

El ex empresario de TV fue grabado tocando el timbre del penal de reos primarios (ex San Jorge) donde purga ocho años de cárcel

Lunes 15 de agosto de 2011 – 10:18 pm

El ex empresario de TV José Francisco Crousillat Carreño, condenado a prisión por haber recibido dinero del ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos para poner la línea editorial de América Televisión al servicio del régimen fujimorista, fue grabado fuera de la cárcel donde está recluido.

El noticiero “24 horas” de Panamericana Televisión difundió esta noche un video en el que se aprecia al hijo de José Enrique Crousillat caminando por los exteriores del Penal para Reos Primarios de Lima, ex San Jorge.

COMO SI NADA
La salida de Crousillat del penal ocurrió este lunes a las 11:20 a.m. El ex empresario paró un taxi en la avenida Nicolás de Piérola y subió al vehículo junto a un policía vestido de civil. En el colmo del absurdo, el taxista fue intervenido por la policía de tránsito pero en lugar de que los efectivos se percataran de los pasajeros que iban a bordo, simplemente los dejaron ir.

Más de tres horas después de abandonar el penal, Crousillat regresa, toca el timbre y un empleado del INPE lo deja entrar sin exigirle documentación de ningún tipo. En las imágenes se pudo ver a José Francisco vestido de jean y con un abrigo oscuro. Lleva la barba a medio crecer y porta dos bolsas en la mano.

El efectivo policial que acompañaba a Crousillat llevaba en la mano un oficio en el que se solicita al director de la Clínica Angloamericana de Miraflores que atienda al sentenciado en vista de que ya había concertado una cita. José Francisco no portaba grilletes durante todo el tiempo que estuvo fuera de la cárcel.

CUMPLE CONDENA DE 8 AÑOS
Cuando José Francisco fue condenado se dispuso que cumpla su sentencia en el ex penal San Jorge. A él, al igual que a su padre, le falta alrededor de dos años para cumplir la condena de ocho años de prisión a la que fue sentenciado por corrupción de funcionarios, peculado y asociación ilícita.

Crousillat Carreño admitió su responsabilidad, pero dijo que todos los empresarios de televisión recibían dinero de Montesinos.

fuente: EL COMERCIO PERU Sigue leyendo →

En septiembre de 2010, Lescano y Otárola quisieron seguir con el caso pero la iniciativa no prosperó por blindaje a exmandatario y su entorno político. “

Presidente saliente en graves aprietos por supuestamente evitar que se llegue a la verdad.

El parlamentario Yonhy Lescano pidió al Ministerio Público que denuncie al expresidente Alan García por la desaparición de las pruebas del caso Business Track (BTR), en base a un informe presentado por Lescano y el legislador Fredy Otárola, el año pasado en el Congreso.

En septiembre de 2010, Lescano y Otárola firmaron ese documento, que fue desestimado a favor de la versión presentada por la mayoría aprista que favorecía al gobierno, principalmente, al exmandatario y su entorno político, integrado, entre otros, por el expremier Jorge del Castillo, el exministro de Vivienda Hernán Garrido Lecca y otros.

Lescano dijo a este matutino que la denuncia del juez Iván Sequeiros, que preside la Segunda Sala Penal de Reos en Cárcel, se refiere al caso del chuponeo en el que Alan figura como agraviado y no como acusado. “Tendría que abrirse otro proceso para investigar su responsabilidad penal en la desaparición de las pruebas del caso BTR”, explicó.

Recordó haber denunciado, junto al parlamentario Fredy Otárola, en un informe en minoría de la comisión investigadora, que los cuatro USB de Giselle Giannotti, ejecutiva de BTR fueron borrados y cambiados durante la diligencia policial realizada el 8 de enero de 2009 por el entonces jefe de la Dirección Nacional Antidrogas, Miguel Hidalgo.

Hidalgo actuó bajo las órdenes del entonces presidente Alan García y todo lo que hacía en torno al caso le comunicaba al mandatario saliente, según denunció el ministro del Interior de la época, Remigio Hernani.

“En esa oportunidad nosotros concluimos que Alan García había ordenado al general Hidalgo que se haga cargo de la intervención en la casa de Giselle Giannotti, para borrar parte de la información que contenían cuatro USBs y cambiarlos por otros”, aseveró.

Precisó que el exministro Hernani y el exdirector de la Policía, Mauro Remicio, dijeron que García dispuso que Hidalgo se hiciera cargo de las investigaciones en la casa de Giannotti, pese a que eso le correspondía a la Dirección de Investigación Criminal, mediante la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología.

“Cuando comparamos el acta realizada por la policía antidrogas del levantamiento de pruebas, con el documento que se entregó a la Fiscalía, constatamos que los cuatro USB habían sido borrados y cambiados. Es decir las pruebas se perdieron en la investigación realizada por la policía al mando de Hidalgo”, dijo.

En esa oportunidad, el congresista nacionalista Fredy Otárola denunció que García encargó a Hidalgo esa investigación, para digitar la investigación y desaparecer las pruebas que podrían involucrar a las altas esferas del gobierno aprista.

“La participación de la Dirandro tuvo como resultado la desaparición de los cuatro USB incautados (los dos Memorex y los dos Boston) y su suplantación por cuatro dispositivos apócrifos que fueron los que se presentaron al 34 Juzgado Penal”, denunció esa vez Otárola.

Lescano adelantó que pedirá en el pleno que se discutan nuevamente los informes presentados en minoría y en mayoría en el Congreso anterior. “El objetivo es que se discutan estos informes, para establecer la responsabilidad política de Alan García en la desaparición de las pruebas del caso BTR”, apuntó.

Añadió que si el Parlamento establece la responsabilidad política de Alan García, el informe final se enviaría al Ministerio Público para que prosiga con las investigaciones y establezca si García cometió un delito.

“Nosotros no presentamos nuestro informe en minoría al Ministerio Público, porque fue desestimado por la mayoría aprista y el gobierno tenía controlados a los fiscales encargados del caso. Pero ahora el Ministerio Público puede iniciar por su cuenta una investigación a Alan García en base a las diligencias policiales realizadas”, acotó.

A su turno, el parlamentario Javier Diez Canseco señaló que el informe de Lescano y Otárola no tendría que ser necesariamente discutido por el actual Congreso, sino revisado y ampliado con nuevos elementos probatorios.

Subrayó que no es necesario que el Legislativo eleve un informe de consenso para que el Ministerio Público tome cartas en el asunto y denuncie al expresidente. “No es necesario que eso ocurra. El Ministerio Público puede iniciar la investigación de oficio en base a los hechos que ya se conocen”, refirió.

Diez Canseco dijo que la fiscalía no necesita de la autorización del parlamento para iniciar una investigación del caso. “Espero que el Ministerio Público se adecúe a las nuevas condiciones políticas en las que la mayoría de la población exige una lucha frontal y efectiva contra la corrupción”, indicó.

Se verán las caras
La Segunda Sala Penal de Reos en Cárcel ha citado para el viernes 12 de agosto al expresidente Alan García, en calidad de agraviado y de testigo en el caso Business Track (BTR) y en esta ocasión se volverá a ver con el fundador de BTR Manuel Elías Ponce Feijóo.

El 20 de julio Jorge del Castillo, también como agraviado y testigo, volvió a negar ante el juez Iván Sequeiros que haya manipulado la investigación. Sin embargo, el 9 de abril la exgerente de la empresa BTR Giselle Giannotti Grados aseguró a LA PRIMERA que los audios de unas conversaciones entre Jorge del Castillo, Rómulo León, Fortunato Canaán y Hernán Garrido Lecca estaban en dos USB y fueron borrados luego de la incautación.

Como testigo convocado a pedido de la defensa, García tendrá que declarar sobre sus vinculaciones con Ponce, que datan de la campaña electoral de 2006, cuando el exoficial de inteligencia de la Marina dice haber espiado al entonces candidato Ollanta Humala por encargo de García.

Llamil Vásquez
Redacción
FUENTE: LA PRIMERA PERU
Viernes 05 de agosto del 2011 Sigue leyendo →