Francia establece la mediación obligatoria como paso previo a la vía judicial en asuntos de familia

Francia establece la mediación obligatoria como paso previo a la vía judicial en asuntos de familia

Francia establece la mediación obligatoria como paso previo a la vía judicial en asuntos de familia

Luis Javier Sanchez
30 Julio, 2017

Desde el próximo 1 de septiembre y hasta el 31 de diciembre del 2019 Francia ha establecido una medida para impulsar la mediación a nivel familiar. Sin haber intentado la mediación no se admitirá dicha demanda. La medida se establecerá  en los juzgados de Bayona, Burdeos, Cherburgo, Nantes, Nimes, Montpellier, Pontoise, Saint Denis, Rennes, Tours y Evry.

Este protocolo de actuación se firmó el pasado 7 de julio ante la presencia de diferentes autoridades. CONFILEGAL ha pedido a varios expertos en mediación su valoración sobre esta medida y si su implantación en nuestro país podría ser el acicate para su difusión

Para Ana Criado, presidenta de la Asociación Madrileña de Mediadores (AMM) “hemos sabido que el pasado 11 de julio en el semanario Le Republicain se publicada una noticia en la que se indicaba que en el Tribunal de Primera instancia de Evry, al lado de París, se iba a desarrollar un programa piloto para el desarrollo de métodos extrajudiciales de resolución de conflictos. Esta medida ha sido muy comentada por los propios mediadores. Queremos que el Ministerio de Justicia y nuestros legisladores tomen nota de ella”, indica.

Ana Criado, presidenta de la Asociación Madrileña de Mediadores (AMM).

Esta iniciativa, indica Criado “se ampara en la ley gala de modernización de la justicia donde se indica la mediación previa obligatoria para aquellos litigios relacionados con la autoridad parental y las pensiones alimenticias. La idea que hay en el país vecino es que en diferentes poblaciones francesas, y en un periodo de tiempo que va entre el 1 de septiembre de este año hasta el 31 de diciembre del 2019, se establezca la mediación obligatoria. Sin ella no se podrá tramitar ninguna demanda”, advierte.

Habría que realizar algunas modificaciones en la Ley de Enjuiciamiento Civil para dotar a la mediación de la importancia que ahora no tiene

A juicio de esta mediadora, la apuesta de Francia por la mediación es seria y real. “no se trata de un mero acto administrativo sino que el acudir a la mediación se haga realmente para encontrar ese acuerdo”. Para la presidenta de AMM, los jueces franceses se dan cuenta que habrá asuntos que no lleguen a mediación, pero lejos de amilanarse por ello creen que las partes deben intentarlo y por lo menos reunirse una vez con un mediador para intentar lograr ese acuerdo extrajudicial”.

Nuestra interlocutora nos señala que no es la única medida aprobada en Francia para el fomento de la mediación “ en marzo del 2015 se aprobó el Decreto sobre la simplificación del procedimiento civil en la  comunicación electrónica y la resolución amistosa de conflictos; de esta forma se modificaba el artículo 56 del Código Civil francés para obligar al demandante a acreditar los esfuerzos de acudir a un procedimiento de mediación antes de la presentación de la demanda bajo sanción de nulidad en el caso de no hacerlo”.

Para Ana Criado” hay que seguir la línea de Francia e Italia que han apostado por la mediación.Necesitamos la colaboración de todos los agentes jurídicos para lograr este tipo de situaciones. Junto con ello habría que hacer varias reformas legislativas en nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil para dotar a la mediación de la importancia que ahora no tiene por desgracia”. En opinión de esta mediadora, en cuestión como modificaciones de medidas en divorcios o separaciones o cuestiones de pensiones alimenticias el sitio de la mediación es claro.

La estructura judicial dificulta la mediación

Pascual Ortuño es magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona y vicepresidente del Grupo Europeo de Magistrados Pro Mediación (GEMME), su valoración de este paso dado en Francia para que la mediación arraigue es claro “la experiencia de la mediación obligatoria en causas de familia del tribunal de Every (Francia) no es novedosa por cuanto se inscribe en la misma línea que un número significativo, casi de un 15 % por los tribunales franceses, está siguiendo desde hace años para intentar vencer la inercia que rechaza la mediación como método más indicado para la resolución de este tipo de procesos”.

Pascual Ortuño, magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona y vicepresidente del Grupo Europeo de Magistrados Pro Mediación (GEMME).

Al mismo tiempo señala que “tampoco es nueva en España. Los Juzgados de Primera Instancia de Barcelona ya acordaron una medida similar hace tres años, y las dos secciones de Familia de la propia Audiencia Provincial de Barcelona tienen implantado un plan piloto de derivación a la mediación en casos en los que existen conflictos en relación con los hijos”.

“La diferencia que existe es que en Francia, como en Holanda, Bélgica, Alemania, Portugal o Gran Bretaña, este tipo de prácticas se han establecido desde hace años por impulso de los tribunales, mientras que en España la obsoleta estructura judicial lo dificulta”, señala Ortuño.

Sería necesario introducir una reforma legal que permitiera a los jueces suspender los procesos para enviar a mediación

Ortuño crítico indica que “somos el único Estado de la Unión Europea que no tiene tribunales ni jueces especializados en familia. Los que se denominan así son juzgados ubicados en grandes ciudades a los que se reparten este tipo de asuntos, pero sin que exista una especialización de jueces, fiscales ni abogados en esta materia. Por otra parte, en más del 70 % del territorio estos procesos están encomendados a juzgados ordinarios mixtos, que llevan tanto penal como civil, y dentro de ésta ramo todo el derecho privado, a excepción del mercantil, que es la única especialización reconocida e implantada a nivel nacional”.

Al mismo tiempo indica la escasa relevancia de la mediación en nuestro país “Desde el CGPJ se está intentando potenciar la mediación con mucho entusiasmo, pero con escasa eficacia práctica porque los juzgados están tan saturados de trabajo que, aun cuando muchos jueces y juezas estarían dispuestos a potenciar la mediación de la misma forma que lo ha hecho el tribunal de Every, no se tiene tiempo material para dedicarse a derivar a mediación”.

 A su juicio “Hay que tener en cuenta que las experiencias de mediación obligatoria impuesta por ley, tal como se ha hecho en Italia y Argentina, tiene un efecto perverso, que es el de convertir el mecanismo en un trámite burocrático. Muchos compañeros nos dan cuenta de que este camino sirve a la larga para desprestigiar la mediación, más que para fomentarla”.

Ortuño cree que hace falta una reforma legal para implantar la mediación “además de las necesarias reformas legales en la estructura judicial, con la creación de la especialidad de familia, la creación de los tribunales colegiados de primera instancia (como el de Every) y de nuevas plazas judiciales, sería necesario introducir una reforma legal que permitiera a los jueces suspender los procesos para enviar a mediación, mas no en todos los casos, sino cuando concurran los indicadores que la aconsejan”.

Y al mismo tiempo considera que “esa facultad debe ir acompañada de la de imponer las costas a la parte que de forma no razonable se niegue a presente una actitud de no colaboración. Esta es la conclusión que hemos extraído de la experiencia piloto de dos años en la Audiencia de Barcelona, pero el desánimo es grande en los jueces que colaboramos en este empeño, pues las prometidas reformas no llegan”.

Ha llegado el momento de las medidas y dejar los debates

Rocío Sampere es la vicedecana del Colegio de Procuradores de Madrid s la coordinadora de IDM, un colectivo que en la actualidad agrupa 17 instituciones, todas ellas, colegios profesionales, agrupados en  www.hablamosdemediacion.es . Recuerda que desde “el año 2008 se debate en Europa sobre la mediación y su obligatoriedad.

En nuestro País antes no se daba el paso de hacer preceptiva la sesión informativa porque no se conocía el sistema y no había suficientes mediadores formados; había, sobre todo,  que conseguir que nuestros Jueces y Lajs confiaran en el sistema.  Ahora, ya con mediadores excepcionalmente formados, con registros, con ideales de calidad, no debería haber más debate, sino medidas”.

Rocio Sampere, vicedecana del Colegio de Procuradores de Madrid y actual coordinadora de IDM.

Debemos aspirar a un sistema “multipuertas” como en EEUU, apoyado en una legislación fuerte, donde  la justicia sea la última ratio

Para Sampere “es fundamental que el legislador siga en el camino de reformas legislativas que ordenen la sesión informativa como obligatoria, los mediadores podremos cobrar protagonismo y poner en marcha todas nuestras herramientas”.  A su juicio sería útil que hubiera alguna satisfacción para quien consiga acuerdos, o alguna medida para quienes no acudan a la sesión informativa, ahora se nos queda corto que solo haya condena en costas para el caso de allanamiento, quizás también como en RU debería haber condena en costas para quien no acuda a la sesión informativa sin justa razón”.

Respecto a lo que se anuncia en nuestro país vecino, Francia, nuestra interlocutora indica que “Han abierto de nuevo el debate. -que no es nuevo para nosotros-, establecen en asuntos de familia una sesión informativa gratuita para que las partes conozcan que existe el camino del acuerdo, en temas de familia garantizar el cumplimiento de las medidas acordadas es esencial, y se consigue sobre todo porque las partes acuerdan lo que pueden y quieren cumplir, el mediador vigila que sean acuerdos equilibrados pero reales.

En su opinión “buscamos todos una sociedad adulta y responsable, que no sature los Juzgados ni llene de insatisfacción al ciudadano por la dilación, el coste y por el incumplimiento de sentencias. Un sistema “multipuertas” de sobra conocido en EEUU, que tiene que venir de la mano de una legislación fuerte, que ordene que la justicia sea la última ratio, y que estimule el sistema, premiando los acuerdos y sancionando las conductas de quienes utilicen los tribunales como un sistema dilatorio, y por supuesto no se debe permitir la mediación gratuita, salvo en casos especiales recogidos por ley”.

Sobre los mediadores y su cualificación profesional recuerda que “deben acceder como dice nuestra ley 5/2012 por sistemas objetivos y transparentes. Se precisa una evaluación de los programas pilotos realizados y conocer la eficacia en el sistema de designaciones. Un servicio eficaz se logra con una libertad de mercado, los que no sean eficientes desaparecerán. Y después y siempre seguir evaluando”.

Un camino necesario

Para Fernando Prieto, notario y patrono de la Fundación Signum “la reciente iniciativa legal en Francia, al establecer como requisito previo a la interposición de ciertas demandas en materia de familia un intento de mediación, es una nueva oportunidad para la reflexión entre nosotros. Iniciativas como ésta se justifican a partir de un hecho comprobado: la mediación como medio de resolución de disputas jurídicas necesita para su difusión de políticas públicas activas, pues en otro caso su despegue es demasiado lento y se pierde la oportunidad de disfrutar de sus beneficios”.

Fernando R. Prieto, notario y patrono de la Fundación Signum.

Para Prieto hay diferentes barreras e inercias fuertes para ser superadas fácilmente como la tendencia a la escalada de la hostilidad en los conflictos, la necesidad de una de las partes que siente la necesidad a que un juez les dé la razón; la dificultad de entender lo que es la mediación, sus técnicas y objetivos y porque puede ser eficaz o el arraigo reduccionista que señala que el ámbito esencial de actuación de los abogados es el de los tribunales ,al igual que el recelo de muchos letrados a pensar que en la mediación se prescinde de ellos o perjudica a sus intereses económicos”.

En este contexto en su opinión “la única forma de revertir de forma rápida y eficaz esa tendencia perniciosa es la promoción de la mediación con medidas que permitan tener una experiencia directa de sus grandes posibilidades. Y la más eficaz de ellas en los países de nuestro entorno ha sido el establecimiento de esta necesidad de sesiones previas a la demanda. Medida que en ellos ha permitido reducir sustancialmente el número de procesos contenciosos y limitarlos a los casos en los que éstos son verdaderamente necesarios”.

Establecer obligatoria la sesión previa o informativa ha permitido en muchos países reducir sustancialmente el número de procesos contenciosos en los últimos meses

Prieto señala que “es preciso destacar que la experiencia británica en juicios de familia demuestra que no basta para superar las indicadas barreras con exigir que quien se plantee demandar se informe unilateralmente de esta opción. La adecuada comprensión de la potencial utilidad de la mediación para superar situaciones bloqueadas y dificultades de comunicación entre los involucrados exige algo más. Y ese es el camino que ha empezado a transitar Francia”.

Sobre cómo adaptar esa obligación en nuestro país indica que “se podría imponerse progresivamente en España en diversas materias que son especialmente adecuadas para la mediación. De tal forma que se vaya así extendiendo el conocimiento y generando un cambio hacia mejores costumbres sociales y jurídicas. A la vez que, con la práctica, irían formándose mejor los mediadores.

Desde luego, “los conflictos familiares, de los que pueden resultar graves daños en menores afectados, resultan un campo idóneo para el establecimiento de medidas en esa línea.Junto con otros como los conflictos hereditarios y entre socios, que también generan grandes pérdidas económicas y sociales”.

El uso de la mediación genera valores añadidos importantes “los involucrados, como ha ocurrido en aquellos países, en la gran mayoría de los casos tendrán buenos motivos para agradecer el haber tenido con esas medidas la oportunidad de sostener un diálogo mucho más productivo para la resolución de sus propias dificultades y disputas. Y en buen número de casos, podrán alcanzar, gracias a la mediación, soluciones mucho más profundas, duraderas y satisfactorias que las que las sentencias, con su pura aplicación de la Ley, pueden ofrecer”.

FUENTE: https://confilegal.com/20170730-francia-establece-la-mediacion-obligatoria-como-paso-previo-a-la-via-judicial-en-asuntos-de-familia/

 

Aprueban Directiva General “Lineamientos para la prestación del Servicio de Conciliación Administrativa” RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 094-2017-TR

Aprueban Directiva General “Lineamientos para la prestación del Servicio de Conciliación Administrativa” RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 094-2017-TR

Lima, 23 de mayo de 2017

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MODIFICAN DECRETO 37/2012 REGLAMENTO DE LEY 1/2009, LEY DE MEDIACION FAMILIAR EN ANDALUCIA

El artículo 39 de la Constitución Española encomienda a los poderes públicos la protección social, económica y jurídica de la familia, así como la protección integral de los hijos e hijas cualquiera que fuese su filiación.

A su vez, el Estatuto de Autonomía para Andalucía garantiza en su artículo 17 la protección social, jurídica y económica de la familia, y en su artículo 61.4 dispone que corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de promoción de las familias y de la infancia, que, en todo caso, incluye las medidas de protección social y su ejecución. Por su parte, el artículo 150 de dicha norma fundacional determina que la Junta de Andalucía podrá establecer los instrumentos y procedimientos de mediación y conciliación en la resolución de conflictos en las materias de su competencia.

En ejercicio de tales competencias se aprobó la Ley 1/2009, de 27 de febrero, reguladora de la Mediación Familiar de Andalucía, configurando a la mediación como un procedimiento de gestión de conflictos en el que las partes enfrentadas acuerdan voluntariamente que una tercera persona cualificada, imparcial y neutral les ayude a alcanzar por sí mismas un acuerdo, que les permita resolver el conflicto que las enfrenta, sin necesidad de someterlo a una autoridad judicial.

La citada Ley 1/2009, de 27 de febrero, incluye no sólo supuestos derivados de situaciones de separación, ruptura de pareja o divorcio, sino que contiene también otras situaciones generadoras de conflicto en el seno de la familia y a las que se puede dar respuesta con la mediación familiar, tales como los conflictos intergeneracionales y los conflictos relacionados con la persona acogida o adoptada.

Asimismo, debe destacarse el papel preponderante que dicha Ley otorgaba a la persona mediadora, cuyo perfil profesional y requisitos viene a definir, así como su actuación, que ha de quedar sujeta a principios de imparcialidad, neutralidad y confidencialidad.

De otro lado, el proceso de mediación se inspira en el principio de voluntariedad de las partes para acceder a la mediación, el respeto al interés superior de las personas menores de edad y de las personas en situación de dependencia, la buena fe en todas las partes, los intervinientes y la flexibilidad del procedimiento.

Destaca también la creación y puesta en funcionamiento del Registro de Mediación Familiar como pieza clave de todo el sistema de mediación, mediante el que se dota de seguridad jurídica al reconocimiento de la condición profesional de persona mediadora, ofrece información de las personas inscritas y sirve de cauce para la gestión del sistema de turnos, indispensable para la mediación familiar incluida en el beneficio de la mediación familiar gratuita.

En desarrollo de la Ley 1/2009, de 27 de febrero, se aprueba el Decreto 37/2012, de 21 de febrero, que regula de forma detallada la organización y funcionamiento del Registro de Mediación Familiar de Andalucía, el procedimiento de inscripción y las causas de cancelación, el régimen de acceso, la publicidad de su contenido, la formación que deben poseer las personas mediadoras inscritas en el Registro de Mediación Familiar de Andalucía, así como las condiciones y requisitos económicos para la gratuidad de la mediación familiar, aprobándose, en desarrollo de lo establecido en el Decreto 37/2012, de 21 de febrero, la Orden de 16 de mayo de 2013, por la que se establecen los contenidos mínimos de la formación específica de las personas mediadoras; la Orden de 16 de mayo de 2013, por la que se regulan las tarifas aplicables en los procedimientos de mediación familiar gratuita y el sistema de turnos, y la Orden de 16 de mayo de 2013, por la que se aprueban los modelos de solicitud de inscripción básica, modificación, prórroga y cancelación en el Registro de Mediación Familiar de Andalucía, de designación de persona mediadora y de mediación familiar gratuita y el documento de aceptación del proceso de mediación.

De otra parte, la Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas, lleva a cabo en su Título I las reformas legislativas necesarias para la adaptación a la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, incluyendo, entre otros, los regímenes de autorización que, estando regulados mediante normas con rango de ley, pasan a simplificarse mediante su sustitución por los instrumentos de declaración responsable, comunicación o libre acceso, tal como ocurre con la Ley 1/2009, de 27 de febrero.

Las modificaciones introducidas en el ordenamiento jurídico por las Leyes 20/2013, de 9 de diciembre, y3/2014, de 1 de octubre, que han implicado igualmente la modificación de la Ley 1/2009, de 27 de febrero, hacen que ya no sea obligatoria la inscripción de las personas mediadoras en el Registro de Mediación Familiar de Andalucía, por lo que cualquier profesional que quiera desarrollar dicha actividad puede ejercerla sin la necesidad de solicitar su inscripción en el mismo, de acuerdo con los principios de transparencia y no discriminación.

Además de las modificaciones operadas por las citadas leyes y también de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, y demás disposiciones en desarrollo de la misma, ha quedado afectado tanto el carácter y naturaleza del Registro de Mediación Familiar de Andalucía, que pasa a tener un carácter declarativo, como a las titulaciones requeridas para acceder a dicho registro público, ampliándose a cualquier tipo de titulación oficial universitaria, título de licenciatura, diplomatura, grado, o de formación profesional superior.

Se ha considerado, por lo demás, la conveniencia de exigir una formación más amplia para aquellos supuestos de personas mediadoras que soliciten su inscripción en el registro de mediación familiar no sólo a los efectos declarativos sino para adscribirse también al sistema de turnos, y ello porque al considerar el mismo como un servicio público se estima pertinente elevar las condiciones que garanticen una formación específica, adecuada y profesional de aquellas personas que deseen prestar dicho servicio.

Razones de urgencia, basadas en la resolución del conflicto familiar, aconsejan una reducción del plazo general para que la persona mediadora propuesta manifieste si puede o no iniciar el procedimiento de designación, que queda concretado en el nuevo artículo 13.3 en un plazo que pasa de diez a cinco días hábiles, contados desde la recepción de la comunicación de designación.

Por tanto, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, el presente Decreto se atiene a la modificación producida por la Ley 3/2014, de 1 de octubre, al variar de forma sustancial el marco legal de la mediación familiar, con la consiguiente inclusión de una nueva disposición adicional respecto a la trascendencia y ejecutividad de los acuerdos de mediación, una modificación del ámbito subjetivo de aplicación, así como de la formación de las personas mediadoras, de las solicitudes de inscripción y de los requisitos económicos para la gratuidad de la mediación familiar.

En su virtud, de conformidad con lo establecido en el artículo 27.9 de la Ley 6/2006, de 4 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y la disposición final primera de la Ley 1/2009, de 27 de febrero, a propuesta de la Consejera de Igualdad y Políticas Sociales, de acuerdo con el Consejo Consultivo de Andalucía y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 23 de mayo de 2017,

DISPONGO

Artículo único Modificación del Decreto 37/2012, de 21 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 1/2009, de 27 de febrero, reguladora de la Mediación Familiar en la Comunidad Autónoma de Andalucía

El Decreto 37/2012, de 21 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 1/2009, de 27 de febrero, queda modificado como sigue:

Uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 2 del Reglamento, que queda redactado de la siguiente forma:

«1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18.2 de la Ley 1/2009, de 27 de febrero, a los efectos de publicidad, información y, en su caso, de adscripción al sistema de turnos para la mediación familiar, podrán solicitar la inscripción en el Registro de Mediación Familiar de Andalucía quienes reúnan los requisitos establecidos en este Reglamento.»

Dos. Se modifica el título del Capítulo II del Reglamento, que queda redactado de la siguiente forma:

«Formación de las personas mediadoras para la inscripción en el Registro de Mediación Familiar de Andalucía.»

Tres. Se modifica el artículo 5 del Reglamento, que queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 5 Formación de las personas mediadoras para la inscripción en el Registro de Mediación Familiar de Andalucía

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 13.1 de la Ley 1/2009, de 27 de febrero, las personas mediadoras que deseen inscribirse en el Registro de Mediación Familiar de Andalucía deberán estar en posesión de un título oficial universitario, título de licenciatura, diplomatura, grado, o de formación profesional superior.

2. Asimismo, deberán contar con una formación específica en mediación familiar desde un enfoque interdisciplinar de carácter educativo, social, psicológico y jurídico cuya duración será diferente, según la solicitud de inscripción se realice a los efectos de publicidad e información exclusivamente o, también, a los efectos de adscripción al sistema de turnos.

a) En el supuesto de aquellas personas que se inscriban a los efectos de publicidad e información, la formación específica deberá consistir en haber superado un curso con una duración no inferior a 100 horas lectivas o su equivalente en el Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos (ECTS), de las cuales al menos 35 horas tendrán carácter práctico.

Asimismo, para la inscripción en el Registro de Mediación Familiar de Andalucía en este supuesto, se considerará como válida la certificación oficial de la inscripción en el Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación. De igual forma y, a los mismos efectos establecidos, será válida la certificación oficial de un registro de mediación u órgano equivalente de cualquier otra comunidad autónoma o Estado miembro de la Unión Europea.

b) En el supuesto de aquellas personas que en su caso deseen formar parte del sistema de turnos deberán contar con una formación específica con una duración no inferior a 300 horas lectivas, o su equivalente en el Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos (ECTS), de los cuales al menos 60 horas tendrán un contenido de carácter práctico.

A tales efectos, podrán adscribirse al sistema de turnos para la mediación familiar las personas mediadoras inscritas en el Registro de Mediación Familiar de Andalucía en virtud de lo establecido en la Disposición transitoria única del Decreto 37/2012, de 21 de febrero, relativa a la habilitación de las personas mediadoras.

3. Las personas mediadoras inscritas en el Registro de Mediación Familiar de Andalucía deberán realizar una o varias actividades de formación continua en materia de mediación, de carácter eminentemente práctico, al menos cada cinco años, las cuales tendrán una duración total mínima de 20 horas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles.

4. La acreditación de la formación específica y continua se realizará mediante el correspondiente documento expedido por la entidad en que se haya recibido la misma, pudiendo ser impartida por universidades, colegios profesionales, entidades o centros públicos o privados, así como por entidades públicas y privadas extranjeras. Los documentos acreditativos de la formación deberán estar legalizados de acuerdo con la normativa de aplicación así como traducidos, en su caso, de forma oficial al castellano.

5. Las instituciones, entidades o centros deberán acogerse a los requisitos establecidos en el presente artículo, así como a lo dispuesto en la normativa legal vigente que regula tanto los contenidos mínimos de formación de las personas mediadoras, como las exigencias organizativas, funcionales y de cualificación del profesorado aplicables a los centros o entidades recogidos en el apartado anterior.

6. El contenido práctico tanto de la formación específica como de la formación continua se fundamentará en una metodología de carácter vivencial, que incluirá ejercicios prácticos, la simulación de casos o prácticas tutorizadas.

7. En el supuesto de que las formaciones específica y continua se planifiquen y expresen en créditos ECTS, se tendrá en cuenta que cada hora lectiva equivale a 2,5 horas ECTS.

8. En el dorso del certificado acreditativo de la formación que se expida deberá constar el programa formativo con la distribución de horas lectivas y prácticas, indicando su correspondencia, en su caso, con los créditos, así como una reseña de la metodología teórico-práctica, especificando, si así fuere, la realización de prácticas tutorizadas, simulaciones o casos prácticos.»

Cuatro. Se modifica el artículo 8 del Reglamento, que queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 8 Organización y funcionamiento del Registro de Mediación Familiar

1. El Registro de Mediación Familiar de Andalucía constará de dos secciones:

  • a) Sección de personas mediadoras, en la que podrán ser incluidas aquellas personas que cumplan los requisitos exigidos por el artículo 13 de la Ley 1/2009, de 27 de febrero, y en el artículo 5 de este Reglamento.
  • b) Sección de equipos de personas mediadoras, en la que quedarán incluidos los equipos formados por al menos tres personas mediadoras que, cumpliendo los requisitos exigidos en el artículo 14 de la Ley 1/2009, de 27 de febrero, se agrupen entre sí con el objeto de fomentar la colaboración interdisciplinar entre profesionales.

2. El Registro de Mediación Familiar de Andalucía se instalará en soporte informático, en el que se practicarán todas las inscripciones.

3. La inscripción en el Registro de Mediación Familiar de Andalucía tendrá una vigencia de cinco años que se contará a partir de la fecha de la inscripción en el mismo.

Esta inscripción quedará prorrogada por el mismo período de cinco años cuando la persona mediadora acredite antes de la fecha de finalización del período de vigencia, el cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 3 del artículo 5. En otro caso quedará sin efecto la inscripción y se procederá a su cancelación de oficio.

Las solicitudes de prórroga deberán presentarse antes de la fecha de caducidad de la inscripción. Transcurrido el plazo de caducidad de la inscripción sin haberse solicitado la prórroga o sin que se haya llevado a efecto la acreditación de los requisitos previstos para la misma, procederá la cancelación de la inscripción.

4. Para segunda o ulteriores inscripciones será requisito indispensable aportar, junto con la correspondiente solicitud de inscripción, de conformidad con lo exigido en el apartado 3 del artículo 5, la acreditación de una o varias actividades de formación continua en materia de mediación, de carácter eminentemente práctico, las cuales tendrán una duración total mínima de 20 horas realizadas en los cinco años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de la nueva inscripción.

5. En el supuesto de que la persona mediadora solicite su baja en el Registro de Mediación Familiar ésta se realizará de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11 y 12. Del mismo modo se actuará cuando se trate de una solicitud de baja de un equipo de personas mediadoras o de alguna de las personas que lo integran.

6. La información contenida en el Registro tiene la consideración de datos de carácter personal y en consecuencia, serán recogidos, tratados y custodiados conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y su normativa de desarrollo.»

Cinco. Se modifica el artículo 10 del Reglamento, que queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 10 Solicitudes de inscripción o prórroga

1. Las solicitudes de inscripción o prórroga en el Registro de Mediación Familiar de Andalucía se dirigirán a la Delegación Territorial de la Consejería competente en materia de familias, correspondiente al domicilio designado a efectos de notificaciones por la persona solicitante, sin perjuicio de lo establecido por el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; así como por lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

2. Para aquellas personas mediadoras que no tengan domicilio a efectos de notificaciones en la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Delegación Territorial de la Consejería competente en materia de familias será aquella a donde se dirija la solicitud de inscripción en el Registro de Mediación Familiar de Andalucía.

3. Para la inscripción en el Registro deberá acreditarse el cumplimiento de los siguientes requisitos:

  • a) Identificación personal.
  • b) Titulación académica, conforme a lo establecido en el artículo 13.1 de la Ley 1/2009, de 27 de febrero.
  • c) Documentación acreditativa de la formación. La acreditación de la formación en mediación familiar se llevará a cabo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del presente Reglamento.
  • d) Póliza de seguro de responsabilidad civil profesional, o garantía equivalente, suscrita por la persona mediadora. En el caso de aquellos o aquellas profesionales que, para el ejercicio de su actividad profesional ya cuenten con un seguro de responsabilidad civil, deberán aportar copia de la póliza en vigor.

4. Mediante Orden de la Consejería competente en materia de familias se aprobará el modelo de solicitud de inscripción o prórroga en el Registro de Mediación Familiar, regulándose la documentación que deberá acompañarse a la solicitud.»

Seis. Se modifica el artículo 11 del Reglamento, que queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 11 Modificación y cancelación registral

1. Las inscripciones obrantes en el Registro de Mediación Familiar de Andalucía podrán ser modificadas o canceladas a instancia de parte, o de oficio.

2. Las personas mediadoras están obligadas a comunicar al Registro de Mediación Familiar de Andalucía, en el plazo de quince días, cualquier variación que se produzca en relación con los datos aportados y que suponga la modificación de los que consten en el Registro o la cancelación de la inscripción en el mismo. Su incumplimiento podrá suponer la incoación del correspondiente expediente sancionador, de conformidad con lo establecido en el Capítulo V de la Ley 1/2009, de 27 de febrero, y la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

3. Las inscripciones de personas mediadoras en el Registro de Mediación Familiar de Andalucía se cancelarán por los siguientes motivos:

  • a) Por fallecimiento o declaración de incapacidad de la persona física.
  • b) Por cese de la actividad.
  • c) A petición de la persona mediadora inscrita, que deberá ser formulada con un plazo de antelación mínimo de un mes a la fecha prevista de la baja definitiva para aquellos casos en que se encuentren adscritos al sistema de turnos. En estos supuestos, y con carácter previo a la resolución de baja, la persona mediadora estará obligada a finalizar las mediaciones que tenga pendientes, salvo supuestos de imposibilidad manifiesta.
  • d) Por incumplimiento sobrevenido de las condiciones o requisitos exigidos para la inscripción.
  • e) Por incumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 3 del artículo 8 de este Reglamento para la prórroga de la inscripción.
  • f) Cualquier otra causa que determine la imposibilidad, sea física o jurídica, de continuar en la prestación de la actividad.

4. Las solicitudes de modificación o cancelación en el Registro de Mediación Familiar de Andalucía se dirigirán a la Delegación Territorial de la Consejería competente en materia de familias, correspondiente al domicilio designado a efectos de notificaciones por la persona solicitante, sin perjuicio de lo establecido por el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, así como por lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.

5. Para aquellas personas mediadoras que no tengan domicilio a efectos de notificaciones en la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Delegación Territorial de la Consejería competente en materia de familias será aquella a donde se dirija la solicitud de modificación y cancelación en el Registro de Mediación Familiar de Andalucía.

6. Mediante Orden de la Consejería competente en materia de familias se aprobarán los modelos de solicitudes de modificación y cancelación en el Registro de Mediación Familiar de Andalucía, regulándose la documentación a aportar en el momento de presentación de la solicitud.»

Siete. Se modifica el apartado 3 del artículo 12 del Reglamento, que queda redactado de la siguiente forma:

«3. El plazo para dictar y notificar la resolución será de tres meses, contado desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación. Transcurrido el plazo mencionado sin que hubiera recaído y se hubiera notificado la resolución expresa, las solicitudes podrán entenderse estimadas, sin perjuicio del deber de resolución expresa que corresponde a la Administración.»

Ocho. Se modifica el artículo 13 del Reglamento, que queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 13 Sistema de turnos para la mediación familiar

1. La Delegación Territorial de la Consejería competente en materia de familias establecerá un sistema de turnos para las personas mediadoras inscritas en el Registro de Mediación Familiar de Andalucía, que así lo soliciten, cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 5.2.b) y cuenten con domicilio profesional para el ejercicio de la mediación familiar en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2. Las personas mediadoras que formen parte del turno para la mediación familiar estarán obligadas a participar en los procesos de mediación familiar para los que hayan sido designadas, salvo que exista causa de abstención o recusación según lo previsto en el artículo 17 de la Ley 1/2009, de 27 de febrero.

3. De conformidad con lo establecido en el artículo 20.2, la persona mediadora propuesta tendrá un plazo de cinco días hábiles contados desde la recepción de la comunicación de designación, para comunicar al órgano encargado del Registro si puede iniciar o no, el proceso de mediación familiar.

4. En el supuesto de que la persona mediadora designada no inicie, no continúe su intervención en el proceso o, en su caso, no comunique su disposición en el plazo anteriormente establecido, pasará a ocupar el último lugar en el correspondiente turno, designándose en este caso a la siguiente persona mediadora que corresponda, sin perjuicio de la incoación del correspondiente expediente sancionador. No obstante lo anterior, la persona mediadora podrá mantener su posición cuando la causa alegada se estime justificada por la Delegación Territorial de la Consejería competente en materia de familias.

5. Contra las resoluciones dictadas en esta materia por la Delegación Territorial de la Consejería competente en materia de familias, podrá interponerse recurso de alzada ante la persona titular de dicha Consejería conforme a lo dispuesto en los artículos 112, 121 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.»

Nueve. Se modifica el artículo 18 del Reglamento que queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 18 Requisitos económicos para la gratuidad de la mediación familiar

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.1 de la Ley 1/2009, de 27 de febrero, se reconocerá el derecho a la mediación familiar gratuita a aquellas personas físicas que cuenten con unos recursos e ingresos económicos brutos, computados anualmente por todos los conceptos y por unidad familiar, que no superen los umbrales establecidos en los apartados a), b) y c) del artículo 3.1 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, vigentes al momento de efectuar la solicitud.

2. Constituyen modalidades de unidad familiar las siguientes:

  • a) La integrada por los cónyuges no separados legalmente o por las parejas de hecho inscritas en el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de Andalucía y, si los hubiere, los hijos e hijas menores con excepción de los que se hallaren emancipados.
  • b) La formada por el padre, la madre o ambos y los hijos e hijas menores con excepción de los que se hallaren emancipados.
  • c) La formada por el padre, la madre o ambos y los hijos e hijas mayores de edad, siempre y cuando exista dependencia económica respecto de sus progenitores, debiendo estar dicha dependencia debidamente acreditada, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.1.c) del Real Decreto 1621/2005, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección a las familias numerosas.

3. Se procederá al reconocimiento excepcional del derecho a la mediación familiar gratuita en los siguientes casos:

4. A los efectos de comprobar la insuficiencia de recursos se tendrán en cuenta las rentas y otros bienes patrimoniales o circunstancias que declare la persona solicitante, sin perjuicio de que el órgano competente pueda acreditarlo por otros medios fundados en derecho.

La circunstancia de ser la persona solicitante propietaria de la vivienda en que resida habitualmente, no constituirá por sí misma obstáculo para el reconocimiento del derecho.

La solicitud para la concesión del beneficio de la mediación familiar gratuita implicará la autorización para que el órgano competente recabe a las Administraciones, Registros públicos u organismos públicos competentes la información que resulte necesaria para comprobar la capacidad económica de las personas solicitantes, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.

En todo caso, se podrán recabar los datos de renta y patrimonio de la Agencia Tributaria, así como los facilitados por el Catastro Inmobiliario, en relación a los valores catastrales de las fincas rústicas y urbanas pertenecientes a personas solicitantes, excluida la vivienda habitual.

5. Los medios económicos podrán, sin embargo, ser valorados individualmente, cuando la persona solicitante acredite la existencia de intereses contrapuestos en el litigio para el que se solicita la asistencia.»

Diez. Se modifica el apartado 2 del artículo 20 del Reglamento, que queda redactado de la siguiente forma:

«2. Una vez efectuada la propuesta de designación y antes de dictar la resolución, dicha propuesta se pondrá de manifiesto a las partes y a la persona mediadora a fin de que puedan presentar las alegaciones que estimen convenientes. Por razones de urgencia, basadas en la resolución del conflicto familiar, el plazo que se concederá será por término de cinco días hábiles.»

Once. Se añade un apartado 3 en el artículo 21 del Reglamento, que queda redactado de la siguiente forma:

«3. De conformidad con los artículos 2 y 9 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el o la menor tiene derecho a ser oído y escuchado sin discriminación alguna por edad, discapacidad o cualquier otra circunstancia en el proceso de mediación en el que esté afectado y que conduzca a una decisión que incida en su esfera personal, familiar o social, teniéndose debidamente en cuenta sus opiniones, en función de su edad y madurez. Para ello, el o la menor deberá recibir la información que le permita el ejercicio de este derecho en un lenguaje comprensible, en formatos accesibles y adaptados a sus circunstancias.»

Doce. Se modifica el apartado 4 del artículo 24 del Reglamento, que queda redactado de la siguiente forma:

«4. El acta inicial será firmada por todas las partes en conflicto y por la persona mediadora como prueba de conformidad, la cual entregará copia de la misma a cada una de las partes. Asimismo, la persona mediadora remitirá una copia a la Delegación Territorial de la Consejería competente en materia de familias en un plazo no superior a diez días.»

Trece. Se suprime la letra k) del artículo 31 del Reglamento.

Catorce. Se modifica el artículo 32 del Reglamento, que queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 32 Régimen general de remisión a la normativa en materia sancionadora

En cuanto al régimen sancionador, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Capítulo V de la Ley 1/2009, de 27 de febrero, y en lo no previsto en esta Ley, se estará a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y en las demás normas reglamentarias de aplicación.»

Quince. Se añade una nueva disposición adicional tercera al Decreto, que tendrá el siguiente contenido:

«Disposición adicional tercera Trascendencia procesal de la mediación

Para su trascendencia procesal y ejecutividad, el proceso de mediación deberá ajustarse a las disposiciones y requisitos de procedimiento establecidos en la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles

Disposición transitoria única Procedimiento de mediación familiar en curso

1. Las solicitudes de los procedimientos de mediación familiar, presentadas con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto, se tramitarán y resolverán de acuerdo con la normativa vigente en el momento de su presentación.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior a las personas mediadoras ya inscritas a la entrada en vigor de este Decreto se les aplicará el plazo de cinco años para acreditar su formación continua, según lo dispuesto en el artículo 5.3 del Reglamento, a contar desde la fecha de su inscripción en el registro de mediación familiar o de la última de sus prórrogas.

Disposición derogatoria única

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo previsto en este Decreto.

DISPOSICIONES FINALES

Disposición final primera Desarrollo y aplicación

Se faculta a la Consejera de Igualdad y Políticas Sociales para que, en el ámbito de sus competencias, dicte cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación del presente Decreto.

Disposición final segunda Entrada en vigor

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

FUENTE:

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/598154-d-65-2017-de-23-may-ca-andalucia-modifica-el-d-37-2012-de-21-feb-que-aprueba.html