Archivo de la categoría: MEDIACION

Todo sobre mediacion, legislacion, doctrina, jurisprudencia y noticias.

EMBAJADA AMERICANA NEGOCIA CON ESPAÑA, PISSARRO POR TESOROS DEL BARCO LAS MERCEDES

[Visto: 612 veces]

Cambiamos tesoro por ‘pissarro’
La embajada se ofreció a resolver el conflicto que España mantenía con la empresa de cazatesoros Odyssey por 500.000 monedas de plata.- Pidió a cambio un cuadro del Thyssen arrancado por los nazis a la familia de un ciudadano estadounidense

GRAFICO – El Pais – 08-12-2010
Álvaro de Cózar: “EE UU ofreció una solución al ‘caso Odyssey’ a cambio de un cuadro de Pisarro”

El periodista de EL PAíS habla de las negociaciones entre la Embajada de EE UU y España por la polémica Odyssey. –

En mayo de 2007, la empresa estadounidense Odyssey Marine Exploration anunció el hallazgo de un tesoro de 500.000 monedas de plata en un lugar indeterminado del océano Atlántico. Aunque la compañía bautizó el descubrimiento con el nombre en clave de Black Swan (Cisne Negro), los funcionarios del Ministerio de Cultura sospecharon desde un principio que tras esas dos palabras se escondía La Mercedes, un barco español hundido por la flota británica en 1804 frente a las costas del Algarve, en Portugal. A partir de ahí se inició un conflicto que todavía continúa en los juzgados y que la Embajada de Estados Unidos tuvo que tratar en varias ocasiones con España.

Un año después de que los responsables de Odyssey mostraran al mundo cientos de contenedores cargados de doblones, los diplomáticos estadounidenses decidieron lanzar una propuesta a las autoridades españolas para arreglar el problema: la embajada trataría de buscar una solución al conflicto con la compañía cazatesoros, pero a cambio pedía que el Museo Thyssen devolviera un cuadro de Pissarro arrancado por los nazis a la familia de un ciudadano estadounidense de origen judío llamado Claude Cassirer.

La propuesta se hace el 30 de junio de 2008. El embajador Aguirre se la expone al ministro César Antonio Molina de forma indirecta, en un lenguaje muy diplomático, según da cuenta el redactor del cable enviado al Departamento de Estado: “El embajador señaló que, si bien los casos de Odyssey y Cassirer son diferentes temas legales, es interés de ambos Gobiernos hacer uso de cualquier margen de maniobra que sea posible para resolver los dos asuntos de una manera que favorezca las relaciones bilaterales entre ambos países”.

Molina capta la idea pero la rechaza. Así se relata en el telegrama: “El ministro escuchó atentamente el mensaje del embajador pero subrayó el hecho de que son casos distintos. Dijo que ningún Gobierno español podría devolver el cuadro sin una decisión judicial”.

Las dos historias, la de Odyssey y la del cuadro de Pissarro, ocupan varios cables que la Embajada en Madrid envía a Estados Unidos. El primer caso se había convertido ya en un dolor de cabeza para los responsables del Ministerio de Cultura, que insistían en obtener de la embajada pruebas de que la importación del tesoro se había hecho ilegalmente. “Consideramos que la información facilitada podría probar que los materiales en cuestión fueron sacados de un barco de guerra de la Armada Española del siglo XIX y que pertenecen al Tesoro de España”, asegura una nota del ministerio traducida por la embajada en un cable del 10 de octubre de 2007.

El cuadro de Pissarro

La otra historia, la del cuadro de Pissarro, se remonta a 1897. El pintor francés plasma en un lienzo el efecto de la lluvia sobre el pavimento parisiense de la Calle Saint Honoré a mediodía (Rue Saint Honoré aprê-midi). No se sabe cómo, ese cuadro llega a la sala de estar de Lily Cassirer, en su casa de Múnich. En 1939, más de 78.000 judíos abandonan Alemania. Los nazis les confiscan objetos de valor o bien los compran por muy poco dinero a cambio de salvoconductos para salir del país. El cuadro de Pissarro, vendido a un marchante de arte del partido nazi por 900 marcos, es la llave para que Lily Cassirer se marche hacia Inglaterra. La Gestapo subastó la pintura en 1943. En 1958, el Gobierno alemán indemnizó a Lily con 60.000 euros y la reconoció como propietaria legítima. La mujer murió con el dinero pero sin recuperar el cuadro. En 1975, el pissarro reaparece en la galería Stephen Hahn de Nueva York. El barón Thyssen-Bornemisza se hace con él y en 1992, con la apertura del Museo Thyssen, el óleo se expone por primera vez en Madrid. Al año siguiente, la obra es adquirida por la fundación del mismo nombre, constituida por el Estado español y la familia Thyssen-Bornemisza, que recibió 327 millones de dólares para que la colección pasase a formar parte del Estado.

En el año 2000, Claude Cassirer, nieto de Lily, se entera de que el cuadro que estaba en la salita de su abuela se exponía en una de las pinacotecas más importantes del mundo. Cassirer, activista político y vinculado al Partido Demócrata, empieza a mover sus hilos en 2001. Su primera petición es a la ministra de Educación, Cultura y Deportes, Pilar del Castillo. En julio de 2003, cinco congresistas estadounidenses escriben a la ministra solicitando la devolución del cuadro a su propietario original.

A partir de entonces, no hay ministro al que la Embajada no le mencione la historia del pissarro. Cables de la Embajada de Estados Unidos en Madrid (del año 2005 al 2009) así lo demuestran. El asunto se convierte en uno de los temas más repetidos en las reuniones de los embajadores con los responsables del Gobierno español. En 2005, el embajador O’Donnell, enviado especial para asuntos del Holocausto, se reúne con Ana Salomon Pérez, embajadora en misión especial para las relaciones con la comunidad y organizaciones judías. “Salomon dice que el Gobierno ha hablado con el museo sobre este tema y aventura que no se resolverá fácilmente”, asegura el despacho del 17 de julio 2005. Ese mismo año, O’Donnell se reúne con la ministra de entonces, Carmen Calvo. La ministra explica que, aunque el Gobierno tiene la responsabilidad sobre el patrimonio de la Fundación Thyssen, no puede tomar ninguna decisión unilateral. Ese mismo cable, del 18 de noviembre de 2005, concluye con esta frase: “La embajada seguirá presionando al Gobierno español en la conveniencia de que la Fundación se reúna con la familia para resolver la reclamación”.

Así lo hacen los diplomáticos estadounidenses, que no desaprovechan ninguna ocasión para tratar de convencer al Gobierno español. En febrero de 2008, la embajada emite un despacho dirigido al senador Joseph Lieberman, candidato a vicepresidente del partido demócrata en las elecciones que Al Gore perdió frente a George W. Bush, en 2000, y que prepara entonces una visita a España. “Durante su conversación con la embajadora Ana Salomon, quizás quiera usted mencionar el asunto de la reclamación de Claude Cassirer por el cuadro de Camille Pissarro, ahora en el Thyssen”, sugieren los diplomáticos en el telegrama de 2 de enero de 2008.

Voluntad de reunirse

Meses después, el embajador Aguirre sugiere a César Antonio Molina solucionar el caso Odyssey a cambio del pissarro. Lo único que consigue de Molina es la “voluntad de reunirse con Cassirer”. “Le recordaremos su compromiso”, concluye otro cable el 2 de julio de 2008.

La siguiente reunión es con la ministra Ángeles González Sinde en febrero de 2010. En esta ocasión es el embajador Alan D. Solomont el que vuelve a sacar el tema. Esta vez, el diplomático no solo sugiere que se llegue a una solución amistosa, sino que además informa a la ministra de que el reclamante ha recurrido a los tribunales de Estados Unidos para conseguir su objetivo. La ministra vuelve con la misma razón aportada por sus predecesores, que no se puede hacer nada sin la orden de un juez, y propone “hacer gestos a la familia y a la comunidad judía en Los Ángeles, como por ejemplo organizar y financiar un viaje a España para promover intercambios culturales al mismo tiempo que homenajear a la familia Cassirer”. El embajador sugiere entonces que “el Gobierno intente encontrar soluciones creativas”.

Esas soluciones no han llegado. Y si lo hacen ya será tarde para Claude Cassirer. El fotógrafo, que sobrevivió a los campos concentración durante la Segunda Guerra Mundial y dio clases a los niños sobre el Holocausto, murió el 25 de septiembre de 2010. Antes de morir salió en los periódicos, cuando se supo que el tribunal de apelaciones de Los Ángeles le había concedido el derecho a reclamar contra el Estado español. Su hijo, David Cassirer, es quien lucha ahora por poseer ese mediodía lluvioso que estaba en la pared de la salita de estar de su bisabuela.

LEA EL CABLE EN ESTE LINK

http://www.elpais.com/articulo/espana/Cable/ofrece/solucionar/caso/Odyssey/cambio/pissarro/elpepuesp/20101208elpepunac_9/Tes
Sigue leyendo

La mediazione penale quale metodo alternativo di soluzione del conflitto nella prospettiva comparatistica

[Visto: 1698 veces]

La mediazione penale quale metodo alternativo di soluzione del conflitto nella prospettiva comparatistica.
Maria Chiara Di Gangi*

II. PART.

4. Fonti normative che aprono alla mediazione penale nell’ordinamento giuridico italiano.
Anche in Italia le prime esperienze di mediazione si sono avute nell’ambito del diritto minorile e da queste, guardate come laboratorio sperimentale, si sono ipotizzate possibili trasposizioni nel diritto penale “degli adulti”.
Il tribunale per i minorenni (istituito con R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404) è un giudice specializzato che ha competenza generale dal punto di vista oggettivo ma limitata dal punto di vista soggettivo: giudica qualsiasi reato commesso da un soggetto di età superiore agli anni quattordici che non abbia compiuto gli anni diciotto. E’ composto da due giudici togati e da due esperti in psicologia, pedagogia e materie analoghe, nominati con decreto del Capo dello Stato su proposta del ministro della Giustizia, previa deliberazione del consiglio superiore della magistratura. Ha una competenza esclusiva: se il minore ha commesso un reato che sarebbe di competenza della corte d’assise o del tribunale o del giudice di pace o se ha commesso il reato in concorso con adulti, la competenza resta sempre radicata al tribunale per i minorenni.
La Costituzione italiana parla dei diritti del minore agli articoli 3, 27 (terzo comma) 30, 31 (secondo comma). Con il D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448, a cui ha fatto seguito il D.Lgs. 28 luglio 1989 n. 272, si delinea un nuovo sistema procedurale per l’imputato minorenne: il processo penale ha una formalità educativa e come obiettivo la rieducazione del minore.
La Convenzione sui diritti del fanciullo (New York, 20 novembre 1989), ratificata in Italia con L. n.176 del 1991, all’ art. 40 indica, per il minore accusato di un reato, un trattamento che consideri l’età del fanciullo, che tenda al suo reinserimento costruttivo in società e, ove possibile, che esuli da procedure giudiziarie (39). L’art. 13 della Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei bambini (Strasburgo, 25 gennaio 1996) prevede che per prevenire e risolvere i conflitti ed evitare procedimenti giudiziari riguardanti bambini, gli Stati-Parte incoraggiano l’attuazione della mediazione e di 10
ogni altro metodo di risoluzione dei conflitti e la loro utilizzazione per raggiungere l’accordo.
Nel nostro ordinamento la responsabilità penale presuppone l’imputabilità (art. 85 c.p.) (40) per due motivi: perché possono essere motivati dalla norma deterrente, solo i soggetti in grado di farsi motivare dalla minaccia/precetto; e perché occorre che il soggetto destinatario del trattamento punitivo si renda conto che il fatto commesso è suscettibile di essere valutato negativamente sul piano sociale, meritando una sanzione.
L’art. 97 c.p. riconosce che il minore degli anni quattordici non può essere considerato capace d’intendere e di volere: per una presunzione iuris et de iure non è imputabile. Nei suoi confronti non è prevista alcuna responsabilità penale ma qualora abbia commesso un fatto previsto dalla legge come reato e qualora sia probabile che in futuro ne ponga in essere dei nuovi (cfr. artt. 224, 203 c.p.) il giudice può imporre una misura di sicurezza tenendo conto della gravità del fatto e delle condizioni morali della famiglia in cui il minore è vissuto.
L’art. 98 c.p. subordina l’imputabilità del minore ultraquattordicenne ma infradiciottenne ad un accertamento circa la sua capacità d’intendere e di volere e, qualora questo abbia esito positivo, prevede una diminuzione di pena.
Se il minore è capace d’intendere e di volere e se il giudice perviene ad un’affermazione sulla sua responsabilità penale, al minore sono applicabili le stesse pene che il codice penale prevede per gli adulti: detentive e pecuniarie (41), ferma restando l’applicazione della circostanza attenuante dell’ art. 98 c.p..
L’ art.163 (secondo comma) c.p., qualora s’infligga una pena restrittiva della libertà inferiore a tre anni, prevede – nei limiti del 164 c.p. – la possibilità che il giudice possa sospendere condizionalmente la pena per la durata di un quinquennio. Se nei cinque anni il condannato non commette un altro delitto e adempie agli obblighi imposti ex art. 165c.p., il reato viene estinto e non si dà più luogo ad esecuzione della pena (cfr. artt, 166, 167 c.p.).
Al fine di relegare la risposta carceraria in ambito residuale, in quanto non idonea ad assicurare la rieducazione del condannato, il D.P.R. n. 448/1988 all’art. 30 prevede le sanzioni sostitutive alla applicazione delle pene detentive inferiori a due anni: semidetenzione e libertà controllata.
Nelle linee generali, però, l’ordinamento italiano privilegia, in vista della rieducazione del minore che ha commesso un fatto costituente reato, la rinuncia alla irrogazione della sanzione. Già il codice penale all’art. 169 dà al giudice la possibilità di astenersi dal pronunciare il rinvio a giudizio, qualora per il reato commesso sia prevista una pena detentiva non superiore nel massimo a due anni, se si presume che il colpevole non commetterà in futuro ulteriori reati. La concessione del perdono presuppone il riconoscimento della colpevolezza ma comporta l’estinzione del reato. Il perdono giudiziale può essere concesso una volta sola (42).
Orientati verso la scelta di rinuncia all’irrogazione di una sanzione penale sono anche i due nuovi istituti introdotti dal D.P.R. n. 448/1988: la “irrilevanza del fatto” (art.27) e la “sospensione del processo e messa alla prova” (art.28) che costituiscono punti di riferimento per i progetti sperimentali di mediazione avviati in alcuni tribunali per i minorenni.
L’art. 27del D.P.R. n. 488/1988, per evitare che la celebrazione del processo possa arrecare pregiudizio alle esigenze educative del minore ed ai fini di estromettere il più rapidamente possibile dal circuito penale quei minori che abbiano commesso reati tali da non creare serio allarme sociale, consente l’emanazione di una sentenza di non luogo 11
a procedere quando sono presenti tre requisiti: tenuità del fatto; occasionalità del comportamento; qualora l’ulteriore corso del procedimento pregiudichi le esigenze educative del minore (43).
A tal punto è opportuno illustrare l’art. 9 del D.P.R. n.488/1988, norma cardine su cui s’incentra tutto il processo penale minorile; dai previsti “accertamenti sulla personalità del minore” nascono sia il programma processuale che individua la risposta processuale più adeguata da dare al minore stesso: se farlo uscire, o meno, dal circuito penale e con quale formula che tenda a realizzare la sua maturazione; se sospendere, o meno, il processo realizzando un trattamento alternativo attraverso la messa alla prova; se procedere all’irrogazione della sanzione e quale tipo scegliere; sia il progetto educativo che specifica quali comportamenti imporre e quali risorse attivare (44).
Gli artt. 9 e 27 del D.P.R. n. 448/1988 danno possibilità d’ingresso alle pratiche mediatorie nel processo penale minorile. Rispettivamente si parla di attivazione “pre-processuale” e “post-processuale” della mediazione (45).
L’art. 9 consente al pubblico ministero di rivolgersi all’Ufficio per la Mediazione ai fini di valutare l’opportunità di proporre al minore la riparazione delle conseguenze del reato. L’eventuale riparazione e la disponibilità palesata dal minore nell’incontrare la vittima possono costituire, per il giudice, ulteriori elementi al fine di valutare la responsabilità del minore, ovvero ai fini di ricondurre il fatto commesso nella categoria della tenuità che, collegata con l’occasionalità del comportamento, gli permette di emettere una sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza de fatto, ovvero al fine di concedere il perdono o applicare sanzioni sostitutive.
I problemi e le critiche legati a questa prospettiva sono molti: il principio della presunzione di non colpevolezza contrasta con l’ammissione di responsabilità del minore che accetta l’ipotesi mediativa? Nel caso di un esito negativo della mediazione, quale peso dare alle dichiarazioni rese dal minore? Le garanzie previste per l’imputato agli artt. 62, 64 c.p.p. come si conciliano con l’informalità che domina l’iter mediatorio?
Alcune proposte indicano, altresì, una c.d. attivazione post-processuale: dopo il proscioglimento ex art.27 D.P.R. n. 488/1988, il minore viene inviato all’Ufficio per la Mediazione per essere responsabilizzato in ordine al fatto commesso che, anche se tenue e occasionale, può essere indice di un pericoloso disagio; in questo modo si vuole colmare il vuoto di significato giuridico, etico e sociale che, per il minore, accompagna il provvedimento ex art. 27; si vuole, altresì, evitare che l’esito estintivo del reato e l’assenza di sanzione per il colpevole possano lasciare privo di risposta il bisogno dell’offeso e della collettività di vedere affermata la responsabilità ravvisabile in un’ipotetica condotta riparatrice.
Altra norma è l’ art. 28 D.P.R. n. 448/1988 che, nel prevedere la “sospensione del processo e messa alla prova”, prospetta l’ipotesi di attivazione processuale della mediazione. Questa norma va integrata con l’art 27 lettera d) del D.Lgs. 28 luglio 1989 n. 272. Il nuovo istituto è stato introdotto al fine di assicurare un serio trattamento del minore deviante ed incentivare il suo recupero attraverso una prospettiva che non ricorra alla condanna.
La sospensione del processo ( che comporta anche la sospensione del corso della prescrizione) e la messa alla prova è applicabile a tutti i soggetti che abbiano commesso un reato, grave o non, quando erano minorenni. Presupposto per la sua applicazione è l’accertamento, anche sommario, della sussistenza del reato e della responsabilità del minore. Dopo aver sentito le parti, la sospensione può essere disposta dal giudice dell’udienza preliminare o dal giudice del dibattimento con ordinanza motivata (mai dal 12
giudice delle indagini preliminari!); dal giudice d’appello, qualora l’impugnazione verta sulla mancata applicazione della sospensione in primo grado.
L’ordinanza motivata consta di due parti: la dichiarazione di sospensione del processo per un periodo non superiore a tre anni ( se si procede per reati che comportano l’ergastolo o la reclusione non inferiore nel massimo a tre anni) o non superiore ad un anno ( negli altri casi); l’affidamento al servizio sociale per lo svolgimento delle attività di osservazione, trattamento, sostegno.
La messa alla prova si basa su un progetto d’intervento, predisposto dai servizi minorili dell’amministrazione della giustizia in collaborazione con i servizi del territorio, che tiene conto della personalità del minore, delle sue potenzialità da valutare e delle risorse familiari e ambientali di cui ci si può avvalere. Il progetto deve specificare: le modalità di coinvolgimento del minore, della sua famiglia, del suo ambiente di vita, le “realistiche” prescrizioni di fare e di non fare. Inoltre il giudice può impartire delle prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minore con la persona offesa dallo stesso reato (ex art.28, secondo comma, D.P.R. n.488/1988 e art. 27, secondo comma, lett. d), D.Lgs. n.272/1989). La revoca della misura è possibile solo in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte.
Decorso il periodo di sospensione, il giudice valuta l’esito della prova sulla base del comportamento tenuto dal minore e tenendo conto dell’evoluzione della sua personalità. Si può avere così un esito positivo della prova e conseguente dichiarazione del giudice di estinzione del reato (46); ovvero esito negativo al quale seguirà il normale proseguimento dell’iter processuale.
Parlare di attivazione processuale della mediazione (perché inserita nella fase successiva all’esercizio dell’azione penale) significa riconoscerla in una delle prescrizioni dettate dal giudice dell’udienza preliminare o del dibattimento.
Ma anche qui sorgono alcune antinomie: come si raccorda il potere del giudice di impartire la riparazione con il consenso spontaneo dato dal reo e dalla vittima alla mediazione? Se la mediazione costituisce “oggetto” della prova l’assenso dato dal minore alla proposta di mediazione potrebbe essere intriso di ragioni utilitaristiche e la vittima, per non sentirsi responsabile del destino del minore, potrebbe sentirsi costretta a mediare.
Altre considerazioni devono essere fatte in merito all’esito della mediazione. L’esito negativo, considerato il dovere del mediatore di tacere su quanto accaduto durante la mediazione, potrebbe non lasciare traccia della stessa. All’esito positivo, invece, segue la sentenza con la quale il giudice dichiara l’estinzione del reato. In questo contesto, che ruolo assume il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale (ex art. 112 della Costituzione)?
Francesca Ruggeri vede nell’attivazione processuale della mediazione non un’alternativa al processo, ma un’alternativa alla pena, poiché l’inserimento di ipotesi mediative dopo l’esercizio dell’azione penale, impedisce al minore-imputato e alla vittima di andare oltre il “ruolo” attribuitogli dal meccanismo giudiziario. Ciò perché in un sistema ispirato al principio dell’obbligatorietà dell’azione penale non sembra esservi posto per mediazioni radicalmente alternative al processo. Secondo l’Autrice, se si vuole veramente evitare al minore di entrare nel circuito giudiziario, l’unica strada possibile sembra essere quella della “discrezionalità dell’azione penale”: prevedere cioè determinate ipotesi in presenza delle quali il pubblico ministero può archiviare il procedimento, evitando così di incorrere nella violazione dell’art. 112 della Costituzione. La Ruggeri, prendendo spunto dall’ordinamento tedesco, auspica la 13
predisposizione, per legge, di alcuni presupposti in presenza dei quali sarebbe ammissibile l’archiviazione del procedimento con l’assenso del giudice: auspica cioè un ampliamento dei reati procedibili a querela (47).
Giovanni Fiandaca parla, invece, di concezione realistica e non ipocrita del principio di obbligatorietà dell’azione penale: allude ad una prospettiva di temperamento di esso che concede spazio all’idea di una “discrezionalità controllata” volta a bilanciare il combinarsi di due esigenze sempre più avvertite: da un lato, evitare che il magistrato nel selezionare i reati da non perseguire eserciti una discrezionalità ai limiti dell’arbitrio; dall’atro, consentire forme flessibili di risposta per la criminalità minore in modo da concentrare meglio le risorse da destinare al perseguimento delle forme più gravi di delinquenza (48).
Per ciò che concerne il diritto penale comune, si espongono le successive argomentazioni.
A) L’esperienza della magistratura di sorveglianza (49).
La magistratura di sorveglianza, il cui compito è quello di controllare il contenuto sanzionatorio del titolo esecutivo (50), ha realizzato proprie esperienze che ipotizzano possibili spazi normativi in grado di accogliere l’espediente della mediazione/riparazione nell’ambito della fase della esecuzione penale.
Il riferimento va all’ art. 47, settimo comma, della legge sull’ordinamento penitenziario, L. 26 luglio 1975 n. 354, che, parlando dell’ “affidamento in prova al servizio sociale” (una delle tre misure alternative alla detenzione, insieme alla “semilibertà” ed alla “liberazione anticipata”, introdotte dalla stessa legge), indica il dovere del giudice di stabilire che l’affidato si adoperi in favore della vittima del reato, ed il conseguente obbligo per l’affidato di adoperarsi in tal senso. Così i giudici, attraverso le più frequenti prescrizioni di provvedere al risarcimento del danno e/o a prestazioni di lavoro socialmente utile a titolo gratuito, hanno tracciato l’abbozzo di una nuova linea teorica tendente a coniugare il fine (primario nella fase esecutiva) di perseguire la risocializzazione (51) del soggetto, con quello di dare rilievo alla soddisfazione delle aspettative della vittima, tentando di realizzare così un incremento del consenso sociale intorno alla amministrazione della giustizia.
In tale ambito si riscontra la volontà di gettare un ponte tra modello riparativo ed esperienze fatte nell’ambito dello affidamento in prova al servizio sociale, realizzando un campo di sperimentazione suscettibile di ulteriori sviluppi (52).
B) Dal tentativo facoltativo di conciliazione del P.M., previsto dall’abrogato art. 564 c.p.c., al tentativo obbligatorio di conciliazione del giudice monocratico e del giudice di pace.
L’art. 564 c.p.p., oggi abrogato, induceva il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari e per i reati procedibili a querela, a verificare la persistenza della volontà del querelante di procedere penalmente. La pubblica accusa poteva citare indagato e vittima avanti a sé, o delegare tale compito alla polizia giudiziaria, per un tentativo di conciliazione al fine della remissione della querela. Questo istituto coinvolgendo i soggetti del processo non costituisce certo una ipotesi di mediazione ma nonostante tutto appare interessante esaminare la sua disciplina (53). Il pubblico ministero era investito del problema di risolvere un conflitto in cui l’indagato aveva diritto al silenzio ed era presunto non colpevole. Per questo si limitava a verbalizzare l’intervenuto accordo o l’insuccesso del tentativo di conciliazione, senza specificare ciò che querelante e querelato avevano affermato dinanzi a lui. L’esito positivo qui sfociava nell’archiviazione per estinzione del reato a seguito della remissione della querela. La 14
norma è stata abrogata dalla L.479/1999 (c.d. legge Carotti) per l’impossibilità di ravvisare un pubblico ministero pars-super partes.
Il tentativo, stavolta obbligatorio, di conciliazione (che si risolve in una presa d’atto della volontà dei soggetti coinvolti – querelante/querelato – di chiudere la vicenda processuale) (54), sempre limitatamente ai reati perseguibili a querela, oggi viene affidato al giudice monocratico, prima dell’ apertura del dibattimento, ex art. 555, terzo comma, c.p.p.. La dichiarazione di remissione della querela da parte del querelante-persona offesa, se accettata dal querelato, è causa di estinzione del reato ai sensi degli artt. 152 e 155 c.p., e conduce all’ archiviazione ex art. 411 c.p.p..
Il giudice monocratico a differenza del pubblico ministero ha l’imparzialità necessaria ad assolvere il compito conciliativo, ma anche in quest’ambito appare dubbio parlare di mediazione.
Il decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274 inaugura la competenza penale del giudice di pace in ordine all’accertamento di quei reati non gravi espressione della microconflittualità interpersonale e predispone un nuovo sistema sanzionatorio che elimina la pena detentiva prevedendo pene ad essa alternative quali la “permanenza domiciliare” ed il “lavoro di pubblica utilità” e valorizzando il ricorso alle pene pecuniarie.
Forte elemento di novità è l’unificazione che vi è tra fase sanzionatoria ed esecutiva: il giudice di pace infligge la pena che poi verrà effettivamente scontata; pena mite sì, ma sempre ispirata al principio dell’effettività: infatti qui non è ammessa la sospensione condizionale della pena.
Con la disposizione prevista all’art. 2, secondo comma, D.Lgs. 274/200, (Nel corso del procedimento, il giudice di pace deve favorire, per quanto possibile, la conciliazione tra le parti) si orienta l’agire primario del giudice di pace non all’applicazione della sanzione ma al tentativo, che – a differenza di quello previsto per il giudice monocratico – si sostanzia in un compito propositivo di ricerca della soluzione compositiva dei contrastanti interessi in gioco (55), di favorire la conciliazione delle parti. Ciò induce Claudia Mazzuccato (56) ad affermare quanto la nuova normativa sia permeata dallo spirito della giustizia riparativa, giustizia più flessibile quindi più vicina alle parti e tesa a soddisfare gli interessi della persona offesa.
Il rinnovato interesse per la vittima del reato si ritrova in alcune parti dell’articolazione normativa dello stesso D.Lgs. 274/2000: l’art. 21 gli riconosce un potere di impulso processuale, per i soli reati procedibili a querela, attraverso il “ricorso immediato” al giudice; l’art. 34 subordina l’emissione del decreto di archiviazione, con il quale il giudice dichiara di non doversi procedere per la tenuità del fatto, all’inesistenza dell’interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento; ed ancora l’art. 35 pone come presupposto per la sentenza dichiarativa di estinzione del reato, l’ascolto delle parti.
La mediazione penale trova per la prima volta un riconoscimento formale ed una precisa collocazione nel D. Lgs. 274/2000 all’art. 29, quarto comma. La mediazione, finalizzata alla riconciliazione tra le parti, quando il reato è perseguibile a querela può essere promossa direttamente dal giudice che, per consentire lo svolgimento della stessa, può rinviare l’udienza per un periodo non superiore a due mesi; il giudice di pace può mettere le vesti di mediatore ovvero avvalersi di mediatori esterni all’apparato giudiziario: loro compito è “lavorare sul conflitto per verificare poi l’eventuale disponibilità delle parti a rimettere la querela stessa” (57). 15
L’art. 29 risponde alle critiche circa la possibile incompatibilità tra l’implicita ammissione di responsabilità propria di chi acconsente al dialogo con la vittima ed il principio di non colpevolezza, nel caso di esito negativo della mediazione: l’art. 29, infatti, vieta di utilizzare, ai fini della deliberazione, le dichiarazioni rese dalle parti durante l’incontro di mediazione.
Claudia Mazzuccato afferma che la mediazione potrebbe trovare spazio anche nelle ipotesi previste dagli articoli 34, 35 e 54 del D.Lgs.274/2000.
L’articolo 34, prevedendo l’esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto, introduce una misura simile (poiché i commi 2 e 3 dell’articolo 34 caratterizzano l’aspetto peculiare della disciplina riguardante il giudice di pace) a quella prevista in ambito minorile all’articolo 27 del D.P.R. 448/1988 adattandola alle caratteristiche di un reo adulto. Sebbene le norme siano finalizzate ad obiettivi tendenzialmente diversi, la prima ad uno spiccato interesse per la deflazione processuale, la seconda all’esigenza di evitare che la celebrazione del processo rechi pregiudizio alle esigenze educative del minore, entrambe non richiamano espressamente la mediazione ma neppure la escludono. La mediazione, consentendo un’approfondita analisi dell’episodio criminoso, potrebbe rivelarsi utile per diverse finalità.
L’ articolo 35 del D.Lgs. 274/2000 prevede che il giudice di pace possa dichiarare con sentenza l’estinzione del reato, allorquando l’imputato dimostri di aver proceduto, prima dell’udienza di comparizione, alla riparazione (58) del danno cagionato dal reato, valutata dal giudice come idonea a soddisfare le esigenze di riprovazione e di prevenzione. Considerata la difficoltà del reo di prendere contatti con la persona offesa e di organizzare quanto necessario per adoperarsi alla riparazione, si potrebbe ipotizzare, proprio in questa fase “pre-processuale”, di ricorrere al dialogo mediatorio.
Il quadro è completato dall’articolo 54, che introduce, specificatamente per il giudice di pace, una nuova pena principale, denominata lavoro di pubblica utilità, la cui caratteristica e singolarità è quella di essere una pena principale che va applicata solo su richiesta dell’imputato. Se la sanzione del “lavoro di pubblica utilità” fosse decisa all’esito di una mediazione tra reo e vittima, la sanzione stessa potrebbe apparire agli occhi del condannato come giusta. Una “lettura riparativa” dell’articolo 54 potrebbe configurare un intreccio tra servizi sociali, autorità di pubblica sicurezza e uffici di mediazione.
Sembra opportuno adesso, esaminare l’ambito di operatività del decreto legislativo n. 274 del 2000. E’ evidente la scelta del nostro Legislatore di selezionare alcuni reati di competenza del giudice di pace, di indicare cioè il “catalogo” di reati a lui trasferiti (59). Il riferimento va all’articolo 4, lettera a), che contempla alcune fattispecie incriminatici proprie della microconflittualità individuale. Si tratta di alcuni “reati di codice” attribuiti alla competenza del giudice di pace: percosse (art. 581 c.p.), lesione personale lievissima (art. 582, secondo comma, c.p.), lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) – le lesioni connesse ad ipotesi di colpa professionale, le lesioni colpose commesse con violazione di norme antinfortunistiche relative all’igiene del lavoro o determinanti una malattia professionale, appartengono alla competenza del giudice di pace solo se si tratti di lesioni lievissime cioè lesioni la cui conseguente malattia non abbia durata superiore a venti giorni – , omissione di soccorso (art. 593, primo e secondo comma, c.p.), ingiuria (art. 594 c.p.), diffamazione non a mezzo stampa (art. 595, primo e secondo comma, c.p.), minaccia semplice (art. 612, primo comma, c.p.); furti punibili a querela dell’offeso (art.626 c.p.), sottrazione di cose comuni (art. 627 c.p.), usurpazione (art. 631 c.p.), deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi (art. 632 c.p.), 16
invasione di terreni o edifici (art. 633, primo comma, c.p.), introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo (art. 636 c.p.): per questi ultimi sei articoli non vi è la competenza del giudice di pace se si tratta di acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico poiché in questi casi è sancita la procedibilità d’ufficio (ex art. 639 bis c. p.); danneggiamento semplice (art. 635, primo comma, c.p.), ingresso abusivo nel fondo altrui (art. 637 c.p.), uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638, primo comma, c.p.), deturpamento e imbrattamento di cose altrui (art. 639 c.p.), appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito (art. 647 c.p.).
La lettera b) del decreto legislativo n. 274 del 2000 indica il gruppo delle “contravvenzioni di codice” attribuite al giudice di pace: somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente (art. 689 c.p.), determinazione in altri dello stato di ubriachezza (art. 690 c.p.), somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza (art.691 c.p.), atti contrari alla pubblica decenza (art. 726,I comma, c.p.), inosservanza dell’obbligo dell’istruzione elementare dei minori (art.731 c.p.) (60).
Si attribuiscono alla competenza del giudice di pace anche alcuni “reati extra-codicem”, cioè quei delitti, consumati o tentati, e quelle contravvenzioni previsti da leggi speciali, per le quali rinvio al testo dell’art. 4, secondo comma, D.Lgs. 274/2000.
5. La riparazione nell’ordinamento italiano: obiettivi e rapporto con gli scopi tradizionali della pena.
Il diritto penale italiano conosce il concetto di riparazione. L’ articolo 62, n.6 c.p. infatti prevede che il comportamento di chi, prima del giudizio, ripari interamente il danno mediante il risarcimento e le restituzioni, ovvero si adoperi spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato, costituisca una circostanza attenuante, cioè comporti una diminuzione di pena.
Coniugando il riferimento normativo che individua un principio riparatorio ad efficacia diminuente di pena (ex art. 62, n.6 c.p.) con la norma che individua il principio riparatorio ad efficacia estintiva del reato (ex art. 35 D. Lgs. 274/2000) , potremmo condividere il pensiero di Bouchard, per il quale: “il principio riparatorio diventa un principio generale del nostro ordinamento penale. In generale comporta una diminuzione di pena, ma in relazione al diritto penale “minore”, che disciplina l’area della microconflittualità comporta addirittura l’estinzione del reato”(61).
Obiettivi della riparazione sono: il riconoscimento della vittima; la responsabilizzazione del reo; responsabilizzare la comunità nei confronti degli aspetti della questione criminale, coinvolgendola nel processo di riparazione; orientare le condotte rafforzando i parametri morali e contenere il senso di allarme sociale.
Bouchard individua le due “anime” del termine riparare: riparare il danno e riparare il fatto, che possiamo considerare come “garanti” dei suddetti quattro obiettivi che la giustizia riparativa si propone di realizzare.
Riparare, infatti, significa sia “risarcire il danno e restituire” ai sensi dell’articolo 185 c.p. (cioè riparare il danno: avente carattere patrimoniale), sia “eliminare le conseguenze dannose della condotta criminosa”, ad esempio attraverso prestazioni in favore della vittima o lavori di pubblica utilità (cioè riparare il fatto: avente carattere extrapatrimoniale). La riparazione consiste non in un pati, ma nella ricostituzione della situazione precedente al fatto. La riparazione, rispetto agli scopi tradizionali della pena, ha la potenzialità di fondare una coscienza della collettività, prescindendo dagli 17
strumenti utilizzati dalle due teorie della prevenzione; si riconnette sempre alla teoria rieducativa (62) ed al principio di proporzione.
La mediazione penale costituisce, altresì, una delle tecniche di intervento sul conflitto ascrivibile all’alveo della giustizia riparativa, poiché il suo esito positivo dà luogo ad un progetto di riparazione.
In assenza di definizioni normative (63), hanno proliferato diverse nozioni di mediazione offerte dalla dottrina.
In Francia la mediazione viene indicata da Bonafé – Schmitt come “un processo, il più delle volte formale, con il quale un terzo neutrale tenta, mediante scambi tra le parti, di permettere a queste ultime di confrontare i loro punti di vista e di cercare, con il suo aiuto, una soluzione al conflitto che le oppone” (64).
In Italia, Stefano Castelli propone una definizione della mediazione incentrata sia sul tipo di attività che con essa si compie, sia sugli obiettivi che con la stessa si vogliono perseguire: “la mediazione è un processo attraverso il quale due o più parti si rivolgono liberamente a un terzo neutrale, il mediatore, per ridurre gli effetti indesiderabili di un grave conflitto. La mediazione mira a ristabilire il dialogo fra le parti per poter raggiungere un obiettivo concreto: la realizzazione di un progetto di riorganizzazione delle relazioni che risulti il più possibile soddisfacente per tutti. L’obiettivo finale della mediazione si realizza una volta che le parti si siano creativamente riappropriate, nell’interesse proprio e di tutti i soggetti coinvolti, della propria attiva e responsabile capacità decisionale” (65).
Per Grazia Mannozzi la mediazione “può essere considerata come un processo di attivazione della “conoscenza” tra autore e vittima basato sulla ricerca di un “linguaggio comune” attraverso il quale le parti possono addivenire ad una nuova “interpretazione” del fatto criminoso. “Interpretazione” che, quando la mediazione ha successo, sarà finalmente “condivisa” dalle parti e renderà il reo capace di riconoscere la propria responsabilità e, la vittima, disponibile ad accettare l’offerta di riparazione” (66).
Per ciò che concerne la figura del mediatore, i protocolli d’intesa che hanno istituito gli “Uffici di mediazione” in alcune regioni d’Italia, richiedono alcuni requisiti necessari per svolgere la funzione di mediare: una formazione professionale di tipo giuridico-sociale, o di tipo pedagogico o psicologico o di servizio sociale; pregresse esperienze nel settore; partecipazione a corsi di formazione.
Jacqueline Morineau, mediatrice a Parigi dal 1984, invece delinea lo “spirito” del mediatore: “il mediatore si pone quale “specchio” che accoglie le emozioni dei protagonisti per rifletterle. Per saper essere specchio pulito egli deve imparare a tollerare il silenzio. Il mediatore svolge un compito di grande umiltà: dovrebbe riuscire a incontrare i mediati senza giudicarli, senza voler qualcosa, senza proiettare nulla su di loro, ed essere soltanto colui che facilita, risveglia le voci interiori. Il mediatore deve acquisire un nuovo sguardo. Uno sguardo non intralciato dall’esperienza personale e che tuttavia non accantoni tale identità. La formazione del mediatore è necessariamente lenta. Forse non basta una vita per diventare mediatori” (67).
La funzione mediativa, quindi, è incompatibile con la funzione giudicante. Il D.Lgs. 274/2000 ha, invece, consentito una piena sovrapposizione dei ruoli: il giudice di pace è conciliatore e può anche essere mediatore.
Il giudice è il magistrato che decide la causa, è chi distribuisce la ragione e il torto. Egli può essere conciliatore in quanto, attraverso la conciliazione, si prefigge di raggiungere la rappacificazione delle parti. 18
Nella mediazione, non vi è un finalismo pacificatore, ma solo la facilitazione di una corretta comunicazione tra le parti. Qui un’eventuale soluzione del conflitto non arriva dall’alto ma promana dal basso, dalla libera volontà e dal libero consenso del reo e della vittima.
Franco Occhiogrosso afferma: “io penso che il giudice non possa essere un mediatore. Ritengo però che egli possa assolvere un ruolo di conciliazione. Al giudice spetta oggi un ruolo di grande importanza sia per la realizzazione della giustizia di conciliazione sia per la diffusione culturale e operativa della mediazione. Esplicare un ruolo di conciliazione non è solo per il giudice un servizio di grande dignità ma è il modo più efficace per favorire la cultura della mediazione; quest’ultima per espandersi ha bisogno di un suo “humus”, di un terreno di cultura che le consenta di esistere e di prendere piede” (68).
6. La mediazione penale quale metodo A.D.R..
Allo stato attuale possiamo affermare che la giustizia riparativa non pretende di assumere il monopolio gestionale del conflitto originato dal reato. Essa vuole raccordarsi al diritto penale, attraverso la predisposizione di “spazi grigi” propri della mediazione ed è pronta, qualora la mediazione o l’eventuale progetto di riparazione abbiamo esito negativo, a lasciare il campo al diritto penale stesso.
La mediazione è ispirata alla volontà libera che le parti manifestano nel volersi “riconoscere” accettando ognuno i vissuti dell’altro, e cercando di partire dalla semplice base del dialogo per addivenire ad un progetto di riparazione. La mediazione assurge a giustizia orizzontale.
Il processo, invece, accertando torti e ragioni nel contraddittorio tra le parti, giunge ad una “verità processuale”: il giudicato, che spesso lascia gli animi dei protagonisti più esacerbati di prima.
Se, come abbiamo visto, la “cultura sociale” che legittima la mediazione si differenzia da quella che legittima il processo, il Legislatore non li considera incompatibili. Infatti, in alcuni settori, li applica entrambi in sede giudiziaria, magari stemperando le più nette divergenze: per esempio, dando spazio alla mediazione qualora sia inammissibile la costituzione di parte civile.
Il primo collegamento della mediazione con la realtà giudiziaria, in Italia, si è avuto nell’ambito del diritto minorile. Ciò sia perché uno dei requisiti propri della giustizia minorile è la contemporanea presenza di due fasi processuali: una di carattere sanzionatorio, in sintonia con la finalità della giurisdizione ordinaria, ed una di carattere propositivo legata al volere predisporre un progetto di reinserimento sociale e di attenzione per la realizzazione della personalità del minore, in piena armonia con la cultura della mediazione. Sia perché se minore e vittima assurgono a protagonisti, sicuramente il reo-minore intraprenderà il percorso riparativo con maggiore responsabilità.
La prassi della mediazione, dal diritto minorile (dove non si è mai predisposto un elenco di reati per i quali riconoscere l’esperibilità della stessa), è approdata al diritto penale degli adulti, attraverso la scelta del Legislatore di riconoscere la competenza penale del giudice di pace. In quest’ambito, però, la mediazione può essere effettuata in relazione ad un numero chiuso di reati, quelli di microconflittualità. Ai sensi dell’art. 29, comma 3, del D.Lgs. 274/2000, infine, “In caso di conciliazione è redatto processo verbale attestante la remissione della querela”. Il buon esito della mediazione, quindi, sfocia 19
nella remissione della querela e ciò legittima la riconduzione della mediazione penale nell’alveo dei metodi alternativi di soluzione delle controversie.
NOTE:
1.MANNOZZI, “From the sword to dialogue: towards a dialectic basis for penal mediation”, in Restorative Justice Theorical foundation, Willan Publishing, 2002.
2. DOSTOEVSKIJ, I fratelli Karamazov, Torino, Einaudi, 1993, pp.424.
3. KELSEN, Teoria generale delle norme
4. EUSEBI, La pena “in crisi”, Brescia, Morcelliana, 1990, p.53.
5. Lezione Procedura Penale, Prof. Scaglione, Palermo 9 ottobre 2003.
6.FIANDACA-DI CHIARA, Una introduzione al sistema penale per una lettura costituzionalmente orientata, Napoli, Novene, 2003.
7. KANT, La metafisica dei costumi, trad. Vidari, Bari, 1970, pp. 166-167.
8. FIANDACA-MUSCO, Diritto penale (parte generale), Bologna, Zanichelli, 2002, p.649
9. EUSEBI, La pena “in crisi”, op. cit., p. 51.
10.FERRAJOLI, “Il diritto penale minimo”, in Dei Delitti e delle Pene, 1985, p.493.
11.D’AGOSTINO, La sanzione nell’esperienza giuridica,Torino, Giappichelli, 1999, p.110.
12.MARTINI-ZAGREBELSKY, La domanda di giustizia, Piacenza, Einaudi, 2003, pp. 58-59.
13.PAVARINI, “La pena utile,la sua crisi e il disincanto: verso una pena senza scopo”, in Rassegna penitenziaria e criminologia, AnnoV, 1983, pp. 30-31.
14.PAGLIARO, “Verifica empirica dell’effetto di prevenzione generale”, in Riv. it. dir. proc. pen.,1986, p. 353 ss.
15.Nils Christie nel saggio Il conflitto come proprietà si chiede chi detenga la proprietà dei conflitti. Alla domanda risponde facilmente: lo Stato! Ma Christie afferma “ La proprietà deve appartenere ai protagonisti del conflitto ed i giuristi non sono altro che ladri professionisti, perché rubano i conflitti alla gente.”
16.La Commissione ministeriale per la riforma del codice penale, istituita con decreto ministeriale 1° ottobre 1998, ha prodotto un progetto che ha come obiettivo quello di modulare le risposte penali in funzione dei comportamenti successivi al reato per favorire la reintegrazione degli interessi ancora non pregiudicati. Qualora la riparazione avvenga tempestivamente, entro un dato termine e con piena soddisfazione della vittima, si avrebbero gli estremi per delle “cause di non punibilità”. Così il “recesso attivo”, il “ravvedimento operoso prima che la pubblica autorità abbia notizia del fatto”, la “disponibilità all’integrale risarcimento entro un termine prefissato”, consentirebbero non una semplice diminuzione di pena ma un’esclusione di punibilità.Qualora invece la condotta riparatoria avvenga fuori dei termini stabiliti, cioè tardivamente, costituirebbe una circostanza attenuante, consentendo una diminuzione di pena.
17. PAVARINI, “Il rito pedagogico”, in Dei Delitti e delle Pene, 1991, pp.111 e ss.
18.La Dichiarazione di Vienna si è avuta a seguito del decimo Congresso Internazionale delle Nazioni Unite su “Crime Prevention and Treatment of offenders” tenutosi a Vienna nell’ aprile del 2000.
19.§ 27. “We decide to introduce, where appropriate, national, regional, and international actions plans in support of victims of crimes, such as mechanism for mediation and restorative justice, and we astabilish 2002 as a target date for State to review their relevant practices, to develop further victim support services and awareness campaigns on the rights of victims and to consider the establishment of founds for victims, in addition to developing and implementing witness protection policies”.
§ 28. “We encourage the development of restorative justice policies, procedures and programmes that are respectful of the rights, needs and interests of victims, offenders, communities and all other parties”.
20.MANNOZZI, “Problemi e prospettive della giustizia riparativa alla luce della Dichiarazione di Vienna” , in Rassegna penitenziaria e criminologia del Ministero della Giustizia, N. 1-3, gennaio-dicembre 2000, p. 1 ss.
21.§ 7. (1) Il P.M. può valutare se rinunciare a procedere ai sensi del § 6, nel caso in cui l’ indiziato è disposto a rispondere dell’accaduto e a compensare eventuali conseguenze del reato in modo adeguato, soprattutto risarcendo il danno per quanto nelle sue possibilità.
(2) Il P.M. può richiedere a persone o uffici competenti in materia sociale, soprattutto alla Bewahrungshilfe, di istruire l’indiziato sulle possibilità offerte dalla mediazione penale, e se questi acconsente, di seguirlo e sostenerlo nel tentativo di una mediazione. La parte offesa, se d’accordo, deve venire coinvolta in questi sforzi.
§ 8. (1) Fin dalla prima udienza il Tribunale è tenuto a valutare d’ufficio o su istanza dell’imputato o della parte offesa la possibilità di una mediazione, in tutti i casi in cui la colpa non è da considerarsi grave e la pena non appare opportuna per impedire all’imputato di commettere ulteriori fatti di reato.
22.§ 42 . Se per un fatto perseguibile d’ufficio è prevista una pena pecuniaria, una pena detentiva non superiore a tre anni o le due pene congiunte, esso non è punibile se
1. la colpevolezza dell’autore è irrilevante,
2. il fatto non ha comportato conseguenze o soltanto conseguenze insignificanti o, in seguito ad un serio sforzo dell’autore, le conseguenze del fatto sono state nella loro essenzialità elise, riparate o comunque compensate e
3. non si impone una punizione per trattenere l’autore dal commettere altri reati o per prevenire la commissione di reati da parte di altri.
20
23.Il § 410 del codice di procedura penale prevede la possibilità, se il reo sia disposto a riparare il danno, di attenuare il trattamento sanzionatorio contenuto nella sentenza di primo grado.
24.Per i riferimenti circa l’ordinamento austriaco, sono stati guide:
MANNOZZI, La mediazione penale, Padova, Cedam, 1999, p.137 ss.
TRUMMER-KAUFMANN, “Esperienze di mediazione in ambito austriaco:suggerimenti, modelli, metodologie, strumenti”, in La mediazione nel sistema penale minorile, a cura di Picotti, Padova, Cedam, 1998, p. 149 ss.
FORNASARI, “Profili di giustizia conciliativa nell’esperienza di diritto comparato”, in Verso una giustizia penale “conciliativa” a cura di Picotti e Spangher, Milano, Giuffrè, 2001, p. 77 ss.
JESIONEK, “Sanzioni alternative alla pena detentiva. Le esperienze del sistema di diversion austriaco”, in Competenza penale del giudice di pace e “nuove” pene non detentive, a cura di Picotti e Spangher, Milano, Giuffrè, 2002, p. 115 ss.
25.Per l’ordinamento tedesco, sono stati guide:
MANNOZZI, La mediazione penale, op.cit, p. 133 ss.
FORNASARI, “Profili di giustizia…”, op.cit., p. 70 ss.
MORGENSTERN, “Diversion e sanzioni non detentive nell’ordinamento penale tedesco: una comparazione con il sistema italiano del giudice di pace”, in Competenza penale del giudice di pace…, op.cit., a cura di Picotti e Spangher, Milano, Giuffrè, 2002, p.91 ss.
26.§ 10 Jugendgerichtsgesetz: (1) Sono obblighi e divieti che regolano la vita del giovane e per questo ne favoriscono l’educazione. Non possono essere previsti obblighi che non si possono pretendere alla luce della condotta di un giovane. In particolare, il giudice può imporre al giovane:
1. di attenersi alle prescrizioni attinenti il domicio,
2. di abitare presso una determinata famiglia o casa,
3. di accettare un determinato posto di lavoro,
4. di svolgere prestazioni lavorative,
5. di sottoporsi a cure e alla sorveglianza di una determinata persona,
6. di partecipare ad un corso di formazione sociale,
7. di sforzarsi di raggiungere un accordo con la vittima,
8. di abbandonare la frequentazione di determinate persone e di astenersi dal frequentare luoghi o locali di divertimento,
9. di partecipare ad incontri di educazione stradale.

(2)Il giudice può imporre al giovane, col consenso dei tutori e del rappresentante legale, di sottoporsi a un trattamento terapeutico con l’aiuto di esperti, o attraverso una cura di disintossicazione. Se il giovane ha compiuto sedici anni è altresì necessario il suo consenso.
27.§ 45. (1) Il pubblico ministero può anche senza il parere conforme del giudice rinunciare a procedere, se ricorrono le condizioni di cui al § 153 del StPO. ( Il § 153 StPO prevede, nel processo ordinario, il non luogo a procedere per esiguità della colpa e l’insussistenza di un interesse pubblico all’ esercizio dell’ azione).
(2) Il public prosecutor rinuncia al procedimento se è già stata eseguita o se è stata disposta una misura educativa ed egli non ritenga necessario l’intervento del giudice in base al terzo comma, né l’incriminazione. Ad una misura educativa è equiparato lo sforzo del giovane per il raggiungimento di un accordo con la vittima.
(3)Il pubblico ministero promuove la previsione di un ammonimento, di una prescrizione in base al § 10 (comma 1) n. 4, 7, 9 ovvero di un obbligo per mezzo del giudice, quando il colpevole è reo confesso ed il pubblico ministero ritiene necessario tale provvedimento. Se il giudice accetta la proposta del pubblico ministero questi deve rinunciare a procedere, in caso siano state disposte prescrizioni od obblighi, solo dopo l’adempimento degli stessi. (…)
Il § 47, invece prevede che sia il giudice minorile e non il pubblico ministero ad archiviare il procedimento. In questo caso le misure educative dovranno essere portate a termine prima dell’ archiviazione stessa o prescritte come contenuto della sentenza.
28.§ 46a: Composizione tra autore e vittima. Riparazione del danno. Se l’autore, nello sforzo di raggiungere una composizione con la vittima, ha riparato, in tutto o per la maggior parte, il fatto da lui commesso o ha seriamente inteso ripararlo oppure ha risarcito la vittima, in tutto o per la maggior parte, in un caso in cui la riparazione del danno abbia richiesto un suo notevole impegno personale o una rinuncia personale, il giudice può diminuire la pena ai sensi del §49, comma 1, ovvero, se si tratta di una pena detentiva non superiore a trecentosessanta tassi giornalieri può astenersi dal comminare la pena.
29.L’INAVEM raggruppa più di 150 associazioni di aiuto alle vittime esistenti in Francia. Tutte devono rispettare un codice deontologico che garantisce alle vittime riservatezza, neutralità, gratuità dei servizi e competenza professionale di chi opera. Le risorse principali dell’ INAVEM sono le sovvenzioni da parte dello Stato e degli enti locali. I suoi obiettivi sono l’individuazione e la valutazione degli interventi di aiuto alle vittime ed il coordinamento e sostegno delle suddette attività.
Per un maggiore approfondimento vedi: CALMETTES, “La dignità delle vittime e l’esperienza francese”, in Minorigiustizia, 1999, n.2, p. 111 ss.
30.WYVEKENS, “La posta in gioco di una giustizia di prossimità nel trattamento della delinquenza. L’ esempio francese della terza via”, in Dei Delitti e delle Pene, 2000, n. 3, p.17.
31.VIANELLO, “Mediazione penale e giustizia di prossimità”, in Dei Delitti e delle Pene, 2000, n.3, p.5.
32.BONAFE’-SCHMITT, La médiation, une justice douce, Syros, Paris, 1992. 21
33.L’art. 41 del codice di procedura penale viene così integrato: Il procuratore della Repubblica può infine, prima di decidere in merito all’azione penale e con l’accordo delle parti, decidere di ricorrere ad una mediazione, se gli sembra che una tal misura possa assicurare il risarcimento del danno causato alla vittima, mettere fine alla turbativa risultante dal reato, e contribuire al reinserimento dell’autore del reato.
Se la mediazione viene esperita la prescrizione dell’azione penale è sospesa; può essere ripresa se la stessa mediazione fallisca o se il procuratore ritiene che l’accordo concluso dalle parti non sia soddisfacente.
34.Nel giugno del 2000 si contano 47 maisons de justice.
35.MANNOZZI, La mediazione penale, op.cit.
36.FAGET, “Le tensioni della mediazione penale. Valutazioni delle pratiche francesi”, in Dei Delitti e delle Pene, 2000, n. 3, p. 75.
37.Punto di riferimento: DEL TUFO, Linee di politica criminale europea e internazionale a protezione della vittima, Consiglio Superiore della Magistratura, incontro di studio sul tema “La vittima del reato”, Roma 5-7 dicembre 2002.
38.Per la Decisione-quadro dell’ Unione la vittima è la persona fisica che ha subito un pregiudizio, anche fisico o mentale, sofferenze psichiche, danni materiali, direttamente causati da azioni o da omissioni che costituiscono una violazione del diritto penale degli Stati membri.
39.Convenzione di New York. Article 40: 1. States Parties recognize the right of every child alleged as, accused of, or recognized as having infringed the penal law to be treated in a manner consistent with the promotion of the child’s sense of dignity and worth, which reinforces the child’s respect for the human rights and fundamental freedoms of others and which takes into account the child’s age and the desirability of promoting the child’s reintegration and the child’s assuming a constructive role in society. 2. To this end and having regard to the relevant provisions of international instruments, States Parties shall, in particular, ensure that: (a) No child shall be alleged as, be accused of, or recognized as having infringed the penal law by reason of acts or omissions that were not prohibited by national or international law at the time they were committed; (b) Every child alleged as or accused of having infringed the penal law has at least the following guarantees: (i) To be presumed innocent until proven guilty according to law; (ii) To be informed promptly and directly of the charges against him or her, and, if appropriate, through his or her parents or legal guardians and to have legal or other appropriate assistance in the preparation and presentation of his or her defence; (iii) To have the matter determined without delay by a competent, independent and impartial authority or judicial body in a fair hearing according to law, in the presence of legal or other appropriate assistance and, unless it is considered not to be in the best interest of the child, in particular, taking into account his or her age or situation, his or her parents or legal guardians; (iv) Not to be compelled to give testimony or to confess guilt; to examine or have examined adverse witnesses and to obtain the participation and examination of witnesses on his or her behalf under conditions of equality; (v) If considered to have infringed the penal law, to have this decision and any measures imposed in consequence thereof reviewed by a higher competent, independent and impartial authority or judicial body according to law; (vi) To have the free assistance of an interpreter if the child cannot understand or speak the language used; (vii) To have his or her privacy fully respected at all stages of the proceedings. 3. States Parties shall seek to promote the establishment of laws, procedures, authorities and institutions specifically applicable to children alleged as, accused of, or recognized as having infringed the penal law, and, in particular: (a) The establishment of a minimum age below which children shall be presumed not to have the capacity to infringe the penal law; (b) Whenever appropriate and desirable, measures for dealing with such children without resorting to judicial proceedings, providing that human rights and legal safeguards are fully respected. 4. A variety of dispositions, such as care, guidance and supervision orders; counselling; probation; foster care; education and vocational training programmes and other alternatives to institutional care shall be available to ensure that children are dealt with in a manner appropriate to their well-being and proportionate both to their circumstances and the offence.
40.Art.85 c.p. Capacità d’intendere e di volere. (1) Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso non era imputabile. (2) E’ imputabile chi ha la capacità d’intendere e di volere.
41.Solo nel 1994, con la sent. della Corte Costituzionale n.168, si è prevista l’inapplicabilità al minore della pena dell’ergastolo per contrasto con l’art.31 della Cost.
42.DUSI, “Le risposte possibili al reato”, in Minorigiustizia, 1993, n.3.
L’Autore rivaluta la portata rieducativa del perdono giudiziale a danno di chi lo considera semplice espressione di clemenza. Se il minore ha violato scientemente la legge, se il fatto non è né irrilevante né talmente grave da richiedere una condanna, il perdono giudiziale indica al minore il significato antisociale del suo comportamento e la intolleranza dell’ordinamento nei confronti di sue successive violazioni.
43.PIGHI, “L’irrilevanza del fatto nel diritto penale minorile”, in Studium Juris, Cedam, 1999, p. 71 ss.
44.MORO, Manuale di diritto minorile, Bologna , Zanichelli, 2000, II ed., p. 447.
45.MANNOZZI, La mediazione penale, op. cit., p. 182 ss.
46.Art. 29 D.P.R. n.448/1988: Dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della prova. (1) Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza nella quale dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento del minorenne e della evoluzione della sua personalità, ritiene che la prova abbia dato esito positivo. Altrimenti provvede a norma degli articoli 32 e 33.
47.RUGGERI, “Obbligatorietà dell’azione penale e soluzioni alternative nel processo penale minorile”, in La mediazione nel sistema penale minorile, a cura di Picotti, op. cit., p.191 ss. 22
48.FIANDACA, “La giustizia minorile come laboratorio sperimentale di innovazioni estensibili al diritto penale comune”, in Scritti sul minore, in memoria di Francesca Laura Morvillo, a cura di Ambrosini, Lojacono e Ziino, Milano, Giuffrè, 2000, p. 187.
49.Come punto di riferimento: MONTEVERDE, Mediazione e riparazione dopo il giudizio: L’esperienza della magistratura di sorveglianza, in Minorigiustizia, n.2/1999, p. 86 ss..
50.TONINI, Manuale di procedura penale, Milano, Giuffrè, 2002, IV ed., p. 695 ss.
51.L’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Trieste, del 10 marzo 1998, lega la riparazione alla rieducazione del reo: la volontà di riparare il danno alla vittima assume, sotto il profilo rieducativo, particolare valore, quale elemento che denota una concreta presa di coscienza della propria responsabilità.
52.Con l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Torino del 15 ottobre 1997 si riconosce autonomia alla finalità riparativa,: con l’affidamento, il tribunale ha l’obbligo di disporre un programma trattamentale tendente al raggiungimento dei seguenti scopi: evitare la recidiva del reo, reinserire lo stesso nella società, indurre il condannato a rimuovere le conseguenze del proprio reato.
53.All’uopo cfr. RUGGERI, “Obbligatorietà dell’ azione…”, in La mediazione…, a cura di Picotti, op. cit., p. 196, nota 1.
54.PRESUTTI, “Attori e strumenti della giurisdizione conciliativa: il ruolo del giudice e della persona offesa”, in Verso una giustizia penale conciliativa, a cura di Picotti e Spangher, 2001, op. cit., p. 177 ss.
55.Per il riferimento si veda nota 54.
56.MAZZUCCATO, “Mediazione e giustizia riparativa in ambito penale”, in Verso una giustizia penale “conciliativa”, op. cit., p.128.
57.MAZZUCCATO, “Mediazione e giustizia riparativa…”, in Verso una giustizia penale…, op. cit., p. 128.
58.Alla provocazione posta da Massimo Pavarini in ordine all’esclusione dei ceti bassi dalla possibilità di attingere a risorse economiche e culturali per porre in essere un’adeguata riparazione, risponde così Luciano Eusebi: “la riparazione del danno è sempre praticabile, perché è riferita alle condizioni soggettive dell’autore e non coincide col risarcimento oggettivo del danno né lo implica in modo necessario.” In Competenza penale del giudice di pace…, op. cit., 2002, p. 53 e 71.
59.Questa scelta, forse condizionata dalla natura ancora sperimentale del nuovo sistema, appare in contrasto con le scelte operate in altri ordinamenti dove non esiste una griglia rigida che “delimiti” l’esperibilità della pratica conciliativa. Per esempio in molti ordinamenti nordamericani, la mediazione si pone come tecnica di composizione dei conflitti interpersonale, non avente come parametro di riferimento le norme penali. Sappiamo però che proprio in tali ordinamenti una spinta in tal senso è garantita dalla presenza del principio di discrezionalità dell’azione penale.
60.PAPA, “La selezione dei reati per il sistema penale del giudice di pace: costruzione di un nuovo sistema punitivo e mutazioni della legalità penale”, in Competenza penale del giudice di pace…, op. cit., 2002, p. 40. L’Autore in ordine all’inosservanza dell’art. 731, ravvisa la possibilità che la competenza attribuita al giudice di pace possa sia incidere positivamente sul rapporto tra soggetto attivo e minore, sia consacrarlo alla figura di giudice più vicino alla comunità e al territorio incrementando così l’efficienza del sistema.
61.Intervento “Tutela della vittima, mediazione penale e giustizia riparativa” di Bouchard al Corso di formazione La vittima del reato tenutosi a Roma dal 5 al 7 dicembre 2002.
62.SCARDACCIONE, “Nuovi modelli di giustizia riparativa e mediazione penale”, in Rassegna penitenziaria e criminologia, n.1-2, 1997, p. 25.
63.Solo la Raccomandazione del Consiglio d’Europa sulla mediazione in materia penale del 1999 contiene una definizione della mediazione. Si veda il terzo capitolo.
64.BONAFE’-SCHMITT, La médiation: une justice douce, Paris, 1992.
65.CASTELLI, La mediazione. Teorie e tecniche, Milano, 1996, p. 5.
66.MANNOZZI, “Problemi e prospettive della giustizia ripartiva alla luce della Dichiarazione di Vienna, in Rassegna penitenziaria e criminologica del Ministero della Giustizia, n.1-3, 2000, p. 21.
67.MORINEAU, L’esprit de la médiation, Raimonville Saint-Agne, Edition Erés, 1998, traduzione di F. SOSSI, Lo spirito della mediazione, Milano, Franco Angeli, 2000, p.78-79.
68.OCCHIOGROSSO, “Mediazione e dintorni: il punto sulla nuova cultura del vivere civile e del fare giustizia”, in Minorigiustizia, n.2/1999, p. 27.
Sigue leyendo

LA FORMACION DE MEDIADORES ITALIANOS, MEDIAZIONE IL REGOLAMENTO ATTUATIV

[Visto: 665 veces]

MEDIAZIONE IL REGOLAMENTO ATTUATIVO

Pubblicato in sulla mediazione in data 18/11/2010
Autore: Marsicovetere Maria Elisabetta

Il Ministero della Giustizia di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, udito il parere favorevole del Consiglio di Stato del 22 settembre 2010 con Decreto n. 180 del 18 ottobre 2008 ha adottato il regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28

Il DECRETO è stato pubblicato nella G.U. n. 258 del 4 novembre 2010

Di seguito i punti salienti:

OGGETTO

Il decreto disciplina:
a) l’istituzione del registro presso il Ministero;
b) i criteri e le modalita’ di iscrizione nel registro, nonchè la vigilanza, il monitoraggio, la sospensione e la cancellazione dei singoli organismi dal registro;
c) l’istituzione dell’elenco presso il Ministero;
d) i criteri e le modalita’ di iscrizione nell’elenco, nonche’ la vigilanza, il monitoraggio, la sospensione e la cancellazione degli enti di formazione dall’elenco;
e) l’ammontare minimo e massimo e il criterio di calcolo delle indennita’ spettanti agli organismi costituiti da enti pubblici di diritto interno, nonche’ i criteri per l’approvazione delle tabelle delle indennita’ proposte dagli organismi costituiti dagli enti privati.

Registro degli organismi

Il decreto ha istituito il registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione.

Il registro e’ tenuto presso il Ministero nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali gia’ esistenti presso il Dipartimento per gli affari di giustizia;

Il Direttore generale della giustizia civile, ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale nell’ambito della direzione generale ne è responsabile

Il registro e’ articolato in modo da contenere le seguenti annotazioni:
parte i): enti pubblici;
sezione A: elenco dei mediatori;
sezione B: elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale;
sezione C: elenco dei mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo;
parte ii): enti privati;
sezione A: elenco dei mediatori;
sezione B: elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale;
sezione C: elenco dei mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo;
sezione D: elenco dei soci, associati, amministratori, rappresentanti degli organismi.
Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati.
La gestione del registro avviene con modalita’ informatiche che assicurano la possibilita’ di rapida elaborazione di dati.
Gli elenchi dei mediatori sono pubblici; l’accesso alle altre annotazioni e’ regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

I CRITERI PER L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO

Nel registro sono iscritti, a domanda, gli organismi di mediazione costituiti da enti pubblici e privati.
La verifica preventiva riguarda la professionalita’ e l’efficienza dei richiedenti
Sono richieste la capacità finanziaria e organizzativa del richiedente, nonche’ la compatibilita’ dell’attivita’ di mediazione con l’oggetto sociale o lo scopo associativo;

capacità finanziaria :il richiedente deve possedere un capitale non inferiore a quello la cui sottoscrizione e’ necessaria alla costituzione di una societa’ a responsabilità limitata

capacità organizzativa: il richiedente deve attestare di poter svolgere l’attività di mediazione in almeno due regioni italiane o in almeno due province della medesima regione, anche attraverso gli accordi di cui all’articolo 7, comma 2, lettera c);

sono richiesti inoltre:
il possesso da parte del richiedente di una polizza assicurativa di importo non inferiore a 500.000,00 euro per la responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell’attivita’ di mediazione;
i requisiti di onorabilita’ dei soci, associati, amministratori o rappresentanti dei predetti enti, conformi a quelli fissati dall’articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
la trasparenza amministrativa e contabile dell’organismo, ivi compreso il rapporto giuridico ed economico tra l’organismo e l’ente di cui eventualmente costituisca articolazione interna al fine della dimostrazione della necessaria autonomia finanziaria e funzionale;

le garanzie di indipendenza, imparzialità e riservatezza nello Svolgimento del servizio di mediazione, nonchè la conformità del regolamento alla legge ed al decreto, anche per quanto attiene al rapporto giuridico con i mediatori;

il numero dei mediatori, non inferiore a cinque, che hanno dichiarato la disponibilita’ a svolgere le funzioni di mediazione per il richiedente;
la sede dell’organismo.

I mediatori

Il responsabile verifica altresi’:

la qualificazione: devono possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa, devono essere iscritti a un ordine o collegio professionale;
LA specifica formazione e specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione;
I requisiti di onorabilita’
a. non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;
b. non essere incorso nell’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
c. non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
d. non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall’avvertimento;
le conoscenze linguistiche necessarie, per i mediatori che intendono iscriversi negli elenchi di cui all’articolo 3, comma 3, parte i), sezione B e parte ii), sezione B.

Gli organismi costituiti, anche in forma associata, dalle CCIAA e dai consigli degli ordini professionali sono iscritti su semplice domanda, all’esito della verifica della sussistenza del solo requisito di cui al comma 2, lettera b), per l’organismo e dei requisiti di cui al comma 3, per i mediatori.

Per gli organismi costituiti da consigli degli ordini professionali diversi dai consigli degli ordini degli avvocati, l’iscrizione è sempre subordinata alla verifica del rilascio dell’autorizzazione da parte del responsabile.

Procedimento di iscrizione

L’art. 5 disciplina le modalità di iscrizione che passa attraverso l’approvazione da parte del responsabile
del modello della domanda alla quale e’, in ogni caso, allegato il regolamento di procedura, con la scheda di valutazione e la tabella delle indennita’.

Per gli enti privati l’iscrizione nel registro comporta l’approvazione delle tariffe.
La domanda e i relativi allegati, sono trasmessi al Ministero, anche in via telematica,

Il procedimento di iscrizione deve essere concluso entro quaranta giorni.
La richiesta di integrazione della domanda o dei suoi allegati puo’ essere effettuata dal responsabile per una sola volta.

Dalla data in cui risulta pervenuta la documentazione integrativa richiesta, decorre un nuovo termine di venti giorni.
Quando e’ scaduto il termine di cui al primo o al terzo periodo del comma 3 senza che il responsabile abbia provveduto, si procede comunque all’iscrizione.

I Requisiti per l’esercizio delle funzioni di mediatore

Alla domanda di iscrizione va allegato l’elenco dei mediatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio.
Questi devono rendere:

dichiarazione di disponibilita’, sottoscritta e contenente l’indicazione della sezione del registro alla quale chiedono di essere iscritti;
Curriculum sintetico con indicazione specifica dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 3, lettere a) e b);
Attestazione di possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 3, lettera c);
Documentazione idonea a comprovare le conoscenze linguistiche necessarie all’iscrizione nell’elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale.

Nessuno puo’ dichiararsi disponibile a svolgere le funzioni di mediatore per piu’ di cinque organismi.

Le violazioni degli obblighi inerenti le dichiarazioni previste dal presente articolo, commesse da pubblici dipendenti o da professionisti iscritti ad albi o collegi professionali, costituiscono illecito disciplinare sanzionabile ai sensi delle rispettive normative deontologiche.

Il responsabile è tenuto a informarne gli organi competenti.

IL Regolamento di procedura

Il regolamento contiene l’indicazione del luogo dove si svolge il procedimento, che e’ derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell’organismo.

L’organismo puo’ prevedere nel regolamento:

a) che il mediatore deve in ogni caso convocare personalmente le parti;

b) che, in caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo, la stessa puo’ provenire da un mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora la mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente, e che la proposta medesima puo’ essere formulata dal mediatore anche in caso di mancata partecipazione di una o piu’ parti al procedimento di mediazione;

c) la possibilita’ di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione, nonche’ di utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell’articolo 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia;

d) la formazione di separati elenchi dei mediatori suddivisi per specializzazioni in materie giuridiche;

e) che la mediazione svolta dall’organismo medesimo è limitata a specifiche materie, chiaramente individuate.

Il regolamento stabilisce le cause di incompatibilita’ allo svolgimento dell’incarico da parte del mediatore e disciplina le conseguenze sui procedimenti in corso della sospensione o della cancellazione dell’organismo dal registro.
Il regolamento non puo’ prevedere che l’accesso alla mediazione si svolga esclusivamente attraverso modalita’ telematiche.

Il regolamento deve, in ogni caso, prevedere:
a) che il procedimento di mediazione puo’ avere inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del mediatore designato della dichiarazione di imparzialita’
b) che, al termine del procedimento di mediazione, a ogni parte del procedimento viene consegnata idonea scheda per la valutazione del servizio; il modello della scheda deve essere allegato al regolamento, e copia della stessa, con la sottoscrizione della parte e l’indicazione delle sue generalita’, deve essere trasmessa per via telematica al responsabile, con modalita’ che assicurano la certezza dell’avvenuto ricevimento;
c) la possibilita’ di comune indicazione del mediatore ad opera delle parti, ai fini della sua eventuale designazione da parte dell’organismo.

Fermo restando il dovere di riservatezza il regolamento garantisce il diritto di accesso delle parti agli atti del procedimento di mediazione, che il responsabile dell’organismo e’ tenuto a custodire in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato nell’ambito del registro degli affari di mediazione. Il diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte, gli atti depositati nella propria sessione separata.

Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.

I dati raccolti sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Gli obblighi degli iscritti

L’organismo iscritto e’ obbligato a comunicare immediatamente al responsabile tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell’iscrizione, compreso l’adempimento dell’obbligo di aggiornamento formativo dei mediatori.

Il responsabile dell’organismo e’ tenuto a rilasciare alle parti che gliene fanno richiesta il verbale di accordo di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo, anche ai fini dell’istanza di omologazione del verbale medesimo.

Il responsabile dell’organismo trasmette altresi’ la proposta del mediatore di cui all’articolo 11 del decreto legislativo, su richiesta del Giudice che provvede ai sensi dell’articolo 13 dello stesso decreto legislativo.

Gli effetti dell’iscrizione

Il provvedimento di iscrizione e’ comunicato al richiedente con il numero d’ordine attribuito nel registro.
A seguito dell’iscrizione, l’organismo e il mediatore designato non possono, se non per giustificato motivo, rifiutarsi di svolgere la mediazione.
A far data dal secondo anno di iscrizione, entro il 31 marzo di ogni anno successivo, ogni organismo trasmette al responsabile il rendiconto della gestione su modelli predisposti dal Ministero e disponibili sul relativo sito internet.

La sospensione e cancellazione dal registro

Il responsabile dispone la sospensione e, nei casi piu’ gravi, la cancellazione dal registro se, dopo l’iscrizione, sopravvengono o risultano nuovi fatti che l’avrebbero impedita, ovvero in caso di violazione degli obblighi di comunicazione o di reiterata violazione degli obblighi del mediatore

Il responsabile dispone altresi’ la cancellazione degli organismi che hanno svolto meno di dieci procedimenti di mediazione in un biennio.
La cancellazione impedisce all’organismo di ottenere una nuova iscrizione prima che sia decorso un anno.

Il Monitoraggio dei procedimenti di mediazione
Il Ministero procede annualmente, al monitoraggio statistico dei procedimenti di mediazione svolti presso gli organismi.
I dati statistici vengono separatamente riferiti alla mediazione obbligatoria, volontaria e demandata dal giudice.

Per ciascuna di tali categorie sono indicati i casi di successo della mediazione e i casi di esonero dal pagamento dell’indennita’.
Il Ministero procede altresi’ alla raccolta, presso gli uffici giudiziari, dei dati relativi all’applicazione, nel processo, dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo ( provvedimento che definisce il giudizio corrispondente alla proposta non accolta)

Il registro degli affari di mediazione

Ciascun organismo e’ tenuto a istituire un registro, anche informatico, degli affari di mediazione, con le annotazioni relative al numero d’ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l’oggetto della mediazione, il mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito.
E’ fatto obbligo all’organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.

Gli obblighi di comunicazione del Giudice al responsabile

Il giudice che nega l’omologazione trasmette al responsabile e all’organismo copia del provvedimento di diniego.

La natura personale della prestazione

Il mediatore designato esegue personalmente la sua prestazione.

I divieti inerenti al servizio di mediazione

L’organismo non puo’ assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai mediatori che operano presso di se’, anche in virtu’ di accordi conclusi ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lettera c).

Indennità

I Criteri di determinazione

L’indennita’ comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.

Per le spese di avvio è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 che e’ versato dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.
Per le spese di mediazione e’ dovuto da ciascuna parte l’importo indicato nella tabella A allegata al decreto.

L’importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato dalla medesima tabella A:
a) Puo’ essere aumentato in misura non superiore a un quinto per la particolare importanza, complessita’ o difficoltà dell’affare

b) Deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo

d) Deve essere ridotto di un terzo nelle materie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo ( materie in cui la mediazione è condizione di procedibilita’)
e) Deve essere ridotto di un terzo quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.

Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l’importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
Il valore della lite e’ indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti.
Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell’inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà.

Le spese di mediazione comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti.

Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o piu’ mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta.
Le spese di mediazione sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
Ai fini dell’indennita’, quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte.
Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3 ( spese di mediazione) , ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo.

Enti di formazione e formatori

Elenco degli enti di formazione

Il decreto ha istituito l’elenco degli enti di formazione abilitati a svolgere l’attivita’ di formazione dei mediatori che e’ tenuto presso il Ministero e il direttore generale della giustizia civile, ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale nell’ambito della direzione generale ne è il responsabile.

L’elenco e’ articolato in modo da contenere almeno le seguenti annotazioni:

parte i): enti pubblici;
sezione A: elenco dei formatori;
sezione B: elenco dei responsabili scientifici;
parte ii): enti privati;
sezione A: elenco dei formatori;
sezione B: elenco dei responsabili scientifici;
sezione C: elenco dei soci, associati, amministratori,
rappresentanti degli enti.
Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati.
La gestione dell’elenco avviene con modalita’ informatiche che assicurano la possibilita’ di rapida elaborazione di dati con finalita’ connessa ai compiti di tenuta di cui al presente decreto.
Gli elenchi dei formatori e dei responsabili scientifici sono pubblici; l’accesso alle altre annotazioni e’ regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

Criteri per l’iscrizione nell’elenco

Nell’elenco sono iscritti, a domanda, gli organismi di formazione costituiti da enti pubblici e privati.
Il responsabile verifica l’idoneita’ dei richiedenti e, in particolare:
a) la capacita’ finanziaria e organizzativa del richiedente,

capacita’ finanziaria:il richiedente deve possedere un capitale non inferiore a quello la cui sottoscrizione e’ necessaria alla costituzione di una societa’ a responsabilita’ limitata;

B) la compatibilita’ dell’attivita’ di formazione con l’oggetto sociale o lo scopo associativo;

C) i requisiti di onorabilita’ dei soci, associati, amministratori o rappresentanti dei predetti enti, conformi a quelli fissati dall’articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

D) la trasparenza amministrativa e contabile dell’ente, ivi compreso il rapporto giuridico ed economico tra l’organismo e l’ente di cui eventualmente costituisca articolazione interna al fine della dimostrazione della necessaria autonomia finanziaria e funzionale;

E) il numero dei formatori, non inferiore a cinque, che svolgono l’attivita’ di formazione presso il richiedente;

F) la sede dell’organismo, con l’indicazione delle strutture amministrative e logistiche per lo svolgimento dell’attivita’ didattica;

G) la previsione e la istituzione di un percorso formativo, di durata complessiva non inferiore a 50 ore, articolato in corsi teorici e pratici, con un massimo di trenta partecipanti per corso, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti, e in una prova finale di valutazione della durata minima di quattro ore, articolata distintamente per la parte teorica e pratica;

i corsi teorici e pratici devono avere per oggetto le seguenti materie: normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di mediazione e conciliazione, metodologia delle procedure facilitative e aggiudicative di negoziazione e di mediazione e relative tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa, anche con riferimento alla mediazione demandata dal giudice, efficacia e operatività delle clausole contrattuali di mediazione e conciliazione, forma, contenuto ed effetti della domanda di mediazione e dell’accordo di conciliazione, compiti e responsabilità del mediatore;

H) la previsione e l’istituzione di un distinto percorso di Aggiornamento formativo, di durata complessiva non inferiore a 18 ore biennali, articolato in corsi teorici e pratici avanzati, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti ovvero, in alternativa, di sessioni di mediazione; i corsi di aggiornamento devono avere per oggetto le materie dei percorsi formativi;

I) L’esistenza, la durata e le caratteristiche dei percorsi di formazione e di aggiornamento formativo devono essere rese note, anche mediante la loro pubblicazione sul sito internet dell’ente di formazione;

L) l’individuazione, da parte del richiedente, di un responsabile scientifico di chiara fama ed esperienza in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie, che attesti la completezza e l’adeguatezza del percorso formativo e di aggiornamento.

Il responsabile verifica altresi’:

a) i requisiti di qualificazione dei formatori, i quali devono provare l’idoneita’ alla formazione,

I docenti dei corsi teorici devono attestare di aver pubblicato almeno tre contributi scientifici in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie.

I docenti dei corsi pratici, devono attestare di aver operato, in qualita’ di mediatore, presso organismi di mediazione o conciliazione in almeno tre procedure;

Tutti i docenti, devono attestare di avere svolto attivita’ di docenza in corsi o seminari in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie presso ordini professionali, enti pubblici o loro organi, universita’ pubbliche o private riconosciute, nazionali o straniere, nonche’ di impegnarsi a partecipare in qualita’ di discente presso i medesimi enti ad almeno 16 ore di aggiornamento nel corso di un biennio;
b) il possesso, da parte dei formatori, dei requisiti di onorabilita’

Disciplina transitoria ed entrata in vigore

Art. 20 Disciplina transitoria

Gli organismi gia’ iscritti nel registro previsto dal decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 Si considerano iscritti di diritto al registro

Il responsabile verifica il possesso in capo a tali organismi dei requisiti previsti dall’articolo 4 e comunica agli stessi le eventuali integrazioni o modifiche necessarie.

Se l’organismo ottempera alle richieste del responsabile entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l’iscrizione si intende confermata; in difetto di tale ottemperanza, l’iscrizione si intende decaduta.

I mediatori abilitati a prestare la loro opera presso gli organismi di cui al comma 1 devono acquisire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i requisiti anche formativi in esso previsti per l’esercizio della mediazione o, in alternativa, attestare di aver svolto almeno venti procedure di mediazione, conciliazione o negoziazione volontaria e paritetica, in qualsiasi materia, di cui almeno cinque concluse con successo anche parziale. Gli stessi mediatori, fino alla scadenza dei sei mesi di cui al periodo precedente, possono continuare a esercitare l’attivita’ di mediazione. Dell’avvenuta acquisizione dei requisiti gli organismi di cui al comma 1 danno immediata comunicazione al responsabile.

Si considerano iscritti di diritto all’elenco gli enti abilitati a tenere i corsi di formazione, gia’ accreditati presso il Ministero ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222. Salvo quanto previsto dal comma 4, il responsabile verifica il possesso in capo a tali enti dei requisiti previsti dall’articolo 18 e comunica agli stessi le eventuali integrazioni o modifiche necessarie. Se l’ente ottempera alle richieste del responsabile entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l’iscrizione si intende confermata; in difetto di tale ottemperanza, l’iscrizione si intende decaduta.

I formatori abilitati a prestare la loro attivita’ presso gli enti di cui al comma 3 devono acquisire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i requisiti di aggiornamento indicati nell’articolo 18. Gli stessi formatori, fino alla scadenza dei sei mesi di cui al periodo precedente, possono continuare a esercitare l’attivita’ di formazione. Dell’avvenuto aggiornamento gli enti di cui al comma 3 danno immediata comunicazione al responsabile.

Tabella A

Valore della lite – Spesa (per ciascuna parte)
Fino a Euro 1.000: Euro 65;
da Euro 1.001 a Euro 5.000: Euro 130;
da Euro 5.001 a Euro 10.000: Euro 240;
da Euro 10.001 a Euro 25.000: Euro 360;
da Euro 25.001 a Euro 50.000: Euro 600;
da Euro 50.001 a Euro 250.000: Euro 1.000;
da Euro 250.001 a Euro 500.000: Euro 2.000;
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000: Euro 3.800;
da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000: Euro 5.200;
oltre Euro 5.000.000: Euro 9.200.

Maria Elisabetta Marsicovetere

Sigue leyendo