Archivo por meses: diciembre 2012

Corea del Sur eligió a la primera presidenta de su historia

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Corea del Sur eligió a la primera presidenta de su historia

Se trata de Park Geun-hye, miembro del partido gobernante e hija de Park Chung-hee, dictador del país asiático en las décadas del 60 y 70
Corea del Sur eligió a la primera presidenta de su historia
Park saluda a la multitud al enterarse del resultado. (AP)

Seúl (EFE). La candidata conservadora Park Geun-hye fue declarada como vencedora de las elecciones presidenciales en Corea del Sur. Según medios de prensa surcoreanos obtuvo el 51,6 por ciento de votos, lo que representa aproximadamente 13.2 millones de personas, cifra que la convierte en la primera presidenta de la historia de este país asiático.

Voceros de su partido –Saenuri- sostuvieron que Park tiene previsto pronunciar un discurso público en el centro de Seúl, a la medianoche, para agradecer el respaldo mostrado por el electorado. Sustituirá a su compañero de partido Lee Myung-bak como presidenta de la República de Corea, cargo que asumirá el próximo febrero para un mandato no renovable de 5 años.

Park Geun-hye, soltera y sin hijos, es hija del fallecido dictador Park Chung-hee, cuyo gobierno se caracterizó por las políticas represivas de los 60 y los 70, así como el rápido avance económico, lo cual según muchos expertos ha brindado a Park el voto de muchas personas mayores admiradoras de su padre.

FUENTE: EL COMERCIO PERU
miércoles 19 de diciembre del 2012 10:55
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Fiscalía investigará por qué no se acusó a Martin Rivas por caso Mariella Barreto

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Fiscalía investigará por qué no se acusó a Martin Rivas por caso Mariella Barreto

El fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, pidió que se indague la supuesta demora del proceso contra el ex Colina por la tortura y muerte de la agente de inteligencia
Fiscalía investigará por qué no se acusó a Martin Rivas por caso Mariella Barreto
A Santiago Martin Rivas, ex integrante del grupo Colina, se le imputa el secuestro, tortura y asesinato de la ex agente de inteligencia Mariella Barreto. (Foto: Archivo El Comercio)

El fiscal de la Nación, José Antonio Peláez Bardales, ordenó hoy que la Fiscalía Suprema de Control Interno investigue por qué hasta la fecha no se ha emitido el dictamen acusatorio contra Santiago Martin Rivas, ex integrante del grupo Colina, por el secuestro, tortura y asesinato de la ex agente de inteligencia Mariella Barreto.

Por medio de un comunicado, el titular del Ministerio Público consideró que si bien la decisión de la Cuarta Sala Penal Liquidadora de liberar a Martin Rivas por exceso de carcelería no se cumplirá porque el ex Colina tiene condenas pendientes, puede “haber responsabilidad por el prolongado tiempo que lleva esta investigación”.

El lunes la abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Gloria Cano, alertó que el Poder Judicial ordenó la excarcelación de Martin Rivas y de José Concepción Alarcón Gonzales.

Esta medida no se pudo ejecutar, explicó, porque ambos tienen pendiente el caso Barrio Altos que la Corte Suprema todavía no define.

FUENTE: EL COMERCIO PERU
19-12-12 Sigue leyendo

Colombia, condenada por una masacre en la que murieron 17 civiles en 1998

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Colombia, condenada por una masacre en la que murieron 17 civiles en 1998
Un avión de la Fuerza Aérea bombardeó un caserío durante un operativo contra las FARC

Elizabeth Reyes L. Bogotá 19 DIC 2012 – 05:43 CET

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado a Colombia por las violaciones de derechos humanos que se cometieron en lo que se ha llamado la masacre de Santo Domingo, ocurrida el 13 de diciembre de 1998 cuando un avión de la Fuerza Aérea de ese país, que adelantaba un operativo contra guerrilleros de las FARC, lanzó bombas contra un caserío en el municipio de Santo Domingo, en el departamento de Arauca, al oriente del país. Por el bombardeo murieron 17 personas, seis de ellas niños, y 27 más resultaron heridas, entre ellas 10 menores.

Según el fallo de la CIDH, “debido a la precisión limitada del dispositivo utilizado, el lanzamiento del mismo en el casco urbano del caserío de Santo Domingo o cerca de ahí, era contrario al principio de precaución reconocido por el Derecho Internacional Humanitario”. El dispositivo al que se refiere la Corte es un bomba tipo cluster (compuesta por seis granadas) y no un carro-bomba de las FARC, como alegaba el gobierno colombiano. El proyectil fue arrojado desde un helicóptero de la Fuerza Aérea. Para la CIDH está claro que el Estado es responsable de la tragedia de Santo Domingo por la violación a los derechos a la vida y a la integridad personal.

Durante el proceso judicial, los miembros de la Fuerza Aérea involucrados negaron su responsabilidad en la tragedia. Incluso aseguraron que varios de los muertos no eran civiles, sino guerrilleros y que las bombas que causaron la muerte de las 17 personas pertenecían a las FARC, que se habían camuflado entre la población. Sin embargo, una investigación del FBI determinó que el atentado sí fue producto de la bomba clúster que lanzaron miembros de la Fuerza Aérea y reveló que las grabaciones de los pilotos habían sido borradas del expediente judicial que adelantaba la justicia penal militar, intentando encubrir a los responsables del crimen.

A pesar de las pruebas en contra de los militares, abogados de una ONG que defiende a miembros de las Fuerzas Militares acusados de violaciones a derechos humanos en Colombia aseguraron que todo había sido un complot de la guerrilla para culparlos de la muerte de estos civiles. Esta estrategia sirvió para dilatar la responsabilidad del Estado en el reconocimiento del crimen, por lo que las víctimas decidieron en julio de 2011 presentar el caso ante la Corte Interamericana.

En el fallo, la Corte asegura que no se demostró que Colombia no hubiera realizado una investigación exhaustiva. “Por el contrario, la Corte constató y estableció que los mecanismos y procedimientos internos habían coadyuvado en el esclarecimiento de la verdad”, señala el texto de 110 páginas. Por estos hechos, el Tribunal Superior de Bogotá ratificó la condena del piloto Cesar Romero y del copiloto, Johan Jiménez, a 360 meses de prisión.

La sentencia de la CIDH afirma “que el Estado había incumplido con su deber de protección especial de las niñas y niños afectados por los hechos de Santo Domingo, toda vez que no cumplió con su obligación especial de protección en el marco de un conflicto armado no internacional”.

Entre las conclusiones de la sentencia, el tribunal internacional ordenó al Gobierno de Juan Manuel Santos hacer un acto público, durante los próximos seis meses, donde reconozca su responsabilidad. Además, deberá “otorgar y ejecutar en el plazo de un año las indemnizaciones y compensaciones pertinentes por concepto de daños materiales e inmateriales, a favor de varias de las víctimas heridas y de varios de los familiares de víctimas que no acudieron a la jurisdicción de lo contencioso administrativo”. La sentencia no incluye indemnizaciones económicas para las víctimas de los casos que ya fueron juzgados en Colombia.

Hace unos días, se conoció que el comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, Tito Saúl Pinilla, había pedido la absolución de los pilotos vinculados al caso.

FUENTE. EL PAIS ESPAÑA
18-12-12
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Francia abre la puerta al suicidio asistido y a la sedación terminal

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Francia abre la puerta al suicidio asistido y a la sedación terminal
Un informe encargado por Hollande certifica que el 56% de los ciudadanos desea ser “ayudado a morir”

El Gobierno socialista enviará la ley de eutanasia al Parlamento en junio de 2013
Miguel Mora París 18 DIC 2012 – 17:48 CET259

El profesor Didier Sicard recibió hace seis meses un encargo de François Hollande para elaborar un informe sobre “el final de la vida” y hoy ha entregado al jefe del Estado un documento que se considera el primer paso hacia una ley de eutanasia, que el Gobierno socialista planea enviar al Parlamento en junio de 2013. El informe, adelantado hoy por Le Monde, afirma sin ambages que es preciso abrir vías legales para regular la asistencia médica que ayude a “terminar la vida con dignidad”, enfatiza que es necesario “cumplir las esperanzas y expectativas de los ciudadanos sobre el fin de la vida”, certifica que el 56% de los franceses desea recibir “ayuda médica para mejor morir”, y propone dos soluciones llamadas a suscitar viva polémica.

La primera es interrumpir los tratamientos y aplicar la sedación terminal (opiáceos que conducen al coma y a la muerte) “siempre que el paciente lo solicite de forma reiterada”, y la segunda es que el Estado “asuma la responsabilidad, si la sociedad desea ir en esa dirección”, de regular el suicidio asistido y ayudar a los “enfermos incurables y conscientes” que deseen dejar de vivir.

Citando los casos de Suiza y el estado de Oregón, el estudio afirma que el suicidio asistido quedaría reservado “a las personas afectadas por una enfermedad degenerativa e incurable en estado terminal a quienes la perspectiva de vivir su vida hasta el final les pueda parecer insoportable”. El informe afirma que si se adoptara esta propuesta, la responsabilidad no puede ser dejada en manos de las asociaciones militantes del derecho a morir, sino que deben ser “el Estado y los médicos quienes se ocupen de facilitar los medicamentos y de acompañar al enfermo”.

El informe descarta sin embargo la eutanasia activa, legal en países como Bélgica y Holanda, y que consiste en pedir a los médicos “un gesto radical” que produzca la muerte de un paciente, ya que estima que esto “franquearía la barrera de lo prohibido”.

Hollande ha reaccionado deprisa a las recomendaciones de la comisión científica reunida en torno al profesor Sicard, y el Elíseo ha solicitado el parecer del Comité Consultivo Nacional de Ética sobre tres puntos específicos: las instrucciones anticipadas de los pacientes por escrito (que el informe pide regular mejor); “las condiciones estrictas para permitir a un paciente consciente y autónomo, afectado por una enfermedad grave e incurable, ser acompañado y asistido en su voluntad de poner él mismo fin a su vida”, y las condiciones para “hacer más dignos los últimos momentos de un paciente cuyo tratamiento haya sido interrumpido por los médicos tras una decisión tomada por él mismo o por su familia”.

Elaborado con las opiniones de nueve especialistas (un filósofo, un jurista, varios médicos) que han realizado debates por todo el país y 80 entrevistas directas, el informe es un alegato contra la sordera de la clase médica actual hacia las necesidades de los pacientes terminales. “Entre el 80% y el 90% de los franceses desea una legislación de la eutanasia. Se trata de una petición profunda de gente que no quiere verse sometida en ese periodo de extrema vulnerabilidad a una medicina sin alma”, afirma Sicard, quien añade que su misión ha detectado “el malestar, la cólera, la obsesión (de los franceses) por verse abocados a un final de la vida insoportable, a sufrir o ver sufrir a sus allegados”.

El estudio revela además la existencia de desigualdades entre enfermos en el acceso a los cuidados paliativos en función de si la muerte se produce en hospitales privados o públicos, donde expira la mayoría de la población. Los médicos de la red pública, afirma Sicard, suelen privilegiar la técnica, consideran la muerte “como un fracaso”, apenas escuchan a los enfermos que desean dejar de vivir y ponen el acento en la atención paliativa sin abrazar “la cultura de mitigar el olor”.

Sicard denuncia también una tendencia creciente a lo que llama “el dejar morir”, una interpretación laxa de la actual ley sobre el final de vida (la ley Leonetti) que consiste en aliviar el dolor del enfermo en peligro de muerte sin tener intención real de ayudarle a morir. “Privilegiar las sedaciones ligeras y cortas, en el interés del médico que no quiere ser acusado de eutanasia, puede ser de una gran crueldad contra las personas”, afirma el estudio. De ahí procede la principal recomendación: cuando una persona pide expresamente interrumpir todo tratamiento susceptible de prolongar su vida, hace falta, tras una decisión colegiada, “darle la posibilidad de un gesto realizado por un médico que acelere la llegada de la muerte”. La Academia de Medicina ya advirtió el 12 de diciembre de que “ningún médico será autorizado a dar la muerte”.

El informe no preconiza una nueva legislación sino abrir un periodo de reflexión y aprobar un reglamento de “buenas prácticas” del ejercicio médico que complete la ley actual. “La muerte”, ha dicho el profesor Sicard a Le Monde, “es el momento de la vida en que la autonomía de la persona debe ser más respetada”.

FUENTE: EL PAIS ESPAÑA
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CATALANES VOTARAN SU INDEPENDENCIA EN EL 2014

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El camino hacia el referéndum independentista, paso a paso
El acuerdo de Junqueras y Mas fija un calendario para poner en marcha ya la consulta
En enero se dará el primer paso para aprobar la ley de consultas
Se creará un Consejo Catalán para la Transición Nacional

El acuerdo sobre el referéndum (en catalán)
CiU y ERC pactan celebrar el referéndum independentista en 2014

Miquel Noguer / Maiol Roger Barcelona 18 DIC 2012 – 21:41 CET191
Oriol Junqueras y Francesc Homs. Al fondo Artur Mas, esta noche. / Massimiliano Minocri

El acuerdo cerrado este martes por Artur Mas y Oriol Junqueras recoge el fracaso de los intentos de Cataluña para lograr un encaje en España y el “compromiso explícito” de CiU y ERC para hacer la consulta en 2014. A partir de ahí, establece los puntos precisos del proceso durante 2013 para llegar a la votación.

1. Formular una “Declaración de Soberanía del Pueblo de Cataluña” en el primer Pleno extraordinario de la décima legislatura, que tenga por objeto fijar el compromiso del Parlamento con el ejercicio del derecho a decidir del pueblo de Cataluña.

2. Aprobar la Ley de consultas a partir de los trabajos iniciados en la anterior legislatura, incorporándole las modificaciones y enmiendas que se consensúen. En este sentido, se establece el compromiso de impulsar el inicio de la tramitación parlamentaria como máximo a finales del mes de enero de 2013.

3. Abrir un proceso de negociación y diálogo con el Estado español para ejercer el derecho a decidir, que incluya la opción de convocar un referéndum, previsto en la Ley 4/2010 del Parlamento de Cataluña, de consultas populares por vía de referéndum. En este sentido, se establece el compromiso de formalizar la petición en el primer semestre de 2013.

4. Crear el Consejo Catalán para la Transición Nacional, como órgano de impulso, de coordinación, de participación y de asesoramiento del Gobierno de la Generalitat en relación con las actuaciones del proceso de consulta y transición nacional, y con el objetivo de garantizar su impulso y materialización. Este organismo estará integrado por personalidades de reconocido prestigio y/o representativas de los diversos ámbitos vinculados al proceso de la transición nacional y la preparación y celebración de la consulta.

El Consejo deberá favorecer la participación en el proceso de las entidades económicas, sociales y culturales de nuestro país, así como de las formaciones políticas favorables al derecho a decidir y a la celebración de una consulta.

5. CiU y ERC se comprometen a trabajar todos los procedimientos formales, jurídicos e institucionales posibles hasta el 31 de diciembre de 2013 para estar en condiciones, a partir de entonces, de convocar la consulta, de acuerdo con el marco legal que la ampare, dentro del plazo del año siguiente [2014] con la excepción de que el contexto socioeconómico y político requirieran una prórroga. En todo caso, la fecha será pactada, al menos, por las dos partes firmantes.

6. Convocar una consulta para que el pueblo de Cataluña se pueda pronunciar sobre la posibilidad de que Cataluña se constituya como un Estado en el marco europeo.

CIU y ERC acuerdan trabajar para consolidar una mayoría social amplia que permita garantizar el éxito de la consulta y del proceso de transición nacional.

FUENTE: EL PAIS ESPAÑA
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Asesino de Connecticut disparó cuatro veces en la cabeza a su madre dormida

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Asesino de Connecticut disparó cuatro veces en la cabeza a su madre dormida

Las autopsias a la mujer y al joven que desató el terror en una escuela de Newtown revelaron detalles de la tragedia
Asesino de Connecticut disparó cuatro veces en la cabeza a su madre dormida
(Reuters)

Newtown (EFE). El autor de la masacre de Newtown (Connecticut), Adam Lanza, disparó hasta cuatro veces en la cabeza a su madre, Nancy Lanza, mientras esta dormía, según informó hoy el director de la Oficina del Forense de Connecticut, Wayne Carver.

Carver explicó, además, que las autopsias tanto del autor como de su madre ya finalizaron. El joven de 20 años se quitó la vida con un disparo en la frente, detalló por otro lado el forense.

Carver descartó que Lanza estuviera bajo medicación en el momento en que perpetró la masacre, como se había barajado tras las declaraciones de su tío Jonathan Lanza, quien dijo que estaba siendo tratado contra la esquizofrenia.

ASPERGER
Sin embargo, los padres del autor de la masacre en alguna ocasión habían dicho a su círculo de amigos que su hijo padecía el síndrome de Asperger, una variante del autismo, pero no se sabe aún si había sido diagnosticado formalmente.

Las investigaciones continúan en la casa que Lanza compartía con su madre de donde los agentes se han incautado de teléfonos celulares, computadoras y videojuegos de ordenador, pero no han encontrado nada en la residencia que indique que estaba tomando medicación.

Las autoridades están tratando de acceder, bajo orden de registro, al historial médico del joven.

FUENTE: EL COMERCIO PERU
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Bankia facilitará el arbitraje para titulares de preferentes estafados

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Bankia facilitará el arbitraje para titulares de preferentes estafados
Guindos asegura que en casos de “mala praxis” se recuperará el 100% de lo invertido
El resto asumirá pérdidas del 40%

Jesús Sérvulo González Madrid 18 DIC 2012 – 20:47 CET105

Los clientes de Bankia que prueben que fueron “engañados o estafados” y que carecían de formación para entender lo que estaban comprando podrán recuperar la totalidad de la inversión, según avanzó este martes el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos.

El ministro aseguró que impulsará el arbitraje para los casos de preferentes de la nacionalizada Bankia. El grupo BFA emitió desde 2009 unos 4.500 millones en participaciones preferentes y deuda subordinada a minoristas. El proceso se realizará a través de las entidades de consumo de las comunidades autonómicas. “Se aplicará en los casos más flagrantes donde se haya demostrado mala praxis en la comercialización de estos productos y en aquellas circunstancias personales en las que el cliente no estaba en condiciones de entender el producto”, puntualizó Guindos durante su intervención en la Comisión de Economía del Congreso, donde ha explicado que este procedimiento será parecido al que ya aplican NovaGalicia Banco (NCG Banco) y Catalunya Caixa. “Aquellos que se han visto afectados con una comercialización inadecuada y lo puedan demostrar se compensará al 100% el valor nominal de su inversión”, insistió el titular de Economía.

Un experto privado dirá cuáles son los casos en los que hubo fraude

El ministro se anticipa a la posible generalización del caso de NCG Banco con este instrumento de intermediación. El instituto gallego de consumo ha dictado laudos para que 6.000 familias, de los 45.000 clientes afectados por las preferentes, recuperen sus ahorros. Catalunya Caixa también ha visto cómo la Junta de Consumo de Cataluña le instó a devolver toda la inversión a 80 clientes que reclamaron. Tiene otro millar de casos abiertos.

Uno de los asuntos más espinosos del plan anunciado este martes por Economía consiste en que será un “asesor privado” el que cribe los casos en los que ha habido una mala comercialización de las preferentes. Será un auditor independiente que evite que el banco proteja a algunos clientes. Pero Economía no ha aclarado cuáles serán los criterios para filtrar los casos. Ante las preguntas de la oposición, el ministro aclaró que está “abierto a establecer todos los filtros que [los partidos] consideren oportunos para que se produzca el arbitraje para aquellos que como consecuencia de una comercialización no adecuada de un producto de preferentes se vieron de alguna forma engañados o estafados”. Guindos ha explicado que el arbitraje tendrá ventajas en “términos de rapidez y coste sobre el proceso judicial”.

Las entidades de consumo regionales decidirán sobre el arbitraje

Bankia apoyó el anuncio de arbitraje para clientes particulares de preferentes y deuda subordinada que colocaron las ocho cajas de ahorro que fundaron el grupo. Por su parte, Adicae (asociación de usuarios de banca, cajas y seguros) criticó que Bankia lo reduzca a un grupo reducido de clientes, ya que, a su juicio, “el asesor privado juzgará de manera subjetiva cuáles son los casos que pueden acceder a este procedimiento”.
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Aquellos inversores que no puedan probar que hubo fraude en la comercialización de instrumentos híbridos (participaciones preferentes o deuda subordinada) recibirán su inversión con una pérdida del 40% aproximadamente, según precisó Economía. Guindos indicó que esta minusvalía es inferior a lo establecido en la normativa pública sobre ayudas de Estado.

Estos clientes de Bankia recibirán acciones de la nueva entidad nacionalizada y con el balance limpio de los activos tóxicos inmobiliarios que la entidad habrá traspasado al banco malo. “Es un sistema de compensación de los preferentistas”, aclaró a los medios a la salida de la comisión.

FUENTE: EL PAIS ESPAÑA
18-12-12 Sigue leyendo

AUMENTAN DESALOJOS POR HIPOTECAS NO PAGADAS

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El CGPJ advierte de que los litigios por impago de hipotecas subieron un 134%
Moliner admite que el aumento de los desalojos han creado “un conflicto social”
Agencias Madrid 17 DIC 2012 – 16:58 CET99

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gonzalo Moliner, ha informado en el Congreso de los Diputados de que las ejecuciones hipotecarias han registrado un incremento del 134,13% en 2012, lo que ha acarreado la “consiguiente creación de un conflicto social”. Moliner, según ha aclarado un portavoz del Poder Judicial, se refería al total de procedimientos de ejecuciones hipotecarias iniciadas en 2012 y no solo a los desahucios de familias. Las ejecuciones hipotecarias no son exactamente desahucios de viviendas, ya que incluyen también los lanzamientos de plazas de garaje, segundas residencias o locales comerciales en uso o no. En números redondos, en lo que va de año se habrían iniciado en España 182.178.

Durante su intervención en la Comisión de Justicia para presentar la Memoria correspondiente a 2011, Moliner ha destacado que el número de asuntos ingresados en la Jurisdicción Civil en los tres primeros trimestres de 2012 ha disminuido un 3,05%.

Esta reducción ha sido provocada por la disminución experimentada en los Juzgados de Primera Instancia (-3,56%), Mercantiles (-2,16%), y Primera Instancia e Instrucción (6,40%).

No obstante, el presidente del órgano de gobierno de los jueces ha precisado que en los asuntos computados para medir su entrada en los órganos jurisdiccionales no se han tenido en cuenta los procesos monitorios ni las ejecuciones hipotecarias, que, por el contrario, “se han incrementado notablemente” hasta alcanzar el 52,36% los procesos monitorios y el 134,13% las ejecuciones hipotecarias reales.

Según ha dicho, estos datos llevan a la conclusión de que “en realidad no ha descendido la litigiosidad, sino que se ha modificado la calidad de la misma, siendo sorprendente el incremento de las ejecuciones hipotecarias con la consiguiente creación de un conflicto social de reciente memoria”, en referencia a los desahucios.

Según los datos de la memoria, las ejecuciones hipotecarias se dispararon de 2008 a 2009, cuando pasaron de 58.686 a 93.319. Al año siguiente, la cifra se mantuvo casi estable (93.636), para descender un 16,9% al año siguiente (77.854). Los datos de Moliner, quien no ha ofrecido datos concretos, suponen que en lo que va de año se habrían superado los 182.000 casos de ejecuciones hipotecarias.

fuente: EL PAIS ESPAÑA
17.12.12. Sigue leyendo

Un padre por vientre de alquiler logra el permiso de maternidad

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Un padre por vientre de alquiler logra el permiso de maternidad

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid obliga al Instituto Nacional de la Seguridad Social a pagar al padre los meses que estuvo de baja para cuidar del bebé

Alejandra Agudo Madrid 17 DIC 2012 – 19:08 CET

“Es una alegría, no solo por la parte económica, sino porque consideramos que era una discriminación con respecto al resto de familias”. Así celebra Antonio Vila-Coro la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en la que se reconoce el derecho de su marido, Juan F. Castillo, a recibir la prestación por baja de maternidad, que la Seguridad Social le había denegado, tras el nacimiento de su hija por gestación subrogada (vientre de alquiler) en Estados Unidos. En España está prohibida.

El matrimonio no aceptó la negativa del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) a reconocer la baja de maternidad a Castillo. Recurrieron a la justicia pero en primera instancia la sentencia fue contraria a su petición. “Nos decían que no habíamos parido ni adoptado a la niña”, explica Vila-Coro. La ley española, según detalla la abogada de la pareja, Carmen Arias Molero, “solo contempla la posibilidad de que un hombre tenga derecho a la baja de maternidad en caso de fallecimiento de la madre, adopción o acogimiento”. “Pero el fin primordial tiene que ser el interés del menor, el cuidado del bebé”, alega. Este argumento es el que ha tenido en cuenta el TSJ de Madrid para dar la razón al matrimonio que, tres años después del nacimiento de su hija, cobrará las cuatro mensualidades que Castillo dejó de cobrar en los meses que no trabajó para cuidar de la pequeña. “Y tuvieron suerte porque la empresa de Juan fue comprensiva y le permitió que se cogiera la baja, aunque sin cobrar”, añade Arias.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) no ha recurrido la sentencia que le obliga a pagar la prestación a Castillo. “Es firme, lo supe el pasado jueves”, celebra Arias. “Esto nos viene muy bien para recurrir en otros tribunales superiores de otras comunidades donde hay casos similares pendientes”, añade. La abogada lamenta, sin embargo, que las familias homoparentales por gestación subrogada tengan que llegar a los tribunales para que se le reconozcan sus derechos. “Tiene que cambiar la ley”, dice.

Esta pareja sabe que su lucha puede ayudar a otros matrimonios homosexuales. En 2011 consiguieron, buscando el apoyo de instituciones, organizaciones y de la ciudadanía en las redes sociales, que se reconociera su derecho a inscribir a sus hijos nacidos de un vientre de alquiler en el Registro Civil español. “Somos más de 150 familias con hijos por gestación subrogada en la plataforma sonnuestroshijos, aunque en España hay más. Y ahora se nos reconoce un derecho más”, zanja Vila-Coro.

fuente: EL PAIS ESPAÑA
17.12.112
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El Tribunal Constitucional avala la atención sanitaria a los sin papeles

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El Tribunal Constitucional avala la atención sanitaria a los sin papeles
Levanta parte de la suspensión del decreto del Gobierno vasco pero mantiene el copago

María Fabra 17 DIC 2012 – 18:05 CET213

El acceso a la Sanidad de los “sin papeles” fue restringido en abril. / SANTI BURGOS

La limitación de acceso a la sanidad para los inmigrantes que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy no se aplicará, al menos de momento, en el País Vasco. El Tribunal Constitucional ha levantado la suspensión de parte del decreto con el que el entonces Ejecutivo de Patxi López trató de saltarse los recortes sociales que implicaban las medidas adoptadas desde el Ministerio de Sanidad. Hasta que el Constitucional no sentencie sobre el conflicto de competencias, podrá aplicarse el decreto del Gobierno vasco en este aspecto.

En su auto, el Tribunal Constitucional atiende las alegaciones formuladas por el Gobierno vasco y esgrime que excluir a determinados colectivos de la atención sanitaria supondría poner en riesgo su salud “lo que repercutiría no solo en su estado de salud individual sino en la prevención de la propagación de determinadas enfermedades infecto contagiosas, afectando seriamente a la salud de toda la sociedad”.

Sobre el argumento del ahorro, que fue el que esgrimió el Gobierno para limitar la atención sanitaria, el alto tribunal considera que el derecho a la salud “no puede verse desvirtuada por la mera consideración de un eventual ahorro económico” que, como sostiene, ni siquiera ha sido concretado.

El Gobierno recurrió el decreto del País Vasco ante el Constitucional que, en julio, admitió a trámite el recursos y decretó la suspensión de la decisión del Gobierno autónomo. Sin embargo, ahora, el mismo Constitucional, ante las alegaciones presentadas por el Ejecutivo vasco, ha levantado parte de esa suspensión.

La suspensión que permanece vigente es la relativa al copago farmacéutico contra el que el Gobierno de Euskadi también se había plantado. Pero el Constitucional la mantiene alegando que el planteamiento de los prejuicios que la medida iba a suponer se realizan desde un “carácter marcadamente hipotético”, mientras que la Abogacía del Estado aportó datos económicos sobre la evolución del gasto farmacéutico en el País Vasco para justificar la aplicación del copago. En cualquier caso, hasta ahora, en Euskadi no se ha implantado el copago farmacéutico pese al mando del Constitucional.

Del total de 910.342 personas que se quedaron en toda España sin acceso universal a la sanidad, unas 25.000 personas viven en Euskadi.

El auto del Tribunal Constitucional solo hace referencia a la solicitud de levantamiento de la suspensión y no entra en el conflicto de competencias en el que se basó el recurso ante el alto tribunal.

El decreto fue una de las últimas acciones del consejero de Sanidad, Rafael Bengoa, para garantizar la gratuidad y universalidad del sistema sanitario público. Para ello el acceso se mantenía en todas las personas que residen en Euskadi y se mantenían también los niveles de aportaciones en el pago de medicamentos, además de incorporar la exención de pago a diversos colectivos.

En sus alegaciones, el Gobierno vasco adujo que los inmigrantes son el colectivo “que resulta más afectado por patologías infecciosas”, y apuntó que “al quedar sin el apoyo clínico sanitario, supondría un riesgo de contagio para el resto de la población”.

FUENTE: EL PAIS ESPAÑA
17-12-12 Sigue leyendo