Hoy fui entrevistado en Radio Nacional del Perú, en el programa Nacional en la Noticia (1ra. edición), conducido por Alberto Ku-King, Augusto Vásquez Castello y Luis Sotomayor, sobre las polémicas resoluciones del Tribunal Constitucional (TC) respecto de los bonos de la reforma agraria. El siguiente es el audio de la entrevista:
Publicado en La Primera (15 de agosto de 2013).
TC USURPA FUNCIONES del Congreso y Poder Ejecutivo, con nueva resolución sobre caso de bonos agrarios, denuncia parlamentario Manuel Dammert.
Por: Ramiro Angulo (Redacción)
El abogado Guillermo Olivera señaló que la resolución emitida el martes último por el Tribunal Constitucional (TC) y que declara improcedente los recursos de reposición presentados por los abogados del Congreso y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para buscar la nulidad del fallo que dispone el pago de la deuda de los bonos agrarios es ilegal en tanto la ley establece que cualquier resolución debe ser adoptada por mayoría simple.
Indicó que la nueva resolución es ilegal, inconstitucional y prevaricadora en tanto viola el sentido expreso de la ley. “Todo acuerdo del TC para que adopte la calidad de resolución tiene que ser adoptado por mayoría simple y tres votos de seis no son mayoría simple, mayoría simple son cuatro”, anotó.
El constitucionalista Carlo Magno Salcedo coincidió con Olivera al indicar que la resolución emitida es nula en tanto un reglamento del Tribunal Constitucional que indica que las resoluciones se pueden emitir con tres votos es irregular en tanto no puede estar encima de la ley. Según refirió la ley contiene al reglamento y esta plantea que las resoluciones emitidas por esta institución deben ser por mayoría simple.
Publicado en La Primera (26 de julio de 2013).
Óscar Urviola presidente del TC.
JURISTAS CONSULTADOS por LA PRIMERA indican que el presidente del TC no aclara nada y de que adelanta opinión ante recurso de nulidad presentado por el Estado.
Por: Ramiro Angulo (Redacción)
El jurista Carlo Magno Salcedo indicó que las declaraciones del presidente del Tribunal Constitucional (TC), Óscar Urviola, ofrecidas ayer no aclaran la polémica iniciada por la resolución emitida a favor de que el Estado pague la deuda de los bonos agrarios y señaló que complicarían la situación ante una eventual demanda presentada por los representantes del nuevo decano del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP).
Urviola dijo ayer que la solicitud de ejecución de sentencia pedida por el CIP en octubre del 2011 y noviembre del 2012 están debidamente documentadas a pesar de la opinión vertida por el decano nacional del CIP, Carlos Herrera, quien refirió que dicho pedido no había sido hecho de manera oficial por el Colegio y que se realizó a título personal para defender intereses de terceros.
Salcedo sostuvo que los magistrados se pronuncian a través de sus resoluciones e indicó que Urviola está emitiendo juicios respecto de los cuales tendría que pronunciarse eventualmente a propósito de esta resolución.
“Él está adelantando opinión, él está en contra de lo que eventualmente puedan reclamar las partes en este proceso con lo cual está trasgrediendo un principio de neutralidad”, anotó.
Reproduzco la siguiente nota del diario La Primera (15 de julio de 2013), en que se alude a mi opinión respecto de este tema. Aunque lo que se consigna sobre mi postura es verdad, conforme está redactada la nota diera la impresión que yo he participado en la elaboración de una demanda o denuncia contra los miembros del TC, hecho que niego categóricamente. También hay otras imprecisiones en la nota. Por ello he enviado una carta de rectificación que también reproduzco al final de este post y que espero se publique.
YA PRESCRIBIÓ PLAZO PARA ACLARAR O MODIFICAR mediante la modalidad de ejecutoria una sentencia del TC del año 2001. Magistrados están impedidos de intervenir para fijar cuándo y cómo pagar deuda por bonos agrarios.
Los magistrados del Tribunal Constitucional serán denunciados constitucionalmente y penalmente por haber ocultado la solicitud planteada el 2012 por el Colegio de Ingenieros, en el que pide que se especifique cuándo y las formas o mecanismos que deberá seguir el Poder Ejecutivo para cancelar la deuda por los bonos agrarios.
Según el método que se adopte, la deuda a los tenedores de los bonos puede ir desde los US$1,000 millones hasta los US$4,000 millones.
Al respecto, el abogado Guillermo Olivera en diálogo con LA PRIMERA, dijo que el TC no puede resolver esta solicitud pues ya se cumplió el plazo de 10 años que contempla la ley para que se formule alguna acción legal en torno a este caso que el mismo TC resolvió el año 2001.