La resolución judicial emitida por el Tercer Juzgado Constitucional de Lima (en proceso de amparo correspondiente al Exp. N.º 17375-2014-0-1801-JR-CI-03), que declara nulo todo lo actuado por la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso de la República, respecto de la investigación sobre presuntas irregularidades en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, ocasionó la indignada reacción de algunos congresistas, entre ellos Daniel Mora, presidente de la mencionada comisión parlamentaria, y Víctor Andrés García Belaunde.
Tras considerar que resoluciones judiciales como esa, que le enmiendan la plana al Congreso de la República en el ejercicio de sus funciones de control político, implican intromisiones ilegales o interferencias maliciosas del Poder Judicial en la labor fiscalizadora del Congreso, los parlamentarios anunciaron que proyectan una fórmula legal para impedir que el Poder Judicial intervenga en todo el quehacer del Legislativo y, de este modo, evitar excesos.
En términos generales, guardo simpatía por ambos congresistas, sin embargo, creo que en este punto andan descaminados. Algo de esto adelanté para una nota al respecto del Diario Uno, donde, tomando declaraciones mías, se publica que yo alegué “que la resolución del juez Chang es correcta debido a que la casa de estudios es una asociación privada sin fines de lucro en la que no existe interés público que justifique una investigación… [en tanto que] la resolución del juez Velásquez, que anuló los informes de la Megacomisión sí fue incorrecta debido a que anuló la investigación realizada a funcionarios del segundo gobierno aprista en donde el interés público era evidente.”
