Legisladores buscarán modificar ley orgánica del Poder Judicial para evitar recientes intromisiones como las del juez Chang y anteriores del juez Velásquez. Mora afirma que seguirá adelante con proceso contra Universidad Garcilaso y su rector Luis Cervantes.
Ramiro Angulo
Redacción
El presidente de la Comisión de Educación, Daniel Mora, y el legislador Víctor Andrés García Belaunde, de Acción Popular-Frente Amplio, anunciaron ayer que proyectan una fórmula legal para evitar intromisiones del Poder Judicial en la labor legislativa, al comentar el polémico fallo de los jueces constitucionales Ricardo Chang, a favor del rector de la Universidad Garcilaso [Resolución emitida en el Exp. 7375-2014-0-1801-JR-CI-03], y Hugo Velásquez, que blinda al expresidente Alan García.
“Ya he conversado con el presidente de la Comisión de Constitución del Congreso para analizar una manera legal de evitar estas intromisiones totalmente ilegales”, dijo Mora al referirse a las resoluciones que pretenden anular las investigaciones parlamentarias a la Universidad Inca Garcilaso y su rector Luis Cervantes así como las referidas al segundo gobierno aprista.
“Vamos a evaluar una disposición legal para impedir que el Poder Judicial intervenga en todo el quehacer del Legislativo”, dijo tras agregar que los congresistas no pueden permitir que un poder del Estado interfiera de manera “maliciosa” y “calculada” para burlar una investigación que, según dijo, es contundente.
El legislador Víctor Andrés García Belaunde refirió que la resolución del juez Chang debe ser desestimada por el Congreso e indicó que la ley orgánica del Poder Judicial debe modificarse para evitar excesos.
“Hay que modificarla y precisarla para evitar estos excesos; el Poder Judicial no puede interferir en las investigaciones del Congreso hasta que estas terminen”, dijo.
Calificó al juez Chang de irresponsable e indicó que la resolución que este emitió, así como las anteriores del juez Velásquez sobre el caso de la Megacomisión, perturban la labor fiscalizadora del Congreso.
“Han intervenido en las investigaciones del Congreso y eso le hace daño al Poder Judicial y al Poder Legislativo, porque los va a enfrentar en cualquier momento. Me parece que es un juez totalmente irresponsable”, añadió.
CAMINO DE IMPUNIDAD
El legislador nacionalista Sergio Tejada rechazó la resolución del juez Chang e indicó que fue la acción de amparo del expresidente Alan García, alegando una supuesta violación a sus derechos, la que abrió el camino de impunidad en el Poder Judicial, hecho que atenta contra la labor legislativa.
“Lamentablemente se está abriendo un camino de impunidad que perjudica al Congreso de la República y a nuestra labor constitucional que es la de fiscalizar”, dijo tras indicar que el Parlamento tiene que pronunciarse ya que si esto no ocurre las investigaciones de todas las comisiones pueden correr la misma suerte.
El constitucionalista Carlo Magno Salcedo comentó que es comprensible que existan dudas sobre las presuntas irregularidades en la investigación en la Universidad Inca Garcilaso y las denuncias a su rector Luis Cervantes y alegó que la resolución del juez Chang es correcta debido a que la casa de estudios es una asociación privada sin fines de lucro en la que no existe interés público que justifique una investigación.
Precisó que la resolución del juez Velásquez, que anuló los informes de la Megacomisión sí fue incorrecta debido a que anuló la investigación realizada a funcionarios del segundo gobierno aprista en donde el interés público era evidente.
Mora rechazó las declaraciones de Salcedo al afirmar que la Universidad Garcilaso no es una entidad privada.
“No es privada y además el servicio que brinda es de interés público. El Estado le da más del 40% de su presupuesto, no es privada es asociativa privada sin fines de lucro; no tiene un dueño conocido ¿Quién es el dueño?”, cuestionó.
NOTA DEL ADMINISTRADOR: Lo conciso del texto que consigna mis declaraciones no lo hacen suficientemente comprensible o esclarecedor. Queda para un siguiente post una explicación más detallada de por qué considero que la resolución del juez Chang es correcta, y sobre algunos equívocos que existen en el Congreso respecto de su potestad de fiscalizar a las personas jurídicas de derecho privado.