Sinesio López Jiménez

Ahora que están de moda las evaluaciones, propongo aplicar una a los políticos, especialmente a los que hoy cortan el jamón y a los que pelean por cortarlo, no para desplegar un vasto programa de capacitación dedicado a estos ilustres e ilustrados personajes, sino con la finalidad de conocer el nivel de entrenamiento que tienen para jugar el partido de fondo: la reforma del Estado. Tengo la impresión que, cuando hablan de este tema, los políticos no se están refiriendo a la misma cosa. Y es normal que eso suceda no sólo por los diferentes niveles de conocimiento que existen entre ellos acerca el Estado, sino, sobre todo, por sus diferentes orientaciones ideológicas y políticas. Los patrimonialistas no piensan lo mismo sobre el Estado ni esperan lo mismo de él que los liberales, ni éstos tienen las mismas ideas y aspiraciones estatales que los socialdemócratas. Es probable, sin embargo, que en algunos aspectos de la reforma estatal los políticos de diferentes ideologías coincidan y que en otros difieran radicalmente. Esto significa que es muy posible que todos los políticos estén de acuerdo en contar con un estado que despliegue una gerencia y una gestión eficaces, eficientes y transparentes, pero es también muy posible que discrepen sobre las funciones que debe tener el Estado.

El desnivel en los conocimientos sobre el Estado se puede corregir con el debate, las lecturas y la capacitación formal. Lo que no es fácil ni deseable superar o eliminar son las diferencias ideológicas y políticas sobre el Estado. Estas, como sostenían los federalistas norteamericanos (Madison, Hamilton y Jay) refiriéndose a las facciones, son producto tanto de la diversidad social y cultural del país como de la vigencia de las libertades. Por eso, es mejor para la salud personal de los políticos y para la salud social y política del país que nadie (ni el gobierno ni las oposiciones) sueñe con imponer sus puntos de vista sobre algunos aspectos del Estado (las funciones, por ejemplo) como si fueran la verdad única e irrefutable, disfrazándolos con un supuesto ropaje técnico, sino que se acostumbre a establecer acuerdos parciales y políticas de compromiso, teniendo en cuenta las correlaciones sociales y políticas de las fuerzas que operan en el país. A este respecto, es necesario señalar que, de acuerdo a las encuestas que se han aplicado sobre el tema en el Perú y a las que volveré en otra oportunidad, existe una fuerte diferencia entre lo que piensa y quiere la gente común y corriente sobre las funciones del Estado y lo que quiere, sino la mayoría, al menos una parte significativa de los políticos. Este es un dato clave a tener en cuenta cuando se discute la reforma del Estado.

Quizá la deficiencia más importante del actual debate sobre la reforma del estado es el hecho de no contar con una propuesta global de la misma. Ni el gobierno, sobre todo el Ejecutivo, ni ninguna fuerza de oposición (es un decir) han presentado una propuesta global de reforma que muestre el horizonte del cambio estatal, las dimensiones que comprende, las estrategias y acciones a desplegar, los procesos que implica, las capacidades a mejorar, las formas institucionales a diseñar, etc. Una propuesta global daría sentido a las propuestas parciales (la fusión de los Organismos Públicos Descentralizados, por ejemplo, o la reforma del Poder Ejecutivo, o la del Poder Judicial). Una medida parcial de reforma del estado tiene sentido en la medida que ella hace parte de una propuesta global, que señala lo que busca en términos de resultados, que muestra desde donde parte y hasta donde quiere llegar, en qué plazos se va a llevar a cabo, cuáles son los costos que se van a ejecutar y cuáles los beneficios que se van a obtener.

Para aplicarles su propia medicina a los evaluadores, les propongo responder a las siguientes preguntas sencillas y precisas sobre el Estado: ¿Qué es el Estado?, ¿qué elementos lo integran?, ¿forman parte del estado las cambiantes formas institucionalizadas de dominación social?, ¿cuáles son las funciones del Estado?, ¿cómo se gestiona y cómo opera el Estado?, ¿cuál es la diferencia entre los conceptos de Estado, régimen político y gobierno?, ¿qué relaciones existen entre el Estado y el sistema político?, ¿cuál es la diferencia entre la forma de Estado y la forma de gobierno?, ¿cuáles son las principales formas de Estado que ha tenido el Perú en su historia republicana?, ¿qué diferencias existen entre las formas de Estado latinoamericanas y las formas de Estado clásicas de Europa?, ¿cómo ha pasado el Perú de un forma de Estado a otra?,¿qué continuidades y que rupturas se han producido con los cambios de las formas de Estado en el Perú?,¿cómo se produjeron las reformas de primera generación que dieron origen al actual Estado Neoliberal?. Y, finalmente, me permito formularle dos preguntas directas al Presidente García, quien no sólo corta el jamón sino quien se siente también dueño del chifa: Su propuesta de reforma estatal, si la tiene, ¿ busca mejorar al actual Estado Neoliberal o cambiarlo por otra forma de Estado?. Si busca esto último, ¿cuál es esa nueva forma de Estado?. Para invitarlo a responder le recuerdo al Presidente las desafiantes palabras del buey a la rana fanfarrona de la fábula de Esopo: Hic Rodhus, hic salta. O para decirlo en buen romance: Este es el problema de fondo, resuélvalo García.

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Sinesio López Jiménez

El Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) no es sólo un asunto técnico, sino también político. De lo que se trata no es sólo de garantizar una inversión pública de calidad (cuánto, cómo, en qué, en donde, con qué prioridades, con qué resultados), sino también de resolver el problema de quien decide y quien controla esa inversión. ¿Van a seguir teniendo el candado y la llave los tecnoburócratas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)?¿Van a sacar un duplicado para García y para los integrantes del gabinete?¿Van a tener también un duplicado los gobiernos regionales? ¿O García y su gobierno van a tener el coraje y la fuerza suficiente para quitarle el control al MEF que opera como celoso guardián de la caja fiscal para entregarla a otro organismo que piense y actúe en términos de desarrollo del país?. Me parece que este el es problema de fondo que ha emergido debido a la presión de las regiones y al fracaso del llamado shock de inversiones y su penosa transformación en un show de inversiones.

Visto desde la política, el SNIP constituye una arena política en la que se desarrollan diversos juegos de poder en distintos planos con diferentes actores, objetivos e intereses. En un primer plano- el oficial- están, por un lado, el presidente García y todo su gabinete y, por otro, el solitario Ministro Carranza del MEF. Aquí se enfrentan la urgencia política con el saber técnico. Lo que está en juego es quien decide la inversión pública y cual es la naturaleza del candado a la que ella debe someterse. Lo que García y el gabinete plantean es compartir la decisión: Que el MEF siga controlando la gran inversión con los candados actuales y que la mediana y pequeña inversión no tenga candados (o tenga candados muy permisivos) y sea decidida por el presidente y sus ministros en alianza con los gobiernos regionales. En esta pugna, el presidente y sus aliados han actuado con alevosía y ventaja: Han esperado tener primero el visto bueno del FMI sobre la marcha de la economía, le han arrebatado dos aliados más o menos seguros en el gabinete (los ministros de Vivienda y de Transportes) al titular del MEF y han roto el candado del SNIP (a través del Decreto de Urgencia 014) cuando éste había terminado de perfilar la deuda externa en el Club de París y estaba volviendo al Perú. Carranza se parapeta en el saber técnico y en la calidad de la inversión pública y recibe el apoyo de la derecha y de la mayoría de los medios que levantan el cuco del populismo y despiertan a los fantasmas del desastroso primer gobierno de García. El primer Ministro busca, por su parte, legitimar el Decreto de Urgencia y asustar al Ministro Carranza y a otros poderosos actores que están detrás de este primer plano con el desborde social que empujaría al gobierno a un populismo inevitable. En un segundo plano – el de las representaciones sociales y políticas- están, por un lado, el Ministro Carranza, pero ya no es el solitario Ministro de Economía con todas sus prerrogativas políticas sino el todopoderoso representante directo de los organismos económicos internacionales, de los inversores extranjeros y de la burguesía local y, por otro, el presidente García, representante de las clases medias y otros sectores sociales y del país mismo. Aquí chocan la economía con la política. Este escenario opaco y duro es una especie de molino satánico en donde se articulan la economía, la política y las clases sociales, asumiendo la forma de una coalición social y política que organiza el estado neoliberal y sus políticas públicas (incluido el SNIP) y que manda en el país más allá de los gobiernos y de los regímenes políticos. Lo que García está planteando en este plano es tener una cuota mayor de poder en esta coalición para decidir ahora sobre la inversión pública y después sobre otros aspectos de la política económica (la reforma tributaria, por ejemplo). Es probable que en este plano los organismos económicos internacionales, los inversionistas extranjeros y el capital local hagan sentir al presidente García el peso de su poder económico y le hagan saber hasta donde están dispuestos a ceder.

Finalmente hay un tercer plano – el social, regional y mediático – en donde se ubican, por un lado, los actores sociales y los gobiernos regionales y, por otro, el gobierno central y la mayoría de los medios. Aquí se enfrentan la presión distributiva y la urgencia social y regional con el poder político. Lo que los gobiernos regionales plantean no es sólo la transferencia de mayor cantidad de recursos financieros para el desarrollo y para atender las urgentes necesidades de sus regiones sino también una descentralización del SNIP para actuar con mayor flexibilidad y celeridad. El juego del gobierno es doble en este plano: Por un lado, utiliza a los movimientos sociales y a los gobiernos regionales para presionar a Carranza en el primer plano y a la coalición social y política dominante en el segundo plano y, por otro, negocia con ellos para hacerles concesiones y limitarlos en sus demandas y capacidades buscando preservar para García un rol importante en el manejo de los fondos liberados de las garras del MEF. Este es el plano que dinamiza los juegos de poder en los otros planos, incidiendo directamente en el primer plano e indirectamente en el segundo. Este rol dinamizador va ir creciendo a medida que la presión distributiva se incremente y los acicateados gobiernos regionales y las regiones se conviertan en epicentro de la política.

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Sinesio López Jiménez

Hace más de seis años que la economía peruana viene creciendo en forma sostenida y es probable que siga creciendo en un futuro indeterminado que depende de la demanda internacional y del azar. En el 2007 el PBI ha crecido en 8.3 y entre el 2001 y el 2007 el ingreso per capita casi se ha duplicado, bordeando los 4, 000 dólares, cifra que representa, sin embargo, dos tercios del ingreso per capita de Uruguay y de Argentina y la mitad del ingreso per cápita de Chile. El crecimiento sostenido y el incremento del ingreso per capita constituyen, sin duda, logros que, sin embargo, se encuentran limitados por las características del motor que arrastra los vagones de la economía, por la pésima negociación que realizan los gobiernos con las empresas mineras sobre el monto de la renta que éstas deben dejar para el país y por el injusto reparto entre los peruanos de la renta obtenida. Si bien la minería muestra un mejor desempeño que el petróleo, ella no es el mejor motor para impulsar el crecimiento y el desarrollo sostenido debido a una serie de limitaciones que ella presenta. En primer lugar, son recursos relativamente agotables que, aunque proporcionaran al país una renta significativa, no cuentan con el tiempo económico necesario para la consolidación del desarrollo. En segundo lugar, la intensidad de la actividad minera y su rentabilidad depende de los vaivenes de la azarosa coyuntura internacional: Los picos más altos de los precios de los minerales están estrechamente asociados a la guerra de Corea en los 50, a la de Vietnam en los 60 y 70 y a la de Iraq del 2001 en adelante. En tercer lugar, la explotación de la renta minera está en manos de corporaciones internacionales cuyo interés fundamental es, no el desarrollo del país, sino su propia ganancia. En cuarto lugar, la actividad minera no genera poderosos eslabonamientos internos (en la región y en el país) capaces de generar otras actividades productivas que puedan contribuir a un crecimiento sostenido ni los gobiernos despliegan políticas que ayuden a generar esos eslabonamientos. Todas estas limitaciones debieran obligar a los gobiernos a concentrar su fuerza, su imaginación y su capacidad de negociación en la obtención de la mayor renta posible. Revirtiendo las políticas de liberalización de los 90, los países latinoamericanos están revisando los contratos y los regímenes de impuestos para asegurar un mayor reparto de las ganancias extraordinarias que resultan de mejores precios o de mayor control sobre las ganancias sobre las industrias extractivas. Pese a que los países de América Latina han negociado mejor que los países mineros y petroleros del Asia y del Africa, el Perú y Colombia, de acuerdo a la investigación de Terry Karl, profesora de la Universidad de Stanford, son los países que se han mostrado más concesivos y dadivosos en sus negociaciones de la renta minera con las grandes corporaciones internacionales. Mientras Venezuela ha tomado un control mayoritario de las ganancias manejadas por las compañías extranjeras y ha dado a PDVSA un mayor reparto equitativo, Bolivia ha convertido los desfavorables contratos de producción en contratos de operación nacionalizando sus recursos de petróleo y gas, Chile ha renegociado e incrementado la renta imponible teniendo en cuenta la bonanza internacional y Argentina ha aumentado los impuestos sobre las exportaciones de gas de 20 a 45%, Colombia ha privatizado parte de ECOPETROL y ha reducido los impuestos a las industrias extractivas de de 38.5% al 33% en 2008 y Perú ha pedido a las compañías mineras “contribuciones voluntarias” para el desarrollo social con la finalidad de eludir el incremento de los impuestos. El proceso de negociación es distorsionado brutalmente por la corrupción de los gobernantes de turno. La falta de la transparencia hace muy difíciles los repartos justos. En el Perú, los ingresos por impuestos provenientes de las minas fueron muy pequeños durante los años 90, pero entre 2000 y 2006, a medida que los precios subieron, el ingreso anual de los impuestos creció significativamente, sin que existiera negociación alguna, como en el caso chileno. Como bien lo ha señalado Stigliz, el premio Nobel de Economía, cuando en un contrato entre el Estado y las corporaciones se precisan claramente las sanciones que debe pagar aquel si incumple determinadas cláusulas y no se señala, sin embargo, la mayor participación estatal cuando los precios internacionales mejoran sustantivamente, esa omisión no es producto de la ignorancia sino que es un síntoma claro de corrupción. Lo mismo sucede cuando en lugar de renegociar la renta con las compañías extranjeras, alegando el pretexto de violación de los contratos, el Estado se limita a pasar el sombrero para recibir “contribuciones voluntarias” o cuando un Ministro de Economía propone bajar los impuestos para estimular la reinversión de las compañías mineras cuando éstas no lo necesitan si se tienen en cuenta los altos precios de los minerales. La situación se torna más grave si se considera el injusto reparto de la renta en el país: ¿A cuántos peruanos se les ha duplicado el ingreso anual entre el 2001 y el 2007 como sugiere el vertiginoso crecimiento del ingreso per capita de los últimos seis años?.
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Sinesio López Jiménez

La política tiene sus leyes. Una de ellas es la siguiente: A más control, menos corrupción y a menos control, más corrupción. Esto último es lo que pasó precisamente en el gobierno de Alberto Fujimori. Y no sucedió por casualidad sino que fue una política desplegada en forma sistemática que tenía como objetivo el desmontaje de los ya débiles controles que existían en el Perú. La hipótesis que sugiero aquí es que Fujimori y sus socios desmontaron en forma deliberada y sistemática las instituciones encargadas del control para cometer delitos sin que nadie los acuse de nada y sin que los alcance el brazo de la ley. Asociada a esta hipótesis sugiero otra: Este desmontaje sistemático no se podía hacer dentro de las reglas de un juego democrático sino que sólo era viable dentro del funcionamiento propio de un gobierno autoritario. El corolario que se deriva de esta última hipótesis es claro y preciso: El autogolpe de estado del 5 de abril fue hecho con el expreso propósito de encubrir las fechorías de todo tipo de Fujimori y su mafia. Sé que este corolario es polémico por diversas razones. No faltan las hipótesis utilitaristas (que son compartidas por muchos investigadores serios) que sostienen que el golpe de Fujimori tuvo como objetivo la realización de una doble y difícil transición: la de la agotada industrialización sustitutiva de importaciones a la economía neoliberal y la del estado populista al estado neoliberal. Esta hipótesis es falsa como en su momento varios analistas tratamos de demostrar. Fujimori y sus aliados no tenían resistencia alguna para realizar esta doble transición porque prácticamente todas las fuerzas políticas (que para entonces eran ya muy débiles) se habían allanado a la aplicación de los dos programas que produjeron esa doble transición: la estabilización y las reformas estructurales. Más aún: No existían fuerzas económicas, sociales, políticas que pudieran resistir esos cambios. El Perú era una pampa y cualquier cosa se podía hacer en ella. ¡Qué diferencia con la situación política que recibió Belaúnde (1980) en su segundo gobierno!. Belaúnde y Ulloa no pudieron realizar el mismo proyecto de la doble transición porque tuvieron la férrea resistencia APRA, de la izquierda, de los sindicatos y movimientos sociales, de la sociedad civil y de varios medios. La única forma de imponer la doble transición en esa difícil situación política hubiera sido un golpe que no sólo no era deseado por ellos (Belaúnde y Ulloa) sino que era inviable porque el país estaba saliendo de la dictadura de Velazco y de Morales Bermúdez. Tampoco faltan las hipótesis de la gobernabilidad que buscan explicar el golpe por la necesidad de acabar con el terrorismo y de construir un nuevo orden político. Esta hipótesis de origen schmittiano (de Carl Scmitt, el más brillante teórico del pensamiento reaccionario) sostiene que no era posible acabar con la guerra interna, desatada por el terrorismo, usando los métodos propios de la democracia ni apelando al Estado de Excepción (que ésta acepta) sino que era necesario un golpe de estado. Esta es una hipótesis atendible y discutible. En efecto, cuando en noviembre de 1991 las fuerzas políticas de la oposición rechazaron una parte del paquete de más de 30 medidas antiterroristas, se desató una etapa tensión y de negociación entre algunos representantes del gobierno y algunos dirigentes de la oposición. Cuando estas negociaciones fracasaron, entonces se decidió, al parecer, el golpe del 5 de abril. Pero estas negociaciones fracasaron porque Fujimori, Montesinos y sus aliados estaban tercamente interesados en imponer lo que entonces se llamó un golpe blanco y ese punto era, para ellos, no negociable. Entonces sostuve y sigo sosteniendo que era posible aún una salida democrática para derrotar al terrorismo y conseguir la paz y el orden.
Acompañando la posición de fuerzas democráticas de entonces, mi tesis era y sigue siendo ahora que la democracia podía derrotar al terrorismo. Había una serie de evidencias (las rondas campesinas, uso de los servicios de inteligencia, etc.) que mostraban que ese camino era posible. En todo caso, esos medios fueron los que, al final, produjeron los mejores resultados. Se impuso, sin embargo, la tesis schmittiana del golpe militar. Pero lo que no era schmittiana era la política del remate de terroristas rendidos y de gente indefensa, sospechosa de ser terrorista, que practicó la dictadura de Fujimori. Esta política expresa la tesis de la enemistad absoluta que mezcla la política con la ética y que hace que todo enemigo sea malo y que, por consiguiente, hay que aniquilarlo. De acuerdo con esa tesis el mejor enemigo es el enemigo muerto. La enemistad absoluta, a diferencia de la enemistad relativa (que apoya Schmitt), postula una guerra sin reglas, justamente la que practicó el gobierno de Fujimori y su mafia.
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Sinesio López Jiménez

En el Perú (y probablemente en América Latina) un partido, cuando triunfa en las elecciones, cree firmemente que ha ganado, no el gobierno, sino el Estado y se prepara para coparlo de inmediato. Por desgracia, ésta no es sólo una firme creencia de los partidos sino también de la gente común y corriente que tolera el copamiento con un permisivo “ya le tocó”. Esa creencia forma parte de la cultura política patrimonialista que nos envuelve, en mayor o menor medida, a todos y que nos predispone a manejar los asuntos públicos como si fueran privados, apelando a algún derecho. Eso, por un lado. Por otro, muchas veces se confunde el gobierno con el Estado, dejando de lado la clara diferencia que existe entre ellos. El gobierno está constituido sólo por los puestos de mando que ponen en marcha al Estado y, por extensión, comprende también al elenco de personas que ocupan esos puestos de mando. El estado, en cambio, es un complejo político e institucional que abarca el sistema institucionalizado de dominación social, el estado-para-la nación, la administración pública, los aparatos coercitivos y el sistema legal.

Este rasgo patrimonialista de la cultura política peruana puede ir retrocediendo lentamente, gracias a la marcación estricta que han establecido los medios sobre el partido de gobierno desde el 2001 en adelante, justamente cuando Perú Posible no tenía capacidad alguna para copar el Estado. Esos mismos medios, sin embargo, no dijeron esta boca es mía precisamente cuando se produjo el máximo copamiento del Estado que se conoce en la historia durante el primer gobierno de García (1985-1990). Pero la capacidad de copamiento del Estado no depende sólo de la cultura patrimonialista y del nivel de vigilancia de los medios sino, sobre todo, del nivel de institucionalización y de organización de los partidos, como lo ha demostrado Piero Corvetto en una excelente tesis para obtener el grado de magíster en Ciencia Política en la PUCP. En realidad, lo que Corvetto demostró, estudiando los gobiernos peruanos de 1980 hasta la primera mitad del gobierno de Toledo, es que existen tres tipos de relación entre el gobierno y el partido de gobierno: el partido de gobierno que influye en el gobierno, el gobierno que se impone sobre el partido de gobierno y un cierto equilibrio entre ambos.

¿De qué dependen estos diversos tipos de relación entre el gobierno y el partido de gobierno? La tesis de Corvetto demuestra que esos tipos de relación dependen del nivel de institucionalización y de organización de los partidos y despliega su demostración en tres campos: en la designación de ministros, viceministros y altos funcionarios, en la aplicación de políticas públicas y en la política de clientela para acceder a la administración pública. Esto significa que los partidos de gobierno con mayor nivel de institucionalización influyen más en el gobierno que los poco institucionalizados en los tres aspectos señalados, que los partidos de gobierno menos institucionalizados le abren un espacio al dominio del gobierno en esos mismos campos y los partidos de gobierno medianamente institucionalizados establecen un cierto equilibrio con el gobierno. En el segundo gobierno de Belaúnde (1980-1985), los partidos de gobierno (AP y PPC) influyeron un poco más del 50% (cito de memoria) en la designación de ministros y altos funcionarios, en el manejo de las políticas públicas y en la política de clientela. En el primer gobierno de García, en cambio, la influencia del APRA fue decisiva, especialmente en el copamiento de la administración pública por la militancia aprista. Pese al nefasto caudillismo avasallador de García, el APRA pudo ponerle límites como en el caso de la estatización de la banca y logró influir en más del 90% de la designación de ministros, viceministros y altos funcionarios, en el manejo de las políticas públicas y en la política de clientela. En este caso, el copamiento del estado es un efecto perverso (que es necesario controlar) generado, en gran medida, por un fenómeno político positivo como es la institucionalización de los partidos.

La situación se invirtió con Fujimori, quien no tenía un partido sino etiquetas cambiantes de partido, y con Toledo, cuyo partido era un pequeño y frágil agrupamiento político. Perú Posible, en efecto, pudo apenas influir en menos del 30% de la designación de las altas autoridades del estado, de la aplicación de políticas públicas y de la política de clientela. El peso de Fujimori y Toledo fue indiscutible en la designación de ministros, viceministros y altos funcionarios, importante en el manejo de las políticas sociales y limitado en el diseño e implementación de políticas económicas, en las que sólo eran un socio más de los organismos económicos internacionales, de los grupos empresariales y de los operadores tecnocráticos del capitalismo globalizado, dejando a sus modestos movimientos partidarios un cierto margen de maniobra en el manejo de las políticas de clientela.

En los seis primeros meses de su gobierno, García ha seguido la misma ruta de Fujimori y Toledo con la notable diferencia de la capacidad indudable del APRA para copar los aparatos del Estado. Esa capacidad se incrementará y avanzará hasta influir también en la designación de las altas autoridades del gobierno a medida que el presidencialismo retórico de García se agote y llegue a fatigar el imaginario y la paciencia de los ciudadanos. Y eso ya comenzó.

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Sinesio López Jiménez

En el Perú, y probablemente en América Latina, cuando un partido triunfa en las elecciones cree firmemente que ha ganado, no el gobierno, sino el Estado y se prepara de inmediato para coparlo. Por desgracia, ésta no es sólo una acendrada creencia de los partidos sino también de la gente común y corriente que tolera el copamiento con un permisivo “ya le tocó”. Esa creencia forma parte de la cultura política patrimonialista que nos envuelve, en mayor o menor medida, a todos. Eso, por un lado. Por otro, muchas veces se confunde el gobierno con el Estado, dejando de lado la clara diferencia que existe entre ellos. El gobierno está constituido sólo por los puestos de mando que ponen en marcha al Estado y, por extensión, comprende también al elenco de personas que ocupan esos puestos de mando. El estado, en cambio, es un complejo social, político e institucional que abarca el sistema institucionalizado de dominación social, el estado-para-la nación, la administración pública, los aparatos coercitivos y el sistema legal.

Este rasgo patrimonialista de la cultura política peruana puede ir cambiando lentamente, gracias a la marcación estricta de los medios sobre el partido de gobierno desde el 2001 en adelante, justamente cuando Perú Posible no tenía capacidad alguna para copar el Estado. Esos mismos medios, sin embargo, no dijeron esta boca es mía precisamente cuando se produjo el máximo copamiento del Estado que se conoce en la historia durante el primer gobierno de García (1985-1990). Pero la capacidad de copamiento del Estado no depende sólo de la cultura patrimonialista y del nivel de vigilancia de los medios sino, sobre todo, del nivel de institucionalización y de organización de los partidos, como lo demostró Piero Crovetto en una excelente tesis para obtener el grado de magíster en Ciencia Política en la PUCP. En realidad, lo que Crovetto demostró, estudiando los gobiernos peruanos de 1980 hasta la primera mitad del gobierno de Toledo, es que existen tres tipos de relación entre el gobierno y el partido de gobierno: el partido de gobierno que influye en el gobierno, el gobierno que se impone sobre el partido de gobierno y un cierto equilibrio entre ambos.

¿De qué dependen estos diversos tipos de relación entre el gobierno y el partido de gobierno? La tesis de Crovetto demuestra que los tipos de relación dependen del nivel de institucionalización de los partidos y despliega su demostración en tres campos: en la designación de ministros, viceministros y altos funcionarios, en la aplicación de políticas públicas y en la política de clientela para acceder al Estado. Esto significa que los partidos de gobierno más institucionalizados influyen más en el gobierno que los poco institucionalizados en los tres temas señalados, que los partidos de gobierno menos institucionalizados le abren un espacio al dominio del gobierno en esos mismos campos y los partidos de gobierno medianamente institucionalizados establecen un cierto equilibrio con el gobierno. En el segundo gobierno de Belaúnde (1980-1985), los partidos de gobierno (AP y PPC) influyeron un poco más del 50% (cito de memoria) en la designación de ministros y altos funcionarios, en el manejo de las políticas públicas y en la política de clientela. En el primer gobierno de García, en cambio, la influencia del APRA fue decisiva, especialmente en el copamiento del estado por la militancia aprista. Pese al nefasto caudillismo avasallador de García, el APRA pudo ponerle límites como en caso de la estatización de la banca y logró influir en más del 90% de la designación de ministros, viceministros y altos funcionarios, en el manejo de las políticas públicas y en la política de clientela. En este caso, el copamiento del estado es un efecto perverso (que es necesario controlar) de un fenómeno político positivo como es la institucionalización de los partidos. El problema se invirtió con Fujimori, quien no tenía un partido sino etiquetas cambiantes de partido, y con Toledo, cuyo partido era un pequeño y frágil agrupamiento político. Perú Posible, en efecto, pudo apenas influir en menos del 30% de la designación de las altas autoridades del estado, de la aplicación de políticas públicas y de la política de clientela.

El peso de Fujimori y Toledo fue indiscutible en la designación de ministros, viceministros y altos funcionarios, importante en el manejo de las políticas sociales y limitado en el diseño e implementación de políticas económicas, en las que sólo eran un socio más de los organismos económicos internacionales, de los grupos empresariales y de los tecnócratas cosmopolitas, felices operadores del capitalismo globalizado, dejando a sus modestas organizaciones partidarias un cierto margen de maniobra en el manejo de las políticas de clientela. En los seis primeros meses de su gobierno, García ha mostrado que sigue la misma ruta de Toledo y Fujimori. La diferencia radica en la indudable gravitación del partido en el manejo de la política de clientela para copar los aparatos del Estado. El peso partidario se incrementará y avanzará hacia la designación de las altas autoridades del gobierno a medida que el presidencialismo retórico de García se agote.

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Sinesio López Jiménez

En el Perú, y probablemente en América Latina, cuando un partido triunfa en las elecciones cree firmemente que ha ganado, no el gobierno, sino el Estado y se prepara de inmediato para coparlo. Por desgracia, ésta no es sólo una acendrada creencia de los partidos sino también de la gente común y corriente que tolera el copamiento con un permisivo “ya le tocó”. Esa creencia forma parte de la cultura política patrimonialista que nos envuelve, en mayor o menor medida, a todos. Eso, por un lado. Por otro, muchas veces se confunde el gobierno con el Estado, dejando de lado la clara diferencia que existe entre ellos. El gobierno está constituido sólo por los puestos de mando que ponen en marcha al Estado y, por extensión, comprende también al elenco de personas que ocupan esos puestos de mando. El estado, en cambio, es un complejo social, político e institucional que abarca el sistema institucionalizado de dominación social, el estado-para-la nación, la administración pública, los aparatos coercitivos y el sistema legal.

Este rasgo patrimonialista de la cultura política peruana puede ir cambiando lentamente, gracias a la marcación estricta de los medios sobre el partido de gobierno desde el 2001 en adelante, justamente cuando Perú Posible no tenía capacidad alguna para copar el Estado. Esos mismos medios, sin embargo, no dijeron esta boca es mía precisamente cuando se produjo el máximo copamiento del Estado que se conoce en la historia durante el primer gobierno de García (1985-1990). Pero la capacidad de copamiento del Estado no depende sólo de la cultura patrimonialista y del nivel de vigilancia de los medios sino, sobre todo, del nivel de institucionalización y de organización de los partidos, como lo demostró Piero Crovetto en una excelente tesis para obtener el grado de magíster en Ciencia Política en la PUCP. En realidad, lo que Crovetto demostró, estudiando los gobiernos peruanos de 1980 hasta la primera mitad del gobierno de Toledo, es que existen tres tipos de relación entre el gobierno y el partido de gobierno: el partido de gobierno que influye en el gobierno, el gobierno que se impone sobre el partido de gobierno y un cierto equilibrio entre ambos.

¿De qué dependen estos diversos tipos de relación entre el gobierno y el partido de gobierno? La tesis de Crovetto demuestra que los tipos de relación dependen del nivel de institucionalización de los partidos y despliega su demostración en tres campos: en la designación de ministros, viceministros y altos funcionarios, en la aplicación de políticas públicas y en la política de clientela para acceder al Estado. Esto significa que los partidos de gobierno más institucionalizados influyen más en el gobierno que los poco institucionalizados en los tres temas señalados, que los partidos de gobierno menos institucionalizados le abren un espacio al dominio del gobierno en esos mismos campos y los partidos de gobierno medianamente institucionalizados establecen un cierto equilibrio con el gobierno. En el segundo gobierno de Belaúnde (1980-1985), los partidos de gobierno (AP y PPC) influyeron un poco más del 50% (cito de memoria) en la designación de ministros y altos funcionarios, en el manejo de las políticas públicas y en la política de clientela. En el primer gobierno de García, en cambio, la influencia del APRA fue decisiva, especialmente en el copamiento del estado por la militancia aprista. Pese al nefasto caudillismo avasallador de García, el APRA pudo ponerle límites como en caso de la estatización de la banca y logró influir en más del 90% de la designación de ministros, viceministros y altos funcionarios, en el manejo de las políticas públicas y en la política de clientela. En este caso, el copamiento del estado es un efecto perverso (que es necesario controlar) de un fenómeno político positivo como es la institucionalización de los partidos. El problema se invirtió con Fujimori, quien no tenía un partido sino etiquetas cambiantes de partido, y con Toledo, cuyo partido era un pequeño y frágil agrupamiento político. Perú Posible, en efecto, pudo apenas influir en menos del 30% de la designación de las altas autoridades del estado, de la aplicación de políticas públicas y de la política de clientela.

El peso de Fujimori y Toledo fue indiscutible en la designación de ministros, viceministros y altos funcionarios, importante en el manejo de las políticas sociales y limitado en el diseño e implementación de políticas económicas, en las que sólo eran un socio más de los organismos económicos internacionales, de los grupos empresariales y de los tecnócratas cosmopolitas, felices operadores del capitalismo globalizado, dejando a sus modestas organizaciones partidarias un cierto margen de maniobra en el manejo de las políticas de clientela. En los seis primeros meses de su gobierno, García ha mostrado que sigue la misma ruta de Toledo y Fujimori. La diferencia radica en la indudable gravitación del partido en el manejo de la política de clientela para copar los aparatos del Estado. El peso partidario se incrementará y avanzará hacia la designación de las altas autoridades del gobierno a medida que el presidencialismo retórico de García se agote.

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Sinesio López Jiménez

Hace mucho tiempo que no veo los múltiples e inflados rostros de García porque ya no veo el canal 7 y sólo escucho todos días en RPP su voz caserita y familiar que, confieso querido Raúl, ya me está aburriendo como me aburren terriblemente los sermones domingueros de Monseñor Cipriani. En este artículo, que es una pequeña parte de uno más extenso que va publicar la revista Coyuntura de la PUCP, quiero ir más allá de su rostro y de su voz para examinar el espíritu del político (sus nuevas ideas, sus cambiantes proyectos, sus políticas) y sugerir, para comprender mejor a García y su gobierno, una aproximativa periodización política del año y medio de gestión. Maquiavelo sostenía que el político, para tener éxito, tenía que adecuar su acción al tiempo y a las circunstancias que son cambiantes, manteniendo, sin embargo, el proyecto (de construir un Estado republicano en el caso del florentino). Por eso Rousseau afirmó que Maquiavelo, fingiendo dar lecciones a los príncipes, las dio, en realidad, más grandes a los pueblos. García no es un maquiaveliano ni en el proyecto (republicano) ni en la estrategia o, en todo caso, es un maquiaveliano a media caña: cambia su acción de acuerdo al tiempo y las circunstancias, pero cambia también de proyecto. En la primera vuelta, García se presentó como el candidato antineoliberal que enfrentaba a Lourdes Flores, la candidata de los ricos (en sus propias palabras). En la segunda vuelta, se presentó como el candidato del cambio responsable que luchaba contra el caos y el cambio sin un rumbo claro que representaba supuestamente Ollanta Humala. Ganadas las elecciones en la segunda vuelta con el apoyo de la derecha, se transformó en el Presidente de la continuidad neoliberal. Cada cambio en el discurso y en la acción implicaba un desplazamiento social ascendente: de candidato popular (primera vuelta), a candidato de clase media (segunda vuelta) y a Presidente de los ricos (después el 28 de Julio del 2006).

Aplicando sus propias creencias según las cuales en política no hay que ser ingenuos, en la primera vuelta García se presentó con un discurso popular, pero con una fórmula presidencial vinculada al fujimorismo que representa la derecha rudimentaria y corrupta. Esa fórmula era un guiño a los electores fujimoristas (que carecían de una candidatura fuerte) y anunciaba, dado el caso, las futuras coaliciones políticas para contar con una mayoría parlamentaria y tener gobernabilidad. García es al mismo tiempo un caudillo nacionalmente devaluado (la mayoría ya no cree en él) y un caudillo respetado en el partido aprista al que le otorga un sentido instrumental y el que se siente poco o nada sin él. Por esas razones, García impuso al Apra esa fórmula presidencial y colocó también en los primeros puestos a sus propios candidatos al Congreso. Constitucionalmente, García es el Jefe de Estado y representa a la nación, pero, en realidad, es el Presidente de los ricos y, a partir de sus tesis sobre el Síndrome del perro del hortelano, quiere ser y se perfila como el jefe de la derecha en el Perú.

Si se tiene en cuenta los cambios en las relaciones de fuerza entre los actores sociales, políticos y los poderes fácticos, los cambios institucionales y las políticas que García despliega en el tiempo, se puede establecer la siguiente periodización en los dieciocho meses transcurridos del gobierno:
1. La conformación de una coalición de derecha y la fragmentación de las oposiciones (de julio a noviembre del 2006). Este es también el período del presidencialismo retórico y de la decisión política de la continuidad neoliberal.
2. El shock de las inversiones y la emergencia de una oposición social y regional (de diciembre del 2006 a diciembre del 2007). Este es el periodo de la boyante caja fiscal gracias, no a la política de austeridad de García, sino a los altos precios de los minerales, de pérdida temprana de la iniciativa política y del favor de la opinión pública y del jaque al gobierno por la oposición social y regional. Este período comprende dos momentos políticos relevantes:
a. El calentamiento social o el choque entre el gobierno y la oposición social y regional (primer semestre del 2007). En este momento la oposición social y regional plantea una embrionaria agenda política propia y García amenaza, se desespera y ofrece también un pacto social que muere casi al nacer.
b. El rentismo como modelo de desarrollo, la liberalización comercial y la confrontación política (segundo semestre del 2007). Este el momento del explícito viraje ideológico con su ya famoso artículo en El Comercio, El Síndrome del perro del hortelano, en el que propone un modelo rentista de desarrollo, de los TLC, de la apertura a los productos industriales.
Esta mezcla de fiesta y conflicto durante el 2007 acaba con el cambio parcial de ministros y con la desaprobación general de García y su gobierno. El shock de inversiones y las políticas fiscales y monetarias del gobierno han incrementado la demanda interna en casi 12%, han acelerado las tasas de crecimiento (8.3 en el 2007), han aumentando las importaciones y han favorecido la emergencia de preocupantes presiones inflacionarias (3.9). Esta difícil situación y la recesión de la economía norteamericana pueden inducir al gobierno a desplegar políticas restrictivas, a reducir los montos inversión en las regiones, dando lugar a renovadas protestas sociales y recomposiciones políticas en el tercer período político que ya se inició.

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Sinesio López Jiménez

A un año y medio de gobierno, la caída de García en la valoración ciudadana es acelerada e incontenible: Más de dos tercios de los peruanos y peruanas lo desaprueban, especialmente en el oriente, sur y centro en donde el rechazo se empina hasta el 84%. La desaprobación va acompañada de la pérdida de confianza y credibilidad: El 75% no tiene confianza en el gobierno de García o le tiene poca confianza. Las regiones más renuentes a otorgarle un voto de confianza son el centro, el sur y el oriente en donde la mitad de sus poblaciones no le tiene ninguna confianza. Evaluando el desempeño del actual gobierno aprista y sus políticas, la gente se siente igual o peor en lo que se refiere a la creación de empleo (79%), en el control de la inflación (84%), en sueldos y salarios (86%), en la calidad de la educación pública (82%), en el acceso a los servicios de salud (80%), en el acceso al agua y al desagüe (71%), en los problemas de delincuencia e inseguridad (92%), en la reforma del poder judicial (87%), en la lucha contra la corrupción (87%). Las mejoras sólo se sienten en lo que se refiere a los acuerdos comerciales internacionales (37%), en la promoción de la inversión privada (28%). Todo esto significa que, en opinión de enorme mayoría de la gente, García es desaprobado en la aplicación de las políticas sociales, en las políticas de seguridad ciudadana y en la lucha contra la corrupción y que sólo una tercera parte lo aprueba en las políticas económicas que favorecen, en mayor medida, al empresariado y al capital. El único caso de política social en que la gente siente una cierta mejora es en el acceso al agua y al desagüe: el 26% cree que su situación ha mejorado en este rubro. Para decirlo directamente con todas sus letras: la mayoría del país cree que García está gobernando para los ricos en desmedro de los pobres. Visto desde la legitimidad y desde la gobernabilidad, todo esto significa que García y su gobierno han perdido legitimidad por desempeño, aunque mantiene, obviamente, la legitimidad de origen. Es probable que esa pérdida sea mayor en las clases populares y pobres de las diversas regiones del país, incluida Lima, la más conservadora de las regiones. Pese a ello, la gente es suficientemente sensata para creer que su segundo gobierno es mejor que el primero. Sorprende, sin embargo, que para la mitad del país el actual gobierno aprista sea igual o peor que el de 1985-1990. En este alto porcentaje están probablemente los pobres de siempre cuya situación de pobreza sigue igual o peor desde el primer gobierno de García o desde antes. Este es el núcleo duro que no le reconoce mérito alguno al Presidente.

Dado este sombrío panorama para el gobierno, hay que preguntarse si los cambios en el gabinete que se han producido ayer significan una toma de conciencia y un propósito de enmienda de sus errores y de sus políticas nefastas. Una rápida revisión de los ministros que se van, de los que se quedan y de los que entran lleva a concluir que se trata más de lo mismo. De poco o nada sirven los cambios de ministros si se mantienen las mismas políticas del gobierno. Cuando la gente exige un cambio de ministros, lo que generalmente quiere, ilusamente quizás, es un cambio de políticas. Esto no niega que la gente pida, además, el reemplazo de los ministros ineficientes y corruptos. Pero García se ha negado a atender esta demanda limitada manteniendo en su puesto al cuestionado ministro del Interior. Llama la atención, en cambio, la salida de Alan Wagner, un correcto y eficiente ministro de Defensa que logró plantear en términos democráticos la relación entre los civiles y los militares. García tiene que explicar a la opinión pública qué hace en el Ministerio de Justicia una abogada a la que todos vimos defender con uñas y dientes la empresa televisora de un corrupto. Los pequeños maquillajes ministeriales remozan al gabinete gastado que preside Jorge del Castillo, pero no lo cambian ni cambian las políticas que García viene desplegando al servicio de los dueños de huerto. Por el contrario, las confirma.

Algo que llama la atención de las encuestas es la contradicción entre la situación política y las expectativas económicas de la gente: El 87% cree que la situación política general es regular, mala y muy mala en todas las regiones del país, pero el 43% piensa que su situación económica y la de su familia mejorará en el 2008, salvo el centro que es la región más pesimista con respecto a su futuro inmediata: Sólo el 16% sospecha que su situación económica puede mejorar. Más aún: El 39% siente ahora que su situación económica y la de su familia han mejorado. Nuevamente las regiones más pesimistas son el centro (16%) y el sur (28%). Pese a las expectativas económicas crecientes de la gente, García es mirado con sospecha y desconfianza. Por algo será.

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Sinesio López Jiménez

La mayoría de los medios, de los políticos y de los analistas sostienen que no se debe politizar los juicios a los que será sometido Fujimori, que los jueces no deben ser sometidos a presiones políticas y que sólo ellos, sin interferencias de ninguna clase, deben decidir de acuerdo a la ley. Sólo los fujimoristas creen que pueden salvar a su líder politizando los juicios. Mi impresión es que es difícil separar el escenario de los estrados judiciales del escenario político por varias razones. En primer lugar, los delitos de los que se acusa a Fujimori fueron cometidos por él como autor mediato o, en todo caso, cuando él era gobernante. En segundo lugar, el fujimorismo se expresa a través de una pequeña fuerza política parlamentaria que, como diría Sartori, cuenta porque tiene capacidad de chantaque y puede organizar coaliciones para dar mayoría a la primera minoría gubernamental. En tercer lugar, el gobierno va a ser tocado tanto en la cúpula del Ejecutivo (sus vicepresidentes fujimoristas) como en el congreso en el que el Apra tiene que confirmar o desmontar su alianza con el fujimorismo. En cuarto lugar, los medios, sobre todo los de oposición (que son pocos pero son), no pueden, más allá de sus declaraciones, dejar de relacionar lo que pasa en los estrados judiciales con lo que pasa en la política. Finalmente, los parlamentarios fujimoristas han expresado su voluntad explícita de polítizar los juicios. Pese a que es difícil separar lo judicial de lo político en el caso de Fujimori, es necesario, sin embargo, diferenciar la lógica de los crímenes y del derecho penal de la lógica del poder y de la política. Esta diferenciación es lo que garantiza un juicio justo, objetivo e imparcial. ¿Cuáles son las armas a las que apelan los fujimoristas para politizar los juicios?. Tres son los argumentos fundamentales que esgrimen en defensa de su líder. En primer lugar, sostienen que Fujimori fue un buen gobernante que enfrento con éxito la crisis económica de los 80 y que acabó con el terrorismo. En segundo lugar, que Fujimori no es el autor de los delitos de lo que se le acusa y que no sabía nada de los asesinatos ni de la corrupción. En tercer lugar, que las acusaciones hechas a Fujimori constituyen, en realidad, una persecución política. Todas estas “tesis” son francamente deleznables, particularmente la segunda y la tercera. Los expedientes de los diversos juicios contienen evidencias fácticas que muestran que Fujimori no sólo sabía de los crímenes de lesa humanidad que cometía el Grupo Colina sino que los apoyaba premiando a sus autores. Lo mismo sucede con los expedientes de la corrupción. Ahora viene a mi memoria la justificación y defensa que Fujimori hizo de Montesinos cuando César Hildebrant publicó las primeras evidencias de la corrupción de Montesinos mostrando los millonarios depósitos en el Banco Wiese. Fujimori sostuvo entonces que Montesinos eran un abogado exitoso y que por eso recibía elevados honorarios profesionales. En el supuesto negado de que no sabía nada de los asesinatos y de los robos cometidos durante su gobierno, ¿ qué buen gobernante era ese que no sabía nada de lo que pasaba en su entorno más inmediato?. Si efectivamente no sabía nada, entonces no estaríamos frente a un buen gobernante sino frente a un idiota superlativo. Por todo lo que los peruanos sabemos, Fujimori era todo menos un idiota. La acusación de persecución política tampoco tiene algún asidero. ¿Quien persigue a Fujimori?. ¿El gobierno aprista acaso?. Todos sabemos que el presidente García no movió un dedo para extraditar a Fujimori. La justificación para su inactividad en el proceso de extradición de Fujimori era el respeto a los fueros del poder judicial de Chile, olvidando que el Perú y el gobierno del Perú eran parte interesa en ese juicio de extradición.

Creo que es necesario discutir también la tesis de Fujimori buen gobernante. Ese es un mito, construido por los medios y los empresarios fujimoristas, que es necesario desmontar. En efecto, los medios comprados por Fujimori y por Montesinos y los empresarios que se beneficiaron con su gobierno nos han vendido la imagen de Fujimori como gobernante exitoso y han personalizado los supuestos éxitos de su gobierno (la solución de la crisis económica y la pacificación) en él. Los analistas tienen que desplegar un examen serio y exhaustivo desde la perspectiva de la economía política para entender y explicar objetivamente las transiciones económica y estatal que se produjeron en los primeros años de los 90, estudiar los actores y las coaliciones que las impulsaron, examinar el contexto en que se produjeron, precisar sus características y señalar sus logros y sus limitaciones y, desde luego, presentar el papel de Fujimori en esas transiciones. En lo que se refiere al proceso de pacificación, pienso que la Comisión de la Verdad ha desempeñado una tarea esclarecedora que todos debiéramos agradecer. Sólo falta resumirla y divulgar para que llegue a las escuelas, a las familias y a la opinión pública.
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