Sinesio López Jiménez

La cosecha de lo que no se siembra. Así definió Adam Smith a la renta de la tierra en la Riqueza de las Naciones. ¿Quien cosecha lo que no siembra?. En general, son los propietarios o los concesionarios. Eso depende de la forma como se defina la propiedad de los recursos naturales. En Occidente existen dos tradiciones: la anglosajona y la romana. La primera define la propiedad en términos verticales: el propietario es dueño del suelo y del subsuelo y decide sobre la renta en su totalidad. La segunda define la propiedad en términos horizontales: la del suelo puede ser de particulares y la del subsuelo es del Estado. Este segundo tipo de propiedad es la fuente de múltiples conflictos porque la explotación de la renta del subsuelo suele afectar a la del suelo y, viceversa, la defensa campesina de la renta del suelo puede afectar la explotación o no de la del subsuelo. Existen leyes y procedimientos que regulan los intereses de ambas partes en conflicto real o potencial, pero que generalmente no son respetadas, especialmente por el Estado. Lo que decide entonces, al final, no es la ley sino la correlación política de fuerzas. La coalición entre el Estado y las corporaciones concesionarias toman la iniciativa del despojo apelando a la fuerza y al engaño. Los propietarios de la renta del suelo (los campesinos) se organizan para defender su propiedad y demandan al mismo tiempo la solidaridad de la esfera pública y la sociedad civil. Y lo hacen con razón porque, a lo largo de la historia, muchos de ellos han sido frecuentemente despojados de su propiedad que es su única fuente de ingreso y de reproducción de su existencia. Si logran formar una amplia coalición de apoyo a sus exigencias, aíslan al Estado que, entonces, vuelve al ataque, apelando a medios legítimos y no legítimos (amenazas, sicosociales, violación de derechos, etc.) y termina imponiéndose a través del despojo y de la fuerza para favorecer a las grandes corporaciones. El respaldo de algunos medios vinculados generalmente al mundo empresarial ayuda a legitimar ese despojo. Esta ha sido y es la fórmula histórica que se aplica y funciona en el Perú.

En el Perú, además, existen cuatro problemas básicos que no siempre se han resuelto bien para obtener los beneficios esperados para los peruanos cuando el Estado concede la explotación de los recursos naturales a las grandes corporaciones: la negociación del tamaño de la renta que éstas deben dejar para el Perú, la distribución de esa renta en el territorio, el uso y destino de la misma y la capacidad de gerenciar y gestionar el gasto y la inversión en actividades productivas. Basadre encontró (históricamente) siempre deficitaria la negociación del tamaño de la renta para el Estado, producto de una combinación de incapacidad y corrupción. ¿De qué depende la capacidad de negociación del Estado?. Hay varios factores que la explican: la calificación de los gobernantes y funcionarios del Estado; el funcionamiento eficiente, transparente y creíble de las instituciones estatales; la posesión de algunos recursos económicos claves y el dominio sobre el todo el territorio en el que Estado tiene jurisdicción. Todos estos elementos definen el grado de autonomía de los Estados que es el factor decisivo en la capacidad de negociación del tamaño de la renta. La distribución de la renta (canon, impuestos, regalías) es un asunto complejo cuya solución tiene que partir de su injusta e irracional distribución actual en el territorio y entre los peruanos para llegar a una distribución equitativa que combine mecanismos de compensación (para las regiones que no reciben nada o poca renta) y premios (para las regiones que la cosechan). El uso y el destino de la renta plantean el tema del desarrollo. Este es una tarea del Estado, de las regiones y de los empresarios nacionales y regionales. A las corporaciones no les interesa el desarrollo sino la maximización de sus ganancias. Ello no obstante, el Estado debiera exigir que los eslabonamientos que generan las actividades extractivas sean desarrolladas por empresarios nacionales y regionales. Todo ello exige un organismo planificador del desarrollo (CEPLAN) que debiera ser integrado por los representantes del gobierno central, de los gobiernos regionales y de la empresa privada, incluidas las MYPES. De este modo, se supera el dispendio actual de la renta en gastos corrientes, en burocracia y en clientelas locales.

Finalmente, la gerencia y la gestión de la capacidad de gasto e inversión dependen de la calificación de los funcionarios del Estado tanto central como regional y local, por un lado, y de la capacidad de construir instituciones eficientes y transparentes, por otro. Todo esto depende, a su vez, de la forma de gobierno cuyo debate debiera colocarse en la agenda pública como reforma de la Constitución. El peor enemigo de la formación de las élites estatales calificadas y de las instituciones sólidas y transparentes es el presidencialismo plebiscitario (caudillismo sin intermediaciones). Si se quiere mantener el presidencialismo a toda costa, entonces habría que impulsar un presidencialismo renovado de coaliciones que es más amigable con una élite estatal vigorosa y con las instituciones eficientes, transparentes y creíbles.

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Sinesio López Jiménez

García busca gerentes que sepan dirigir y gestionar las instituciones públicas para lograr los resultados esperados. Los ciudadanos quieren, en cambio, un nuevo presidente que permita a los gerentes desplegar sus capacidades y que gobierne para las mayorías. ¿Que pueden hacer los gerentes capaces si son bloqueados por la omnipresencia asfixiante de García, un filósofo-rey que cree presuntuosamente que todo lo sabe y que en todo se mete?. ¿Y de qué sirven los calificados gerentes si dependen de un Presidente que no gobierna para la mayoría?. En realidad, lo que se ha puesto en debate a propósito de la búsqueda presidencial de nuevos gerentes es una agenda de tres puntos: la gerencia pública, la forma de gobierno y la forma de Estado. La propuesta de García parte de un diagnóstico correcto: No existe una gerencia pública en el Estado que dirija las diversas instituciones estatales y que las gestione para que funcionen bien. El Perú no tiene una élite estatal como la tienen todos los países desarrollados en donde la gerencia pública se forma en las mejores escuelas de gobierno de las universidades más prestigiosas del mundo y como la tienen Brasil o Chile en América Latina. Pero el diagnóstico de García es parcial: No toma en cuenta la forma de gobierno, ni la forma estado, ni las actuales condiciones sociales y políticas en las que la gerencia pública va a operar. Los nuevos gerentes en el Perú van a dirigir instituciones estatales y van gestionar bienes públicos bajo la égida de un presidencialismo agobiante, bajo una forma-estado organizada y controlada por coaliciones sociales y políticas vinculadas a los intereses del capital y de los grandes empresarios y dentro de un contexto social y político movilizado. Desde el gobierno de Toledo en adelante, las gentes comunes y corrientes ya no aceptan ser tratadas como cosas sino que exigen ser consideradas como ciudadanos con iguales derechos y responsabilidades. A esto se añade la presencia de los movimientos sociales de protesta que despliegan una creciente presión distributiva. Los estados neoliberales en América Latina no sólo están constituidos por coaliciones sociales políticas que deciden las políticas públicas más importantes de cada país sino que han organizado también formas superelitistas y autoritarias de tomar decisiones, de gerenciar las instituciones estatales y de aplicar las políticas públicas que chocan con la ciudadanía activa, con los movimientos sociales y con la oposición política en general. Las decisiones se toman en la cúspide del poder (Presidente de la República, Ministro de Economía, alta tecnocracia y poderes fácticos), se realizan en forma secreta y sorpresiva (los decretos de urgencia), buscan imponerse sin dudas ni murmuraciones y evitan o bloquean la presión social y el escrutinio público. Estos estados funcionan con “éxito” cuando los ciudadanos han sido desmovilizados, los movimientos sociales han sido derrotados y la oposición política prácticamente no existe. Este fue el caso del Perú de Fujimori en donde el Presidente de la República, la alta tecnocracia y los poderes fácticos pudieron decidir y operar a sus anchas porque el país era tanquam tabula rasa en donde no había oposición ciudadana, social ni política. Este fue uno de los factores que explica el supuesto “éxito” de Fujimori.

Estas condiciones sociales y políticas han cambiado en América Latina y eso obliga a los estados neoliberales a adecuarse y a reformarse sin cambiar la naturaleza que los define. Dieter Nolhen, destacado politólogo alemán, ha demostrado que las formas de gobierno en AL que han tenido una mayor capacidad de realizar las reformas neoliberales y de mantener al mismo tiempo la democracia han sido los presidencialismos de coalición si se los compara con los presidencialismos plebiscitarios que desprecian las instituciones y que debilitan la democracia. La forma de gobierno en el Perú tiene algunas incrustaciones semi-presidenciales (el otorgamiento del voto de confianza parlamentaria al gabinete nombrado por el Presidente y la capacidad de éste de disolver al parlamento si éste, por según vez, se lo niega), pero ella es, en la práctica, un presidencialismo exacerbado. Si a ello se añade la personalidad del gobernante actual, se tiene entonces un presidencialismo opresivo. Por esta razón, la búsqueda de nuevos gerentes públicos tiene que ser acompañada, en las actuales circunstancias, por el debate de una nueva forma de gobierno (que bien puede ser lo que Nolhen llama el presidencialismo renovado o el semi-presidencialismo) que permita a los gerentes desplegar sus capacidades y desempeñarse con eficacia. El cambio de la forma-estado (neoliberal) es una cuestión más compleja, de más largo plazo y alcance y exige condiciones sociales y políticas que aún no existen, pero que están lentamente madurando. Este cambio es, sin embargo, necesario y decisivo para que el gobierno funcione en favor de las mayorías del país.

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Sinesio López Jiménez
Aunque García no lo crea, la verdad y el error están democráticamente repartidos. Pero cuando se trata de evaluar las políticas públicas del gobierno y su impacto en la vida de la gente, los mejores evaluadores son los ciudadanos. Los políticos e incluso los técnicos se equivocan con frecuencia cuando se trata de estos temas. El ciudadano, en cambio, tiene la experiencia inmediata y la vivencia directa. Esta es la base y el fundamento de las encuestas de opinión. ¿ Qué dice la gente sobre las políticas públicas del gobierno de García?. ¿Cómo las evalúa?. Con excepción de los acuerdos comerciales internacionales y la promoción de las inversiones, todo el resto de las políticas públicas (promoción del empleo, control de la inflación, el tema de sueldos y salarios, la calidad de la educación pública, el acceso a los servicios de salud, el acceso al agua y al desagüe, la seguridad ciudadana, la reforma del poder judicial, la lucha contra la corrupción) no ha tenido un impacto favorable en la vida de los ciudadanos: La gente cree los problemas que ella vive y que las políticas públicas del gobierno tratan de resolver están igual o peor que antes. En otras palabras, la gente cree que García es muy ágil cuando se trata de resolver los problemas del capital y de los empresarios pero que es lente e ineficaz cuando se trata de enfrentar los problemas de la gente común y corriente, especialmente de los pobres y muy pobres. Esto explica los altos niveles de desaprobación de García, de sus ministros y del gobierno en su conjunto. Esta desaprobación del elenco gubernamental arrastra lamentablemente a todas las instituciones públicas. Los peruanos tienen poco o ninguna confianza en el gobierno, en los poderes del Estado, en las instituciones públicas. La desconfianza se extiende a los partidos políticos existentes que cada vez se devalúan más ante la opinión pública. La poca o nula confianza invade a los medios de comunicación, muchos de los cuales se muestran muy complacientes y generosos con el gobierno de García. Los medios tienen que resolver el siguiente dilema: los negocios con los empresarios y el gobierno o la credibilidad de la gente. Esta devaluación de los poderes e instituciones, partidos políticos y los medios determina el poco o ningún interés por la política y explica que la mayoría (51.9%), especialmente Lima, el sur y centro, esté insatisfecha con la democracia y crea que el país es poco o nada democrático. Pese a ello, siguen apostando a la democracia como la mejor forma de gobierno, con excepción del centro y sur a los que les da lo mismo cualquier forma de gobierno.

Los datos revelan que entre la experiencia concreta de la gente y sus sueños e ideales se produce una dialéctica especial. La insatisfacción de la gente con la democracia tal como ella es y funciona y con los partidos políticos realmente existentes arrastra también a sus sueños y esperanzas y los conduce al escepticismo, a la antipolítica y al autoritarismo, sobre todo en el centro, en el sur e incluso en la conservadora ciudad de Lima. Pero, al parecer, los sueños e ideales de la mayoría de la gente aún son más vigorosos que sus desconfianzas y sus desencantos con la política y con la democracia, razón por la cual sigue creyendo que ésta es la mejor forma de gobierno y que los partidos son necesarios para que ella pueda existir y funcionar. Los bellos sueños de la gente salvan a la nada edificante realidad política que la deprime. Este mecanismo salvador de la democracia tiene, sin embargo, límites: cuando se examinan la curva de apoyo a la democracia (ideal) y la de satisfacción con la democracia realmente existente, ellas tienden a aproximarse hacia abajo cada vez más. Algo parecido sucede con los partidos políticos. Ellos son percibidos idealmente como necesarios para el funcionamiento de la democracia, pero los actuales son considerados no sólo irrelevantes sino ineficaces para representar y defender los intereses de la gente de a pie. Es difícil saber con seguridad si el ciclo semi-partidario, que se inició en el 2, 000 con la transición democrática y que dio a luz a García como presidente en el 2006, tendrá vigencia en el 2011. Nadie lo sabe. Con García cualquier cosa puede suceder. El Apra ha dejado de ser prácticamente un partido de gobierno. García gobierno solo. Muchos de sus ministros están en la clandestinidad. Con la poca o nula eficacia de las políticas públicas del gobierno en la solución de los problemas de la gente, García tiene una enorme responsabilidad en la creciente desconfianza de los ciudadanos en los poderes del Estado y en las instituciones públicas y en el actual desencanto con la política y con democracia. Ojalá los sueños sigan salvándonos de las pesadillas de la realidad.

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Sinesio López Jiménez

Pasada la ALC-UE, el presidente García ha vuelto a la normalidad. Su aprobación se mantiene en el mismo nivel de diciembre del 2007 y mejora en las regiones, salvo en el norte en donde desciende de 29% a 21.8%. Su aprobación en algunas regiones es superior a la de los presidentes regionales. Estos han experimentado un fuerte desgaste, salvo los del oriente que tienen una alta legitimidad por desempeño (53%), contrariamente a los del sur (18.4%) y a los de centro (16.4%). García ha tenido una cierta capacidad para frenar la caída vertical que se inició en julio del año pasado. Los ciudadanos la atribuyen a su destacado liderazgo y a la claridad de sus objetivos y sus metas, pero un cuarto de la población no le reconoce mérito alguno. Es probable, sin embargo, que el congelamiento temporal de la caída obedezca a algunas medidas que impulsa el gobierno y que favorecen a los sectores populares (la ley de tercerización y la distribución de las ganancias a los trabajadores mineros formales e informales) y a la supuesta reducción de la pobreza. El impacto incremental de ésta puede provenir más de los sectores medios y altos que de los sectores pobres y muy pobres. La mayoría de los peruanos piensa, en efecto, que la pobreza no ha disminuido y que entre los principales desafíos que el gobierno tiene que enfrentar están la falta de trabajo, la corrupción, la pobreza y la inseguridad. Ello no obstante, la mayoría (48.9%) cree que el segundo gobierno de García es mejor que el primero, pero el 14.5% siente que es peor, particularmente el sur (25.6%), el centro (25.5%) y el oriente (22.8%). Esto puede expresar la opinión contestataria de los muy pobres.
Con excepción de los acuerdos comerciales internacionales y la promoción de las inversiones, que los ciudadanos aprueban, en todo el resto de políticas (promoción del empleo, control de la inflación, el tema de sueldos y salarios, la calidad de la ecuación pública, el acceso a los servicios de salud, el acceso al agua y al desagüe, la seguridad ciudadana, la reforma del poder judicial, la lucha contra la corrupción) el gobierno sale desaprobado: La gente cree que en todos estos rubros está igual o peor que antes. En otras palabras, García es aprobado en su relación con el capital, pero es desaprobado en su relación la sociedad, especialmente con los sectores populares, pobres y muy pobres. Los peruanos tienen poco o ninguna confianza en el gobierno, en los poderes del Estado, en las instituciones públicas y en los partidos. Esta devaluación de los poderes e instituciones hace que haya poco o ningún interés por la política y que la mayoría (51.9%), especialmente Lima, el sur y centro, estén insatisfechos con la democracia y que crean que el país es poco o nada democrático. Pese a ello, siguen apostando a la democracia como la mejor forma de gobierno, con excepción del centro y sur a los que les da lo mismo cualquier forma de gobierno. Finalmente, La mayoría de los peruanos piensan que García se ha desplazado a la derecha y que la sociedad está en el centro, mostrando tendencias hacia una lenta conservadorización.
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Sinesio López Jiménez

Una encuesta ambiciosa que recoge no sólo los estados de ánimo pasajeros sino que penetra en el alma de la gente, en sus sentidos comunes, sus ideas, sus creencias, sus valores, sus actitudes, sus evaluaciones y sus compromisos más estables y permanentes. Esa es la principal virtud de la última encuesta nacional que acaba de lanzar el IOP de la PUCP y que ha sido aplicada en la primera semana de junio. Ella no sólo presenta los fluctuantes y, con frecuencia, veleidosos estados de ánimo de la opinión pública sino que recoge lo que Montesquieu llamaba el espíritu de las leyes (la cultura política) y l´esprit d´une nation (la cultura de la nación). Por ahora me voy a concentrar en las opiniones pasajeras y en algunos elementos de la cultura política. Hecha después de la ALC-UE, la encuesta expresa los tiempos “normales” de la política. García vuelve a menos de un tercio de la aprobación ciudadana (30.9%) y se coloca en el mismo nivel de Diciembre del 2007 (29%). Sube la aprobación en Lima (de 34% a 37.3%), en el sur (de 15% a 19.5%) y sobre todo en el centro (de 15% a 21.8%) y en el oriente (de 20% a 22.6%). En el norte, en cambio, baja de 29% a 21.8%. La diferencia con la encuesta de IPSOS Apoyo publicada el 25 de mayo del 2008, inmediatamente después de la ALC-UE, es notoria. Apoyo le daba a García 9 puntos más de aprobación ciudadana con respecto a su encuesta anterior y señalaba que en todas regiones subía y sobre todo en el norte en donde se disparaba 16% más alcanzando el 40%. Los datos actuales revelan, en cambio, que García ha logrado no sólo frenar la caída que se precipitó desde julio del 2007 sino que, salvo en el norte, ha incrementado el apoyo ciudadano en las otras regiones en muchas de las cuales se coloca por encima de los presidentes regionales. Las virtudes que los ciudadanos reconocen en García son su liderazgo (23.5%) y la claridad en sus objetivos y metas (la región del centro lo premia con 14.5% por la defensa de los intereses nacionales ¿?). Pero un núcleo duro de los ciudadanos (24.7% ) no le reconoce ningún mérito. ¿Qué explica el freno en la caída y la recuperación en las diversas regiones?. Es probable que jueguen varios factores. En primer lugar, la aprobación de varias medidas que favorecen a los sectores populares: la ley de le tercerización, la distribución total de las ganancias a los trabajadores mineros tanto formales como informales. En segundo lugar, la reducción de la pobreza a través del trabajo y los ingresos y a través de diversas formas de asistencialismo. Mi hipótesis es que los que aprueban esta reducción son más los sectores medios y altos de las diversas regiones que los pobres y muy pobres. En otras palabras, el incremento en la aprobación ciudadana de García se debe más al efecto publicitario de la supuesta reducción que a la reducción misma de la pobreza. De hecho, la mayoría de los ciudadanos (38.3%) piensan que el nivel de pobreza se mantiene igual, sobre todo el norte (40%) y el centro (40%); el 29.9% cree que se ha reducido un poco, especialmente en Lima, el norte y el oriente; y el 27.8% de los ciudadanos (la encuesta ha sido aplicada en las ciudades y no en el campo) siente que el nivel de pobreza ha empeorado, sobre todo en el sur (50%) y en el centro (38.2%). Más aún: la mayoría de los ciudadanos piensan que los principales problemas son la falta de trabajo, la corrupción, la crisis de valores morales, la pobreza y la inseguridad. Un dato lapidario contra García y su gobierno: el 90.8% de los encuestados de todas regiones piensan que la inflación ha agravado la pobreza en el Perú. Ello no obstante, la mayoría de los ciudadanos (42.7%), especialmente la de los limeños (48.3%), cree que este segundo gobierno de García es mejor que el anterior (1985-90), el 32% cree que es igual y el 14.5% siente que es peor, especialmente el sur (25.6%), el centro (25.5%) y el oriente (22.8%). Es probable que esta última cifra exprese el grito de protesta de los pobres extremos.

No deja de ser un dato revelador la percepción de los ciudadanos sobre la ubicación del gobierno en el espectro político nacional. La mayoría (35.7%) lo ubica en el centro derecha (16.9%) o en la derecha (18.9%), el 23% lo coloca en centro y el 27.2% lo sitúa en el centro izquierda (16.5%) y en la izquierda (10.7%). En opinión de la gente, García ha invadido el espacio de Lourdes Flores y del PPC. Esto explica quizás el enroque político que ha hecho la lidereza del PPC con García. Ella se ha desplazado hacia el centro político y ha dejado a García, como corresponde, en la derecha. Habrá que seguir con atención el enroque y las reubicaciones políticas de Lourdes y García para observar si se mantienen o no en el futuro. Corriendo otro velo, la encuesta muestra que la política y la sociedad han abandonado sus ímpetus radicales, se han moderado y se están desplazando lentamente a posiciones conservadoras y termidorianas: el 36.2% se autoubica en el centro, el 17.2% en el centro derecha, el 12.8% en la derecha, el 15.1% en el centro izquierda y el 6.7% en la izquierda.
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Sinesio López Jiménez

Una aplanadora que masifica, uniformiza, nivela y cosifica a la humanidad. Los hombres y las mujeres dejan de ser personas para convertirse en cifras estadísticas. Ya no actúan, sólo se comportan. Ese es el terreno fértil en donde germinan, crecen y florecen las ciencias sociales (sociología, economía, etc.) y las estadísticas como disciplina académica. Esta es la crítica más radical, más profunda y más pesimista que Hannah Arendt, una de las filósofas más importantes del siglo XX, ha hecho a la modernidad. El debate actual sobre el porcentaje de reducción de la pobreza parece confirmar la crítica pesimista de la filósofa alemana. Los pobres son tratados como meras cifras estadísticas. Ellos han perdido su calidad de seres humanos. Los políticos y los técnicos discuten si son más o son menos. Más aún: se manipulan las cifras, se apelan a supuestas metodologías técnicamente fundadas, se fijan ridículos límites monetarios para contar el número de pobres y muy pobres. El pobre tiene un precio: vale menos de 229 nuevos soles. El muy pobre vale la mitad. Como si todo eso fuera poco, el gobierno añade un maltrato más a los pobres estadísticamente cifrados: Las políticas sociales asistencialistas, que supuestamente reducen el número de pobres, los tratan como cosas. Ellos no piensan, no opinan, no expresan sus deseos, sus preferencias y sus prioridades. El gobierno, sus técnicos y sus burócratas les han expropiado esas capacidades y derechos. Una política que considere a los pobres como seres humanos (que exigen, por eso mismo, ser tratados con dignidad) requiere un doble enfoque: Por un lado, es necesario analizar la pobreza como una situación que genera una serie de vulnerabilidades y, por otro, hay que examinar las capacidades y potencialidades que, pese a ello, logran conservar los pobres para participar activamente en la solución de sus propios problemas.

La pobreza destruye, sin duda, a los seres humanos, vulnera su inteligencia, afecta su autoestima, limita su libertad, restringe sus capacidades de acción, silencia su voz y mengua sus potencialidades de realización humana. Los pobres, además, son muy vulnerables y están permanentemente sometidos a amenazas y a riesgos que no pueden enfrentar con éxito. El pobre tiene férreas limitaciones para domesticar el azar. La pobreza es, sin embargo, algo relativo. Ni siquiera la pobreza extrema es absoluta. Los pobres, que la sufren, conservan algunas potencialidades que les permiten superarla. Sobre esas potencialidades pueden operar tanto las agencias externas a los pobres como las capacidades mismas de los pobres para luchar contra ella. Este doble enfoque ha sido realizado por Nora Bonifaz, Decana del Colegio de Sociólogos de Lima, a pedido de PROPOLI, institución que, a su vez, encargó al INEI en el 2005 la realización de un censo en diez distritos pobres de Lima. Nora Bonifaz hizo un mapa de vulnerabilidades: individuales (discapacidades, vulnerabilidad en el empleo), familiares (vulnerabilidad familiar, vulnerabilidad en la vivienda y sus servicios) y del contexto y del entorno (vulnerabilidad en salud) e hizo igualmente un mapa de empoderamientos (disculpen la palabrita horrible) o de capacidades que conservan los pobres (capital cultural, capital social y activos físicos). Construyó dos grandes índices, uno de vulnerabilidades y otro de empoderamientos o capacidades, los cruzó e hizo algunos hallazgos que pueden sorprender. Unos distritos más que otros presentan más vulnerabilidades y algunas de éstas (las de empleo y las familiares) son más graves que otras. Lo mismo pasa con el mapa de las capacidades. Sorprende que el capital cultural (nivel de educación y capacitaciones) sea tan bajo. En realidad, el capital de los pobres es el capital social (organizaciones, redes, etc). Pero sorprende también el índice de activos físicos que no son nada desdeñables. Pero el hallazgo fundamental es el siguiente: Salvo en tres distritos, los pobres de los otros siete distritos tienen más capacidades y empoderamientos que vulnerabilidades. En las escalas de vulnerabilidades y empoderamientos existe, sin embargo, una pequeña franja de pobres en una situación de indigencia muy grave. Ellos tienen altas vulnerabilidades y muy bajos empoderamientos. Sería interesante replicar este mapa en todo el país, sus regiones y sus gobiernos locales. Mi hipótesis es que en las regiones de la costa se puede encontrar mapas similares al de los diez distritos pobres de Lima. En la sierra y en la selva, en cambio, los mapas de vulnerabilidades y empoderandamientos pueden ser muy diferentes y es probable que, en eso casos, las vulnerabilidades sean mayores que los empoderamientos. Cualquiera sean las formas que asuman los mapas de los pobres, lo importante es que ellos sirvan para desplegar políticas sociales que los consideren como seres humanos, teniendo en cuenta que las mejores políticas sociales son las buenas políticas económicas, como no se cansa de decirlo Efraín Gonzales de Olarte. Sin empleo de calidad y sin salarios dignos no se resuelve el problema de la pobreza. Las políticas sociales para ser eficaces, además, deben desplegar medidas de desarrollo de capacidades, lo que se logra a través de una educación y de una salud de calidad.

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Sinesio López Jiménez

García vive un momento pasajero de gloria y de euforia. Quedaron atrás, al menos por ahora, la ira, los insultos, las quejas de incomprensión salpicadas de vez en cuando por la depresión. El punto de viraje comenzó con la Cumbre ALC-UE en la que García tuvo un buen desempeño y pronunció un discurso que iba a contracorriente de lo que viene haciendo como gobernante. La racha siguió el domingo 25 de mayo, fecha en la que el Decano publicó la encuesta de Ipsos APOYO que le daba 9 puntos de incremento en la aprobación ciudadana (35%), especialmente en Lima y en el norte del país. La presentación de la encuesta concluía con un sano consejo al Presidente para superar el tercio de la aprobación ciudadana: “Si quiere avanzar más allá, la política social tendría que mostrar similar eficacia y compromiso presidencial”. Siguiendo fielmente el consejo, el paroxismo llegó el lunes 26 de mayo con una calculada conferencia del prensa en la que el INEI (del señor García) anunciaba que la pobreza había bajado 5.2% en un año (el 2007) y que la extrema pobreza sólo había descendido 2.4%.

Con el consejo a García, Apoyo revelaba que no había encontrado una relación entre la reducción de la pobreza y el incremento de la aprobación ciudadana. Este era principalmente atribuido al lucimiento de García en la Cumbre ALC-UE. Un tercio de los ciudadanos (constituido probablemente por las clases medias y altas) lo aprobaba por la promoción de la inversión privada, por el buen manejo de la economía, porque era diferente al primer gobierno y por haber mejorado la imagen del Perú en el exterior. Pero el 61% (proveniente posiblemente de las clases populares y pobres) lo desaprobaba por la inflación, por no reducir la pobreza y por incumplir las promesas electorales. Pese a ello, es válido preguntarse si existe alguna relación entre el aumento de la aprobación de García y la reducción de la pobreza. Es difícil saberlo con precisión porque no se pueden cruzar las dos variables (reducción de la pobreza e incremento de la aprobación) pues no tienen la misma base de datos. Si se cruzaran, podríamos saber con exactitud no sólo el sentido y el nivel de asociación que ellas presentan sino también la causalidad. Tampoco se puede realizar una aproximación por comparación en el conjunto de las regiones porque la encuesta de Apoyo no es representativa por departamentos como sí lo es supuestamente la del INEI. Las relaciones que se pueden establecer, dados los tipos de datos, no son rigurosas, sino muy laxas. Ello no obstante, mi hipótesis es que no existe una relación fuerte entre la reducción de la pobreza y el incremento de aprobación de García o, para decirlo, con mayor precisión, es probable que existe una relación fuerte en Lima y en la costa norte, pero es posible que en las otras regiones la relación sea débil (centro) o no exista (sur y oriente). Según el INEI de García, sin embargo, la pobreza se ha reducido sobre todo en Lima y en costa, pero también en el sur y, sobre todo, en el oriente, pero el muy bajo nivel de aprobación presidencial en estas dos regiones no se ha movido para nada. ¿Cómo explicar estos desencuentros?. Hay varias explicaciones posibles, pero dos son las más plausibles. Primera, el INEI de García está sobrestimando la reducción de la pobreza en el país en general y en tres regiones en particular. Segunda, si se ha reducido efectivamente la pobreza, es necesario considerar los factores que explican tal reducción. Es probable que en Lima y en la costa norte la reducción se haya producido por aumento del empleo y quizás de los ingresos y en el centro, sur y oriente, la reducción de la pobreza, si los datos son verdaderos, sea obra de las diversas formas de asistencialismo que el gobierno está aplicando como política social. Si este fuera el caso, los pobres creen probablemente, con justa razón, que no están saliendo de la pobreza y, en esa misma medida, no se sienten obligados a premiar a García con su aprobación. En el último artículo sobre el perro del hortelano, García ofreció una penosa y ridícula explicación: la mala información y la ignorancia de los pobres les impiden percibir y entender que su situación de pobreza está siendo superada.

Maquiavelo sostenía que la fortuna (suerte) era mujer y que había que saber tomarla por asalto. Es lo que está haciendo García ahora utilizando el incremento en la aprobación y la reducción en la pobreza para soñar con la prolongación de su mandato hasta el 2015 para reducir la pobreza hasta el 10% de la población. García quiere potenciar la aprobación ciudadana para presionar por la reelección vía reforma constitucional y seguir la ruta de Uribe en Colombia, como alternativa a la ruta fujimorista para entornillarse en el poder. Pero el florentino afirmaba también que la mejor manera de superar los designios de la fortuna era el despliegue de la virtud, esto es, el desarrollo de capacidades excelsas por parte del ciudadano y del político. Entre esas capacidades excelsas están la defensa del bien común, la renuncia a los intereses particulares, la ciudadanía activa, la moderación y la austeridad. Eso es lo que no hace García, salvo el planteamiento de la austeridad como coartada.

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Sinesio López Jiménez

El deseo de entornillarse en el poder durante cinco años más para “tener más del doble de asfalto de lo que tenemos” es para García una metáfora. Ahora más que nunca se hace sentir la ausencia de Luis Alberto Sánchez para que le explique a su pupilo, con el humor que lo caracterizaba, lo que es una metáfora. Con sentido pedagógico, Sánchez habría desplegado ejemplos precisos para ilustrarlo mejor, algunos de ellos barrocos y gongorinos (“aquilífero pincel de verrugosa agalla” para denominar al lapicero o “tremendo de la tierra bostezo” para nombrar una cueva) y otros vanguardistas como unos versos de Vallejo que él prefería recitar (“Y si hay algo quebrado en esta tarde,/ y que baja y que cruje,/ son dos viejos caminos blancos, curvos./ Por ellos va mi corazón a pie”/, para aludir al amor que el poeta sentía por sus padres ancianos). Y le habría explicado con ironía que su deseo de permanencia en el poder más allá de los plazos constitucionales no es una metáfora sino una hipérbole de un político ambicioso e incontinente que quiere convertirse en dictador. Más allá de las metáforas y las hipérboles, García ensaya diversas rutas para permanecer en el poder en la entrevista reciente que brindó a El Comercio. Una primera es la reelección que reconoce como un camino imposible porque la Constitución lo prohíbe. Ese reconocimiento es, sin embargo, formal si nos atenemos al conjunto de la entrevista. Todo indica que, in pectore, García desea esa ruta, como Uribe de Colombia, y la recorrería si tuviera en sus manos las condiciones que la hagan posible: una mayoría en el Congreso para reformar la Constitución y un alto nivel de aprobación ciudadana a su gestión. Me parece que voluntad no le falta, como sucede en la mayoría de los presidentes “exitosos” de América Latina desde fines del siglo pasado hasta ahora. Lo que falla es el conjunto de condiciones sociales y políticas que la hagan viable. Como esta vía está bloqueada constitucional, social y políticamente, ensaya una segunda ruta: Un reencuentro con la opinión pública, con los ciudadanos y con lo que, según García, exigen las encuestas (“disolver el Congreso que no hace nada, intervenir el Poder Judicial, dar un aumento de sueldos y salarios, romper los contratos mineros y petroleros”). Reconoce que esa ruta es inútil porque sólo produce “una popularidad efímera”. Le faltó añadir que, además de la Constitución, vulnera los intereses de las clases y grupos sociales para los que hoy gobierna.

Una tercera ruta es la disolución del Congreso siguiendo los procedimientos constitucionales. García la anuncia con todas sus letras: “señores miembros del Congreso, el pueblo pide velocidad y ejecución, señores ministros, vayan al Congreso con estas 10 leyes y hagan cuestión de confianza, me las aprueban. ¡Ya!. No quieren, renuncia el gabinete, y al día siguiente vuelve otro gabinete, no queremos, se autodisolvió el Congreso”. Este camino es difícil pero no imposible, pese a que está atravesado por una serie de vallas. La principal es la voluntad de suicidio del parlamento. Todos o la mayoría se suicidarían, sin embargo, si estuvieran más o menos seguros que, en las elecciones convocadas para elegir un nuevo Congreso, obtendrían ventajas significativas. García anuncia una tercera ruta que es más académica que política y que, en todo caso, tendría vigencia en los futuros gobiernos:”Eso debería solucionarse eligiendo el Congreso en la segunda vuelta electoral para que el jefe de Estado tenga mayoría y se haga responsable y si a los cinco años no cumplió, que lo quemen, lo enjuicien o se olviden de él, pero en este zanfarrancho donde todos tienen pito de arbitro…”. Llama la atención esta última frase porque, en la escena oficial, el único actor es García, iluminado por el faro generoso de la mayoría de los medios: han desaparecido los ministros, el parlamento y ha devaluado a otras instituciones. Finalmente, existe la ruta fujimorista para entornillarse en el poder: Resucitar el terrorismo e inyectarle una vigencia y una vitalidad que no tiene, explotar los miedos del pasado para transformarlos en una exigencia nacional de orden a como dé lugar, presentar a la oposición social y política como aliados potenciales del mismo, atribuir los problemas de gobernabilidad al movimiento social de protesta, a todos los que no creen en la democracia que, según García, son muchos y a los periodistas de oposición que, según él, son la oposición efectiva. Esta tesis suscita una pregunta inevitable: ¿ Esta es la razón de fondo por la que Ud., señor García, bloquea desde la cúspide del poder la presencia en la TV privada y estatal de César Hildebrant, el periodista de mayor influencia y credibilidad del país?. A esto hay que añadir el miedo del 2011 que, ante la ausencia de liderazgos alternativos en la derecha, es un factor que contribuye a fortalecer su voluntad de perpetuación en el poder. García sostiene optimistamente que, con la modernización, la descentralización y las obras, el futuro candidato oficialista no tiene pierde. La verdad, sin embargo, es que la modernización de García (un capitalismo excluyente y sin derechos) no le gana a nadie.

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Sinesio López Jiménez

En el Perú republicano y en la mayoría de los países de América Latina el orden ha sido construido a la mala: a palos y a balazos. Nunca existieron las buenas maneras. Las fuerzas coercitivas – las fuerzas armadas primero y luego la policía- han sido educadas para disparar y para matar en nombre del orden y la ley. La policía misma, que debiera estar muy cerca de los ciudadanos para protegerlos, ha sido militarizada y armada hasta los dientes. El contraste con el policía inglés, por ejemplo, es impresionante. Sin varas, sin pistolas, sin metralletas y sin tanquetas, la policía inglesa protege al ciudadano, incluso en sus manifestaciones de protesta. Cada inglés es, de alguna manera, un policía de sí mismo: Ha incorporado el orden dentro de su sicología y de su propia cultura. En América Latina, en cambio, el orden está en la metralleta del policía y cuando ésta, por alguna razón, no está presente, el orden desaparece. ¿A qué se debe la diferencia? ¿Obedece a los diferentes tipos de ciudadanos que habitan los países desarrollados y los países atrasados? ¿Se debe acaso también a los diferentes tipos de culturas políticas que los mueven? La explicación hay que buscarla, en gran medida, tanto en el tipo de ciudadanos como en los tipos de cultura política. Los ciudadanos de los países desarrollados tienen todos los derechos (civiles que tienen que ver con la libertad, políticos que atañen a la participación en las decisiones políticas y sociales que aluden al bienestar que produce la sociedad), las mismas garantías (efectivo acceso igualitario, garantizado por el Estado, a todos los derechos reconocidos), todos ellos son iguales ante la ley y a todos (o la mayoría) se les ofrece una igualdad de oportunidades. En AL, en cambio, el acceso efectivo a todos los derechos ciudadanos (reconocidos) es muy limitado, el Estado no los garantiza por igual, no existe igualdad ante la ley ni mucho menos igualdad de oportunidades. En el Perú, por ejemplo, el 40% son ciudadanos de primera (con acceso efectivo, más o menos garantizado, a todos los derechos), el 23% son ciudadanos de segunda (con derechos civiles y políticos y sin derechos sociales) y el 33% son ciudadanos de tercera (con derechos políticos efectivos, pocos derechos civiles y ningún derecho social), más del 90% cree que no existe igualdad ante la ley y más del 50% considera que sus derechos (sobre todo salud, educación, empleo y seguridad) no están plenamente garantizados por el Estado. Justamente los derechos que podrían ofrecer a los ciudadanos una igualdad de oportunidades. Las diferencias de cultura política son también significativas. Mientras en la mayoría de los países desarrollados predomina una cultura cívica, republicana y democrática, en América Latina se han impuesto las culturas de sometimiento a la mano dura y de desinterés por la política (súbdito y parroquial, respectivamente, para usar los viejos conceptos de Almond y Verba) y, lo que es peor, subsiste el patrimonialismo que, entre otras cosas, explica la alta permisivad ante la corrupción.

A través de la cultura política llegamos al problema de fondo: la forma de gobierno de las élites. La cultura política más que una condición que explica a los diversos tipos de régimen político es, en realidad, un producto de sus prácticas, aunque posteriormente se establezca entre ellos una relación circular. Mientras que los regímenes dictatoriales y autoritarios segregan prácticas y culturas autoritarias en su relación con los ciudadanos, los regímenes democráticos generan prácticas y culturas democráticas. Con notables excepciones, en el Perú y en América Latina las élites y los gobernantes han optado a lo largo de la historia republicana por las dictaduras o por el autoritarismo como formas de gobierno y como formas de construcción del orden. No estuvo entre sus proyectos la promoción de un desarrollo inclusivo, la integración de la población a la vida política reconociendo y garantizando todos sus derechos ciudadanos ni la construcción de un orden democrático y de una comunidad política a través de instituciones creíbles, efectivas y aceptadas por todos. Por el contrario, ellas optaron por gobernar para los ricos; excluir a las mayorías de sus derechos, sobre todo de los derechos sociales e imponer el orden apoyándose casi exclusivamente en el monopolio de la violencia del Estado.

En el tema de la construcción del orden, García no es, por desgracia, una saludable ruptura con el pasado sino una lamentable continuidad. Si quieres que los ciudadanos te obedezcan haz que ellos no sólo te teman sino que te amen, aconsejaba Maquiavelo a los príncipes. Si García quisiera economizar la violencia a la que en ciertas ocasiones tiene que apelar el gobierno, tendría que cambiar de políticas económicas, sociales, culturales e institucionales y gobernar no sólo para los ricos sino para la mayoría de los ciudadanos. Pero eso es demasiado pedir a García en su involución conservadora. Esa es una tarea reservada a las oposiciones sociales y políticas, regionales y nacionales, cuya vigencia ha sido negada por García.

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