Sinesio López Jimenez

La agenda de gobierno post-referéndum debe formularse teniendo en cuenta el Bicentenario de la independencia del Perú. Ella debe preparar al país no sólo para celebrar (en lo que tenga de celebratorio) ese efemérides sino también para relanzar el Perú hacia el futuro. Me parece que el punto central de esta agenda debiera ser el  establecimiento de un acuerdo nacional de convocatoria a una Asamblea Constituyente (AC) en 2021 para construir el Perú del futuro. Esta AC debiera funcionar el tiempo necesario (uno o dos años) que le permita proponer un nuevo Contrato Social del Perú para luego convocar a elecciones generales.

Es obvio que la agenda post-referéndum tiene que recoger las urgencias del país hasta 1821, pero tiene que considerar también las reformas políticas necesarias que preparen y hagan viable la elección  democrática y el funcionamiento de la nueva Constituyente.

Entre las urgencias del país post-referéndum aparecen con claridad la continuidad y la profundización de la lucha contra la corrupción, la aceleración y mejora de la reconstrucción con cambios y la reactivación de la economía y del empleo. Un tema importante de esta agenda de urgencias es la reforma tributaria que acabe con la evasión y la elusión tributarias, elimine las exoneraciones de impuestos y que eleve la presión tributaria (pt) o se aproxime a la media de AL. Es una vergüenza que el Perú apenas llegue  al 13 por ciento de pt teniendo tantos problemas sociales por resolver. La OCDE a la que se aspira pertenecer tiene 36 por ciento de pt.

La agenda post-referéndum comprende, desde luego, las reformas políticas preparatorias de la AC, en especial las que se refieren al sistema electoral y al sistema de partidos. Un cambio global del sistema político (que incluye a la forma de gobierno) debe ser uno de los grandes temas de discusión y propuesta de la futura Asamblea Constituyente. Otro tema central de la AC es la reconstrucción republicana, democrática y liberal del Estado y de sus capacidades.

Las reformas urgentes y necesarias del sistema electoral que preparen la elección de la AC son la disminución del número de firmas para para participar en las elecciones generales y la elevación de las exigencias para permanecer en el sistema político (valla electoral, alto numero de comités partidarios, militancia activa), el establecimiento de elecciones primarias obligatorias como en USA, Chile y Argentina, la eliminación del voto preferencial, la mantención del voto obligatorio y el reemplazo de las multas electorales por el no acceso a algunos bienes públicos.  Es necesaria la dación de una ley de partidos que tenga en cuenta los cambios en la estructura social y la revolución de las comunicaciones.

El Perú independiente ha alcanzando algunos logros que es necesario conservar y potenciar, pero presenta también un conjunto de limitaciones y fallas que es necesario superar. La independencia fue una revolución ambigua (John Lynch) en la que los criollos querían la independencia sin abjurar de la colonia. Esa ambigüedad ha marcado nuestro destino hasta ahora.

Sinesio Lopez Jiménez

Algunos esperan mucho del referéndum y otros no esperan nada. Ambos se equivocan porque el referéndum no es ni la panacea ni la irrelevancia. Tiene sus alcances y sus límites. Le da la voz al soberano para que se pronuncie sobre algunas reformas limitadas de la justicia y de la política y para que libere al país del fujimorismo y del alanismo, las fuerzas más nefastas, oscuras y retardatarias del país de las últimas décadas. También hace viables algunos cambios institucionales y estatales. Pero no resuelve otros graves problemas de la política, de la sociedad y de la economía. Al día siguiente del referéndum, el Perú se sentirá aliviado pero seguirá siendo casi el mismo.

El Perú necesita grandes cambios en todos los campos de la vida social. Por ahora me limito al campo de la política, comenzando por ella misma. En primer lugar, es necesario redefinir la política considerando varias dimensiones. 1. Hay que revalorar la política y el Estado que fueron devaluados y desplazados por el neoliberalismo para revaluar el mercado y colocarlo en el centro de la vida social. La política y el Estado importan tanto o más que el mercado para hacer viable la convivencia social. 2. Hay que rescatar la autonomía de la política (y del Estado) que el  neoliberalismo anuló para subordinarlos y capturarlos dentro de una lógica neopatrimonial (apropiación de lo púbico y su manejo como si fuera un asunto privado). Hay que rescatar la política y el Estado de la captura neopatrimonial desplegada por el neoliberalismo. El neopatrimonialismo (neoliberal) es la principal fuente de la corrupción de estos tiempos.

3. Hay que poner la política al servicio del bien común (republicano) o del interés general (liberal) reconociendo que el pueblo (los ciudadanos) es el titular del poder político. Los ciudadanos otorgan legitimidad de origen a los que ejercen el poder político a través de elecciones libres y justas. 4. Reconociendo que la política y la ética son diferentes, es necesario establecer entre ellas una relación permanente. Distinción no significa separación. La ética tiene que vigilar la relación entre los medios y los fines de la política haciéndola justa y buena.

En segundo lugar, es necesario reconstruir el Estado asumiendo las principales contribuciones republicanas, democráticas y liberales. Tenemos un estado débil y maltrecho porque ha sido mal hecho. Tenemos que construir un estado en forma impulsando el desarrollo de sus capacidades de tal manera que pueda ejecutar bien las funciones que tiene. Destaco algunas de estas capacidades: impositiva, coercitiva, la efectividad legal, la eficacia burocrática, la penetración estatal en la población y en el territorio. Ningún estado es fuerte y autónomo con el 13% de presión tributaria (pt), un poco más de la mitad de la pt de AL (22 por ciento). Ningún Estado garantiza la seguridad de sus ciudadanos si no reivindica el monopolio de la fuerza. No hay justicia si la ley no es igual para todos en todo el territorio. No hay progreso si el Estado no garantiza la calidad de la educación, la salud y de otros bienes públicos.

Volveré sobre otros cambios en el campo de la política.

Sinesio López Jiménez

La coyuntura abierta el 28 de julio de este año se cerró antes de lo previsto, el 9 de diciembre, fecha del referéndum. La prisión preliminar, primero, y el pedido de prisión preventiva de KF y otros fujimoristas más, luego, aceleró el tiempo político y, con él, el desmoronamiento del fujimorismo.

¿Qué viene después?. Probablemente tres procesos que van a configurar los escenarios posfujimoristas. En primer lugar, la judicialización de la política que acentuará la crisis de representación política. En segundo lugar, la reconfiguración  del escenario político debido al hundimiento y dispersión de FP y a la evaporación de la representación popular de derecha que ella expresaba.  Todo esto va a permitir la emergencia de lo que podemos llamar disponibilidad representativa o la existencia de masas dispuestas a ser representadas, y, gracias a las redes sociales, a la búsqueda activa de representación de todos los sectores sociales. Hemos visto un adelanto de estos fenómenos en las elecciones regionales y locales del 7 de septiembre.

En tercer lugar, la recomposición de las relaciones entre los poderes del Estado y de los aparatos de control que generarán un conjunto de cambios estatales. Uno de ellos es el término del gobierno dividido que, dentro un presidencialismo parlamentarizado, produjo ingobernabilidad y trajo el descalabro de PPK. Lo que vamos a tener en adelante es un Ejecutivo con una relativa mayoría en el Congreso como producto de una probable coalición de fuerzas políticas, lo que redundará en una mejor relación entre esos poderes del Estado.

Esta nueva relación entre el Ejecutivo y el Legislativo implica la caída de Chávarry, la recomposición y la autonomía de la Fiscalía  y del Poder Judicial. Ella trae consigo también la autonomización de los aparatos del Estado que había capturado o estaba a punto de capturar el fuji-aprismo: la SUNAT, el BCR, la Defensoría del Pueblo, la Junta Nacional de Justicia (ex-CNM) y el TC.

¿Traerán estas movidas en la representación un breve ciclo partidario como sucedió en el 2001, luego de la caída de AF?. Lo dudo. En esa fecha reaparecieron el Apra, el PPC y en menor medida AP, además de nuevos “partidos” como Perú Posible, Gana Perú y Fuerza 2011. Ahora el retorno partidario es más tenue pues toca a muy pocos (AP y APP) y a algunas provincias y distritos.

¿Qué formas asumirán las nuevas representaciones políticas?. Es probable que todas ellas asuman una forma personalizada a partir de los líderes que tienen mayor aceptación ciudadana y que no han sido contaminados por la corrupción: Barnechea, Guzmán, Mendoza, Acuña. No hay que descartar la posibilidad que emerjan liderazgos de extrema derecha y de extrema izquierda. Es posible que algunos de estos líderes estén dispuestos a organizar formas estables y organizadas de representación política.

Tampoco hay que descartar que la nueva relación entre el Ejecutivo y el Legislativo abra la posibilidad de impulsar una reforma más profunda del sistema político (sistema electoral, sistema de partidos y forma de gobierno) y de las capacidades del Estado.

Sinesio López Jiménez

Estamos viviendo en estos días un conjunto dramático de acontecimientos contradictorios que nublan el sentido que tiene la coyuntura. Este sentido no proviene solo de los protagonistas sino también del contexto socio-politico que lo resignifica. Planteo algunas tesis básicas que permiten entender esta coyuntura turbulenta.

1.Estamos viviendo aún la coyuntura abierta el 28 de julio de este año en la que Vizcarra, aprovechando la podredumbre del Poder Judicial y de la Fiscalía, respalda la protesta de la calle contra la corrupción, propone las reformas judicial y política, convoca a un referéndum para aprobarlas y, ante el intento de boicotearlas del fujialanismo, plantea el voto de confianza a su gabinete. Toma de ese modo la iniciativa política, rompe el yugo que lo ata a la señora K y reivindica la autonomía del Poder Ejecutivo.

2. El fujialanismo trató de frenar la ofensiva política de Vizcarra y buscó blindar a AG y a la señora K defendiendo a capa y espada al cuestionado Fiscal de la Nación, acusado de pertenecer a la mafia de los Cuellos Blancos del Callao. Chávarry se autodefiende amenazando con investigar al Presidente de la República y a los comprometidos con la corrupción del Lava Jato. Para mantener el orden en sus filas el fujialanismo blinda también a Becerril, quien buscaba influir en la elección del presidente del CNM. Luego de una ardua defensa del Juez Supremo Hinostroza, lo deja caer, pero al mismo tiempo, al parecer, facilita su huida.
3. El Ejecutivo ha salido ganando en la confrontación con el Congreso. La aprobación de Viscarra se ha disparado hasta el 61% mientras la de la señora K cae verticalmente al abismo. En la compulsa de poderes han jugado un papel central las protestas de la calle y las noticias y denuncias de los medios.
4. La debacle política del fujialanismo ha sido confirmada por los resultados de las elecciones regionales y locales del 7 de Octubre en las que ni el Apra ni el FP obtuvieron la dirección de alguna región o la alcaldía de alguna capital regional. En la práctica desaparecieron del escenario electoral, pese a la campaña de la señora K.
5. Contra todo lo esperable, algunos jueces y fiscales tomaron un conjunto de decisiones que han herido el corazón del poder fujimorista. Un juez supremo anuló el indulto otorgado por PPK, lo que generó una enorme tensión en el fujimorismo que terminó dando una ley con nombre propio para evitar que AF vuelva a la cárcel. El fiscal José Domingo Pérez ha acusado a la señora K de dirigir una organización criminal, pidió su prisión preventiva por diez días, el juez Richard Concepción Carhuancho la aceptó y la KF está en prisión con sus asesores y 19 personas más.
6. AG y el alanismo tiemblan frente a las investigaciones provenientes del Lava Jato que no sólo se refieren al financiamiento de la campaña del 2006 sino principalmente a los sobornos que, al parecer, llegan hasta la cúpula. El fiscal Pérez les produce terror y buscan acusarlo estúpidamente de apología del terrorismo por una conferencia que dio en México. La crisis va a seguir abierta hasta la derrota y el estallido del fujialanismo el 9 de diciembre, el día del referéndum.

Sinesio López Jiménez

A 3 años del bicentenario de la independencia y 50 del golpe militar del 3 de octubre, se puede decir sin temor a equivocarse que Velasco hizo las reformas más importantes del Perú republicano. Si hubiera triunfado la revolución liberal de 1854 de Castilla y de los hermanos Gálvez que liberó a los esclavos y eliminó la servidumbre, hubiera sido quizás innecesario el golpe de Velasco o hubiera tenido otro sentido, pero Castilla, una vez consolidado en el gobierno en 1856,  mantuvo la libertad de los esclavos, pero retrocedió en la eliminación de la servidumbre campesina.

Velasco organizó una dictadura militar institucionalista, antioligárquica, antifeudal, de corporativismo inclusivo que llevó a cabo las reformas que todas fuerzas progresistas habían planteado de 1930 en adelante, pero que habían terminado traicionando. Esas reformas, realizadas con audacia, energía y rapidez, cambiaron, como ha dicho Luis Pásara (si no me equivoco), la dirección social del miedo en el Perú. Los de arriba que siempre habían mandado con mano dura y los señores de horca y cuchillo se asustaron y comenzaron a temblar y los de abajo se envalentonaron. En el Perú conservador de hoy el miedo se ha convertido en odio a Velasco.

La más importante de todas ellas fue la Reforma Agraria (RA) por varias razones. 1. La RA acabó con el dominio de las clases retardatarias que, desde siempre, trabaron el progreso del Perú: la oligarquía y el gamonalismo. 2. Liquidó el feudalismo y la servidumbre que, desde la colonia, eran la forma de explotación predominante en la agricultura y en la minería. 3. Al liberar a los siervos, la dictadura velasquista produjo más ciudadanos que cualquier democracia posterior y limpió el terreno para una amplia participación ciudadana sin restricciones. Sin reforma agraria no hubiera sido posible el sufragio universal en 1980.

4. La ciudadanía masiva y el sufragio universal permitieron pasar de una democracia restringida que se desarrollaba dentro del Estado oligárquico a la democracia ampliada del Estado post-oligárquico. 5. Al liquidar el gamonalismo, la RA destruyó uno de los principales obstáculos estructurales que impidieron la construcción de un estado nacional. El otro fue la incapacidad de las élites de formar coaliciones sociopolíticas duraderas. Por eso tenemos un estado enclenque y mal hecho. Chile no tuvo estos obstáculos y pudo construir un estado en forma (Marcus J. Kurtz Marcus J. Kurtz (Author)

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. 2013. Latin American State Building in Comparative Perspective. Social Foundations of institutional order).

6. Los gamonales no sólo fueron un obstáculo estructural sino también pésimos actores en la construcción del Estado. Las élites de AL que tuvieron un proyecto de construcción del estado desplegaron dos maneras de construirlo hacia adentro en el territorio. Las de Méjico y Chile, por ejemplo, apostaron a los deployed (funcionarios extraños al lugar) mientras la oligarquía peruana apostó a los delegated (la élite local, o sea a los gamonales). Seguimos sufriendo sus resultados desastrosos (Soifer, 2015, State Building in Latin América). 7. Velasco destruyó el Estado oligárquico de carácter patrimonial y organizó la centralidad de la autoridad estatal en todo el territorio.

Sinesio López Jiménez

Con el pedido de voto de confianza, Vizcarra ha roto el entrampamiento en el que habían desembocado su ofensiva del 28 de julio y la contraofensiva de agosto de la señora K. La movida del Presidente es audaz e inteligente. No es un jaque mate, pero se acerca. La señora K sólo tiene dos posibilidades de movimiento: Negar el voto de confianza u otorgarlo. Haga lo que haga, la señora K pierde. Como ella ni su tropa parlamentaria quieren suicidarse, es casi seguro que van a optar por la pérdida menor, por el voto de confianza al gabinete Villanueva.

¿Se puede escapar de este dilema?. Según Rosa María Palacios sí porque el keiko- alanismo podría otorgar formalmente un voto de confianza y esperar el pronunciamiento del 29 de septiembre del TC que, para quitarle piso al Presidente, podría aprobar las leguleyadas de un congresista que cambian el contenido del artículo 133 de la Constitución que a la letra dice: “Crisis total del gabinete. El Presidente del Consejo de Ministros puede plantear ante el Congreso una cuestión de confianza a nombre del Consejo. Si la confianza le es rehusada, o si es censurado, o si renuncia o es removido por el Presidente de la República, se produce la crisis total del gabinete”. Para anular esa capacidad constitucional del presidente de la República, el keikismo estaría presionando al presidente del TC.

Villanueva, el jefe de la PCM, ha salido al encuentro de esa posibilidad suicida y ha dicho con claridad meridiana: “Muchos esperan que el Tribunal Constitucional nos deje sin piso con el fallo sobre los cambios en la cuestión de confianza. Si ellos van a esos artilugios, será el suicidio político para el Congreso y la democracia. Uno no puede utilizar artimañas para resolver problemas como los planteados. Eso obligaría al presidente a disolver el gabinete que yo tengo y estamos dispuestos a eso” (El Comercio, 19/09/18).

Si esta decisión del gobierno no quedara clara para los keikistas del Congreso y del TC, Villanueva la pone en blanco y negro: “Fuerza Popular, que se está quedando sola, no puede seguir jugando a la soberbia política por su número (de votos). El presidente puede presentar dos gabinetes al día siguiente. Se pide la confianza otra vez y, si no se la dan, se cierra el Congreso igual. Jamás vamos a poner tanques. Tenemos la razón de las cosas”.

Si el gobierno está dispuesto a hacer lo que dice Villanueva, entonces el keikismo puede imaginar cualquier cosa para evadir el dilema, pero no puede evitarlo y va a tener que optar más temprano que tarde. Lo más racional para la señora K es otorgar el voto de confianza y aprobar las reformas ya o a la brevedad posible. Que aprenda del Apra que  ha entendido que  no puede derrotar a Vizcarra y ha decidido, por eso, subirse a su carro.

Al otorgar el voto de confianza, los keikistas y los alanistas ya están derrotados, pero pueden disimular su derrota si otorgan el voto de confianza y aprueban las reformas. El referéndum confirmará, sin duda, su derrota que sería menos catastrófica si no apelaran a artimañas y subterfugios para evadirla.

Sinesio López Jiménez

Estamos viviendo tiempos políticos calientes que contrastan con el acuoso frío limeño. La lucha política entre el Ejecutivo y el Congreso está al rojo vivo y amenaza seguir con ese color por unos meses más. Tras estas bambalinas institucionales, los actores políticos que se confrontan son las fuerzas congresales del keiko-alanismo y el solitario Vizcarra, protegido por la coraza del Ejecutivo. El centro de poder del keiko- alanismo está en el Congreso, mientras el de Vizcarra está en la calle en movimiento. El poder keikista se ha devaluado, pero es institucional y más o menos estable. El de Vizcarra, en cambio, está en ascenso, pero es volátil.

Hasta ahora la confrontación ha pasado por dos momentos: 1. la ofensiva de Viscarra, el desbarrancamiento de la mototaxi keikista y el desconcierto de la señora K (28 de julio-tercera semana de agosto) y 2. la contraofensiva de la señora K, reparación de la mototaxi y parálisis de Vizcarra (última semana de Agosto y primera de setiembre). Es probable que en los meses que vienen se produzcan otros dos momentos políticos que ya se están prefigurando: el entrampamiento de la confrontación y el desenlace.

Los audios que mostraron el albañal en que se habían convertido  la Fiscalía y el Poder Judicial en el Perú y el chapuceo en él del keikismo y del alanismo fueron la ocasión que aprovechó Vizcarra para tomar la iniciativa  política, romper el yugo que lo sometía al keikismo, anunciar las reformas judicial y  política, proponer el referéndum para aprobarlas y avalar las protestas de la calle. Estas obligaron al Congreso a desactivar el podrido CNM en el marco de una legislatura extraordinaria convocada por Vizcarra.

Los bonos de Vizcarra se dispararon en las encuestas mientras los de la señora K se precipitaron en caída vertical hacia el abismo.  Mientras tanto el keikismo preparó la contraofensiva contra Vizcarra, reparó la averiada mototaxi y salieron a matar en las redes, en entrevistas en la TV y en la radio ante la mirada de la gente de la calle que combinaba el escepticismo y el rechazo. La señora K acusó de mentir a Vizcarra por haber negado dos entrevistas que habían tenido antes del 28 de julio, estuvo más o menos de acuerdo con la reforma judicial, ninguneó la reforma política afirmando que no era prioritaria y se propuso, en la práctica, boicotear el referéndum. Algunos integrantes de la mototaxi deslizaron la posibilidad de la vacancia.

Estamos en un momento de entrampamiento y de parálisis decisoria por ambos lados. El keiko-alanismo se mueve con pies de plomo para boicotear las reformas y el referéndum y Vizcarra no sabe cómo salir del marasmo. Mientras tanto se dibujan el horizonte varias salidas posibles. La primera es el diálogo propiciado por la derecha para que todo siga igual. La segunda, es la vacancia de Vizcarra si se mantiene firme en su propuesta de cambios. La tercera es el pedido de voto de confianza a las propuestas de Vizcarra que, si es negado, lleva a la disolución de Congreso y a nuevas elecciones. La última es que Viscarra llame al respaldo de las fuerzas antikeiko-alanistas y convoque a una masiva movilización de la calle para sacar adelante sus propuestas.

Sinesio López Jiménez

Los audios han hecho visibles lo que todos los peruanos sospechábamos, pero no conocíamos con certeza: la podredumbre del Poder Judicial y de la Fiscalía. Ellos han despertado la conciencia y la protesta de la calle, ha permitido la ofensiva del Ejecutivo, ha puesto a la defensiva al fuji-alanismo y han cambiado la coyuntura política.

Pero los audios no son sólo un acontecimiento de la coyuntura. Son también un síntoma de la estructura oculta y profunda que es necesario mostrarla para comprenderla y para proponer soluciones de fondo. Las propuestas de reformar el CNM y de establecer controles externos a los aparatos judiciales y fiscales sólo rozan el problema de fondo: el acceso efectivo a la ley y a la justicia de todos en todo el territorio nacional. Este es un elemento central de la estatalidad o estructura del Estado.

Con José Manuel Magallanes y con Marylia Cruz, politólogos de la PUCP, elaboramos una propuesta de medición de las capacidades del Estado (que tiene que ser mejorada) como parte de una investigación inconclusa sobre el Estado y Democracia en el Perú en el nivel regional. Se trabajaron ocho dimensiones del Estado: capacidad coercitiva, efectividad legal, eficacia burocrática, seguridad ciudadana, provisión de bienes públicos (salud y educación), grado de penetración estatal en la ciudadanía, grado de penetración en el territorio y capacidad impositiva. Todas las variables fueron trabajadas a nivel provincial, lo que permite tener ocho mapas a nivel provincial y un consolidado a nivel nacional.

Uno de los graves problemas para realizar investigaciones cuantitativas en el Perú es la inexistencia y la debilidad de las estadísticas, lo que ya es un síntoma de la debilidad del Estado. Tocqueville, el teórico más brillante de la política del siglo XIX, decía que la solidez de las estadísticas y de las organizaciones que guardan la memoria de un país es el buen síntoma de una saludable burocracia.

La efectividad legal, concepto prestado de Guillermo O´Donnell, es definida como la fuerza o la capacidad que tiene el Estado para aplicar la ley y la justicia en todo el territorio y es medido por los siguientes indicadores: tasa de efectivos policiales, tasa de comisarías y tasa de dependencias judiciales, cada uno de ellos por cada 1,000 habitantes de la provincia. Lo que revela este mapa es que la efectividad legal llega bien a un tercio del territorio (básicamente la costa) y a los otros dos tercios no llega o llega mal.

Si añadimos las formas y los aspectos subjetivos a través de los cuales los fiscales y los jueces aplican la ley y la justicia en los niveles altos y medios del mapa de efectividad legal, entonces la justicia es un desastre en el Perú. Ya no se trata de extenderla a las partes del territorio adonde no llega sino de transformarla de raíz. Por supuesto, siempre se encontrarán provincias y regiones (distritos judiciales) poco contaminadas así como fiscales y jueces probos a los que hay que reconocer y felicitar.

Los otros mapas de las capacidades del Estado no son tan diferentes al de la efectividad legal dando lugar a un mapa nacional que revela una estatalidad débil y maltrecha. Esta estructura estatal tiene una historia sobre la que volveremos.

Sinesio López Jiménez

Para entender mejor la actual coyuntura política peruana hay que prestar atención más a la forma política que al contenido programático. ¿Por qué?. Porque lo que cambia la situación política tanto la actual como la del futuro inmediato no es el conjunto de reformas propuestas por Vizcarra sino la convocatoria a un referéndum para aprobarlo.

¿Cuál es el  significado político del referéndum?. Gracias al referéndum, Vizcarra asume la iniciativa política, se libera del yugo fuji-alanista, pasa silenciosamente a la ofensiva y cambia la correlación política de fuerzas. Vizcarra apela a un recurso constitucional (el referéndum) y se apoya en el pueblo soberano para recuperar la autonomía del Poder Ejecutivo y para vencer la resistencia de la mayoría conservadora del Congreso. Algo más: la nueva mayoría ciudadana que emerja del referéndum acabará con la sobre-representada mayoría formal del keikismo que distorsiona la realidad política actual y que ha devenido una especie de dictadura parlamentaria. El referéndum va a permitir la emergencia de una nueva verdad política.

Los cambios positivos tanto políticos como institucionales que se han producido en los últimos meses se deben, en gran medida, a la presencia del pueblo soberano en las calles. Cualquier intento de acallarlo o de distorsionar su voluntad política será una nueva ocasión para que el soberano vuelva a decir su palabra, obligando a los políticos a ir más allá del plebiscito y de las reformas propuestas por Vizcarra.

Veamos el contenido de las propuestas de Vizcarra. Las que tienen mayor impacto social y político son las reformas judiciales y fiscales. Las reformas políticas son muy limitadas pues no tocan a todo el sistema político sino sólo al sistema electoral. El sistema de partidos y la forma de gobierno van a seguir igual de mal. Y en el sistema electoral las propuestas para reformar las partes más cuestionadas brillan por su ausencia.

Siendo importantes las reformas de la justicia, estas son, sin embargo, limitadas. El problema de la justicia no se reduce al cambio del CNM ni al establecimiento de un mejor control sino que se extiende al acceso efectivo a la ley y a la justicia de todos los peruanos por igual en todo el territorio nacional. El mapa de efectividad legal basado en la existencia de juzgados en todos los distritos judiciales y de comisarías y de efectivos policiales muestra enormes vacíos y serias limitaciones en sus alcances territoriales, sociales y culturales. Si se usaran mejores indicadores provenientes de estudios de casos en los diversos distritos judiciales, el mapa de efectividad legal sería peor.

Lo que digo de la ley y la justicia, se puede extender a otras capacidades del Estado y a sus mapas respectivos: la capacidad coercitiva, la efectividad burocrática, la seguridad ciudadana, la provisión de bienes públicos (salud y educación), el nivel de penetración del Estado en la sociedad y en la ciudadanía, el grado de penetración infraestructural en el territorio y la capacidad impositiva. El nuestro es un estado maltrecho porque es un estado mal hecho. Volvemos sobre el tema.

Sinesio López Jiménez

En una situación de septicemia moral, de parálisis política generaliza y de amenaza del caos, el soberano tiene la palabra. En una democracia, por más enclenque que sea, el soberano es el pueblo.

Lo más grave de las crisis actuales que vive el Perú no es su extensión y su profundidad sino la incapacidad de los actores para enfrentarlas y resolverlas. Los audios nos han hecho tomar conciencia de la podredumbre del Poder Judicial, pero las medidas tomadas por los poderes del Estado nos están mostrando sus limitaciones para resolverlas.

Lo más vergonzoso es lo que está pasando en el Poder Judicial y en la Fiscalía. Ante la renuncia del Presidente de la  Corte Suprema, los jueces supremos eligen a otro que lo sustituya y creen que de ese modo han resuelto el problema. El Fiscal Supremo, recientemente elegido pero de larga y sinuosa trayectoria desde los tiempos de Nélida Colán, se aferra al cargo con uñas, dientes y mentiras. Todos ellos actúan como si la infección hubiera atacado solo a la cabeza y se niegan a ver la podredumbre del cuerpo judicial (con notables excepciones desde luego) y los problemas organizacionales, institucionales y de recursos que les impiden hacer justicia por igual a todos los peruanos en todo el territorio.

Lo que pasa en el Congreso es igualmente escandaloso. En un primer momento, la mayoría congresal se negó a ver la podre del CNM, del Poder Judicial y de la Fiscalía y quiso más bien matar al mensajero, pero fracasó. Ella invierte perversamente la realidad pues cree que el delito no consiste en cometerlo sino en grabarlo y difundirlo. Luego, empujada por Vizcarra y las protestas de la calle, se vio obligada, arrastrando los pies, a destituir a todos los miembros del CNM y a declararlo en emergencia, pero se niega a mirar la septicemia de los organismos judiciales y fiscales. Reduce el problema judicial al nombramiento, evaluación y ratificación de jueces y fiscales.

Vizcarra ha tomado algunas medidas (nombramiento de una comisión de notables e impulso a la destitución de los miembros del CNM) progresivas, pero muy limitadas si se tiene en cuenta la septicemia no solo del Poder Judicial sino de todos los poderes del Estado y de la crisis política general (el sistema político, el régimen político y el Estado). Su gesto más importante ha sido el aval a las protestas de la calle.

Los partidos en la práctica no existen. Sólo existen caudillos personalistas con pequeños entornos, algunos de ellos con decreciente gravitación política y otros y otras con un promisorio liderazgo en desarrollo. ¿Qué hacer cuando los actores institucionales son incapaces de enfrentar y resolver la septicemia moral y la crisis política generalizada del país?.  Convocar al soberano para que elija una Asamblea Constituyente.

Si el soberano no tiene la fuerza suficiente para desalojar a todos los poderes del Estado, se puede llegar al siguiente consenso: Elegir una Asamblea Constituyente que resuelva los graves problemas que los actores institucionales no pueden resolver coexistiendo con ellos, como ha sucedido en otros países.