Sinesio López Jiménez

La solución de la crisis ministerial es pasajera, pero le permite un pequeño respiro al gobierno para buscar una salida más estable. La crisis, sin embargo, sigue latente por el resto de tiempo que le queda en el manejo del poder. La cosa puede cambiar si se modifica la correlación politica en el escenario parlamentario en el que operan dos fuerzas  gravitantes: Gana Perú y el aprofujimorismo. En torno a ellas giran los otros grupos parlamentarios menores (Perú Posible, PPC-APP, Solidaridad Nacional, Concertación Parlamentaria, AP-Frente amplio, Unión Regional) que cuentan porque, como sostiene Sartori, tienen capacidad de chantaje y pueden participar en la formación de coaliciones políticas.

Ahora se puede percibir con claridad el fuerte impacto político de la fragmentación de Perú Posible, aliado Humala, en el desempeño del gobierno.  Humala aún cuenta, sin embargo, con espacios de maniobra para comprometer a los pequeños grupos parlamentarios de derecha no fujimoristas en una cierta coalición más o menos estable que le permita tener un aceptable nivel de gobernabilidad hasta la culminación de su gobierno. Tiene que apresurarse porque el tiempo juega en su contra. Hay un conjunto de problemas que se avecinan y que pueden favorecer a la oposición aprofujimorista: probable desaceleración económica con todo lo que eso implica, desgaste del gobierno, agitado año electoral, apetitos desatados  de poder a medida que se acerca el 2016.

Si Humala fracasa en este intento, la oposición liderada por el aprofujimorismo puede llegar a controlar el Congreso, lo que tampoco es el fin del mundo, pero puede hacer más difícil el manejo del gobierno. Durante el toledismo, la oposición del Apra y del PPC controló el Congreso que, no obstante, llevó la fiesta en paz con el Ejecutivo. La crisis que sigue latente es principalmente política. Ella no proviene de la economía que sigue moviéndose al ritmo de la demanda china. Tampoco procede de la sociedad cuyos movimientos sociales mantienen la inercia del 2013.

Los actores que han generado la crisis siguen operando y van a seguir operando con pequeños cambios. El cogobierno de  la pareja presidencial va a seguir, pero cuidando las formas en el desempeño del rol de primera dama para no irritar a la oposición. Es probable que siga nombrando ministros y despidiéndolos, pero conservando un perfil bajo. Deja de ser la vocera del gobierno, pero va a ser la vocera del partido de gobierno. García, el mimado de los medios de derecha, va a seguir pugnando por encabezar una oposición agresiva de derecha para neutralizar las graves acusaciones de la Megacomisión  parlamentaria presidida por Sergio Tejada.

El fujimorismo mantendrá su oposición agresiva con miras a sacar a Fujimori de la cárcel o a lograr la prisión domiciliaria. El cuasi-monopolio mediático de El Comercio es a la vez actor de la crisis y vocero de la oposición de derecha para mantener intocada la concentración de los medios. Más allá de las diferentes motivaciones de los grupos de oposición de derecha, todos ellos coinciden en señalar que el protagonismo de la primera dama rompe la institucionalidad del gobierno. Recién se dan cuenta de un hecho que comenzó con el gobierno mismo. Sólo el Frente Amplio ha ido más allá de esta recusación para señalar que lo que está en cuestión es un gabinete hegemonizado por Castilla cuya vocera es Nadine Heredia. Es la imposición del neoliberalismo a la mala lo que está en cuestión.

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Sinesio López Jiménez

En Perú son volátiles no sólo los electores. También los partidos y las organizaciones políticas e incluso los gabinetes son volátiles. Si a eso se suma la debilidad de las instituciones y del Estado se tiene un cóctel explosivo: La inestabilidad política o la política volátil. Cada uno de los componentes del coctel es explicado por factores específicos, pero en todos ellos subyacen algunos factores comunes que contribuyen también a explicarlos y comprenderlos: el caudillismo, la desvalorización de la política y del Estado y los poderes fácticos.

Las volatilidades electorales y partidarias han reforzado el ancestral caudillismo peruano y la política personalista que, a su vez, han potenciado esas volatilidades dando lugar a un círculo vicioso. A más volatilidades electorales y partidarias, más caudillismo y a más caudillismo, más volatilidades electorales partidarias. García, por ejemplo, contribuyó decisivamente a destruir el sistema de partidos en su primer gobierno y a acabar con el ciclo semi-partidario en su segundo gobierno. Ha destruido incluso a su propio partido. En 2010 casi ningún partido nacional está presente en los gobiernos regionales que pasaron a manos de “partidos” regionales y de caudillos locales.

Cinco gabinetes (con seis meses de duración promedio cada uno) revela una enorme inestabilidad en la conducción y en las políticas del gobierno. En este aspecto, el Perú ha vuelto (casi) a los niveles del siglo XIX en la que la duración promedio de los presidentes era de un año. La política expresaba una especie de taquicardia permanente del país. En el siglo XX, gracias a un lento aunque inseguro desarrollo institucional, la política peruana asumió una forma que Huntington ha llamado cíclica en la que se turnaban los gobiernos democráticos y los no democráticos.

¿Qué explica la volatilidad de los gabinetes? Hay varios factores, pero los más importantes probablemente sean el caudillismo errático y la presión de los poderes fácticos que han capturado el Estado. Ganar las elecciones con un programa de cambios y gobernar con un programa neoliberal conservador es lo que define el caudillismo errático que caracteriza a los gobernantes del 2001 en adelante (Toledo, García, Humala) y que da lugar a políticas ambiguas y a la desconfianza de todos: de la mayoría de los electores que se sienten traicionados y de las élites que desconfían de la fidelidad del gobernante al nuevo credo neoliberal que le han impuesto.

La presión de los poderes fácticos por tener más poder en el gobierno es un factor importante de inestabilidad. El caso de Castilla es muy ilustrativo al respecto. Accedió al gobierno por presión de la CONFIEP, incrementó su poder en cada crisis ministerial hasta llegar a ser (ahora) el virtual Primer Ministro. Sí las cosas son así, es más probable que Castilla use a Nadine para ganar más poder que al revés. Nadine es, en realidad, la que más pierde incluso en las encuestas.

Un factor decisivo que explica  la volatilidad de la política es, sin duda, su desvalorización así como la del Estado debido a la imposición del neoliberalismo extremo. La vigencia del mercado sin controles exige concentrar el poder en el vértice presidencial y tecnocrático, controlar la presión social y el escrutinio público, gobernar sin controles (decretos de urgencia), desplegar un hiperactivismo legislativo del Ejecutivo y limitar al máximo el poder y las capacidades del Estado.

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                                               Sinesio López Jiménez

Las guerras de Venezuela no han terminado aún, pero es posible hacer ya algunos balances provisorios en los diversos campos que se libra. En el campo sociopolítico se ha producido un práctico empate entre el chavismo y el antichavismo. Como afirma Steven Levitsky, Maduro ya ha perdido la mayoría que respaldaba a Chávez, pero la oposición todavía no la ha ganado (La República, 02/03/14). En el campo militar no se ha librado una guerra, pero es evidente que la correlación es aplastantemente favorable al gobierno chavista. La guerra económica engorda a las filas de la oposición venezolana y adelgaza a las del chavismo. En el campo mediático, la oposición antichavista ha fracasado en el objetivo de desbarrancar a Maduro, pese a que consiguió alinear a casi todos los medios de la derecha latinoamericana y a la misma CNN que encabezó la pelea.

En el campo diplomático, el fracaso de la oposición anti-chavista ha sido total. Ni la OEA, ni los organismos internacionales de América Latina (CONASUR, MERCOSUR, Pacto del Pacífico, Comunidad Andina) se han pronunciado a favor o en contra de ninguna de las partes en conflicto. No ha habido condena alguna, pero han invocado el dialogo para el logro de la paz. “Que nadie espere de la OEA- ha escrito José Miguel Insulza (El Comercio, 24/02/14)- que emita condenas, que ahonde la división o que rechace la protesta legítima. Se puede esperar de nosotros una defensa incondicional de los derechos humanos …Pero no que califiquemos al gobierno de “dictadura” ni a la oposición de “fascista”, porque ese es un lenguaje de odio inútil”.

El motor central de las guerras venezolanas es la polarización sociopolítica que imprime una alta intensidad a los diversos tipos de conflictos y una gran velocidad  al tiempo y a los acontecimientos de la política y que, por eso mismo, bloquea el diálogo y el acuerdo entre las partes. Una salida en esta dirección puede provenir de un organismo internacional aceptado por las partes en conflicto. “La palabra “victoria”- ha dicho el mismo Insulza- suena más heroica que “acuerdo”. Pero el acuerdo es hoy el único camino posible”. El combustible de ese motor bélico es la guerra económica, por lo que el gobierno de Maduro se va ver obligado a aplicar algunas medidas de ajuste para aliviar la desastrosa situación económica en el corto plazo y a redefinir su modelo de desarrollo en el largo plazo.

Las derechas latinoamericanas creían que bastaba una gran movilización de masas de clase media en Venezuela, respaldada por una ofensiva mundial de los medios de derecha y el pronunciamiento condenatorio de los países latinoamericanos por separado y de la OEA como representante de todos ellos para que el gobierno de Maduro colapsara. Se equivocaron. Hicieron un mal diagnóstico de la situación venezolana. Subestimaron al gobierno chavista y sobreestimaron a las tendencias  golpistas de la oposición antichavista. Se negaron a ver un golpe tras las movilizaciones de algunos sectores opositores y las percibieron más bien como legítimas para echarse abajo a una dictadura.

Las protestas son legítimas y tienen que ser respetadas por todos los gobiernos democráticos. Pero una movilización golpista no es legítima y una democracia, aunque sea de baja calidad, tiene derecho a defenderse respetando, desde luego, los derechos humanos. Tal como sucedió  con el Andahuaylazo en el gobierno de Toledo.  Tengo entendido que el pronunciamiento del Frente Amplio se inscribe en esta lógica, pero le faltó exigir al gobierno de Maduro la superación de los rasgos autoritarios de su gobierno y el respeto a los derechos humanos.

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Sinesio López Jiménez

Ni Maduro es dictador, ni la oposición movilizada es fascista. Los calificativos son gritos de guerra de la aguda polarización sociopolítica de Venezuela. ¿Pueden llegar a serlo?. Eso depende de la evolución de la actual situación política venezolana. Si la polarización movilizada continúa (en el contexto de una desastrosa situación económica) y no se abren las puertas del diálogo, Maduro podría dar un autogolpe (a lo Fujimori de 1992) y pasar de una democracia defectuosa con rasgos autoritarios a una dictadura totalitaria de izquierda. Un cambio drástico de régimen político. Si las movilizaciones anti-chavistas logran dividir a las FFAA. venezolanas podría producirse un golpe de Estado a lo Pinochet (con rasgos fascistas) para instaurar a la mala el modelo neoliberal. Tengo la impresión que el intento golpista de un sector de la oposición ha fracasado. Por ahora.

Si no hubiera polarización social y política y solo existiera una movilización masiva de los opositores de derecha frente a un gobierno aislado podría producirse un golpe ciudadano que abra las puertas a una transición política (y neoliberal) como en Ukrania (que, además, presenta especiales características culturales y geopolíticas). Este no es caso venezolano. Las guerras social, política, económica, mediática y diplomática también han llegado a la academia. En estos momentos se despliegan encendidos debates sobre la crisis del régimen político venezolano y sus probables salidas en las universidades y centros de investigación del mundo.

Quizá el más interesante y de más alto nivel académico enfrenta a dos destacados politólogos que, por lo demás, fueron compañeros de estudios en la misma universidad (Berkeley) y bajo la misma dirección de estudios (David Collier): Steven Levitsky (Harvard) y Maxwell Cameron (British Columbia Vancouver).  Levitsky y Lucan A Way escribieron el libro “Competitive autoritarianism. Hybrid Regimen after the Cold Ward” (2010) en el que sostienen que las elecciones por sí solas no hacen a un régimen democrático. Las elecciones pueden ser libres de todo fraude, pero al mismo tiempo injustas porque usan los recursos del Estado, monopolizan los medios y hacen mal uso de la ley. La forma como gobiernan importa mucho para etiquetar a los regímenes políticos. Un gobierno elegido libremente no puede reprimir a sus opositores ni formar escuadrones de la muerte y llamarse democrático.

Max Cameron ha escrito un artículo crítico aún no publicado (The myth of Competitive Autoritarianisme in the Andes) en el que afirma que el concepto de autoritarismo competitivo se ha utilizado para etiquetar erróneamente varias de las democracia latinoamericanas. Sostiene que Venezuela está en el límite del autoritarismo competitivo, pero no es tal porque no existe un núcleo duro y mafioso (como en el fujimorismo) que busque perpetuarse en el poder (característica central del autoritarismo, según Juan Linz). Venezuela es un régimen democrático defectuoso cuyas tendencias plebiscitarias han producido una democracia de muy baja calidad.

Luego de la caída del muro de Berlín Sartori escribió un libro (La democracia después del comunismo) en el que sostiene que el triunfo de la democracia en el mundo es parcial porque ella se impuso como principio de legitimidad, pero no como forma de gobierno. El único criterio que autoriza gobernar es la elección libre y justa de las autoridades. El problema en este caso es cuanta inequidad debe tener un proceso electoral para considerar al régimen resultante como no democrático.  El  gobierno de un régimen democrático puede presentar algunos rasgos autoritarios, como es el caso de muchos gobiernos de AL, sin que pierdan por eso su carácter democrático.

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                                   Sinesio López Jiménez

Venezuela vive una aguda confrontación entre el chavismo y las fuerzas de oposición de derecha que se despliega en diversos planos interconectados: la movilización de masas, la guerra mediática, la guerra económica y los alineamientos diplomáticos. Las fuerzas internas de poder del chavismo son más o menos sólidas: el partido (PSUV), las FF.AA. y los “colectivos” paramilitares. Las pugnas de liderazgo entre Maduro y Diosdado son menores que las existentes entre Capriles y López y Machado en el MUD de derecha, cuya fuerza proviene del movimiento de los jóvenes, del mundo empresarial, de los medios y del apoyo externo. El talón de Aquiles del chavismo es al mismo tiempo la fortaleza de las fuerzas derechistas: la aguda crisis económica y las políticas que despliega para enfrentarla, el modelo de desarrollo y el tipo de relación con la economía globalizada.

En el MUD se han venido desplegando dos estrategias en conflicto: la constitucional de Capriles y la anticonstitucional de López y Machado (explicitada en las movilizaciones y morigerada en la hora de la entrega a la justicia) que busca la renuncia de Maduro a través de un golpe ciudadano que abra fisuras en las FF.AA para instaurar un gobierno de transición. Tengo la impresión que, con la entrega de López, la estrategia golpista ha sido temporalmente derrotada. La guerra mediática está encabezada por la CNN y Telesur y consiste en que una muestra lo que la otra oculta. Uno de los temas que suscita apasionados debates políticos y académicos es el tipo régimen venezolano que algunos combaten y otros apoyan. ¿Es una democracia?¿Es un régimen autoritario?, ¿es una dictadura?.

Para la mayoría de los venezolanos es una democracia. Venezuela con el 71% y Uruguay con el 78% ocupan los primeros lugares de apoyo a la democracia como la mejor forma de gobierno y un 42% de los venezolanos está satisfecho con la democracia que tiene, cifra que es relativamente alta si se la compara con el 26% del Perú que está en los últimos lugares de satisfacción con la democracia (Latinobarómetro, 2013). Lo que piensan los académicos es, sin embargo, bastante diferente. Desde la perspectiva de la calidad de la democracia que toma en cuenta el funcionamiento de las instituciones, Venezuela ocupa el puesto 13 frente al Perú que está en el puesto 9 y Uruguay en el primer lugar de 17 países de AL (Levine y Molina,2006).

Desde la perspectiva del desempeño de la democracia (que considera instituciones, políticas y resultados), Venezuela alcanza 50 puntos frente a 60 del Perú y 85 de Chile que ocupa el primer lugar (Mainwaring y Pérez-Liñán, 2011). Lo que echa más leña al fuego de la crisis venezolana es la deplorable situación económica de alta inflación, de escasez de los productos básicos de consumo, de fuga de capitales, de estatizaciones, de control de las ganancias y las divisas (guerra económica). ¿Es esta una situación límite que sólo deja espacio a salidas golpistas y a dictaduras de diverso signo?.  Pienso que, además de una dictadura chavista a la cubana del siglo XXI (Mirko Lauer dixit) y de una dictadura neoliberal a lo Pinochet, cabe también la posibilidad de una cierta continuidad del rentismo  petrolero que se apoye agresivamente en los BRICS y que, a partir de ese apoyo, se inicie una política de diversificación económica y de mantención de la democracia con la lenta corrección de los rasgos autoritarios que actualmente tiene. En esto pueden coincidir competitivamente Maduro y Capriles. Políticamente esta salida no sólo es posible sino también la más deseable. Me parece que esta sería una salida de izquierda democrática en las actuales circunstancias que evite confrontaciones y asesinatos a todas luces condenables.

El limite mayor del chavismo actual está, por un lado, en el modelo de desarrollo basado en rentismo petrolero que, si bien ha permitido aplicar agresivas políticas sociales de igualdad, ha impedido la diversificación económica y un desarrollo sostenible y, por otro, en la relación confrontacional con la globalización que lo coloca en el límite de la viabilidad económica y política.

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Sinesio López Jiménez

Ante el mayoritario rechazo ciudadano de la duplicación de los sueldos de los ministros y de la alta burocracia, los promotores de la medida (Villanueva y Castilla) la han presentado como parte fundamental de la reforma del Estado. El sustancioso autoaumento de sueldos coloca al Perú en el tercer país que paga mejor a su alta burocracia, después de Chile y Brasil y en el primer país que tiene la distancia mayor entre los sueldos de alta burocracia y el salario mínimo (40 veces). Esta brecha escandalosa puede ser un indicador, entre otros, de la distancia  entre el Estado y la sociedad en el Perú.

La decisión de Castilla puede tener diversas lecturas. ¿Ella busca tener una alta burocracia competitiva con la élite privada o más bien quiere tender literalmente un puente de plata entre una y otra?. ¿Pretende tener una tecnocracia autónoma frente a los intereses privados? ¿Pretende romper con la captura del Estado por los poderes fácticos o solo hacer más eficiente esa captura? ¿Busca que los altos burócratas dejen de ser los fieles servidores de los poderes fácticos que trabajan en el Estado y que se dediquen más bien a gobernar para todos los ciudadanos? Estas son algunas de las preguntas que los promotores del aumentazo deben responder para justificarlo, si es que tiene alguna justificación.

Si se tiene en cuenta la trayectoria de las élites políticas y de la alta burocracia en las dos últimas décadas, las posibles respuestas a estas preguntas no alimentan para nada el optimismo de contar con un mejor Estado en el Perú. La actual tecnocracia peruana no es una élite estatal de primera, capaz de competir de igual a igual con la élite privada y de defender la autonomía del Estado frente a los intereses privados nacionales y extranjeros. Ella no encarna el espíritu público ni defiende el interés general y el bien común de los peruanos. Se pueden encontrar, sin embargo, situaciones en que se producen tensiones entre el interés privado y el interés general, pero ellas no proceden de las políticas de la burocracia sino de las presiones ciudadanas y del escrutinio público.

Desde 1990 en adelante los ministros de Economía y Finanzas –hay que repetirlo hasta la saciedad- no provienen de los partidos que triunfaron en las elecciones sino de los organismos financieros internacionales y de la banca. El actual titular del MEF y el presidente del BCR fueron puestos donde están por presión de la CONFIEP y de los medios de derecha. Castilla se las ha ingeniado después de cada crisis de los gabinetes para sumar poco hasta llegar a contar con la mayoría de ministros y viceministros de la argolla neoliberal. ¿Será el aumentazo la varita mágica que transforme a los ministros y a la alta tecnocracia de leales servidores de los intereses privados en una burocracia weberiana, objetiva, impersonal y eficiente?

La alta tecnocracia peruana puede tener los mismos sueldos de las tecnocracias chilena y brasileña, pero no tienen la misma calidad.  Brasil tiene, por ejemplo, una élite estatal casi en la misma línea que las élites estatales de los tigres asiáticos. La peculiaridad brasileña es que, si bien ella no ha logrado que todos los aparatos del Estado tengan un alto nivel de eficiencia, ha construido vigorosas islas de modernidad que les permite responder a los desafíos de la globalización (Competencia en el mercado globalizado, democracia y búsqueda de la igualdad)  con eficacia.

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                                   Sinesio López Jiménez

El fallo de la CIJ es de obligatorio cumplimiento, pero su contenido no es indiscutible. Por más que busque ser equitativo no logra satisfacer a todos y aparecen entonces las opiniones divergentes. Algunos lo verán menos equitativo que otros y discutirán incluso las bases y criterios de la equidad en las que se funda. Lamentablemente las encuestas no indagan sobre la percepción de equidad de los peruanos y chilenos sobre el fallo. Se preguntan más bien sobre la objetividad que no se sabe, a ciencia cierta, a que se refiere. Puede tener un componente de equidad, pero puede aludir también a sus fundamentos jurídicos, a la ausencia de arbitrariedad de los jueces o a todos ellos a la vez.

Según la encuesta de Datum y NovoMerc-Chile (Peru21, 31/01/14) el 64.1% de los peruanos y el 57.3% de los chilenos consideran objetivo al fallo. Este alto porcentaje de valoración de la objetividad del fallo en ambos países, independientemente de su sentido, puede ser la base de su cumplimiento, aunque no estén conformes con la sentencia: el 52.2% en Chile y 29.1% en Perú no están contentos con ella. No es nada desdeñable el porcentaje de chilenos que están de acuerdo con el fallo: 44.6%, 22 puntos menos, sin embargo, que los peruanos conformistas. Tanto los chilenos como los peruanos coinciden en considerar al Perú como ganador en porcentajes parecidos: 55.5% de los peruanos  y 58.5% de los chilenos.

Lo que más llama la atención es la enorme desconfianza de los peruanos en que Chile cumpla el fallo : 52.3% opina que Chile no cumplirá mientras el 33.3% cree que sí cumplirá. La mayoría de los chilenos (73.1%) cree, en cambio, que Chile cumplirá el fallo. Estas opiniones contrastan con las que refieren al cumplimiento de la sentencia por parte del Perú: el 89.3% de  los peruanos y el 88.2% de los chilenos creen que Perú  lo ejecutará . ¿A qué se debe la gran desconfianza de los peruanos en Chile?. Ella parece fundarse no sólo en la desconfianza histórica, producto de la guerra del Pacífico en la que Perú perdió territorios y otros bienes, sino también en la reticencia del gobierno chileno saliente y del entrante a cumplir el fallo y en el señalamiento de la gradualidad y de los condiciones para su aplicación.

Más allá de las diferencias de opinión sobre el fallo, la encuesta revela que no hay una polarización fuerte ni entre Chile y Perú ni dentro de cada país, salvo la fundada desconfianza peruana,  que haga inviable su aplicación. En el caso peruano no son nada desdeñables, sin embargo, el casi 30% que no está de acuerdo con el fallo y el 20% que considera que Chile ha ganado. ¿Qué explica este significativo porcentaje de peruanos descontentos con el fallo?. Además de los viejos y conocidos resquemores históricos, asoma en ellos una crítica a la política exterior de los gobiernos peruanos y de la Cancillería, en particular a los que cortaron el jamón antes de 1980. La errónea política exterior antes del 80 ha dado pie a las decisiones poco equitativas de la Corte de La Haya.

¿Puede el gobierno conquistar la confianza de los peruanos descontentos con el fallo?. Eso depende de la conducta del gobierno. Si se muestra firme, sagaz y no acepta condiciones en la aplicación del fallo, podría superar la desconfianza de los escépticos.  El gobierno y los partidos de derecha parecen haber escogido más bien otro camino: transformar la mayoría en unanimidad a palod e imponer la unidad tapando la boca de los disidentes. El congresista Rimarachin tiene legítimo derecho a expresar su opinión discrepante y es probable que, en este caso, represente al 30% de peruanos descontentos con el fallo de la CIJ. ¿Por qué entonces sancionarlo?.

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Sinesio López J

Ni los chilenos perdieron lo que temían, ni los peruanos ganaron lo que esperaban. Por eso los chilenos no protestan ni los peruanos celebran. Los que están “complacidos” son el gobierno, los políticos y los medios peruanos. Al gobierno y a los políticos chilenos, en cambio, el fallo de la Haya les ha dejado un “sabor amargo”, pero ellos han declarado que lo acatarán y lo cumplirán en forma gradual y con condiciones. Están pagando el error de no haber aceptado la negociación bilateral que, en su momento, les ofreció el gobierno peruano.

¿Por qué los peruanos no están satisfechos con el fallo?. Hay varias razones, pero la más importante parece ser la fusión y la confusión en su imaginario de la historia con la política. Desde la perspectiva histórica, las heridas de los peruanos son tan profundas que ninguna solución política moderada las puede curar. Las injusticias históricas no se resuelven con medidas de justicia presentista. Descartada la guerra, su solución exige compensaciones materiales y simbólicas que ayuden a sanar las heridas del pasado.

Desde la perspectiva política, los peruanos hemos ganado, no lo que erróneamente esperábamos, sino  una parte del mare nostrum que no teníamos bajo control. Es lo que se podía ganar en la Corte Internacional de la Haya que tiende a emitir fallos, no salomónicos, sino equilibrados (cuando se trata de bienes divisibles) para que sean acatados por las partes. ¿Había otra salida? Descartada la guerra, el gobierno peruano propuso una negociación bilateral que el gobierno chileno no aceptó. Esa negación fue un error de la élite chilena y una suerte para el Perú.

En una negociación, que es sostenida no sólo por las habilidades de los diplomáticos  sino también por las correlaciones de fuerza de diverso tipo (militares, políticas, económicas, etc), el Perú no  hubiera obtenido lo que La Haya le ha dado. ¿Qué viene ahora?. Se van a producir muchos cambios en las relaciones de Perú con Chile, pero el principal es probablemente el tránsito gradual de las relaciones de enemistad a las de cooperación. Como estados soberanos, Chile y Perú siempre tendrán, sin embargo, un tipo de enemistad, pero se disiparán lentamente las amenazas de una guerra.

En esa medida van a disminuir tanto en Chile como en Perú los abultados gastos militares que estarán disponibles para atender los problemas de la educación, la salud y la seguridad interna en ambos países. Desaparecidos los conflictos limítrofes entre los estados, los lazos y las políticas de cooperación y de integración entre Chile y Perú y entre los países de América del Sur se fortalecerán y consolidarán.

¿Y qué va a pasar con las FF.AA de ambos países?, ¿seguirán teniendo un rol político significativo dentro de sus respectivos países?. Es probable que sí porque su importancia no depende sólo de los conflictos internacionales sino también del déficits de los civiles de cada país. En el Perú no existe un sistema de partidos y en Chile ha comenzado a resquebrajarse. En esa medida, seguirán siendo un poder fáctico gravitante en la política de ambos países.

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Sinesio López Jiménez

Las fotografías comunican, por lo general, más que muchas palabras. Ellas atrapan los momentos de una historia individual o colectiva y las congelan en imágines expresivas. Cuentan una historia congelada en imágines decidoras. Sospecho que esta idea es la que inspira la excelente exposición realizada por el Museo Metropolitano de Lima de las fotografías de lo que José Matos Mar ha llamado el desborde popular. En realidad, es la exposición de fotografías que José Matos ha ido acumulando para ilustrar sus estudios de las barriadas limeñas y del crecimiento de Lima gracias al protagonismo de los de debajo de la escala social.

Debajo de la historia congelada en fotografías hay una historia viva que Matos ha contado con claridad y pasión en sus libros, en particular en el Desborde Popular y la crisis del Estado. El libro rescata lo que Nathan Wachtell ha llamado la historia de los vencidos, la historia de los que nunca la tuvieron porque la que se ha impuesto es generalmente la historia de los vencedores. La lucha  por la historia es, en el fondo, la pugna por la memoria de los protagonistas que la construyen.  El libro fue y es un éxito de librería y forma parte de una galería de producciones intelectuales de la década del 80 que relataban historias parecidas: El otro Sendero de Hernando de Soto, Buscando un Inca de Alberto Flores Galindo, La  otra modernidad de Carlos Franco, entre otros.

El protagonista del Desborde es el migrante y su historia comienza en 1940. El censo de ese año revela que solo 7 de cada cien peruanos estaban fuera del lugar en donde habían nacido, algo parecido a lo que pasaba en Europa a mediados del siglo XVIII en donde 5 de cada 100 europeos eran migrantes (Hobsbawm, 1962). El argumento del libro de Matos Mar es el siguiente: existe dos Perú que discurren paralelamente dándose de topetazos pero sin con­verger en un curso histórico común: el Perú oficial y el Perú marginado. El primero impone reglas de juego excluyentes para bloquear la incorpo­ración de las clases populares a los diversos campos de la vida social ofi­cial. El segundo pugna por incorporarse al mundo oficial cambiando las reglas de juego o ensanchándolas, objetivo que no consigue siempre. Cuando esto sucede y los movimientos populares son masivos, ellos desbordan a las instituciones oficiales y emerge la inestabilidad, la con­vulsión social o la anomia social.

En realidad, la historia del migrante, de las invasiones urbanas, de la consolidación del espacio ocupado y del reconocimiento de la propiedad es una parte del desborde popular. Hay otras historias de los de abajo que forman parte de ese desborde: el movimiento obrero, particularmente el clasismo de los 70, los masivos movimientos campesinos de los 50 y los 60 del siglo pasado, el boom educativo, etc. Expresan protagonismos sociales que han construido la historia del país desde los intereses y las aspiraciones de los de abajo en pugna con las historias que han sido impuestas desde arriba y desde afuera.

Es una historia inconclusa, abierta que no encuentra el camino para construir su propia representación política y para culminar en la conquista del gobierno. Su comportamiento social puede ser heroico, pero su conducta política es sorprendentemente pragmática y abre las puertas, sin quererlo quizás y en todo caso sin poderlo evitar, a historias impostadas como la del neoliberalismo actual.

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Sinesio López Jiménez

El Comercio y sus satélites quieren no sólo la libertad total para ellos (sin límites ni regulaciones como existen en los países desarrollados) sino también el poder total que, en realidad, ya lo tienen y pretenden consolidar. ¿Qué es el poder total?. Es la capacidad que ellos tienen no sólo de influir en el comportamiento de otros (sus lectores), sino también de poner la agenda pública y de bloquear las decisiones de los actores sociales y políticos y del Estado y, sobre todo, de hacer que otros quieran lo que ellos quieren. Ejercen un control individual, sociopolítico y mental de la gente (Steven Lukes, 1974, 2007).

La influencia del grupo empresarial de El Comercio en diversos sectores del país es indiscutible, pero esa influencia no se ejerce dentro de un esquema pluralista y competitivo como ellos quieren hacer creer a la gente con falacias y sofismas. No es la libertad de elección de los lectores la que explica el 80% de lectoría sino el capital con el que compraron Epensa. Tampoco es la calidad del “producto”. A mí, al menos, cualquiera de sus diarios se me cae de las manos a los 5 minutos porque ya no encuentro nada interesante que leer. En esa situación cuasi-monopólica ya no se puede competir en igualdad de condiciones ni en la formación de nuevas empresas periodísticas, ni en publicidad, ni en la comunicación socio-política, ni en la lucha democrática por el poder político.

En esa situación ya no hay libertad de elección ni de expresión de todos. Sólo hay libertad de expresión de la familia Miró Quesada y sus amigos. Pero el poder de El Comercio y sus satélites no se limita a la influencia monopólica sobre el comportamiento de los ciudadanos sino que avanza hasta el control de la agenda pública. Sugiere y ordena muchas veces lo que los actores sociales y políticos y los poderes del Estado tienen o no que discutir. Imponen una agenda de acuerdo a sus intereses. Basta ver los titulares de sus diarios: “Líderes del Congreso están en contra de legislar sobre medios”-dicen- olvidando que el Congreso, independientemente de su calidad, es el representante de todos los ciudadanos y es soberano para discutir la agenda que libremente decida.

El cuasi-monopolio mediático está empeñado también en romper el acuerdo entre Gana Perú y Perú Posible para maniatar al Parlamento, aislar al Ejecutivo, generar ingobernabilidad e imponer su concentración. Su poder culmina con el secuestro de la voluntad y de la mente de algunos ciudadanos y de algunos políticos. Sorprenden sobre todo las declaraciones de total sumisión de algunos políticos de derecha, en particular del Apra y del PPC y de sus líderes. La caricatura de Carlín ha mostrado a García y a los dirigentes del Apra como guachimanes de El Comercio, ante la sorpresa de Haya de la Torre.

Más sorprendente aún es la penosa entrevista en El Comercio (13/01/14) de Lourdes Flores en la que expresa, además de pobreza en el análisis de la situación política, la voluntad de ser la humilde y sumisa servidora de la concentración mediática. El control de la mente y de las ideas (por parte de El Comercio) llega también hasta sus contrincantes (incluido Mario Vargas Llosa) que coinciden en circunscribir todo el conflicto al poco edificante poder judicial. Nadie parece escapar a las garras de El Comercio. Yo mismo me veo obligado a comprar algunos diarios del cuasi-monopolio mediático por oficio: Tengo que saber lo que piensa (!!!) la caverna.

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