Sinesio López Jiménez

Desvalorizar lo público para hacer avanzar los negocios privados es una vieja estrategia liberal, exacerbada en tiempos neoliberales. En el mundo clásico greco-romano y en las ciudades-república italianas del Medioevo, lo público era el espacio de realización de los ciudadanos mientras lo privado era el mundo de las carencias, de la desigualdad y de la violencia. Con la Monarquía absoluta la relación entre lo público y lo privado se desterritoriazó y se corporizó: Ya no ocuparon espacios geográficos distintos sino que el hombre mismo adquirió una dimensión pública y otra privada. Lo público quedó reducido a una relación de autoridad (entre el monarca y el súbdito) mientras lo privado se enriqueció abarcando las otras dimensiones de la vida social (las actividades económicas, la afectividad, la religión, las ideas, etc).

Las críticas de los ciudadanos y de los intelectuales (la ilustración) a la monarquía absoluta desde el mundo privado dieron origen a otro tipo de público: la esfera pública y la sociedad civil que jugaron un papel fundamental en la transformación de las monarquías absolutas en monarquías constitucionales. Las revoluciones democráticos burguesas profundizaron la separación entre lo público y lo privado. Lo público estatal quedó definido como el reino de la igualdad, de la universalidad, de la racionalidad mientras lo privado era el mundo de la riqueza, de la moral privada, de la afectividad, de las ideas, pero también de la discriminación, de la pobreza  y de la desigualdad. Nunca ha existido, sin embargo, un lindero infranqueable entre lo público estatal y lo privado. Con frecuencia, este último invadió al primero. En el Perú y en otras latitudes está de moda ahora la captura del Estado por los intereses privados.

Albert O. Hirschman ha sugerido que la historia moderna se mueve entre los ciclos privados y los ciclos públicos y que el tránsito y la duración de los mismos dependen de sus respectivos éxitos y fracasos. De acuerdo a esta tesis, el Perú está viviendo un largo ciclo privado luego del desastroso gobierno de García que, con el necio populismo que desplegó, destruyó la economía, el estado y la confianza de la gente en este. Ello no obstante, los de debajo de la escala social (la mayoría) sigue demandando más y mejor estado.  Un componente de la estrategia neoliberal es el despliegue de políticas y campañas de desvalorización de lo público estatal para asaltarlo. Con motivo de una encuesta que revela la incapacidad del Estado para atender los servicios públicos, el liberalismo local propone como alternativa eficaz la privatización o las alianzas público-privadas (APP).

¿Pero quienes han construido el estado ineficaz que hoy tenemos? Aquí como en otras latitudes los ejércitos, los empresarios y los caudillos han forjado los estados con todas sus virtudes y sus defectos. Hace más de veinte años que los neoliberales y sus representantes vienen manejando la economía y el Estado en el Perú. Si este es ineficaz, antidemocrático y corrupto, los responsables son ellos. Han construido y mantienen expresamente un estado ineficaz para justificar la transformación de los servicios públicos en negocios privados.

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Sinesio López Jiménez

El proyecto de la nueva ley universitaria ha sido trabado por fuerzas externas al Congreso. Hay, por lo menos, tres grupos de interés que no quieren una nueva ley universitaria. Prefieren el statu quo. Todos ellos se oponen al nuevo proyecto en defensa de la autonomía universitaria, entendida de acuerdo al cristal con que se mira. En primer lugar, la ANR entiende la autonomía como la captura de las universidades públicas por parte de pequeños grupos  que operan con métodos mafiosos sin control ni oposición. Para perpetuarse en el poder universitario  cooptan a algunos profesores con pequeños cargos, compran a ciertos dirigentes universitarios que fungen de operadores en las elecciones estudiantiles  y en las asambleas universitarias, imponen reglamentos arbitrarios para sancionar a los estudiantes que protestan contra sus arbitrariedades, denuncian a los opositores ante los jueces inventando faltas sin fundamento.

En segundo lugar, las universidades privadas conciben la autonomía universitaria como la no interferencia del Estado en sus negocios privados de la educación como si esta fuera cualquier mercancía y no un bien público. Las universidades-empresa son  un negocio privado que rinde utilidades (que se reparten entre los socios), pero que no quiere pagar impuestos ni someterse a una necesaria regulación del Estado. Es legítima su presencia en el sistema universitario siempre y cuando entiendan que producen un bien público y que, por eso mismo, tienen que someterse a la regulación estatal. Este tema ha sido bien planteado por el actual ministro de Educación, aunque la solución propuesta es más que discutible (El Comercio, 19/05/14).

En tercer lugar, algunas universidades asociativas (que propiamente son organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro) entienden la autonomía como la perpetuación de una camarilla en los cargos universitarios para hacer lo que les da la gana (cobrar altos sueldos, manejos arbitrarios de los recursos, etc) y para convertirlas en universidades-empresa o privatizarlas. Hay varios intentos en esta dirección. El caso más escandaloso es el de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega cuyas autoridades se autoimponen astronómicos sueldos que no cobran ni las autoridades de las mejores universidades del mundo.  Esos sueldos no son tales sino que son escandalosos asaltos a los ingresos de su comunidad universitaria.

Aprovechando la trinca contra el proyecto de la nueva ley universitaria, el gobierno propuso el viernes pasado un proyecto de ley que crea la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, manejada por el Ministerio de Educación y el MEF y acompañada por cuatro doctores seleccionados por concurso público. La propuesta del SUNEDU del Ejecutivo es peor que la del SUNEU del Congreso. El rol rector en la educación universitaria que reclama el Estado bien puede ser cumplido por la presencia de un representante del MED en el gobierno del sistema universitario que debe estar integrado principalmente por algunos representantes de las universidades y  de la sociedad civil. La propuesta de la nueva ley universitaria del congreso no es la divina pomada, pero el debate en el Congreso puede hacerla mejor que la mediocre y caótica situación actual. Hay felizmente buenas universidades públicas, asociativas y privadas, pero en la mayoría reinan la mediocridad, las mafias y las ambiciones desmedidas.

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Sinesio Lopez Jiménez

Ha llegado la hora de las definiciones y las apuestas electorales. Los líderes de los partidos, los posibles candidatos y, en general, todos los actores políticos hacen cálculos electorales, examinan posibilidades de establecer coaliciones, definen sus programas y sus estrategias, seleccionan los integrantes de las listas. La cosa no es fácil porque hay varios problemas electorales que todos ellos tienen que enfrentar.  Uno de ellos es la desconexión creciente entre los llamados partidos nacionales  y los partidos regionales y locales. Otro es la fragmentación partidaria en todos los niveles (nacional, regional y local), pero sobre todo a nivel regional. Un tercero es la volatilidad electoral y partidaria también en todos los niveles. Y, finalmente, como resultado de lo anterior, el caudillismo y el personalismo de la política han despertado ambiciones desmedidas.

El desafío de los actores políticos es si  están o no dispuestos a enfrentar y resolver estos problemas y expresan esa predisposición en sus definiciones y apuestas. ¿Se puede superar la desconexión entre los partidos nacionales y regionales?. Teóricamente hay varias posibilidades, pero en la práctica la más posible es la coalición entre los partidos nacionales y los partidos regionales. Es posible, pero no es fácil, si se tiene en cuenta el desprestigio de los partidos nacionales y la variedad de los escenarios regionales. La viabilidad de la coalición reposa quizá en que a través de ella los partidos regionales pueden alcanzar una proyección nacional y los partidos nacionales, un anclaje regional.

En la conformación de las coaliciones posibles entre partidos nacionales y regionales, quienes llevan la batuta son generalmente estos últimos. Puede haber algunas excepciones como La Libertad en el caso del Apra. Es una cuestión de realismo político. El grado de aceptación de un candidato y la correlación política de fuerzas son buenos criterios para definir las coaliciones políticas. Las pequeñas ambiciones y los deseos de perfilarse como alternativa política no pueden desconocer estos datos básicos de la realidad. El juego de perder ahora para ganar mañana no funciona en estas circunstancias porque la derrota puede ser tan aplastante que impide cualquier juego mañana. Digo esto para todos los partidos, pero sobre todo para la izquierda en los casos de Cajamarca, Lima, Moquegua,  quizás Cusco y alguna otra región.

El cemento de estas coaliciones nacional-regionales o simplemente regionales y locales puede provenir de diversas fuentes (buena relación entre los líderes, presiones militantes y ciudadanas para forjarlas, liderazgos prestigiados, necesidad de hacer frente a adversarios poderosos, deseos de ganar las elecciones o de competir decorosamente, etc), pero el más importante es el programa que se ofrece a los electores. La importancia radica no tanto en que la gente vota por programas sino en que sirve para gobernar, para organizar un partido y definir el carácter de la coalición: derecha, centro, centro-derecha, centro-izquierda, izquierda. La gente tiende a votar más por la simpatía y la confianza (que le inspiran los candidatos) que por programas.

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Sinesio López Jiménez

Las luchas por el poder político son generalmente escandalosas. Tras los conflictos entre el TC, el CNM y  la Fiscalía no sólo se libra una pugna franca en defensa de los fueros de cada organismo de control sino también una lucha abierta entre el Presidente de República, los ex-Presidentes y los partidos políticos (que tienen representantes en el Congreso) por capturar esos organismos para curarse en salud, esto es, para blindarse de cualquier tipo de acusación que se les formule. Sospecho que la lucha por la captura pesa más que la pugna por la defensa de los fueros.

Cada organismo de control reivindica una autonomía en el desarrollo de sus funciones y en sus decisiones, pero muchas de estas han sido y son muy cuestionadas porque han servido para blindar a algunos personajes políticos y para favorecer a algunos grupos de interés. Los casos más notorios y controvertidos provienen del TC y  de la Fiscalía y tienen que ver con decisiones para limpiar a García de la violación de los derechos humanos y de las acusaciones de corrupción.

La madre del cordero está, sin embargo, tanto en el Ejecutivo como en Congreso que deciden la repartija. García y el Apra tienen mucho interés en la permanencia de la actual composición del TC y de la Fiscalía. Quieren mantener la repartija anterior en la que ellos cortaron el jamón. Pero la diminuta representación del Apra es irrelevante sin el apoyo del fujimorismo que, al parecer, la ha abandonado a su suerte. Las otras fuerzas políticas, en cambio, buscan cambiarla para designar a sus propios “representantes” en esos organismos.

La situación está trabada en el Congreso porque los partidos fragmentados no logran establecer un acuerdo que les permita alcanzar los votos necesarios para elegir a sus favoritos. El escandaloso conflicto actual los ha obligado, sin embargo, a apurar el paso y es probable, por eso, que hoy elijan a los nuevos integrantes del TC para reemplazar a los antiguos que han excedido largamente el plazo del ejercicio de sus funciones y que vienen actuando con irresponsabilidad.

No sólo los partidos están interesados en esta nueva repartija. Por las campañas que han venido librando contra el nuevo Fiscal de la Nación y por el apoyo tácito a la discutida decisión del TC, sospecho que los medios concentrados de la derecha quieren tener también su propio Fiscal y sus propios “representantes” en el TC. Son un grupo de interés que quiere participar también en la captura y en la repartija. Mientras tanto hay otras capturas y repartijas del estado que están pasando piola: las de los aparatos económicos del Estado.

Ni siquiera los analistas se refieren a este tipo evidente de captura. Menos aún los medios. Todos parecen más bien celebrarla. La explicación de esta temporal complacencia se encuentra en los intereses y en la ideología que comparten, además de la buena marcha de la economía (expresada en las altas tasas de crecimiento del PBI) que los aparatos económicos capturados se la atribuyen, relativizando el boom exportador y los altos precios de las commodities de estos doce últimos años.

Estas capturas y repartijas del Estado plantean algunas cuestiones académicas y políticas fundamentales. ¿Es posible organizar un Estado autónomo en el Perú?. ¿La desprivatización del Estado hace parte sustantiva de la reforma del Estado o esta se reduce solo a la reforma de la burocracia?. La discusión de estos temas en la academia es vasta, pero su solución política es difícil porque requiere una correlación política favorable a los sectores que buscan que el Estado defienda el interés general y el bien común.

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Sinesio López Jiménez

Hasta ahora García no tenía quien le responda. Era el gallito que cantaba solo en el corral. A partir de ahora ya tiene una adversaria de polendas: Nadine. Esporádicamente, el ministro de Defensa, el más político de todos los ministros, contestaba sus ataques al gobierno. Ultimamente se atrevió a recordarle a Sergio Siragusa Mule,  asesor de Tralima, cuyo solo nombre debe saberles a chicarrón de sebo a García y al Apra. Siragusa dijo “que en los primeros días de octubre de 1989, en Palacio de Gobierno, le entregó a Alan García Pérez, en efectivo, $ 200,000 que luego se efectuaron tres remesas con fechas 11 de octubre de 1989 de $ 300,000 en la cuenta cifrada Nº 285762361-2952735 del Barclays Bank del Gran Caimán; con fecha l4 de enero de 1990 se efectúa una remesa de $ 300,000 a la misma cuenta y el 14 de agosto de 1990, otra por $240,000 a la misma” (Diario16, 12/07/11). Este hecho fue probado por una comisión investigadora del Parlamento, el juez Dereck Schofield de Gran Caimán, la Fiscal de la Nación Nelly Calderón y el Vocal de la Corte Suprema Hugo Sivina, quien actuó como juez instructor del caso.

García sostiene que sus ataques a Humala responden al maltrato que este le da como expresidente: “Si hubiera ocurrido que se trata con respeto al exgobernante, como hice yo con Belaúnde, dándole su lugar y mencionando sus obras, todo hubiera ido bien…Pero ha venido una gentuza de bajo nivel a canibalizar de nuevo la política” (Caretas, N. 2331). La declaración es poco afortunada. ¿Busca acaso que no investiguen las acusaciones de corrupción de su segundo gobierno?.  García parece creer que las obras limpian cualquier acusación de corrupción en concordancia con un dicho muy popular en AL: No importa que robe con tal que haga obra. El dicho revela la permisividad con la corrupción de la cultura política latinoamericana. En este sentido, García no debiera proclamarse discípulo de Belaúnde, un republicano que no se enriqueció con la política, sino de Odría. García es un odriísta tardío.

Llama la atención que un dirigente del Apra, de origen popular, asuma una pose aristocrática y llame al Presidente, a la primera dama y a los representantes nacionalistas “gentuza de bajo nivel”. En la extensa y exigente entrevista de Caretas, García revela su estrategia de ataque a Humala y a Nadine: “Después de año y medio en el que no hice declaraciones contra el gobierno, me doy cuenta que había en marcha un proyecto inocultablemente reeleccionista y comencé a criticarlo seriamente. Es una historia que ya viví: la única manera de eliminar a un político es trajinarlo judicialmente en lugar de criticar su modelo social y económico”. García confunde, adrede, la investigación de supuestos actos de corrupción con la persecución política y sostiene que esta obedece a la voluntad de excluirlo de la competencia electoral en el 2016.

García demanda que, en lugar de acusarlo de corrupción, critiquen “su modelo social y económico”. ¿Cuál?. Desde 1990 el modelo es el mismo: el neoliberalismo extremo. Fujimori, Toledo, García y Humala lo han hecho suyo. ¿De qué van a discutir?. La discusión sobre ese tema será con la izquierda, la única corriente política que  lo critica.

En una extensa entrevista a la revista Cosas, reseñada por los diarios, Nadine responde a García: “A mí me acusan vanamente de querer manejar las instituciones para poder elegirme en 2016. Dijeron que iba a presentar no sé qué recursos al JNE, que iba a  proponer alguna medida legislativa. Toda una cortina de humo para que al final él (AG) lo haga. Para que moviera sus tentáculos en el Poder Judicial y saque su recurso para quedar limpio de polvo y paja ante la Megacomisión”. El debate recién comienza. A medida que la coyuntura electoral  de este año entre en calor, el debate será más intenso y agresivo con la intervención de otros protagonistas. La corrupción, la seguridad ciudadana, la desaceleración económica, el problema del transporte en las ciudades y el mismo modelo de desarrollo serán los temas de la agenda política.

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Sinesio López Jiménez

La economía peruana va viento en popa, la sociedad está mejorando gracias al crecimiento de las clases medias, pero la política y el Estado son un desastre. Esta es la imagen del país que difunden los medios de derecha, los poderes fácticos y los intelectuales complacientes con el establishment. ¿Es real esta imagen o es una visión edulcorada de la realidad?.  Los analistas difieren, según las perspectivas teóricas e ideológicas que asumen, especialmente en lo que se refiere a la economía y a la sociedad. Coinciden, sin embargo, en el análisis crítico y en la evaluación negativa de la política y del Estado.

Los economistas críticos subrayan los límites del modelo extractivista de minerales e hidrocarburos: “Entre los principales procesos malignos algunos son exógenos, como la exagerada volatilidad de los precios internacionales de las commodities. Pero la mayoría son endógenos al modelo y de los que resulta complejo escapar: la enfermedad holandesa por efecto de la sobrevaluación del tipo de cambio doméstico; la desnacionalización de la economía y la dependencia de la inversión extranjera; la creciente concentración de la riqueza; el “efecto voracidad” y los conflictos sociales ligados a la propiedad, a la distribución de los impuestos derivados de la actividad extractiva y a los relacionados con el medio ambiente (…); la cooptación del gobierno por parte de los exportadores primarios y los organismos internacionales” (Jurgen Schuldt, Hildebrandt en sus trece, N° 198).

A estas fallas del modelo se añade su poca capacidad de generar empleos: “La consultora Downing Teal (2013) ha informado que completando todo el programa de inversión (en el sector minero), este (el empleo) se elevaría de 217,000 trabajadores a 267,000 en 2020. Estamos hablando de 50,000 empleos…Estas cifras no consideran los empleos durante la etapa de construcción que se imputan a ese sector y los empleos indirectos que podrían, durante la fase operativa, ser como máximo iguales a los empleos directos. La generación de empleo permanente directo requeriría en la zona sur del país de una inversión de US$ 2.6 millones por trabajador. Esta cifra es 10 veces superior a la que se necesitaría en una industria manufacturera cualquiera y 100 veces superior al de una pequeña empresa del sector agroindustrial… Optimistamente toda la cartera de proyectos de inversión podría generar 100,000 empleos directos e indirectos equivalente a la tercera parte de las necesidades anuales del país” (Germán Alarco, La Primera, 11/04/14).

Se calcula que el sector empresarial moderno (más de 200 trabajadores) absorbe el 10% de la PEA, que la pequeña y mediana empresa generan otro 10% de empleo y que el resto (80%) es informal (Villarán, exposición ante el CEPLAN, Febrero de 2012). Villarán contrasta esta estructura laboral con la de USA en la que el 50% de la PEA trabaja en empresas de más de 500 trabajadores, el 14% en empresas entre 100 y 499 trabajadores, 18% entre 20 y 99 trabajadores y sólo 18% en empresas de menos de 20 trabajadores. Por el INEI sabemos ahora que el 88.7 % de los informales peruanos trabajan en unidades productivas de 1 a 2 trabajadores y que el 19% del PBI proviene del sector informal. ¿Dónde está la clase media que algunos estudios hacen llegar al 70% de la PEA y otros, menos optimistas, al 40%?.

En realidad, se trata de dorar la píldora, de sostener que el modelo neoliberal es exitoso no sólo en sus altas tasas de crecimiento, sino también en los cambios positivos en la estructura social. A través de la informalidad, sin embargo, la gente inventa su propio trabajo que el sistema productivo moderno es incapaz de darle. Es una válvula de escape del sistema en apuros. Ella es un mundo volátil que tiene profundas repercusiones en la economía, en la sociedad, en la política y en la cultura del país.

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Sinesio López Jiménez

Ancash es sólo la punta del iceberg. Debajo de sus señales se mueve un conjunto de fallas estructurales  que agobia al Perú  (y a algunas regiones en particular) desde hace mucho tiempo. La peculiaridad de la situación actual es que esos viejos problemas  se han fusionado y han estallado en esa región (y en otras como Tumbes) apareciendo como asesinatos políticos, sicarios al servicio del mejor postor,  caudillos locales que disputan un botín, corrupción, crimen organizado, sindicatos asociados al delito, incapacidad del Estado para ofrecer seguridad a los ciudadanos y poner orden, inoperancia  (¿o inexistencia?) de los partidos políticos nacionales.  La situación es compleja y pone en la picota no sólo a la política y al Estado  sino también a otras dimensiones (económica, social, cultural) de la vida social.

Desde la perspectiva política existen, por lo menos, cuatro problemas que están en la base de lo que pasa en Ancash y en otras regiones. En primer lugar, la ancestral debilidad del Estado explica su ausencia o presencia marginal en varias regiones, su incapacidad para sostener la vigencia de la ley y de la igualdad de esta para todos, su impotencia para ofrecer seguridad y orden y sus dificultades para llevar las políticas públicas (especialmente las políticas sociales) a muchas regiones del país. El Estado es más chico que la sociedad y el territorio sobre los que supuestamente ejerce jurisdicción. Las élites militares, las élites señoriales y empresariales y los caudillos políticos han sido incapaces de construir un Estado peruano en forma. Tenemos por eso el Estado modesto y maltrecho que nuestras elites enclenques han podido construir a lo largo de la historia.

En segundo lugar, el colapso de los partidos nacionales (que se llaman así sólo porque pueden elegir candidatos para que compitan a nivel nacional) explica su ausencia en las elecciones regionales y locales, la fragmentación política nacional y regional, la volatilidad electoral y partidaria, la presencia de poderes fácticos, la competencia exacerbada (apelando al sicariato y al asesinato) entre caudillos regionales y locales por el botín del canon en las regiones que lo tienen. La debilidad de los partidos nacionales ha dado origen (y fortalecido) a los caudillos nacionales y regionales y a los poderes fácticos y estos, a su vez, agudizan la inoperancia de los partidos.  Se ha producido un círculo vicioso que es necesario romper con la formación de nuevos partidos y frentes políticos.

El tercer lugar, el diseño actual de la descentralización por departamentos ha agudizado la debilidad del Estado,  ha acentuado la fragmentación territorial y ha reinstaurado la vieja relación indirecta del Estado central con los ciudadanos, mediada ahora por los caudillos regionales. Lima, sin embargo, no ha perdido poder. La principal virtud de la descentralización es el desplazamiento de recursos a las regiones. Eso está bien, pero la distribución de esos recursos ha sido mal diseñada. El canon no llega a todas las regiones. Sólo seis o siete regiones lo perciben. Es necesario redistribuirlo estableciendo políticas de compensación para las regiones más pobres del país.

Finalmente, la captura de algunos aparatos de control estatal (la fiscalía, el poder judicial y otros) por los corruptos impide la vigencia de la ley y de la justicia  y genera incredibilidad en el Estado. La Republica ha revelado en varias ediciones que el poder judicial de algunas regiones se ha convertido en un paraíso de las acciones de amparo de los corruptos y que algunos fiscales que cumplieron con su deber de investigar la corrupción fueron destituidos por sus jefes. La solución política de lo que pasa en Ancash y en otras regiones es compleja y requiere enfrentar varios problemas a la vez, pero por alguno de ellos hay que comenzar.

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Sinesio López Jiménez

Es una ironía de la historia que García apele hoy al respeto al debido proceso que no observó  cuando fue presidente de la República. El caso más dramático  tiene que ver con el conjunto de decretos legislativos que dio García para facilitar las inversiones en la selva sin respetar el debido proceso que lo obligaba a consultar previamente a los nativos. Todo comenzó con la insidiosa “teoría” del perro del hortelano y culminó trágicamente con  la muerte de  33   peruanos y un desaparecido en el baguazo, un número ligeramente menor (perpetrado en un día) que el producido en más de un mes  en el conflicto político venezolano que tanto escandaliza a los medios de derecha.

El primer responsable de esa tragedia fue, sin duda, García. A propósito, ¿cuáles son los efectos políticos y penales de las investigaciones que realizaron el Congreso y otras instancias del gobierno sobre este trágico acontecimiento?. ¿Qué ha hecho el poder judicial para sancionar esta violación evidente al debido proceso que trajo consecuencias trágicas?. ¿Acaso un presidente de la República, según el poder judicial, está eximido de atenerse al debido proceso?. El debido proceso obliga a todos los que toman decisiones en las diversas instancias del Estado, también, por supuesto, al poder judicial que, por ser uno de los poderes más corruptos, es el que más lo viola.

El parlamento está obligado a someterse también al debido proceso que fijan las leyes y su propio reglamento en el desempeño de sus múltiples funciones. Si al juez le parece que el término “vinculado” (a los hechos investigados) con el que la Megacomisión cita a García no es sinónimo de “investigado”, el Congreso tiene que atender sus exquisiteces semánticas. En todo caso, el término “vinculado” que usa la Megacomisión para citar a García es menos grave que la frase “nuestro patrocinado” que usa el juez para aludir al “vinculado” García a los hechos investigados. El inconsciente traiciona al juez pro-García. ¿O es una confesión sincera?.

García y sus leales celebran la decisión del juez en la creencia de que la falla en una formalidad jurídica, subsanable por lo demás, borra las graves acusaciones de fondo (especialmente las que se refieren a los narcoindultos) que le hace la Megacomisión a García. La imprecisión en la forma de citación al investigado García no borra los resultados y hallazgos de la investigación. García ha desplegado una estrategia de confrontación con Humala para defenderse de las acusaciones de la Megacomisión señalándolo como el verdadero jefe que la digita para acusarlo constitucionalmente e inhabilitarlo políticamente.

En la medida que el oficialismo no va a tener un candidato propio en el 2016, la inhabilitación de García no parece estar en los planes de Humala. Estaría más bien dentro de los intereses de Keiko Fujimori que va a ser candidata segura en el 2016 y a quien García hace demasiada sombra. En este caso García no está jugando bien sus fichas porque empuja al nacionalismo a los brazos del fujimorismo que estaría más interesado en sacarlo de la competencia política. En este sentido, el juego político de García parece hacer parte más bien de una estrategia de encubrimiento de las graves acusaciones de la Megacomisión.

La estrategia de confrontar con Humala coloca a García, sin embargo, en el primer plano de la escena que atrae todos los reflectores de los medios, la mayoría de los cuales lo miman. En este aspecto Humala y el oficialismo flaquean. Humala no es un experimentado político ni un destacado esgrimista verbal. Apenas balbucea y ensaya algunas respuestas. Y el gabinete de “técnicos” es una nulidad en el campo de la política. En realidad, quienes deben enfrentar a García son el Primer Ministro o los ministros que debieran ser todos políticos. Para técnicos bastan los viceministros y el cuerpo de funcionarios que los secundan.

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                                               Sinesio López Jiménez

Cipriani se ha equivocado de época. Cree que vive en el medioevo en el  que la Iglesia Católica defendía una perspectiva teocrática de la política. Ella sostenía, basándose en algunas expresiones  de los Evangelios, que el poder venía de Dios, que este era  el principium potestatis o el titular del poder y que el Papa, como representante de Dios en la tierra, tenía la facultad de coronar a los emperadores para que ejerzan legítimamente el poder. La legitimidad del ejercicio del poder dependía de la autorización del titular de la potestad (Dios), representado por el Papa. Cipriani pretende imponer  sus creencias religiosas (sobre el matrimonio y sobre el aborto) a todos  los peruanos transformándolas en políticas públicas del Estado.

Cuestionada por el republicanismo desde el siglo XI en adelante y derrotada por la Monarquía absoluta en el siglo XVI y XVII, la teocracia se acabó. El republicanismo atribuyó la titularidad del poder a “il commune” de los ciudadanos que elegía a “il rettore de la cittá” (llamado posteriormente “il podestá”), el mismo que desplazó en el gobierno de la ciudad al obispo nombrado por el Papa. Pese a su inestabilidad, el republicanismo del medioevo (vigente en varias ciudades italianas) en sus diversas oleadas (pre-humanista, humanista cívico, escolástico-republicano, renacentista) minó seriamente las bases de la teocracia.  Derrotando a las guerras religiosas entre católicos y protestantes y sometiendo a las aristocracias, la monarquía absoluta acabó con la teocracia, ayudada por el efecto corrosivo del capital comercial en la estructura  social medieval.

La monarquía absoluta fusionó en ella misma la titularidad y el ejercicio del poder. Ejercía legítimamente el poder porque ella era la titular del mismo. La revolución francesa (precedida por la ilustración) acabó con esa fusión y reivindicó para los ciudadanos la titularidad del poder y su ejercicio legítimo para aquellos que eran elegidos por los ciudadanos. Sobre esa base se postuló el sufragio universal  (vigente mucho después) que suscitó contradictorias reacciones. Marx lo vio como la antesala de la dictadura del proletariado y los liberales (Tocqueville entre ellos) como la amenaza de la dictadura de las mayorías. Ambos se equivocaron gracias al desarrollo del constitucionalismo. Y Cipriani se equivoca también gracias al constitucionalismo.

El constitucionalismo es la regla de reglas que busca preservar los derechos de todos los seres humanos frente a las posibles amenazas de la regla de mayoría.  El constitucionalismo afirma que la democracia no es sólo la vigencia la regla de mayoría sino el sometimiento de la regla de mayoría a la regla de reglas: la constitución.  Casi todas las constituciones del mundo sostienen que existen tres  esferas de la vida humana en las que no debe intervenir la regla de mayoría. Son los principios de la civilización humana que es necesario preservar. La primera alude a  los derechos fundamentales, esto es, los derechos civiles que tienen que ver con la libertad individual y los derechos políticos. La pena de muerte (privación del derecho a la vida), por ejemplo, no puede ser establecida por la regla de mayoría. La segunda  protege las cuestiones de conciencia  y las convicciones íntimas. La mayoría no tiene derecho a imponer  a nadie la religión y las creencias que ella profesa ni su propia cultura.

La tercera  señala que, por razones objetivas, la mayoría no puede decidir sobre las cuestiones de la ciencia y la tecnología. Ni las verdades científicas ni los avances científico- tecnológicos pueden ser decididos por la mayoría. Me parece que la Constitución peruana de 1993 se refiere a  algunos temas (como los de presupuesto) que bien pueden ser sometidos a la regla de la mayoría.  Los ciudadanos tienen derecho a discutir y decidir sobre la capacidad impositiva que tiene el estado. Esta es una vieja tesis que viene desde Locke y que fue defendida ardorosamente por los federalistas norteamericanos.

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Sinesio López Jiménez

Todas las encuestas revelan que Humala  se encamina hacia el abismo en la aceptación de los ciudadanos. Ni la derecha ni la izquierda lo quieren. Todos los estratos de la escala social lo rechazan.  Lo mismo sucede con todas las regiones. Es comprensible que la izquierda y los de abajo no lo quieran: los traicionó. Pero no se entiende por qué razones la derecha y los de arriba lo rechazan toda vez que les entregó (gratuitamente) el gobierno que legítimamente ganó.  Rompió con sus electores para entregarse a los brazos de los que no votaron por él. Abandonó el programa de la gran transformación y el de la hoja de ruta para asumir el programa neoliberal. Le entregó a la CONFIEP  el MEF y el BCR para que sus representantes (Castilla y Velarde) manejen la política fiscal y la política monetaria de acuerdo a sus intereses.

Le ha dado a la derecha asimismo los ministerios sociales (trabajo, educación, salud) para que aplique la fórmula neoliberal en ellos. Castilla controla actualmente la PCM y la mayoría del gabinete. Humala le ha permitido transformar las primigenias propuestas de inclusión social como derechos universales en políticas focalizadas y clientelistas. Le ha otorgado a la derecha económica las siete medidas de confianza que reclamaba, entre ellas la anulación práctica de la ley de consulta previa. Humala ha tolerado hasta la indignidad humillaciones inaceptables para un Presidente de la República. El tímido intento de autonomía estatal  (Repsol, el fortalecimiento de Petro-Perú, etc) fue aplastado groseramente con periodicazos de la peor especie.

Si Humala ha entregado prácticamente todo el gobierno a la derecha, ¿por qué esta no lo ama y más bien lo detesta?. Varias hipótesis explican el repudio de la derecha. Una primera es que ella quiere más poder para satisfacer sus apetitos materiales desmedidos. Quiere la Cancillería (entre otras cosas, para que sus petimetres apoyen al sector golpista de la oposición venezolana) y ambiciona también los ministerios de Defensa e Interior (para consolidar su poder y aplastar a sangre y fuego toda protesta social cuando la ocasión llegue). Una segunda hipótesis es la voluntad de la derecha de convertir en pesadilla cualquier sueño reeleccionista que pudiera albergar la pareja presidencial. Un bajo nivel de aprobación ciudadana hace inviable cualquier sueño reeleccionista.

Finalmente, es muy probable que el propósito de la derecha sea  desprestigiar cualquier intento de llegar al gobierno por la izquierda con argumentos que pueden ser contradictorios. El gobierno de Ollanta que fue elegido con el apoyo de la izquierda es un desastre, puede decir sin ruborizarse.  La finalidad es escarmentar al electorado que votó y vota por la izquierda. La derecha peruana sueña con un país sin izquierda o con una izquierda minimizada e inoperante o con una izquierda hecha a su imagen y semejanza.

El destino de Humala es parecido al de Toledo y distinto al de Fujimori y García. Todos ellos gobernaron para los ricos, pero mientras Toledo y Humala son repudiados, Fujimori y García son los ex-presidentes mimados por la derecha. Lo que hace la diferencia entre unos y otros es probablemente la mano dura que ella reclama, valora y premia. Ante la imposibilidad de retorno de Fujimori, la derecha vuelve a apostar a García, el único presidente en el mundo que –por propia confesión- ha tenido el altísimo honor de tener a Dios como asesor, incluso en los narcoindultos que él otorgó. En el Medioevo, Dios era el titular del poder. Ahora es sólo un modesto asesor de García.

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