Sinesio López Jiménez

Al gobierno le preocupa el voto de investidura que le debe otorgar el Congreso al gabinete Jara. No quiere revivir la angustia y la humillación que tuvo con el gabinete Cornejo para obtenerlo. El escenario sirve, en cambio, para medir sólo la correlación de fuerzas entre el gobierno y las oposiciones. Es cierto que las dificultades actuales pueden ser mayores porque la debilidad de este gabinete es mayor que la del anterior. El desenlace va a ser, sin embargo, el mismo: un reducido voto de confianza. El Congreso no se va a suicidar negándole por segunda vez consecutiva el voto de investidura porque en ese caso el Presidente tiene la facultad de disolverlo y de convocar a elecciones congresales.

Gana Perú ha perdido 10 congresistas y ha dejado de ser la primera mayoría del Congreso. Ha empatado con el fujimorismo que sólo ha perdido 1 congresista. Perú Posible, aliado del gobierno, ha perdido 10 congresistas de los 21 que tenía originalmente. Los partidos (AP y PPC) que usaron a Toledo y a PPK han abandonado el barco que los ayudó a superar la valla del 5%. El Congreso ha aumentado su fragmentación pasando de 6 a 9 grupos parlamentarios. Estas movidas han debilitado al gobierno y han fortalecido al fujimorismo. Todas ellas se reflejarán en la distribución de las Comisiones parlamentarias y en la marcha misma del Congreso.

La responsabilidad de este desbarajuste congresal tiene nombre propio: la pareja presidencial y el ex-presidente Toledo. Por un lado, el viraje ideológico y político y el manejo patrimonial del partido por parte de la pareja presidencial han generado descontento y fragmentación en las filas de Gana Perú. Primero salió la izquierda y ahora han salido los nacionalistas más radicales. Y la mazorca partidaria puede seguir desgranándose. La pareja presidencial ha perdido el control del partido. Toledo, por su parte, ha debilitado enormemente a su partido gracias a sus desmedidas aspiraciones inmobiliarias y a las acusaciones de corrupción. De ese modo, la coalición gobiernista ha perdido en la práctica el control del Congreso.

Lo nuevo es el desplazamiento del PPC hacia el fujimorismo en forma abierta. Anteriormente estuvo más cerca de la coalición de gobierno, pero en la última elección congresal encabezó el bloque dominado por el fujimorismo. La estrecha relación del Apra con el fujimorismo no es novedad. Ella viene desde el gobierno de García que tenía a dos fujimoristas como vicepresidentes. Es probable que el próximo año el fujimorismo encabece el bloque derechista de oposición.

¿Por qué la acusación de corrupción tiene efectos más devastadores en el partido de Toledo que en el Apra y en fujimorismo?. La explicación probable es que Toledo emergió con fuerza en su lucha contra el fujimorismo corrupto y ahora es acusado de lo mismo. Al Apra y al fujimorismo, en cambio, los beneficia la permisiva cultura política latinoamericana: Roba, pero hace obra. ¿Cómo votarán los pequeños grupos parlamentarios que se colocan en el centro y en la centro-izquierda frente al gabinete Jara?. Si su antiaprismo y su antifujimorismo son mayores que su anti-humalismo (o anti-nadinismo), Ana Jara resultará favorecida con sus votos.

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Sinesio López Jiménez

Lo que algunos temían y otros esperaban no se produjo en el tradicional mensaje de Fiestas patrias. Eso ha generado un alivio en los primeros y una cierta decepción en los segundos. Los neoliberales extremos y los conservadores temían que la desaceleración y la amenaza de la recesión llevaran al Presidente Humala a desplegar una gestión keynesiana del ciclo económico en apuros. Pese a que lo tienen capturado, ellos siguen temiendo que Humala mantenga in pectore el programa de la gran transformación y que lo saque a relucir en los momentos económicos difíciles que vive el país. El viejo truco de exagerar para mantenerlo a raya y para curarse en salud.

Los críticos del neoliberalismo extremo, por su parte, esperaban sin mucho entusiasmo que la desaceleración y la recesión del primer semestre de este año empujaran a Humala a anunciar y desplegar una gestión keynesiana de la demanda. Humala, sin embargo, solo ha tomado tímidas decisiones que van en esa dirección: un pequeño aumento de las gratificaciones, una disponibilidad mayor de las CTS, disminución de las tasas de interés de referencia para impulsar la actividad económica, un mayor impulso a la inversión pública. El Plan Nacional de Diversificación Productiva puede ir también en la misma dirección.

La batalla desigual entre los neoliberales extremos (de dentro y de fuera del gobierno) y los conservadores, por un lado, y los críticos del neoliberalismo, por otro, se viene librando desde hace un buen tiempo, pero se ha acentuando en el primer semestre de este año. En este lapso se abrió un pequeño frente entre los neoliberales que manejan los aparatos económicos del Estado y los neoliberales vinculados a la concentración mediática y a las fuerzas políticas de derecha. Estos acusaban al gobierno de ser el principal responsable de la desaceleración económica a través de la innecesaria producción del ¨ruido politico¨ y del supuesto cambio del modelo econonómico neoliberal. Esto último es a todas luces un despropósito que choca con la evidente continuidad del modelo. Coincidían, sin embargo, en el último paquete de medidas tomadas por el gobierno para atraer la inversión privada.

Los neoliberales de dentro y de fuera del gobierno están preocupados ahora con las bajas tasas de crecimiento del PBI, pero son optimistas en el futuro próximo y tratan de irradiar su optimismo a todo el país. Ellos sostienen que la desacelaración es coyuntural y que en el próximo semestre y sobre todo en el 2015 el Perú volverá a tener altas tasas de crecimiento gracias a las grandes inversiones que se avecinan. Mientras tanto los neoliberales extremos y la derecha política y mediática tratan de compensar estos momentos difíciles de debilidad económica con el enorme punche de la correlación de fuerzas a su favor (todos los partidos políticos de derecha, especialmente el fujimorismo, el PPC y el Apra y el cuasi monopolio de la concentración mediática).

Humala no ha querido tocar esta batalla de fondo que se libra en el país y que va a tener un desenlace complejo (económico, social, político e ideológico) si la desaceleración se acentúa y los conflictos socio-politicos se agudizan. En este campo ha jugado al muertito y ha preferido tocar más bien los temas sociales de la educación, la salud, la seguridad que, siendo importantes, son colaterales al modelo económico vigente. Al final, las soluciones que ellos tengan dependen mucho de lo que suceda con el modelo neoliberal, de las estrategias en juego para enfrentar la crisis, de los liderazgos políticos que existen y de los que emerjan y de la correlación sociopolítica de fuerzas. Las medidas propuestas sobre educación y salud no son poca cosa comparándolas con las de los gobiernos anteriores. La necesidad de un acuerdo nacional para enfrentar el grave problema de seguridad ciudadana puede ser la clave sociopolìtica para resolverlo.

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Sinesio López Jiménez

También los gabinetes son volátiles. La política peruana en general es volátil. Seis gabinetes en tres años sugieren la imagen de que ellos ocupan una silla voladora. Estamos llegando a los niveles de inestabilidad política del siglo XIX en el que la duración promedio de cada gobierno (no de cada gabinete) era de un año.  El Perú vivía una taquicardia política permanente. ¿De qué depende el alto nivel de volatilidad política?. Todo parece indicar que el colapso de los partidos (o la ausencia de ellos), el mal funcionamiento de las instituciones estatales, el caudillismo y la sobrevaloración del mercado  han producido una enorme volatilidad política.

Por cierto, los gabinetes contribuyen también a su propia inestabilidad. La situación de Cornejo era insostenible. Había entrado con calzador a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) poniendo en riesgo el voto de investidura del Congreso; se mantuvo en el cargo gracias a su lealtad a la pareja presidencial, pese a que era acusado de aprovechar los cargos públicos para hacer negocios privados; y ahora es descubierto organizando una campaña de desprestigio contra uno de los líderes de la oposición justamente cuando el partido de gobierno (es un decir) tiene serios problemas para elegir al (o a la) Presidente del Congreso y en vísperas del discurso del 28 de julio del Presidente de la República.

El reemplazo de Cornejo es Ana Jara, uno de los mejores cuadros que tiene el nacionalismo. Otra líder política valiosa del nacionalismo que está siendo postergada y maltratada a todas luces por la pareja presidencial es Marisol Espinoza. Ana Jara ha sido usada por Humala como una especie de comodín ministerial (en el Ministerio de la Mujeres y en el de Trabajo) y ha tenido un buen desempeño en los lugares institucionales que ocupó. La PCM es, sin embargo, una especie de cajón de sastre en el que se amontonan diversas instituciones que poco tiene que ver entre ellas y que la hacen más compleja que cualquier otro ministerio. Por su estructura, tiene que coordinar con todos los ministerios y con todos los gobiernos regionales y con las diversas fuerzas políticas del Congreso. El activo de Jara es, además de su capacidad política, la confianza depositada en ella por la pareja presidencial.

El cambio de Cornejo por Jara parece tener varios sentidos, además de aliviar las tensiones con la oposición y de atraer algunos votos a favor de la candidata a la presidencia del Congreso apoyada por el Ejecutivo. En primer lugar, el reemplazo de un técnico por una política le da a la PCM una mayor amplitud de miras, una mayor flexibilidad en su manejo y una mejor relación con las fuerzas políticas de oposición. En segundo lugar, el encargo de puestos políticos de mucha responsabilidad a miembros de Gana Perú tiene como objetivo cohesionar a sus filas cada más decepcionadas por la entrega del gobierno a los neoliberales. En tercer lugar, esa medida busca también mantener la lealtad de  los congresistas nacionalistas, descontentos con el manejo partidario de la pareja presidencial. En los próximos días sabremos si los cambios en el gabinete han logrado alcanzar o no los objetivos buscados.

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Sinesio López Jiménez

Un inesperado fantasma recorre el estado de ánimo de nuestro neoliberales criollos: el desencanto. El mito del modelo neoliberal que impulsa un crecimiento avasallador se les ha derrumbado o se les está derrumbado. El milagro económico por los suelos: es lo último que esperaban. Para inyectar un poco de optimismo a sus desmoralizadas huestes, los intelectuales orgánicos del neoliberalismo criollo, especialmente los economistas de esa orientación, despliegan un voluntarismo a todo dar desde las páginas del decano de la prensa nacional.

La euforia del crecimiento de la década pasada está terminando en un frenazo porque los “dos importantes motores de la economía –la inversión privada y las exportaciones-  estuvieron apagados” en este primer trimestre (Abusada, El Comercio, 15/07/2014). Las razones de la desaceleración no provienen principalmente de los factores externos sino del “ruido político” generado por el gobierno: “Lo cierto es que, en el freno del crecimiento de la inversión privada, las causas internas tienen tanto o más peso que aquellas atribuidas a causas externas” (Ibidem). Abusada sostiene que cuando el presidente comenzó a hablar de vacas flacas, vientos en contra y desaceleración se instauró un pesimismo generalizado y se produjo un innecesario “ruido político” que redujo las expectativas empresariales y frenaron la inversión privada. Abusada pide una torre de cristal para el piloto automático.

El ex -Ministro Carranza piensa más bien, contrariamente a lo que todo el mundo cree y contra toda evidencia, que ha cambiado el modelo de desarrollo: “Cuando a inicio del gobierno se planteó la tesis de “incluir para crecer”, se estaba cuestionando el modelo anterior y se pensaba que hay que redistribuir y transferir recursos de unos a otros para acelerar el crecimiento” (Carranza, El Comercio, 8/7/14). Sostiene que ese cambio en las políticas ha producido la desaceleración y concluye contradictoriamente que “por razones de orden cognitivo no se entiende que las políticas asistencialistas no reemplazan ni sustituyen  a la inversión privada, y que se puede hacer lo uno sin descuidar ni afectar lo otro”. La mayoría de los economistas y de la opinión pública cree que esto último es justamente lo que ha hecho Humala. Parece que el “sesgo cognitivo” está en el cerebro del señor Carranza.

Los neoliberales de la oposición, sin embargo, están de acuerdo con los neoliberales del gobierno en la propuesta del paquete de reformas para impulsar la inversión privada, aunque critican su presentación tardía. El voluntarismo de los neoliberales de oposición los induce a relativizar la importancia de los factores externos (desaceleración de China y subida de las tasas de interés) y a sobrevalorar (e incluso distorsionar) los factores internos (supuestos costos laborales, políticas ambientales, la permisología, etc) en la caída de la inversión privada y de las tasas de crecimiento.  Unos y otros compiten en profundizar la oferta para impulsar la inversión privada cuando lo que se ha caído es la demanda.  La oferta es el reino de la burguesía mientras la demanda y los consumidores representan el interés general.

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Sinesio López Jiménez

No me refiero a las archiconocidas cuatro operaciones matemáticas sino a las cuatro operaciones ideológico-políticas que los neoliberalesd hacen para convertir a los bienes públicos en pingües negocios privados: El bien público es una mercancía cualquiera, la desvalorización del Estado como macro-estructura y como agente del bien público, la revalorización de los negocios privados y la identificación de estos con el bienestar general.

El mundo moderno es un arsenal de mercancías. Los bienes públicos (educación, salud, saneamiento, etc) son también mercancías que se venden y se compran en el mercado. Ellos están sometidos, por eso mismo, a la ley de la oferta y la demanda y a la competencia. Sobrevivirán aquellas empresas que son más eficientes y competitivas. En todo caso, las empresas menos eficientes  podrán atender a sectores del mercado que no son tan exigentes con la calidad del producto. Esta indiferenciación entre lo público y lo privado trae serias implicancias teóricas y prácticas. Para tocar sólo una de ellas: los criterios de justicia. Si se trata de la educación universitaria el criterio justo para ingresar a ella ya no es el mérito sino el dinero. Eso ya lo estamos viendo en las universidades societarias (o empresas).

La ruta para desvalorizar al Estado como agente del bien público y del interés general es más o menos conocida. En primer lugar, las elites, que  controlan o influyen en los gobiernos, construyen un Estado ineficiente como agente, sin una burocracia weberiana y con enmarañados procedimientos que lo traban y luego gritan: ¿qué nos puede enseñar la burocracia?. En segundo lugar, esas mismas élites le niegan al Estado los recursos necesarios (impuestos y otros ingresos) para que puedan ser eficientes y autónomos. El Perú tiene una de las presiones tributarias más bajas de AL. En tercer lugar, ellas desconocen al Estado el papel rector de los bienes públicos y del interés general. Y cuando la tecnocracia reivindica ese rol acusan al Estado de intervencionista. La única intervención estatal que ellas aceptan es aquella que favorece a sus intereses privados (el paquetazo).

La revalorización de los negocios privados se mide por su productividad y competitividad y estas, a vez, se fundan en los incentivos materiales que reciben los agentes privados y que no tienen las tecnocracias y burocracias del Estado. Por la plata baila el mono, parecen decir. Con estos criterios chatos, los neoliberales nunca podrán comprender la grandeza de otras actividades humanas (la política, la cultura, etc) diferentes a las económicas. Nunca podrán entender a Jefferson (que entró millonario a la política y salió quebrado), a Haya de la Torre, a Fernando Belaúnde, a Javier Diez Canseco. La eficiencia de los negocios es, en gran medida, un mito. El salvataje de los bancos por el Estado, el subsidio al capital por los consumidores a través de tarifas altas de los servicios públicos, el actual paquetazo (que también es un subsidio al capital), revelan los límites de la supuesta eficacia privada.

Finalmente, los negocios privados no sólo favorecen a sus propietarios, sino que sus beneficios alcanzan a todos. No es el Estado sino los hombres de negocios los que producen el bienestar, sostuvo Ludwig von Mises, uno de los ideólogos del neoliberalismo. Es la teoría del chorreo en toda su pureza que confunde el crecimiento con el desarrollo y el bienestar. Todos conocemos sus alcances y sus límites en AL.

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                                   Sinesio López Jiménez

La ley universitaria es una reforma que nace con fórceps. Ha demorado mucho en ser aprobada y ha sido más resistida que apoyada. La oposición a la ley ha sido muy estridente  porque ha tenido como vocero a la prensa concentrada. El debate fue demorado por la existencia de lobbies opositores. Finalmente ha sido aprobada por una mayoría no tan contundente en el Congreso. Ahora los opositores han desplegado una campaña para que Humala la observe y no la promulgue y, una vez que sea promulgada, presentarán seguramente todas las acciones de amparo necesarias para que sea declarada inconstitucional.

La ley trae, sin embargo, algunas buenas noticias. Preserva la autonomía universitaria (normativa, de gobierno, académico, administrativa y económica); defiende la educación universitaria como un bien público que debe ser regulado por el Estado como ente rector, aunque en algunos casos sea un negocio privado; exige condiciones de calidad (locales universitarios, bibliotecas, laboratorios, docentes universitarios con alta calificación) para otorgar licencias de funcionamiento a las universidades públicas y privadas; obliga a pagar impuestos a las universidades societarias (de lucro), descontando un porcentaje en caso de reinversión en la mejora de la misma universidad; promueve la investigación científica y tecnológica; democratiza la universidad pública y la libera de argollas perniciosas.

Toda reforma suscita resistencias en los grupos de interés que se sienten afectados y despierta simpatías en los grupos que se sienten favorecidos. ¿Cuáles son los grupos de interés que se sienten perjudicados? En primer lugar, las pequeñas argollas de muchas universidades públicas que las manejan con métodos mafiosos; en segundo lugar, las camarillas (enquistadas por años)  de algunas universidades asociativas que manejan arbitrariamente los fondos de sus respectivas universidades y en tercer lugar, muchas universidades privadas cuya calidad académica es deplorable. Todos estos grupos opositores se han expresado con estridencia en la agonizante ANR cuyo presidente ha llegado a decir exageradamente que la nueva ley resucitará a Sendero Luminoso.

La crítica más descalificadora de la ley ha sido formulada por García y Fujimori. Este ha dicho que tiene un “tinte velasquista” y García, que es chavista humalista. Se ve que han opinado sin conocerla. En los medios universitarios, opuestos mayoritariamente a estos cuestionados políticos, sus opiniones críticas terminan legitimando la ley. Las opiniones y los puntos de vista de la prensa concentrada, que consideran a la educación como una mercancía cualquiera y que buscan, por eso mismo, transformarla en un negocio privado muy lucrativo y sin regulación, merecen una crítica especial.

La crítica más fundada se dirige a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) cuyo superintendente es nombrado por el Ministro de Educación y no es docente ni investigador. Mejor hubiera sido que lo eligiera el Consejo Directivo de la SUNEDU sin que el mencionado ministerio pierda su rol rector. Finalmenete, me permito una reivindicación generacional. La ley jubila (en la universidad pública) a los profesores de más de 70 años. En la educación universitaria, los viejos y destacados profesores son como el buen vino: mientras más viejo, mejor.

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Sinesio López Jiménez

En estos tiempos es poco frecuente analizar la historia para hacer una apuesta política, fundar la política en la historia. La mayoría de nuestros políticos actuales sólo tienen ambiciones desmedidas, frecuentemente al servicio de sus intereses personales. Son políticos sin memoria y sin historia: políticos light que se los lleva el viento. Son muchas veces iletrados y ágrafos. Es probable que escribir siquiera una página les produzca surmenage. Algunos de ellos, incluso, son dueños de universidades que han hecho de la educación, que es un derecho de todos, un negocio privado.

El libro de Lynch, que se va a presentar mañana en la librería El Virrey, rompe con la monotonía de estos grises tiempos neoliberales y vuelve a las tradiciones clásicas y modernas que vincularon estrechamente la historia y la política. Para ambas tradiciones  el vínculo entre ellas fue la confianza en la razón que todo lo explica. Una historia bien contada funda una política eficaz. Esta creencia viene desde Aristóteles y llega hasta Marx, los liberales  y los anarquistas del siglo XIX y atraviesa las épocas históricas, las geografías y las diversas corrientes ideológicas. El Republicanismo del Medioevo, que nació para disputar con la historia de Dios y con la historia de la Fortuna, va más allá y sostiene que la historia no funda la política sino que ella se hace a través de ésta. Maquiavello encarna esta apuesta en toda su grandeza.

Esta enorme confianza en la razón entró en crisis con Freud, Weber, Pareto, Sorel, Frazer, Levy-Bruhl y otros intelectuales en el campo de las ciencias duras. La necesaria relación entre ciencia histórica (o la ciencia simplemente) y la política se rompió. La política ya no se deriva necesariamente de la historia. Las pasiones, los mitos y la afectividad en general pueden invadir todos los campos de la actividad humana. Salvo Sorel, la mayoría de estos intelectuales, reconoce la irracionalidad que invade todas las actividades humanas para reducirla y ensanchar el campo de la racionalidad. Gramsci y Mariátegui, que inspiran en gran medida  el libro de Lynch, reconocieron en sus escritos la fuerza del mito en la política sin desvincularla de la historia.

Para Gramsci la forma de escribir la historia revela la forma de hacerla y es un buen libro de historia aquel que nos ayuda a hacerla mejor en el presente. Eso significa que la historia tiene también una dimensión normativa como bien lo subraya Nicolás Lynch. Las dos partes sustantivas de la historia para Lynch son las fallas estructurales o clivajes irresueltos (la herencia colonial, la república vacía, el Estado criollo, la nación, la desigualdad, la cholificación) y las incursiones democratizadoras que son procesos de democratización que no llegan necesariamente a constituir un régimen democrático porque no se han construido las instituciones que garanticen tanto las libertades como la participación política.

La primera y la cuarta parte del libro tienen que ver con las apuestas políticas desde la izquierda. Estas serán sin duda las más discutidas. Este ensayo de Lynch rompe con la monotonía de algunos escritos de jóvenes o no tan jóvenes sociólogos o politicólogos  que revelan sus sueños kafkianos (incluidas las pesadillas  de la hiperinflación de García, Sendero Luminoso y el golpe de Fujimori) en los que se acostaron izquierdistas (e incluso marxistas) y se despertaron neoliberales.

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Sinesio López Jiménez
García cree que Dios lo asesoraba cuando era presidente de la República. Los Awajún-wampis creen que el espíritu poderoso de Ajutab, que les da fuerza y valor, desciende de las cascadas de la Cordillera del Cóndor. La creencia de García es tan válida como la de Santiago Manuin, apu del pueblo awajún. García piensa, sin embargo, que su creencia es verdadera mientras que la de los awajún-wampis es “animismo primitivo”. ¿Qué diferencia existe entonces entre García y Francisco Pizarro o el cura Valverde de los tiempos de la conquista?. Parece que muy poca. En todo caso, es revelador del dominio discriminador de la cultura criolla que un hombre como García haya sido (dos veces) Presidente del Perú, un país de una indudable multiculturalidad compleja.
Si ese es el esquema mental de García entonces son explicables los discursos, las políticas y las decisiones que desembocaron en el Baguazo. García estuvo en el origen, en el proceso y en el desenlace de los acontecimientos luctuosos de Bagua. Todo comenzó con sus artículos (más que discutibles) sobre el perro del hortelano en los que anunciaba la venta de los recursos naturales a las transnacionales. Vino luego la delegación de facultades del Congreso para que el Ejecutivo legislara sobre los asuntos vinculados a la viabilidad del TLC con Estado Unidos. Se produjo entonces un hiperactivismo legislativo del Ejecutivo apoyándose en el profesionalismo interesado de los grandes estudios de abogados, eludiendo el debate público que requiere toda propuesta legislativa y evadiendo, sobre todo, la consulta a las etnias de la selva como lo ordenaba el convenio 169 con la OIT.
En ese sentido, García y los ministros que tenían que ver con este tema no siguieron el debido proceso y sus decisiones eran y son ilegítimas. Sin estas decisiones del Ejecutivo, el Baguazo no se habría producido. Sus autores intelectuales son por consiguiente, no la Defensoría ni algunas ONG que trabajan con las etnias de la selva, como piensa ahora El Comercio (que tenía una opinión distinta cuando se produjeron los hechos), sino García, el Primer Ministro y la Ministra del Interior. Ahora sabemos que hubo también presión de la Embajada norteamericana en el Perú para que García actuara con firmeza y sin concesiones.
Los tribunales de justicia han excluido del juicio, sin embargo, a García, a Simons, Cabanillas y Araoz y se han concentrado en los supuestos autores materiales de la muerte de 33 personas y un desaparecido: 80 personas elegidas al azar, sin la individualización de sus responsabilidades y sin las pruebas necesarias para inculparlas. La justicia ordinaria es tuerta (sólo ve con un ojo la responsabilidad de los awajún), arbitraria (no sigue el debido proceso), unilateral (desconoce la justicia comunal, pese a que está reconocida en la Constitución) y discriminatoria (juzga a los supuestos responsables con las leyes, los procedimientos, la lengua y la cultura del mundo criollo-occidental).
La justicia criolla tiene problemas para resolver las injusticias de su propio mundo y, por lo que vemos en este caso, está incapacitada para resolver las injusticas históricas que el Perú arrastra desde hace varios siglos. Es necesario asumir la perspectiva de una justicia intercultural para resolver el Baguazo con equidad.

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Sinesio Lopez Jiménez

El neoliberalismo criollo ha inventado sus propios mitos para legitimarse. Estos no son, sin embargo, puro cuento. Parten de ciertos elementos de la realidad a los que  potencian hasta la exageración. Se vuelven entonces poco creíbles. Enumero los más importantes como ejemplo.

1. El modelo (neoliberal) ha generado el crecimiento económico de estos últimos veinte  años. Eso es, en gran medida, pura coincidencia. Es una asociación espuria.  No es una relación de causalidad. Algo tienen que ver los equilibrios macroeconómicos, pero las causas fundamentales del crecimiento son la sostenida demanda internacional  de minerales y los altos precios de las commodities. Sin estos factores el crecimiento sería menor como sucedió en el 2009 en el que la tasa de crecimiento fue de 0.9.  Bolivia (que no es neoliberal) creció  más que el Perú en el 2013 y probablemente también en el 2014.

2. Gracias al modelo económico han crecido las clases medias. La relación de causalidad del crecimiento mesocrático no es con el modelo sino con el crecimiento económico que, como se ha señalado, es relativamente independiente de aquél. Tiene que ver también con el nivel de distribución del ingreso. Eso por un lado. Por otro, los neoliberales sobredimensionan el tamaño del crecimiento de las clases medias. Los más optimistas sostienen que el 70% de los peruanos pertenecen a las clases medias, lo que es a todas luces una exageración.

3. El modelo neoliberal ha producido más ciudadanía que otros modelos.  No es cierto. La reforma agraria de Velazco, al acabar con el gamonalismo y la servidumbre en el campo,  produjo más ciudadanos que el neoliberalismo. Ni el nivel ni la estructura de la ciudadanía han cambiado significativamente si se compara el mapa de la ciudadanía del 1993 con el 2007. Un poco más 40% tiene una ciudadanía  de primera porque gozan de todos los derechos civiles, políticos y sociales; un 23% tiene una ciudadanía  de segunda clase puesto que accede a  todos los derechos políticos, pero tiene serios límites en sus derechos civiles y sociales y un tercio de la población (los más pobres) tiene una ciudadanía de tercera que le permite contar con derechos políticos, pero con pocos derechos civiles y con ningún derecho social.

4. El neoliberalismo ha reducido la desigualdad de ingreso. Este es el tema más discutido por los especialistas. Los trabajos de Piketty y Atkinson  (2007 y 2010) muestran  que la desigualdad se incrementó significativamente en el mundo anglosajón después de 1970 debido a las políticas neoliberales, pero que ella no cambió en Europa continental. Los neoliberales criollos dicen que el Perú es una excepción porque gracias al neoliberalismo se ha reducido la desigualdad.  Se basan  en la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) a la que, como ha dicho Pedro Franke, se le escapan los elefantes (los más ricos) a los que nunca encuesta. Los economistas críticos del modelo neoliberal sostienen que la desigualdad se mantiene alta (GINI=0.6) o ha bajado muy poco.

Hay otros mitos (el mito del monopolio de la eficiencia privada, el de la confianza para la inversión, independiente del ciclo económico, el de la elección libre de los monopolios u oligopolios por parte de los ciudadanos). Las encuestas revelan, sin embargo,  la poca eficacia de estos mitos legitimadores del neoliberalismo: Sólo el 31% lo apoya.

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Sinesio López Jiménez

La batalla electoral por la alcaldía de Lima es la más difícil de las próximas elecciones regionales y municipales. El escenario social, económico y político es vasto, denso y complejo.  Lima concentra más de un tercio de la población y de los electores y el mayor presupuesto de todos los gobiernos locales del país. Concentra también el mayor porcentaje de  las actividades económicas secundarias, de inversión urbana y un tercio del estado.  Es difícil en particular para todos los candidatos que se enfrentan a Castañeda quien se aproxima (según las encuestas)  al 50% de los electores mientras los contrincantes están por debajo del 10%. Es probable que el proceso electoral, a medida que avanza, vaya sincerando el peso real de los candidatos y colocando a Castañeda en lo que realmente vale: entre 30% y 35% de los votos. La otra ventaja que tiene Castañeda es el respaldo de los poderes fácticos, en particular de la concentración mediática de la derecha. Pero no es invencible.

El escenario electoral es también complejo y tiene sus peculiaridades. Es un escenario de alta fragmentación partidaria. Hasta ahora se conocen unos 10 candidatos. El número definitivo lo sabremos  el 15 de este mes. La volatilidad electoral no es, sin embargo, alta como sucede en varias capitales de las diversas regiones. Las opciones principales se han concentrado desde el 90 en adelante en Somos Perú, el PPC y Solidaridad Nacional. La victoria de Susana Villarán en el 2010, como candidata de la izquierda, altera parcialmente el panorama. El voto limeño, además, no se ha dispersado sino que ha tendido a la polarización: Somos Perú-Fujimorismo (Yoshiyama y Hurtado Miller), Andrade-Castañeda, Villarán-Flores, Revocadores y anti-revocadores y finalmente PPC-Somos en una elección en la que los bellacos revocadores (como los llamó Bedoya) no participaron.

¿Se formarán coaliciones como sucedió con las revocatorias?. ¿Habrá una nueva alianza entre  Castañeda, García y el fujimorismo? Lo sabremos con seguridad el próximo sábado. Se conocen las angustias que está atravesando Susana Villarán para organizar un frente que abarca a los partidos menores que apostaron contra la revocatoria puesto que los partidos más importantes (PPC y Somos Perú) han hecho tienda aparte. Parece que ya no hay Frente Amplio porque Tierra y Libertad (que tenía la inscripción electoral) se ha retirado de las negociaciones. Quedan la mayoría de los partidos de izquierda, pero ellos y Susana Villarán están en manos de Perú Posible y de Gana Perú que tienen inscripción electoral y darán nombre y símbolo a la nueva coalición. El repliegue de Tierra y Libertad (que probablemente pague caro su decisión abstencionista y rupturista) va a tener efectos contradictorios. Por un lado, ha roto la unidad de la izquierda que ya no puede ir como Frente Amplio y, por otro, alivia la candidatura de Susana de la exagerada acusación de ultrismo por parte de la derecha mediática.

La agenda básica de la confrontación girará seguramente en torno a cuatro temas principales: Seguridad ciudadana, reforma del transporte, corrupción e inclusión social. La estrategia principal de los candidatos será polarizar con Castañeda para ganar u obtener un resultado aceptable. Por ahora, la mejor situada en esta apuesta estratégica es Susana Villarán. Pero nada está dicho ni escrito. Las próximas elecciones limeñas son un campo abierto de batalla.

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