Sinesio López Jiménez

Es muy probable que esta sea la última pequeña meseta que lo detenga en la imparable caída vertical. Lo que viene de aquí en adelante es, al parecer, el abismo. En el horizonte no aparecen cumbres (ALC- UE ni APEC) que le permitan esgrimir fuegos de artificio. Aunque el poder puede devenir una caja de sorpresas, todo indica que se le agotaron a García los recursos a los que apelaba su fecunda imaginación para dorar la píldora de la crisis. Ya no hay tiempo político ni márgenes sociales para la distracción verbal. La crisis apura, la impaciencia ciudadana comienza a emerger y el campo de acción del gobierno y de García se estrecha. Adiós a la crisis de crecimiento (¿?), al país blindado, a las fortalezas protectoras y a todas la edulcoraciones verbales que García desplegaba para vendernos la imagen del Perú como una exclusiva isla feliz en un mundo capitalista que se tambalea. Adiós sobre todo (lo que es una lástima para el país) a las vertiginosas tasas de crecimiento que le permitían pavonearse de sus éxitos. Ahora tiene que vérselas con la dura y cruda realidad: el descenso del volumen y del precio de las exportaciones, la disminución de las inversiones, la desaceleración del crecimiento, la percepción de menos ingresos fiscales, la falta de empleo, los crecientes despidos de los trabajadores, la caída del ingreso familiar y de las remesas del exterior. Y tiene que vérselas especialmente con las iras contenidas de la gente de a pie. En estas coyunturas de crisis y de fracaso, las supuestas virtudes extraordinarias de los caudillos carismáticos se transforman en defectos extraordinarios. Las corroboraciones que exige el caudillo para darse un poco más de vida política se transforman en broncas imprecaciones. Esta es una historia conocida por los peruanos, especialmente por García.

Basadre subrayó siempre la idea del Perú como un país de las oportunidades perdidas. No voy a enumerar el rosario de oportunidades que los gobernantes y las élites económicas desperdiciaron en la historia para colocar al Perú en el camino del progreso, del desarrollo y de la democracia. Basta recordar estos cuatro o cinco últimos años de acelerado crecimiento económico gracias a la bonanza internacional y a la globalización capitalista. (La reestructuración neoliberal tuvo un pobre desempeño en los 80 (1.4%) y en los 90 (1.1%) tanto en el Norte como en el Sur). García y Toledo desaprovecharon la ocasión para negociar mejor el tamaño de la renta minera (especialmente en un período de ganancias extraordinarias), para distribuirla equitativamente y para gastarla adecuadamente. Desperdiciaron sobre todo la ocasión para imaginar un modelo de desarrollo que, utilizando la enorme renta minera, apoyara y desplegara nuestras fuerzas internas (estado, gobiernos regionales, grandes, medianas y pequeñas empresas nacionales) en previsión de las crisis y de los recursos naturales agotables. A los gobernantes les faltó voluntad política para hacer que el crecimiento económico llegara al bolsillo de la gente. Eso explica la situación contradictoria de relativo éxito económico y de rotundo fracaso político al mismo tiempo: la economía crecía y la desaprobación ciudadana a los gobernantes también. Ahora estamos llorando sobre la leche derramada y García (más que Toledo) tiene que pagar los platos rotos. Es difícil para él recuperar ahora el tiempo político perdido. En el futuro espera recuperarlo apoyándose en la mala memoria de la gente. En algunas ocasiones es posible recuperar el tiempo económico desperdiciado: lo que una huelga deja de producir se puede recuperar con un posterior sobretiempo de trabajo. Pero es imposible que el Perú recupere el tiempo económico perdido de enorme crecimiento de estos últimos cinco años. Eso está en el pasivo de García.
Más allá de nuestras discrepancias y diferencias, a todos nos conviene que el plan anticrisis de García tenga éxito. Pese a los buenos deseos, es posible que ese plan no tenga el éxito esperado y fracase. No discuto el diseño del plan anticrisis. Tampoco los recursos con que parece contar. En todo caso, el plan de García responde por un quinto de la inversión a realizarse. El resto (80%) depende de la inversión privada. Este el fuerte supuesto que puede fallar. Salvo excepciones, por de pronto hay que olvidarse en estos dos próximos años de las masivas inversiones de las grandes corporaciones extranjeras debido a la crisis y a la caída de las ganancias. De nada vale hoy la invocación presidencial a que inviertan sus ganancias extraordinarias. Los empresarios peruanos, por su parte, se van a mostrar renuentes para invertir. En ellos manda más el bolsillo que el corazón. Su conducta empresarial es guiada no tanto por su identidad de peruanos como por el monto de sus ganancias. Esa es su gran motivación y el centro de su racionalidad como empresarios. Además, el talón de Aquiles del plan anticrisis puede radicar en su ejecución: incapacidad de gasto debido a la carencia de recursos humanos calificados por parte de los gobiernos regionales para concretar eficientemente los planes de inversión dentro de los marcos institucionales establecidos (SNIP y otros procedimientos y controles).

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Sinesio López Jiménez
Como todo fenómeno complejo, la corrupción política no tiene una sola causa. Los factores que la explican son múltiples. La cultura política predominante de los países, su grado de desarrollo y de modernización, el tipo de régimen político son algunos de los factores que he señalado en los dos artículos anteriores. En este propongo un nuevo factor: el modelo de desarrollo. Cada modelo económico implica una forma de relación entre lo público y lo privado, entre la economía y la política, una coalición específica que articula ambas dimensiones, una forma propia de gerencia, gestión y aplicación de decisiones y políticas. Es probable que algunas de las múltiples formas de corrupción política (soborno, extorsión, arreglos, alteraciones fraudulentas del mercado, malversaciones y fraudes, especulación financiera con fondos públicos, parcialidad, colusión privada, uso de información privilegiada, etc. etc.) se produzcan en todos los modelos de desarrollo de América Latina (oligárquico, populista y neoliberal) y otras sean propias de cada uno de ellos. El actual modelo neoliberal en crisis, por ejemplo, ha traído consigo formas específicas de corrupción que provienen de los programas económicos que promueve (la estabilización para acabar con el déficit fiscal y con la hiperinflación y las reformas estructurales para destronar al estado y entronar al mercado en la asignación de recursos para el desarrollo) y de las políticas aplicadas con ese fin (las medidas de shock, la apertura de la economía protegida al mercado internacional, la desregulaciones de todos los mercados, las privatizaciones y las concesiones).

Una investigación de política comparada sobre la corrupción política en AL traería probablemente grandes sorpresas e interesantes revelaciones. Hasta el momento lo más conocido y escandaloso es la corrupción política producida en el campo de las privatizaciones de las empresas públicas, en el de las concesiones y en el de las adquisiciones del Estado, especialmente en la compra de armamento. En realidad, los programas y políticas neoliberales no tendrían porque producir por sí mismos corrupción política. Ellos constituyen su condición necesaria pero no condición suficiente. Ella se ha producido y se produce por la forma en la que el modelo neoliberal se gerencia, gestiona y aplica. Dicha forma evade, debilita o neutraliza la accountability o rendición de cuentas. Al respecto, hay un recetario aplicado en toda América Latina. En primer lugar, las decisiones a través de las cuales se aplica el modelo se concentran en la cúspide del poder (Presidente de la República, ministro de economía, alta tecno-burocracia, poderes fácticos) con la finalidad de evadir el escrutinio público y la presión social. Se cree fundadamente que si los medios y los ciudadanos se enteran, esas políticas generarían grandes resistencias y no se podrían aplicar. Eso constituye una confesión implícita de que no se gobierna para la mayoría de los ciudadanos. En segundo lugar, la cúspide del poder ejecutivo despliega un hiperactivismo legislativo en desmedro del poder, del prestigio y del control del parlamento. Este termina devaluado ante los ciudadanos y la opinión pública. En tercer lugar, esa cúpula actúa con sorpresa, alevosía y ventaja: ella toma decisiones sin informar a nadie previamente para evitar los cuestionamientos y las resistencias. El medio más socorrido en este caso ha sido y es la dación de los decretos de urgencia. Sobre ellos el parlamento tiene muy poca capacidad de control. En cuarto lugar, el ejecutivo aplica las políticas públicas en forma autoritaria si hubiera alguna resistencia de los ciudadanos.

Como si todo esto fuera poco, el poder ejecutivo despliega una ofensiva contra las diversas formas de accountability (horizontal, vertical y social), incrementando las tasas de corrupción. En el Perú de Fujimori, esa política es muy conocida. En el de García, las cosas no son tan diferentes. El copamiento de las instituciones de control horizontal (poder judicial, TC, CNM, Contraloría), la creación de controles paralelos (ONA), la disolución del control social de la esfera pública y la sociedad civil con leyes o proyectos que pretenden eliminarlas apelando a pretextos ridículos, tienen como objetivo evadir la rendición de cuentas. Si el gobierno realmente quiere combatir la corrupción tiene que reforzar y respetar la autonomía de todos los organismos de control en las diversas instancias. Una medida fundamental es la no prescripción de los delitos de corrupción. De esa manera se acabaría con los sueños (o pesadillas para los ciudadanos) de las reelecciones.

En realidad, el modelo neoliberal en sus diversas etapas y fases se aplica autoritariamente en AL y busca evadir la rendición de cuentas, llevándose de encuentro muchas formalidades y procedimientos democráticos. La mayoría de los neoliberales cree que existe una incompatibilidad entre la reforma económica y la consolidación de la democracia y optan por la primera en desmedro de la segunda. Son liberales en el campo de la economía y autoritarios en el de la política. Son liberistas, de acuerdo a la calificación de Sartori.
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Sinesio López Jiménez

Hay que evitar las confusiones. En el Perú de estos días hablamos de corrupción política. No de la corrupción en general. Pueden intervenir agentes privados sin que ella pierda su sentido político. Cuando un empresario se colude con los funcionarios públicos para obtener algún beneficio es políticamente corrupto. Stiglitz ha señalado que las grandes corporaciones dedicadas a las industrias extractivas tienen generalmente en sus presupuestos un rubro especial dedicado a la corrupción de los funcionarios públicos de los estados poseedores de los recursos naturales. Para evitar la confusión vale la pena definirla con precisión. Samuel Hungtinton, un destacado politólogo norteamericano, ha sugerido la siguiente definición: “La corrupción política es una desviación de la conducta de los funcionarios públicos, que se aparta de las normas establecidas para ponerse al servicio de los intereses privados”. La desviación de la conducta de los funcionarios públicos puede producirse por iniciativa propia o puede ser inducida por otros funcionarios o por agentes privados. La desviación se define frente a instituciones claramente establecidas que funcionan supuestamente en forma universal, impersonal y objetiva y que definen la forma de conducta correcta de los funcionarios. El objetivo de la corrupción política es engrosar las cuentas monetarias privadas u obtener cualquier otra ventaja personal.

La corrupción política se produce en todas sociedades en donde existe una separación más o menos clara entre lo público y lo privado, pero no en todas ellas se da con igual amplitud e intensidad. En algunas sociedades hay más corrupción que en otras y en algunas etapas de su historia ella es más grave que en otras. Huntington sugiere que en las sociedades tradicionales, que no han llegado a diferenciar lo público de lo privado, no hay corrupción. En esos casos la apropiación de los recursos del estado expresa la realización legítima de privilegios socialmente aceptados. Esa apropiación puede ser y aparecer como legítima. Ese es el caso de los estados y sociedades feudales y coloniales. En las sociedades plenamente modernas y desarrolladas tampoco hay corrupción o, si existe, no alcanza las proporciones enormes de otras puesto que ellas han diferenciado claramente lo privado de lo público y han establecido una densa y efectiva institucionalidad que la mayoría de los funcionarios y de los ciudadanos respetan. La corrupción se produce generalmente en aquellos países en proceso de modernización que experimentan situaciones de turbulencia e inestabilidad porque los cambios económicos, sociales, políticos y culturales no se han realizado a plenitud y no han logrado, por consiguiente, estabilizarse ni institucionalizarse totalmente. Esos países no han llegado a diferenciar claramente lo público de lo privado, pero han entrado en ese proceso de diferenciación. Ellos han roto los viejos códigos culturales, pero no han logrado establecer e institucionalizar otros nuevos que rijan su acción y su comportamiento. Este es el caso de los países del tercer mundo en general y de América Latina en particular.

Hay períodos de la historia de las sociedades en proceso de modernización en los que la corrupción es mayor que en otros. En las dictaduras y en los gobiernos autoritarios la corrupción es mayor que en los regímenes democráticos. Eso tiene que ver probablemente con la vigencia de los controles institucionales en las democracias que no existe en los regímenes no democráticos y, cuando existe, se le desmonta. Este fue el caso de Fujimori. Los controles horizontales e institucionales de accountability (parlamento, poder judicial, contraloría, tribunal constitucional, etc) fueron infiltrados, desmontados y controlados. El control vertical que los ciudadanos despliegan a través de su voto en las elecciones fue distorsionado por el carácter no competitivo de las mismas. El control y la fiscalización de la esfera pública y de la sociedad civil fue distorsionado por la compra y venta de los medios de comunicación en la salita del SIN y por la publicidad a raudales del estado en los medios, especialmente en la TV.

Huntington asocia también la corrupción con la violencia: “Las funciones de la corrupción, así como sus causas, son similares a las de la violencia. A ambas las fomenta la modernización; ambas son sintomáticas de la debilidad de las instituciones políticas; una y otra son características de lo que …llamaremos sociedades pretorianas; las dos constituyen, por último, un método por el cual los individuos y los grupos se relacionan con el sistema político, y en verdad participan de él violando sus costumbres. De ahí que la sociedad con una elevada capacidad para la corrupción la posea también para la violencia”.

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Sinesio López Jiménez
Todos hablan de ella y se escandalizan con ella, pero no la entienden de la misma manera. La corrupción no tiene un sentido unívoco para los peruanos, de acuerdo a una encuesta que la INFOPUCP realizó hace algunos meses atrás. Para los estratos populares, pobres y muy pobres la corrupción significa robo (de bienes públicos y privados), asalto (independientemente de quien lo realice) e incumplimiento de promesas por parte de los políticos. Por eso no debe sorprender que la mayoría de estos sectores crea que Fujimori es menos corrupto que García y que Toledo. Para los estratos medios y altos, en cambio, la corrupción es la apropiación privada de los bienes públicos por parte de los funcionarios del Estado. Es probable que el sentido de la corrupción dependa de los tipos de cultura política de los ciudadanos. Los que comparten una cultura patrimonial (que favorece la apropiación privada de lo público apelando a un derecho como ganar las elecciones, por ejemplo) asumen el primer sentido de la corrupción y son más permisivos con ella. Ellos no diferencian con claridad lo público de lo privado como, en su mayoría, sí lo hacen los estratos medios y altos. Las subculturas que conviven con la mayoritaria cultura patrimonial son aquellas que los politólogos Almond y Verba en su clásico libro Civic Culture llaman la cultura parroquial (que se expresa en el dicho muy común: “la política es sucia, yo no vivo de la política, yo vivo de mi trabajo”) y la cultura súbdito (que puede resumirse con la siguiente expresión: “confío plenamente en la autoridad que toma decisiones que me favorecen”). A estas sub-culturas hay que añadir la sub-cultura pragmática que ha llegado, a mi parecer, a ser predominante en América Latina y que se resume con la conocida expresión: “Con tal que haga obra, no importa que robe”.

Los ciudadanos que comparten una cultura cívica (que diferencia claramente lo público de lo privado y que, en los 60 del siglo pasado, habitaban predominante en USA y en Inglaterra según Almond y Verba) asumen el segundo sentido de la corrupción. Esta cultura procede del republicanismo cívico que no echó profundas raíces en el Perú ni en AL. La virtud cívica, que es el corazón del republicanismo (los otros dos componentes son la comunidad política pequeña y unánime y el gobierno representativo) es el mejor antídoto contra la corrupción pues ella implica defensa del bien común, sacrificio de los intereses grupales y particulares, ciudadanía activa, moderación y austeridad y ciudadanía armada. La virtud cívica entra en crisis cuando aparece pujante el comercio que buscaba organizar la historia de otra manera. Por eso Maquiavelo se enfrentó a él. Posteriormente otros autores articularon virtud y comercio (Harrington en Inglaterra), o aceptaron su coexistencia en nombre del pluralismo (Montesquieu). Las ciudades-república italianas entraron en crisis cuando aparecieron las facciones de comerciantes ricos que ponían en cuestión el bien común y que elegían a los signori como sus representantes rompiendo la unidad de las mismas. El desafío que los norteamericanos tuvieron que resolver en 1787, después de la independencia y de la guerra con Inglaterra, era como organizar la coexistencia del bien común de la república con los intereses particulares de las facciones, productos de la modernización y de la libertad de expresión. En Pensylvania se desarrolló entonces uno de los debates más interesantes entre un banquero republicano y un artesano liberal. El primero reclamaba el voto de los ciudadanos en nombre del bien común que él defendía, mientras el segundo sostenía que el banquero no defendía el bien común sino el de los banqueros de la misma manera que él (el artesano) defendía el de los artesanos y añadía el argumento liberal de que era legítimo que ambos defendieran sus propios intereses en el campo de la política. Los federalistas (Hamilton, Madison, Jay) se las ingeniaron, a través de imaginativos diseños institucionales, para hacer coexistir el republicanismo, el liberalismo y la democracia. Esta combinación resolvió, sin duda, los problemas que plantea la democracia en una sociedad extensa, muy poblada y compleja, pero desdibujó la idea de bien común. En su lugar, emergió la idea de interés general que tiene una matriz liberal. El interés general es la suma de los intereses particulares e individuales. El bien común de raíz republicana, en cambio, pertenece a la comunidad y los ciudadanos lo comparten en la medida que pertenecen a ella. En el Perú, la tradición liberal es más fuerte que la republicana, de acuerdo a una encuesta que realizó la UNI para la BNP en el 2005. Es cierto que lo que podemos llamar liberales puros (que demandan mercado y libertades individuales) sólo llegan al 7.9%, pero los que tienen algún componente liberal alcanzan cifras mayores: Los comunitaristas-liberales (que demandan comunidad y al mismo tiempo mercado y libertades individuales) son el 10.6% y los estatistas-liberales (que demandan un estado distributivo, mercado y libertades) son el 46.4%. El resto (38.2%) son estatistas-comunitaristas que demandan un estado distributivo y la vigencia de la comunidad de todos los peruanos. Se requiere una investigación más fina que permita distinguir en el comunitarismo el patrimonialismo conservador del elemento republicano.

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Sinesio López Jiménez

Ha caído el telón. El rey está desnudo. Ya no hay mundo privado ni vida íntima. Los movedizos y tenues linderos entre lo público y lo privado han sido derivados. La ciencia y la tecnología han rasgado el delgado velo que los separaba. Todo tiende hoy a ser público. Esta es, en esencia, la tesis central que sostiene Mirko Lauer en una excelente columna en este mismo diario a propósito del escándalo de los petroaudios. Discuto brevemente la tesis de Mirko. ¿Es esto lo que realmente está sucediendo en el mundo moderno?. ¿Es este el problema central que surge a partir del petrogate?. En el mundo moderno la separación entre lo público y lo privado fue una construcción de la Monarquía Absoluta. Esa fue la forma de acabar con las guerras religiosas de protestantes y católicos en los siglos XVI y XVII. Esa separación constituyó una estrategia de tolerancia. Lo público quedó reducido a la relación de autoridad entre los ciudadano que le debían obediencia al monarca, el que, a su vez, les ofrecía protección. Todo el resto de la vida de los ciudadano (trabajo, relaciones sociales, ideas, creencias, convicciones íntimas, moral privada, etc.) era considerado privado. La paz se lograba y se consolidaba si las creencias y convicciones religiosas o la moral privada no se mezclaban con lo público o lo político. Lo privado dejó de tener el sentido de carencia que tenía en el mundo clásico para expresar más bien el espacio de riqueza en el que se movía el individuo moderno.

La primera ofensiva contra el lindero establecido provino justamente del mundo privado. La crítica, que se desplegó en los cafés, en los salones, en la prensa, en las asociaciones contra la monarquía absoluta, trasladó los linderos y ensanchó lo público dando lugar, en el mundo privado, a la esfera pública y a la sociedad civil, esto es, a lo público social. Este nuevo espacio abrió, para decirlo rápidamente, al estado cerrado de la monarquía absoluta y lo transformó en monarquía constitucional. La ilustración jugó un papel central en este proceso de transformación y ensanchamiento de lo público. Esta historia ha sido contada, entre otros autores, por Habermas en su libro Historia y Crítica de la opinión pública burguesa. Pero el último capítulo de ese libro termina en forma pesimista cuando, al generalizarse la Radio y la TV en los 60, sostiene que se acabó la posibilidad de la deliberación de los ciudadanos y que se iniciaba la época de la manipulación. En este caso la ciencia y la tecnología, al revés de lo pasa ahora, limitaban el ensanchamiento de lo público moderno que es el resultado del diálogo y la deliberación.. Hannah Arendt, una de las más brillantes filósofas del siglo XX, fue mucho más radical cuando sostuvo que la modernización, debido a la masificación, uniformización y al conformismo social que generaba, bloqueaba toda posibilidad de emergencia de la deliberación y de la acción en el mundo moderno. En éste ya no actuamos, sólo nos comportamos. Recientemente esa visión pesimista ha sido expresada por Giovanni Sartori en el Homo Videns.

El pesimismo de los 60 fue revertido por el mismo Habermas en obras posteriores (especialmente en Teoría de la Acción Comunicativa y Facticidad y Validez) en las que sostiene que en el mundo moderno coexisten el mundo de los subsistemas (económico, sociocultural, político) y el mundo de la vida (de los individuos), que en el primero reina la racionalidad instrumental que considera a los individuos como medios para conseguir determinados fines, que en el mundo de la vida se desarrolla la racionalidad comunicativa que permite el debate público y la argumentación crítica y racional y que en los subsistemas nos comportamos mientras en el mundo de la vida actuamos. Lo público y lo privado atraviesan los subsistemas (en donde el sistema político es público) y el mundo de la vida (en donde lo público se expresa institucionalmente en la esfera pública y en la sociedad civil) e interactúan a través de funciones (los subsistemas) y acciones (los individuos). Entre ellos no hay linderos precisos, sobre todo en el mundo de la vida. Tener un hijo extramatrimonial es un asunto privado, pero, si casi todos llegan a saberlo y el padre es presidente de la república, se convierte en un asunto público, lo que exige dar explicaciones públicas. Los medios adelgazan crecientemente esos linderos e invaden la vida privada e íntima. Una tecnología invasora puede ser contrarrestada con otra que defienda y proteja nuestro espacio privado e íntimo. Algo ayuda el zapping, pero no basta. La preocupación central no debiera colocarse en la improbable desaparición de lo privado y de lo íntimo sino en el creciente interés de los gobiernos y los estados por recortar y limitar la presencia, indispensable para controlarlos y fiscalizarlos, de lo público social. Los intentos de proponer nuevas leyes para proteger supuestamente la vida privada no son sino pretextos de los gobernantes para limitar la capacidad de control y de fiscalización de la esfera pública, de la sociedad civil y de los ciudadanos sobre estados y gobiernos.

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Sinesio López Jiménez

Es una redundancia. Si son políticas ya son públicas. Pero quizá la redundancia tiene sentido porque, en este caso, se quiere subrayar el doble sentido que tiene lo público. Público es el Estado cuando se abre a la libertad y a la participación de los ciudadanos.(No siempre el Estado fue público. Hay también estados y gobiernos cerrados. La monarquía absoluta fue un estado cerrado. El estado oligárquico latinoamericano fue un estado semi-cerrado Una dictadura es un gobierno cerrado). Pero lo público se extiende también a la esfera pública y a la sociedad civil. Una política pública comprende ambos sentidos (lo público estatal y lo público social) cuando se trata de discutir, establecer prioridades y decidir las acciones que debe desarrollar el gobierno. Pero el diseño y la ejecución de las políticas públicas son tareas propias de los expertos y de quienes tienen responsabilidad de gobierno. El control y la fiscalización de la esfera pública, de la sociedad civil y de la ciudadanía pueden acompañar la ejecución de las políticas públicas para garantizar la eficacia y la transparencia, pero no puede interferir en ella porque eso genera problemas de gobernabilidad. Todos estos temas han sido expuestos y discutidos masivamente en el auditorio de derecho de la PUCP entre el 28 y el 30 de Octubre en el Aula Magna cuya organización, este año, fue encargada por las autoridades universitarias a la flamante Escuela de Gobierno y Políticas Públicas que dirige Henry Pease.

En este breve artículo voy resumir lo que sostuve en la exposición del tema que me tocó desarrollar: La ciudadanía, el Estado y las políticas públicas. Los gobiernos democráticos despliegan sus acciones para atender las necesidades y demandas de los ciudadanos. Esta el razón de ser de los Estados y los gobiernos democráticos. Se gobierna para todos los ciudadanos. Pero las cosas no siempre son así. En el Perú, por ejemplo, los ciudadanos demandan diversos tipos de derechos al Estado, pero éste despliega políticas insuficientes e inadecuadas para atenderlos. Algunos de estos derechos son cuestionados y no reconocidos. Tal es caso de los derechos sociales. En otros casos (la libertad de asociación y de expresión de las ONGs), pese a que son reconocidos, no son siempre derechos respetados. Los ciudadanos demandan derechos civiles (libertades individuales) que tienen que ver con la igualdad ante la ley pero el Estado aplica políticas de discriminación: Mas del 90% de los peruanos (en algunas regiones llega casi al 100%) cree que no existe igualdad ante la ley entre ricos y pobres, entre blancos y cholos, entre limeños y provincianos, entre hombres y mujeres, entre educados y analfabetos, etc. La mayoría de los ciudadanos reclama el reconocimiento de y el acceso a los derechos sociales (empleo, salud, educación, seguridad) que tienen que ver con la igualdad de oportunidades, pero el Estado no ofrece las garantías necesarias (recursos materiales e institucionales) para que ellos puedan gozar de esos derechos. Más de la mitad de los peruanos cree que los derechos al empleo, a la salud y a la seguridad no están garantizados y más de tercio de ellos siente que el derecho a la educación tampoco lo está. Más del 70% de los peruanos exigen que el Estado cumpla funciones distributivas, cerca del 40%, que integre a la población. Casi un tercio de la población demanda que el mercado funcione para que todos puedan acceder a ingresos. El Estado, sin embargo, deja de lado, las políticas distributivas y de integración y sólo plantea débiles políticas de regulación.

Los contenidos y la intensidad de estas demandas de derechos dependen de factores socioculturales (edad, sexo, educación, grupo ocupacional, categoría ocupacional, nivel de ingreso, estrato social, relación urbano-rural). Las garantías de los derechos civiles (igualdad ante la ley) son reclamadas por todos, independientemente de sus características socioculturales. Las garantías de los derechos sociales (igualdad de oportunidades), empero, son exigidos por los sectores populares. A medida que más se baja en la escala social crece esta exigencia y a medida que más se asciende en la misma aumenta la demanda de protección de los derechos civiles. El conocimiento de los derechos y de las garantías que ofrece el Estado dependen del nivel de acceso a los medios de información: Los que más acceden a los medios (TV, radios y periódicos), a las instituciones educativas (incluidas las bibliotecas) y al internet tienen un mayor conocimiento de los derechos y de las garantías. En cambio, los que están desconectados o poco conectados con esos medios, tienen un bajo nivel de conocimiento de los mismos. Finalmente, no existe un solo tipo sino varios tipos de ciudadanos. La variedad depende de la cultura política. Los estatistas-comunitaristas (38.2%) exigen que el estado sea más distributivo e integracionista, los liberales (7.9%) demandan al estado la promoción del mercado y la protección de las libertades y de la iniciativa individual, los estatistas-liberales (46.4%) piden un estado distributivo que al mismo tiempo promueva el mercado y respete las libertades individuales y los comunitaristas-liberales (10.6%) piden un estado integracionista que aliente el desarrollo del mercado y de las libertades.
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Sinesio López Jiménez

Todo estaba fríamente calculado. Jehude no es un aerolito caído del cielo sino que todo estaba escrito ya en los designios de García antes de asumir la Presidencia de la República. Esto es lo que nos dice, en síntesis, Carlos Franco en una esclarecedora entrevista concedida al diario La Primera. Recuerda Franco que García le habría manifestado que los dirigentes políticos de los países emergentes (particularmente China y Brasil) le habrían aconsejado la estrategia a seguir durante su gobierno. Este debería desarrollarse en dos etapas claramente definidas. Una primera, de apertura a las inversiones y de impulso al crecimiento económico y la segunda, de distribución del crecimiento. Con Jehude habríamos entrado a esta segunda etapa. Franco añade y supone que todos los poderes y los ministros tienen que someterse a esta lógica y que aquellos ministros que no encajen en ella tienen que abandonar sus cargos. Pero lo que no dice Franco ni García previó es que, con la crisis del capitalismo mundial, hemos entrado a la época de vacas flacas y que hay poco, muy poco, por distribuir. Lo que viene probablemente es un proceso de cambios que ponen en cuestión el modelo económico y el Estado neoliberal. Sugiero aquí un conjunto de hipótesis de lo que probablemente se viene con la crisis del capitalismo mundial, una vez abandonada la idea optimista, para no calificarla de otra manera, de que el Perú es un país blindado. Esta tesis es tan peregrina como la de afirmar que en el mundo llueve a cántaros, pero el Perú no se moja. Todo no puede ser igual que antes. Muchas cosas van a cambiar. Después del colapso de Wall Street nada puede ser lo mismo.

En primer lugar, se ha iniciado un cambio en el modelo neoliberal. No sólo han quebrado algunos bancos poderosos. También han entrado en crisis algunas ideas sobre las cuales se construyó el orden neoliberal. La autorregulación del mercado como un mecanismo infalible de funcionamiento de la economía. La ganancia ilimitada como motor del sistema económico y como criterio de racionalidad humana. El Estado abstencionista. Todos estos mitos neoliberales han sido puestos en cuestión. Quienes los han puesto en cuestión?. Los mismos neoliberales que se han visto obligados apelar al Estado para que los que saque del abismo al que los ha conducido el mercado autorregulado y la codicia. Es muy probable que el capitalismo, especialmente el del tercer mundo, pase de la autorregulación de la economía a una mayor regulación estatal. El capitalismo no se ha hundido ni es previsible su hundimiento en el corto y mediano plazo. Con la crisis actual lo que ha comenzado es el fin del capitalismo salvaje que impuso una autorregulación del mercado sin permitir la protección ni la autoprotección de la sociedad. El capitalismo sin derechos parece haber llegado a su fin, lo que va a dar origen a un capitalismo más regulado y a una presencia mayor del Estado. En segundo lugar, es probable que se produzca una recomposición de la coalición social y política que dio origen a la economía y al Estado Neoliberal. Es posible que los organismos financieros internacionales, especialmente el FMI, se replieguen desprestigiados, una vez que han demostrado su ineficacia en la gestación y en el manejo de la crisis actual. Simultáneamente es posible que algunas facciones de esa coalición, los industriales por ejemplo, adquieran más presencia y fuerza en ella. Esa recomposición se puede acelerar con la profundización de la crisis económica, social y política en los dos años venideros.

En tercer lugar, es probable que la coalición recompuesta comience a gestar un nuevo modelo de desarrollo capitalista que, sin enclaustrarse en cada país, mire hacia adentro y que impulse a través del Estado un cambio significativo en las políticas públicas tanto económicas como sociales que hagan viable y expresen ese nuevo modelo de desarrollo. En ese contexto es posible que el Estado desempeñe un agresivo papel distributivo y regulativo. En cuarto lugar, es muy probable que se produzca una reactivación social y política de las clases medias, populares y pobres cuyas demandas y soluciones van a marcar la dinámica de la coyuntura política en los próximos años. En quinto lugar, la nueva situación generada por la crisis del mercado autorregulado lleva a la revalorización de la política, de los políticos, de los partidos y del Estado. Es posible que todo eso implique una renovación de la política a la vez que la reconstrucción de un espacio en el que la gente pueda resolver sus problemas y crea que puede también realizar sus sueños. Finalmente, las elecciones del 2011 se van a realizar en un contexto desfavorable para el Apra y la derecha y favorable a los candidatos que postulen un modelo de desarrollo inclusivo y una organización moderna y democrática del Estado que incorpore social y política al mundo de los pobres y de los excluidos.

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Sinesio López Jiménez

La Presidencia de la República en el 2011 pasa por el premierato en el 2008. Esa es, al parecer, la apuesta audaz de Jehude Simon. Esa apuesta revela no sólo una legítima ambición política y un enorme acto de voluntad puesta a su servicio sino también una cierta racionalidad. A los políticos y a los analistas sorprende este tipo de decisión en una situación difícil para el país y para el mundo. Pero la decisión de Jehude sorprende, sobre todo, porque recibe un cargo y un encargo complicados de un gobierno desgastado que no supo aprovechar las enormes oportunidades que ha tenido el Perú en estos últimos años para gobernar para la mayoría de los ciudadanos, que ha dilapidado su capital político en tiempos de vacas gordas y que no sabe como manejarse en tiempos de vacas flacas porque no ha sabido guardar pan para mayo. Muchos políticos actúan más bien a la defensiva en circunstancias complicadas y en tiempos de turbulencia como los actuales. No quieren quemarse. Cuidan su imagen al máximo y esperan tiempos mejores para desplegar las acciones necesarias que los conduzcan a los objetivos deseados. Pero Jehude ha hecho todo lo contrario en un acto de audacia que, al parecer, opaca la racionalidad de su decisión. Los pensadores clásicos que apostaron a la Fortuna (Aristóteles) o a la Providencia (Tomás de Aquino) aconsejaban manejarse con prudencia cuando se trata decidir y actuar en los asuntos de gobierno. No quedaba otra cosa si los hombres operaban en un terreno y en un tiempo que no controlaban porque no era suyo sino de la Providencia y de la Fortuna. Maquiavelo, pensador y político moderno que apostó a la virtud cívica como una forma de construir una historia propiamente humana a través de la política, aconsejaba, en cambio, la audacia en circunstancias difíciles. En la misma línea de pensamiento Trotsky pensaba que la prudencia nada grande había conseguido en la historia. Sabiéndolo o no, Jehude parece pertenecer a la estirpe moderna de políticos.

El premierato le da una proyección nacional que no había logrado como presidente regional ni como primer coordinador de los presidentes regionales. Pese a que no tiene todas las riendas del Poder Ejecutivo como sucede en los gobiernos parlamentaristas y semi-presidencialistas y pese a que debe ser difícil ser primer ministro de un alguien que se cree un rey-filósofo (aunque esté en franca decadencia), el premierato coloca a Jehude Simon como el segundo de a bordo, lo que no es poca cosa. Pese a que no ha logrado colocar todo equipo de gobierno sino sólo a seis ministros, pese a que García se reserva para sí y para los suyos (Apra e independientes colocados por él) el control del dinero (Economía y Finanzas) y de las armas (Defensa e Interior) y pese a que su propio equipo ministerial ni siquiera controla todas las políticas sociales, la voluntad política de Jehude, la calidad de su pequeño equipo de gobierno y sobre todo, la enorme confianza en sí mismo, que parece tener y cultivar, puede ayudar a superar algunas de estas adversidades. Quizás puede avanzar hasta el control de todos los ministerios sociales, mostrando eficacia decisoria y logrando vistosos resultados en los que ahora directamente opera. Será muy difícil que logre imponerse en el manejo de Economía y Finanzas y en Defensa e Interior que constituyen los verdaderos asientos del poder. Los responsables y operadores de esos ministerios son los verdaderos guardianes del modelo económico y del Estado neoliberal. Un cambio de equipo en esos ministerios, sobre todo en el de Economía y Finazas, pasa por una recomposición de la coalición social y política que defiende el actual orden económico y político y que constituye el soporte firme de García. Eso escapa a la gran voluntad de Jehude. Esa recomposición puede producirse en medio de una crisis económica, social y política de ciertas proporciones, lo que aún no es el caso. Ella puede venir el próximo año en el que la crisis será más profunda y se sentirá más en la economía (los indicadores macroeconómicos y el presupuesto) en lo social (empleo, ingresos, pobreza), en la política (protestas sociales, pérdida acentuada de legitimidad, crisis políticas, represión, etc).

Para gobernar con eficacia no basta la confianza eventual del presidente. Tampoco son suficientes la audacia, la voluntad política y la calidad del equipo de gobierno. Es necesario contar con un poder propio: un partido organizado. Este no puede ser sustituido por un ministerio que, después de todo, es siempre prestado y efímero. La organización es poder. Pese a la importancia actual de los medios en el campo de la política, los partidos siguen jugando un papel importante en la lucha política y en la conquista del gobierno. Lo que puede llenar, por ahora, la ausencia de un partido que sostenga la apuesta política del primer ministro puede ser la formación de un amplio frente de los gobiernos regionales. Si Jehude lograra esa hazaña, tendría una herramienta decisiva para lograr, si no todos los objetivos propuestos de común acuerdo con García, al menos algunos de ellos para salir bien librado del desafío que él mismo se ha impuesto. Que la Providencia y la Fortuna lo acompañen.
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Sinesio López Jiménez
Esta no es una lectura más. Tampoco es la lectura. Es una forma de leer un fenómeno complejo –el desplome de Wall Street- mirando más allá del mito del mercado autorregulado y de la falta o de las deficiencias de la regulación estatal para ofrecernos una mirada sistémica de la crisis del capitalismo actual a partir de la gran motivación que lo mueve: la ganancia. Resumo y cito en extenso un interesante artículo de Walden Bello, economista y politólogo, profesor de ciencias políticas y sociales de la Universidad de Filipinas y miembro del Transnational Institute de Amsterdam, publicado en Sin Permiso, revista de izquierda, editada en Madrid, que circula también en la Webb. Para George Soros lo que está pasando es la crisis del “gigantesco sistema circulatorio de un sistema capitalista global… que está reventando por las costuras”. Según Bello estamos asistiendo a una crisis de sobreproducción o sobreacumulación: “Se trata de la tendencia del capitalismo a construir una ingente capacidad productiva que termina por rebasar la capacidad de consumo de la población debido a las desigualdades que limitan el poder de compra popular, lo cual termina por erosionar las tasas de beneficio”. Todo comenzó en 1945, con un período de rápido crecimiento económico en el centro y en la periferie, y terminó en los 70, con la estanflación (bajo crecimiento con inflación alta) que expresaba una crisis profunda del capitalismo: el crecimiento de una enorme capacidad productiva y de una competencia global “mientras que la desigualdad social … limitó globalmente el incremento del poder adquisitivo y de la demanda, resultando así erosionada la tasa de beneficio. La drástica subida de precio del petróleo en los 70 no hizo sino agravar la cosa”.
“El capital ensayó tres vías de salida del atolladero de la sobreproducción: la reestructuración neoliberal, la globalización y la financiarización”. La reestructuración neoliberal en el Norte (reaganismo y thatcherismo) y en el Sur (ajuste estructural) buscó revigorizar la acumulación a través de: 1) la remoción de las restricciones estatales al crecimiento y a los flujos de capital y de riqueza y 2) la redistribución del ingreso de las clases populares y medias a los ricos con la finalidad de motivar a los ricos a invertir y aumentar el crecimiento económico. Esta última medida restringió la demanda sin aumentar necesariamente la producción. La reestructuración neoliberal tuvo un pobre desempeño en los 80 y 90 tanto en el Norte como en el Sur. La segunda vía para enfrentar la estanflación “fue la “acumulación extensiva” o globalización, es decir, la rápida integración de las zonas semicapitalistas, no capitalistas y pre-capitalistas a la economía global de mercado”, accediendo d este modo al trabajo barato, a mercados nuevos, a materias primas y productos agrícolas baratos. “La integración se produce a través de la liberalización del comercio, removiendo los obstáculos a la movilidad del capital y aboliendo las fronteras para inversión exterior”. El papel de China es paradigmático en este sentido: un número significativo de grandes corporaciones para contrarrestar la reducción de sus ganancias “han trasladado una parte significativa de sus operaciones a China a fin de aprovechar las ventajas del llamado “precio chino”. (…). A mediados de la primera década del siglo XXI, entre el 40 y el 50 por ciento de los beneficios de las corporaciones estaunidenses dimanaban de sus operaciones y ventas en el exterior, y señaladamente, en China. El problema con esta vía de salida del estancamiento es que exacerba el problema de la sobreproducción, porque añade capacidad productiva. La china de los últimos 25 años ha venido a añadir un volumen tremendo de capacidad manufacturera, lo que ha tenido por efecto deprimir los precios y los beneficios…las tasas de beneficios de las 500 de Fortune pasó de 7.15 en 1960-69 a 5.30 en 1980-90 y a 1.32 en 2000-2002”.
La tercera vía es la financiarización: “En el mundo real del capitalismo tardío, con la inversión en la industria y en la agricultura arrojando magros beneficios por causa de la sobreproducción, grandes cantidades de fondos excedentes circulan y son invertidas y reinvertidas en el sector financiero. Es decir, el sistema financiero, gira sobre sí mismo. El resultado es que se ensancha el hiato abierto entre una economía financiera hiperactiva y una economía real en estancamiento… La economía financiera se disparó precisamente para hacer frente al estancamiento dimanante de la sobreproducción de la economía real. El problema de invertir en operaciones del sector financiero es que equivale a exprimir valor de valor ya creado. Puede crear beneficios… pero no crea nuevo valor –sólo la industria, la agricultura, el comercio y los servicios crean valor nuevo-. Puesto que los beneficios no se basan en la creación de valor nuevo o añadido, las operaciones de inversión resultan extremadamente volátiles, y los precios de las acciones, las obligaciones y otras formas de inversión pueden llegar a divergir radicalmente de su valor real… Los beneficios dependen, entonces, del aprovechamiento de las ventajas ofrecidas por movimientos de precios que divergen del alza de valor de las mercancías, para vender oportunamente antes que la realidad fuerce la “corrección” a la baja para ajustarse a los valores reales. El alza radical de los precios de un activo, mucho más allá de los valores reales, es lo que se llama la formación de una burbuja”. Esta es la que ha estallado en Wall Street y en las bolsas de valores del mundo.
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Sinesio López Jiménez

José Aricó, uno de los intelectuales más destacados de América Latina, argentino, autodidacta y estudioso original de José Carlos Mariátegui, decía que el Perú, si se miraba el conjunto de países latinoamericanos, era un país laboratorio. Un país en cuya actualidad coexisten diversos tiempos históricos, modos de desarrollo contradictorios, formas de dominación social diferentes, identidades culturales contrapuestas, geografías complejas y quebradas. Un país abierto a la sorpresa y a lo inesperado. Propicio para el análisis y difícil para la vida. En el Perú se puede morir de hambre, pero nunca de aburrimiento. Lo que se dice del Perú se puede extender a la región andina y a cada país que la integra considerando, desde luego, las peculiaridades que provienen de las historias particulares. Eso es Bolivia hoy. Un escenario dramático en el que se anudan diversos problemas de difícil solución. En primer lugar, el modelo de desarrollo que confronta a los partidarios del neoliberalismo y los que se oponen a él. En segundo lugar, la polarización social que enfrenta a las clases acomodadas con las clases populares y los sectores pobres y muy pobres. En tercer lugar, las identidades culturales que contraponen a los cambas y a los collas. Todas esas tensiones y contradicciones se expresan en la difícil geografía boliviana. Y se expresan también en la política entre la derecha y la izquierda.

La pregunta de fondo que hay que formularse es si es posible proponer y organizar una solución democrática a este conjunto contradictorio de problemas explosivos. Los actores centrales del conflicto han imaginado y propuesto salidas provenientes del arsenal político de la democracia directa: los referéndums. Tanto los “autonomistas” como los defensores de la integridad territorial han apelado a ese mecanismo de la democracia directa. Comenzaron los autonomistas y tuvieron la oposición del gobierno central que los declaró ilegales. Pero Evo Morales apeló al mismo mecanismo para frenar a los movimientos separatistas y afirmar la integridad territorial. Puso en juego su propio poder y el poder de los separatistas. Tuvo un triunfo resonante, pero, salvo uno, triunfaron también los separatistas en sus respectivas regiones. La situación, sin embargo, sigue sin resolverse. Las preguntas que surgen de inmediato son las siguientes: ¿se agotó la salida democrática?.¿La confrontación es inevitable? ¿Ante los intentos separatistas y violentos de algunas regiones, al gobierno de Evo Morales no le queda otra salida que la declaratoria del Estado de excepción?. La reunión de los países de América del Sur y sus acuerdos ayudan, pero no resuelven el nudo gordiano que asfixia a Bolivia. La solución es interna. Si es así, ¿cuál es salida?. Por los antecedentes conflictivos que ha tenido Bolivia desde hace mucho tiempo, pero sobre todo desde los 90 en adelante, se puede afirmar que tampoco funciona la democracia representativa basada en la regla de la mayoría. El movimiento indígena, cuando era oposición social y política de los gobiernos democráticamente elegidos, formuló agresivamente demandas propias de una sociedad y de un Estado multinacional: identidad, autonomía territorial y formas de representación propia. Una vez que ganó el poder con el triunfo mayoritario de Evo Morales, ese movimiento defiende la integridad territorial. En esta nueva situación, son las regiones de “la media luna” las que organizan movimientos autonomistas y hasta separatistas.

Estas demandas agresivas de autonomía por ambas partes, en momentos y situaciones diferentes es cierto, hacen inviable una democracia mayoritaria, esto es, basada en la regla de la mayoría. Ellas, por el contrario, exigen un cambio de formato de la democracia si las partes quieren mantener a Bolivia en ese camino ¿ Cuál ese nuevo formato?. La democracia de consenso que es la democracia propia de las sociedades plurales o multinacionales (Canadá, Bélgica, Suiza, India, Isrrael, España, entre otros).¿Cuáles son las características de la democracia del consenso? La vigencia de cuatro instituciones fundamentales la definen: gobierno de coalición formado por los líderes de los grupos culturalmente diversos, la autonomía de los diversos grupos que coexisten en el país, el veto al que puede apelar cualquier grupo frente a determinadas decisiones con las que está en desacuerdo y la proporcionalidad en la distribución de representaciones y recursos. El análisis de este tipo de democracias es una de las contribuciones más importantes de Arend Lijphart, politólogo noruego, al desarrollo de la teoría de la democracia y de la ciencia política. Sartori sostiene, por su lado, que este tipo de democracias se basa en la ley de expectativas diferidas. Si las demandas no son igualmente intensas, es posible jerarquizarlas y, sobre esa base, tomar decisiones por consenso. Si las demandas, en cambio, son igualmente intensas, el país, en ese caso, está condenado a la dictadura o a la fragmentación. Espero que este no sea el camino Bolivia.

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