Sinesio López Jiménez
El pegajoso calor de este verano es acompañado por el lento calentamiento de la escena política. Se está produciendo una serie de movidas políticas (en el gabinete, en el congreso, en las regiones y en algunos partidos) que expresa ensayos preparatorios del partido de fondo que se jugará en el 2011. En la salida del ministro Hernani y su reemplazo por Mercedes Cabanillas se han combinado el desgaste temprano de un político inexperto con el juego de poder del Apra como partido y de la ex -presidenta del Congreso dispuesta a jugar sus propias fichas. El APRA recupera un ministerio que es importante no sólo para incorporar a su propia clientela al presupuesto sino también para tener en sus manos una poderosa herramienta de control político, con miras al 2011, a través de los tenientes gobernadores. Cabanillas busca hacerse un espacio político propio que le permita jugar al poder en serio no sólo dentro del partido sino en el escenario político nacional. Si le va bien en un ministerio tan difícil como el de Interior estará en mejores condiciones para disputar el poder en los dos escenarios. Es una apuesta riesgosa llena de incertidumbres. El éxito no está garantizado, pero tampoco le está negado. Si fracasa habrá perdido soga y cabra, pero si tiene éxito, puede ser la candidata del Apra en el 2011. Por lo que venía haciendo en el Congreso, ella prefería, al parecer, el Ministerio de Defensa. No lo logró, pero el de Interior no es nada desdeñable para sus fines políticos.

Velásquez Quesquén, presidente actual del Congreso, juega también sus propias fichas. Sus aspiraciones, por ahora, son más modestas que las de la señora Cabanillas. El sólo quiere ser presidente de la Región Lambayeque el 2010. Para poder competir por el cargo ha propuesto una modificación constitucional ad hoc, casi con nombre propio. Si tiene éxito se queda como presidente regional y, si fracasa, vuelve al Congreso hasta terminar el período para el que fue elegido. La propuesta parece un chiste de mal gusto. Mi hipótesis es que ella no va a prosperar por la resistencia de las oposiciones, de las regiones, de la opinión pública y de la sociedad civil. Mientras tanto en las regiones el juego político se reactiva. El desgaste político de los actuales presidentes regionales es inevitable. Aparecen nuevos actores y nuevas fuerzas regionales que buscan sustituirlos en el 2010. Se organizan poco a poco alianzas regionales con los ojos puestos en la presidencia de la república en el 2011.

Jehude Simon ha quedado fuera del juego actual de las fuerzas regionales. Para Jehude este aislamiento regional es un fracaso político. Para tener su propio juego, desplegar sus propuestas de cambio y proyectarse hacia el 2011, él debió organizar un frente de regiones que le permitiera negociar con García en sus propios términos. El desgaste del gobierno debido a la corrupción y la crisis nacional e internacional configuraban (en el momento de su ingreso al premierato) un contexto que ayudaban a Simon a plantear esas propuestas de cambio, a pelear por ellas, a organizar un frente regional como una herramienta poderosa de negociación. Lejos de hacer lo que tenía que hacer, Jehude ha terminado sometiéndose al poder de García. El costo político que debe pagar es alto. Está a punto de desaparecer incluso como actor político regional. La conciencia de este fracaso y la voluntad de reinsertarse en la competencia política del 2011 lo ha llevado a imaginar y proponer un frente del Apra con la izquierda “madura” (que él supuestamente encarna junto con otros dirigentes de izquierda, salvo Humala) para el 2011.

Lo que Jehude llama izquierda madura no existe como organización políticamente relevante. Ella es un estado de ánimo, está constituida por corrientes contestarias de opinión. Los líderes de las pequeñas organizaciones de izquierda han rechazado la invitación. Las corrientes más caudalosas de opinión contestaria votan por Humala, excluido del convite de Jehude. El Apra, más por cortesía que por convicción, ha hecho un pequeño guiño a su propuesta frentista. Para el partido de Alfonso Ugarte es una propuesta prematura. Otros problemas lo agobian. Las movidas en su seno expresan diversas ambiciones legítimas y un malestar general. El Apra ha dejado de ser un partido de gobierno. No pone ministros, ni viceministros, ni altos funcionarios. Sus propuestas con las que llegó al gobierno no tienen vigencia y apenas si puede desplegar ciertas políticas de clientela, especialmente en los ministerios que controla. A todo ello se suma una crisis ideológica agudizada por los planteamientos neoliberales de García y por la continuidad del modelo económico desde Fujimori en adelante. Si la cosa va en serio, el próximo congreso aprista puede ser un escenario de agudas confrontaciones políticas. El problema es muy complicado para el Apra que conflictúa con García, pero al mismo tiempo lo necesita.

El escenario de la derecha está también movido. Keiko Fujimori ha iniciado ya su campaña electoral buscando incidir de algún modo en el inminente desenlace del proceso judicial de su padre. Lourdes Flores deja el rectorado de una universidad privada para reentrar de lleno a la lucha política y Toledo hace esporádicas visitas al Perú para confrontarse con García y colocarse en el centro de la escena. El 2011 ya comenzó.

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Sinesio López Jiménez

Una comisión de investigación parlamentaria que nace en palacio de gobierno, que no sabe que investigar y que está integrada por las mismas fuerzas políticas que ocultaron hace poco la corrupción gubernamental sirve para cualquier cosa menos para investigar. Si a todo ello se añade el secreto como forma de trabajo, esa comisión se torna sospechosa. Es una lástima que el parlamento se castre a sí mismo maltratando una de las pocas funciones cuya vigencia puede legitimar su existencia como institución representativa. La fiscalización exigente, transparente, inteligentemente llevada, sometida al debido proceso constituye una excelente herramienta para recuperar la legitimidad y el prestigio perdido del Parlamento. Esta forma negligente de acción parlamentaria no es, sin embargo, nueva. Ella sucede sistemáticamente desde los 90 en adelante, con las notorias excepciones de las comisiones de investigación de la corrupción y de la violación de los derechos humanos entre el 2000 y el 2006. En las décadas anteriores (cuando las dictaduras entraban de vacaciones), la historia fue distinta. Para no ir muy lejos, los Congresos del 56, del 63 y del 80 tuvieron excelentes comisiones de investigación.

¿De qué depende la calidad de las comisiones investigadoras?. Mi hipótesis es que su calidad depende de un conjunto de factores. En primer lugar, que el parlamento tenga la voluntad política de fiscalizar de verdad al Ejecutivo de turno y que no renuncie a esa función constitucional. En segundo lugar, que exista un real equilibrio de poderes, particularmente entre el poder ejecutivo y el parlamento, algo que es difícil en un presidencialismo exacerbado como el peruano y en un estilo caudillista como el de García. En tercer lugar, que haya una oposición vigorosa y, sin embargo, leal a la democracia que busque legítimamente la alternancia en el poder. En cuarto lugar, que exista una élite política de calidad en el Congreso. Tengo la impresión que todos estos factores han ido desapareciendo poco a poco desde los 90 en adelante. Si el Parlamento subvalúa esta función vital de control del poder, es legítimo preguntarse para qué existe.

La pregunta es pertinente porque el control y la fiscalización del Ejecutivo y de los otros poderes constituyen una de las pocas funciones que el parlamento puede ejercer para recuperar su legitimidad perdida. En las últimas décadas su capacidad legislativa ha venido a menos, especialmente con el modelo neoliberal que concentra el poder en la cúspide, que decide en la sombra y en el secreto y que se caracteriza por un hiperactivismo legislativo que termina devaluando la función legislativa del Congreso. Al parecer, esta devaluación legislativa del parlamento es una tendencia mundial. Esto me lleva a pensar que el invento político y constitucional de Locke y de Montesquieu tiene que ser compensado con la propuesta de Tocqueville. Hay que compensar el equilibrio debilitado en la distribución funcional del poder con el equilibrio en la distribución territorial del mismo.

Otra función importante que el Parlamento ha ido perdiendo es su participación en todo lo que se refiere a la elaboración, aprobación y aplicación del Presupuesto de la República. Todo se limita a una aprobación formal francamente irrelevante. Eso tiene que ver probablemente con las incapacidades técnicas del parlamento peruano y latinoamericano. Otras funciones que se están extinguiendo lentamente son el debate público y la representación política. Se extraña los Congresos Constituyentes del 31 y del 79 – 80, el Congreso del 56, épocas en las que el parlamento fue un verdadero foro nacional en donde se discutían con brillantez los grandes problemas nacionales y mundiales. Es evidente que el Parlamento ya no considera al debate público como una de sus funciones o no le presta la atención que merece. En el Congreso actual, por añadidura, ya no hay quien discuta. Es comprensible, por eso, la incomodidad y la desubicación de un polemista de polendas como Javier Valle Riestra. Con la crisis de los partidos, el parlamento se ha desdibujado también como espacio de representación política de las diversas clases y grupos sociales del país. Ni el parlamento las representa ni ellas se sienten representadas en él. El parlamento reproduce, de ese modo, la crisis de representación partidaria. Aparecen entonces otros espacios y otras formas de representación.

En resumen, el parlamento es una institución crecientemente devaluada. Poco a poco ha ido perdiendo algunas funciones importantes. Este rápido diagnóstico obliga a plantear una reforma seria y profunda del parlamento que vaya más allá de las reformas administrativas y procedimentales para discutir sus funciones y sus relaciones con el Ejecutivo y otros poderes del Estado. Eso lleva, a su vez, a discutir la forma de gobierno caracterizada, en la práctica, por un presidencialismo exacerbado y por la democracia mayoritaria plebiscitaria.
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Sinesio López Jiménez

Hay ideas y creencias que se mantienen y sostienen a lo largo de los tiempos. Ellas sobreviven a los cataclismos sociales, a las revoluciones políticas, a los cambios económicos, a los vaivenes de la demografía, a las evoluciones lentas y moleculares de las sociedades y los estados. Para entenderlas, los historiadores franceses de los Annales apelan a la categoría teórica de civilización que, en contraposición a la de modo de producción, permite comprender todas las historias, particularmente la de la larga duración. Este es el caso de la idea de lo público. En el mundo griego, lo público aparece en la ciudad-estado como contrapuesto a la familia que pertenece al mundo privado. Lo público es la acción (praxis) y el discurso (lexis) desplegados por los ciudadanos en la polis. La acción y el discurso coexisten y son iguales: la mayor parte de la acción política se realiza con palabras y el hallazgo de las palabras oportunas en el momento oportuno es acción. El pensamiento y la información quedan en un segundo plano. La pura violencia, propia del mundo privado, es muda, razón por la cual ella nunca puede ser grande (Arendt). Poco a poco hubo un desplazamiento de la acción por el discurso: “Ser político, vivir en una polis, significaba que todo se decía por medio de palabras y de persuasión y no con la fuerza y la violencia” (Arendt). Para los griegos mandar en vez de persuadir eran formas pre-políticas. García, quien entre nosotros se hace pasar como el político por excelencia, pertenecería al mundo pre-político de los griegos.

Lo público es también el espacio de la libertad (gracias a que la familia del mundo griego resuelve las necesidades vitales) y es también el centro de la igualdad (que significaba vivir y tratar sólo entre pares). Lo público implica, por un lado, la excelencia (areté en Grecia, virtus en Roma) y, por otro, lo duradero. Para los griegos, sólo los que viven en lo público (los ciudadanos de la polis) alcanzan la perfección y duran en el tiempo (sin llegar a la eternidad) más allá de lo efímero. Hanna Arendt, conocedora profunda del mundo helénico, sostiene que sólo los sentimientos fuertes, como el amor y el odio, se evaporan cuando se hacen públicos. Por esa razón –le faltó añadir pese a que tenía experiencia para decirlo- los mejores son los amores clandestinos.

En el mundo medieval el hombre de acción fue reemplazado por el hombre de la fe, la oscuridad de la vida cotidiana chocaba con el esplendor de lo sagrado y la vida pública, que nacía del debate público y de la acción de los ciudadanos en el mundo clásico, se extinguió en la práctica. Ella fue reemplazada por la publicidad representativa (Habermas), basada en la autoridad de la fe y en la exhibición del poder. El saeculum, el lugar y el tiempo en donde viven los seres humanos, formaba parte de la historia de Dios. El humanismo cívico entre los siglos XII y XV, uno de cuyos representantes más ilustres fue Maquiavelo, buscó construir una historia propiamente humana a través del republicanismo, colocando en el centro de esa historia las ideas de bien común, de virtud cívica y de ciudadanía activa. Esa tarea indujo al republicanismo cívico a recrear la experiencia de Roma republicana y a enfrentar al imperio feudal y al papado.

En el mundo moderno, gracias a los profundos cambios culturales, económicos, sociales y tecnológicos, emerge la esfera social que, en la perspectiva de Arendt, no es pública ni privada, que desdibuja sus linderos y anula acción y el discurso. Lo público, se empobrece y queda reducido, en la monarquía absoluta y en Hobbes, a la relación de autoridad que ejerce el soberano para proteger al ciudadano que, a cambio, le debe obediencia. Los hombres y las mujeres ya no actúan sino que se comportan. La esfera privada moderna es, en cambio, tremendamente rica debido al desarrollo del individualismo moderno. Ella es opuesta tanto a la esfera social como a la esfera política. Su función es proteger lo íntimo que es un invento del siglo XVIII, para lo cual se muestra más opuesta a lo social, pese a su cercanía, que a lo político. Gracias a la emergencia de la sociedad de mercado y a la sociedad de individuos (Polanyi), lo público reaparece como producto del ejercicio público de la razón (Kant, Habermas, Koselleck). La crítica de los cafés y los salones, la argumentación racional de la prensa y la Ilustración ensanchan los linderos de lo público, crean la esfera pública y la sociedad civil y, desde ellas, abren al estado cerrado y monopólico de la monarquía absoluta, transformándola en una monarquía constitucional y en una democracia.

Pese a los cambios brevemente reseñados a lo largo de la historia, se ha mantenido la fuerza política de la publicidad (Habermas) en sus tareas de mejora y perfeccionamiento de las instituciones del Estado. Para el Perú actual, la lección es clara. Que se abran todas las puertas del Estado y del gobierno. Que circule aire fresco. Que todo lo oculto salga a la luz. Que se hable en voz alta. Que se decida y actúe en público. Que todos los políticos y los funcionarios muestren las manos. Que todos los ciudadanos vean, oigan y sepan todo lo que pasa en el Estado, salvo lo que concierte a los asuntos de la seguridad nacional.

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Sinesio López Jiménez

En la política como en otras dimensiones de la vida el azar existe. Pero ese no es el caso de los petro-audios. Estos tienen sus explicaciones. Aquí sugiero una. Mi hipótesis es que el chuponeo telefónico es una forma de abrir a la mala ciertos estilos políticos (caudillismo patrimonialista), estados y gobiernos cerrados y corruptos. Si los políticos y los funcionarios actuaran con trasparencia, si los gobiernos fueran realmente democráticos y los estados fueran abiertos a la crítica y a participación de los ciudadanos, el chuponeo sería innecesario.

Hablan mucho, pero les encanta el secreto del poder que ejercen. Usan la palabra para ocultar, no para revelar. Les disgusta la crítica. La confunden con el delito y la subversión. Sólo les gusta el aplauso. Su juego favorito es el monopolio del poder. Pretenden tener también el monopolio del saber. Ellos creen que todo lo pueden y que todo lo saben. En esa medida, desprecian a los ciudadanos de a pie. Se creen dueños del país. Todo lo quieren poseer (si son estatistas) o todo lo quieren vender, incluido el mar como en el Otoño del patriarca (si son liberales). Como niños con juguetito nuevo, se deleitan con la exhibición de su poder. Les encanta la solemnidad y la rigidez del gesto. El poder que ejercen (y les gusta ejercer) se traduce en expresión corporal. Caminan como pavos reales. Como al patriarca de García Márquez les encanta el monólogo y les disgusta el diálogo. Ahora, la pregunta por un millón de soles. ¿De quien es este perfil? ¿De Velasco Ibarra?, ¿De Hugo Chávez? ¿ De García?. En realidad, ese perfil puede ser de cualquiera de ellos. Es el perfil de los caudillos y de los que se sienten caudillos.

Todo poder tiende a ser monopólico y cerrado. Esta parece ser una aspiración universal que cultivan los que lo detentan tanto en Occidente como en Oriente. La monarquía absoluta europea tuvo todos los monopolios (principio de potestad, la decisión, la fuerza, la ley, la administración, la justicia –Hobbes postulaba incluso el monopolio de la propiedad-) y fue un estado cerrado. Los estados oligárquicos de América Latina no han tenido esos monopolios, pero han sido cerrados y les ha encantado el silencio. Ellos se parecen más a los estados feudales clásicos que a las monarquías absolutas. El estado feudal clásico poseía una soberanía limitada. La titularidad del poder reposaba en Dios y en su representante en la tierra, el Papa. Este los coronaba en nombre de Dios, les autorizaba el ejercicio legítimo del poder y les vendía la idea de que eran herederos del Imperio Romano. (Algunos se lo tomaron en serio y disputaron el poder al Papa). La asamblea de príncipes, además, regulaba su capacidad coercitiva e impositiva. No existía, en la práctica, la idea de soberanía. El poder de los estados oligárquicos, en cambio, no provenía de la mano invisible de Dios sino de la santidad de las costumbres, del control limitado de la fuerza o de una participación electoral muy limitada.

Todos estos estados en Europa y en AL desaparecieron gracias a las luchas democráticas de los ciudadanos. Las democracias acabaron con el monopolio del poder (salvo el de la coerción) y con la cerrazón y los secretos. Esto supuso tres cosas: la apertura al diálogo, al debate público y a la competencia (la libertad); la inclusión política de todos los ciudadanos a través de la participación electoral (la igualdad política y la representación); y la actuación transparente del Estado y del gobierno (a través de la accountabilitiy). Inglaterra se abrió primero a la libertad y luego a la participación; Alemania de la República de Weimar, primero a la participación y luego a las libertades y Francia, a las dos cosas al mismo tiempo a través de la revolución de 1789. América Latina ha salido de sus estados oligárquicos a través de tímidas aperturas a las libertades (los liberales) y a través de la participación (los populismos). Como es obvio, en AL no existió la ruta francesa. Las democracias tempranas (Chile, Costa Rica y Uruguay) recorrieron la ruta liberal-democrática a cabalidad. Las democracias tardías (la del Perú entre ellas), en cambio, no han logrado recorrer plenamente ni la ruta liberal-democrática ni la ruta democrática-liberal. Colapsaban y venían las dictaduras. Estas se agotaban y volvían las tímidas democracias, dibujando, de ese modo, un movimiento cíclico. Las democracias tardías son incompletas.

En el proceso de construcción democrática ha jugado un papel central la crítica. Más amplia y eficaz en Europa que en AL. La crítica desplegada en los cafés, en los salones, en la prensa, en las logias secretas, en las universidades y la academia (la Ilustración) abrió los estados cerrados, cuestionó sus monopolios y contribuyó a convertir las monarquías absolutas (los estados oligárquicos en AL) en monarquías constitucionales y en democracias en el caso europeo. La crítica consistió en hacer público lo que, en el Estado, era cerrado y secreto. Ella desempeñó el mismo papel del chuponeo de ahora en lo que se refiere a los asuntos del Estado. En resumen, creo que la moraleja que fluye de mi análisis es clara. Menos caudillos, más apertura, más critica, más transparencia, más democracia.

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Sinesio López Jiménez

Antes revelaron lo que hoy ocultan. El significado de las cosas en la política no es siempre el mismo. El depende no sólo del sentido que los políticos buscan otorgar a sus actos sino también del contexto en el que actúan. Los petro-audios, que revelaron en su momento la corrupción del gobierno aprista, hoy la ocultan. El interés de una gran corporación (en competencia) con sangre en el ojo hizo estallar el escándalo de los petro-audios que mostraban la vergonzosa corrupción del gobierno aprista en la concesión de los pozos petroleros a otra corporación, buscando llevarse de encuentro, al mismo tiempo, a Petro-Perú y a sus altos funcionarios. Hoy el gobierno ha logrado controlar la situación que se le había escapado de las manos. Quedan, sin embargo, algunos muertos y heridos: La Discovery Petroleum International, Petro-Perú y sus intentos de volver a la exploración. El fujimorismo y Unidad Nacional acudieron en auxilio de García y del gobierno elaborando el vergonzoso informe en mayoría de la Comisión Investigadora del Parlamento para ocultar la corrupción. La coalición derechista trata de controlar los daños, limpia a los ministros de toda responsabilidad y circunscribe la corrupción a una red de funcionarios públicos en connivencia con algunos empresarios y sus representantes.

Al mismo tiempo la Fiscalía y García (en coordinación) tienden una cortina de humo del ocultamiento del delito, presentan y colocan en el primer plano de la escena a los autores de los petro-audios y del chuponeo, desplazan al último plano a la corrupción que estalló en su cara, ponen en tensión las relaciones del gobierno con la Marina, tratando de salvar al almirante Giampietri, vicepresidente de la República, manipulan a la opinión pública y a los medios que gustosamente se dejan manipular. Algo más: el gobierno y el Apra buscan invertir la figura. Los malos de la película ya no son los verdaderos corruptos sino los mensajeros que presentaron los petro-audios de la corrupción. En realidad, se trata de escarmentar a los que denuncian la corrupción. García imparte, incluso, lecciones a los futuros denunciantes. No vayan, les dice, a los medios. Vayan a la Fiscalía (que está bajo mi control). Ja,ja,ja. Se escucha una estruendosa carcajada. Este el verdadero faenón. ¿Por qué el fujimorismo, unidad nacional y el Apra han formado esta coalición del ocultamiento?. Mi hipótesis es que la coalición de derecha busca principalmente dos cosas. Por un lado, impedir la fusión explosiva de crisis y corrupción que puede acabar con el gobierno de García en malos términos. La coalición derechista no quiere que la experiencia dramática de fines de los 80 se repita.

Por otro lado, esa coalición busca también salvar el modelo neoliberal ocultando la corrupción. Yamashiro, congresista de unidad nacional, sostuvo en el debate que, en estos momentos de crisis internacional que nos afecta, no hay que dudar de todo lo que hace el gobierno, de sus políticas (concesiones, exoneraciones tributarias, óbolos etc.), que la corrupción es localizada y no generalizada, que ella se circunscribe a una red de funcionarios, que los ministros no han cometido delito alguno y que si tuvieron alguna responsabilidad, esta ya fue sancionada con su renuncia. En realidad, el modelo neoliberal y la corrupción están estrechamente asociados tanto en el contenido de sus políticas (privatizaciones, concesiones, autorregulaciones, exoneraciones, convenios de estabilidad tributaria) como en la forma de gerenciarlas y gestionarlas. La destacada politóloga brasileña Eli Diniz, entre otros, ha señalado en su libro Crise, Reforma do Estado e Governabilidade (Fundacao Getulio Vargas, Rio de Janeiro, 1997) que la concentración de las decisiones en la cúpula del gobierno y en los poderes fácticos, la toma oculta de decisiones (los decretos de urgencia), la imposición de diseños y políticas son características comunes a todos los gobiernos neoliberales de AL que implican una falta de rendición de cuentas (accountability) a las instituciones de control y a los ciudadanos.

El estallido temprano del escándalo del chuponeo telefónico impidió que se consumara el delito por parte de los ministros y de la cúpula gubernamental. La Comisión Investigadora del Parlamento no ha podido encontrar el cuerpo del delito. El informe en minoría de esa comisión encontró sólo responsabilidades políticas, pero no delitos. Eso los hace pasibles de una acusación constitucional y punto. Si el escándalo se hubiera producido en el 2011, los vestigios de los delitos habrían aparecido esparcidos por doquier: el financiamiento de la campaña electoral de algún candidato oficialista, otro lujoso departamento en París, Londres o Nueva York, cuentas cifradas en algún paraíso financiero, desbalances patrimoniales, etc., etc. Tengo la impresión que para García y algunos ministros el escándalo de los petro-audios ha sido una especie de delitus interruptus.
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Sinesio López Jiménez

No bastan los parches. Se necesita una reforma global. El parche tiene sentido si se inscribe en una reforma de todo el sistema electoral. Esa reforma global es una tarea compleja que puede ser desarrollada por un conjunto de especialistas en el tema. Estos, por desgracia, no están en el Parlamento actual sino en la academia y en la consultoría política. Ciertamente el Parlamento tiene que discutirla y aprobarla, pero la propuesta debe provenir de los especialistas. Lo que el Parlamento puede hacer es convocarlos para que formen una comisión de reforma electoral. Vistas las cosas en toda su complejidad, el Parlamento, en realidad, debiera convocar a otras comisiones de reforma institucional: la del sistema de partidos y la de forma de gobierno. Estas tres reformas coherentemente articuladas constituyen la gran reforma del sistema institucional cuyo objetivo fundamental es incrementar el desempeño de la democracia y mejorar su calidad. Es cierto que estos objetivos no se logran sólo con un coherente y eficiente diseño institucional. Hay otros factores que contribuyen decisivamente al logro de esos objetivos. Sin actores consolidados e institucionalizados -ciudadanos, sociedad civil, partidos- y sin condiciones precisas y acotadas –desarrollo económico, estado consolidado, reducida desigualdad y adecuado manejo de la multiculturalidad- es difícil, si no imposible, construir una democracia eficiente y de calidad.

En última instancia, la democracia es el resultado político de la correlación de fuerzas entre las clases sociales como bien lo han demostrado, entre otros, Rueschemeyer, Evelyne Huber y Stephens en su libro Capitalist Development & Democracy (University of Chicago Press, Chicago, 1992). La democratización representa primero y antes que nada un incremento de la igualdad política. Son las relaciones de poder entre las clases sociales las que determinan si la democracia puede emerger, estabilizarse y mantenerse aún en condiciones adversas. Al decisivo factor clasista hay que añadir otros dos factores importantes: La estructura, la fuerza y el grado de autonomía del Estado y sus relaciones con la sociedad civil y el impacto de las relaciones de poder transnacional sobre los dos factores anteriores. Los hallazgos principales de la investigación de política comparada entre países centrales, AL y América Central y el Caribe de Rueschemeyer y otros son aleccionadores y deben ser tenidos en cuenta en cualquier reforma institucional: Las clases trabajadores apuestan más a la inclusión (democracia) pero menos a la constitución (libertad). Las clases altas rurales son las más consistentemente antidemocráticas. Las burguesías son más partidarias de la constitución que de la inclusión de las clases populares. Las clases medias tienen un comportamiento ambiguo tanto en lo que respecta a la inclusión como frente a la constitución y a la competencia. Los campesinos y los trabajadores rurales juegan roles variados dependiendo de su organización autónoma y de su influencia sobre las clases altas. Otro hallazgo importante es el siguiente: Mientras más autónomo es el Estado frente a las desigualdades de la economía y a las discriminaciones de la cultura y la sociedad más es un espacio de igualdad política en el que valen por igual los votos de los ricos y los de los pobres.

¿Cuál de las reformas institucionales –del sistema electoral, del sistema de partidos, de la forma de gobierno- es la más importante o todas tienen la misma importancia? Mi hipótesis es que debiera tener prioridad la reforma de la forma de gobierno porque ella es el eje que, en gran medida, articula a la reforma electoral y a la reforma de partidos. La forma como se organiza el poder del Estado, el nivel de apertura estatal, la dependencia o autonomía entre los poderes ejecutivo y legislativo, los poderes legislativos (veto, decreto-ley, iniciativa legislativa, etc.) y los poderes no legislativos (formación y despido del gabinete, disolución de la Asamblea legislativa, etc) del presidente, todos ellos son elementos que inciden generalmente en el sistema electoral. Este comprende los siguientes componentes: La distribución de las circunscripciones electorales (tipo, tamaño, distribución, umbral), las candidaturas (unipersonal y lista –cerrada y bloqueada, cerrada y no bloqueada, abierta-), la votación (voto único, voto preferencial, voto múltiple, etc, etc) y la conversión de los votos en escaños (hay diversos procedimientos).

La reforma parcial y limitada del voto preferencial para superar las distorsiones que genera (ruptura de la disciplina partidaria, patrimonialismo electoral, etc.) tiene sentido si se le reemplaza por una norma mejor que garantice la democratización de los partidos y si ella hace parte de la reforma del conjunto del sistema electoral. Esa norma mejor es la elección primaria abierta y obligatoria para todos los partidos, organizada por la ONPE en una sola fecha, con la finalidad de acabar con los caudillismos y las jefaturas patrimoniales de los partidos. Una solución mediatizada, como ha dicho Henry Pease, puede ser peor que la enfermedad que quiere curar. En esas primarias hay que mantener el voto preferencial porque, en el caso peruano, su ejercicio eleva la cuota de género.

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Sinesio López Jiménez

Actúa sin consultar, se equivoca, no reconoce su error y es obligado a retroceder. Esta forma de acción política es ya una fórmula del gobierno de García. En el caso de los sueldos de los ministros y altos funcionarios, García cometió un doble error: el primero en el momento del establecimiento de la política de “austeridad” y el segundo, ahora cuando ha intentado corregir el primero. Desde una perspectiva racional, una persona corrige su error si el costo de su corrección es menor que el de su mantenimiento. Este no ha sido el caso. La forma de corrección cuenta, especialmente en la política democrática. ¿Qué costaba a García reconocer su error de primera hora, explicarlo y justificar ante la opinión pública por qué es necesario corregirlo?. Nada. Al contrario, su imagen mejoraba. ¿Qué le impide a García reconocer su error ante la opinión pública? La vanidad que, al decir de Max Weber, es el peor defecto de los políticos porque los induce a la irresponsabilidad. La vanidad les hace creer que son superiores a los ciudadanos a los que hay que dar, no razones, sino órdenes.

Uno de los problemas apremiantes de García, al inicio de su gobierno, era como diferenciarse de Toledo. La segunda vuelta lo obligaba más a la continuidad que a la ruptura. A contracorriente de sus propuestas de la primera vuelta electoral, los votos de la derecha en la segunda (vuelta) y su propia involución política le señalaban el camino del continuismo en los temas centrales de la política: el modelo económico, el régimen democrático, la descentralización, las relaciones internacionales. García necesitaba, sin embargo, dar ciertas señales de renovación para las galerías con respecto al desprestigiado y agotado gobierno toledista. Necesitaba reemplazar la imagen del dispendio, de la impuntualidad, de la juerga y del caos atribuida a Toledo por la de un gobierno austero, puntual, formal y ordenado. En realidad, se trataba de una diferencia en las formas más que en los contenidos. Una de las medidas más celebradas por los medios fue la reducción de los sueldos del presidente de la República, de los ministros, de los parlamentarios y de los altos funcionarios públicos.

Además de diferenciarse de Toledo, esa medida tenía otros sentidos y buscaba otros objetivos: limpiar la imagen del primer gobierno aprista en el que se asaltó el fisco sin medida ni clemencia, asumir una postura republicana austera, moderada y defensora del bien común, difundir la idea de que el estado tenía recursos más que suficientes y que no era necesario, por consiguiente, gravar con más impuestos a los ricos sino impedir que los políticos y los funcionarios públicos los dilapiden. García es un político avisado y perspicaz. Por eso me resulta difícil pensar que no tuvo en cuenta las consecuencias de esa medida de austeridad. Supongamos, sin embargo, que al mejor cazador se le escapa la paloma. Eso significa entonces que García no se comportó políticamente ateniéndose a lo que Max Weber llamó la ética de la responsabilidad. Tampoco siguió la ética de la convicción: Un neoliberal (genuino o converso) no puede cultivar sinceramente una política republicana. Es una contradicción de principios. Sólo los geniales federalistas norteamericanos (Madison, Hamilton y Jay) lograron que el liberalismo (el interés individual) y el republicanismo (el bien común) pudieran coexistir a través de ingeniosos e imaginativos diseños institucionales. Ese no es el caso de García.

¿Qué consecuencias implicaba la política “austera” de García?. Una primera consecuencia fue la fuga de los funcionarios públicos más calificados, lo que trajo, a su vez, el funcionamiento ineficaz y mediocre de las instituciones estatales. El fracaso del publicitado shock de inversiones tiene que ver con la aplicación de esa medida “austera”. Una segunda consecuencia es la disminución de la autonomía del Estado que, como lo han demostrado sociólogos y politólogos (Theda Skócpol, Alfred Stepan, etc), se basa, en gran medida, en la capacidad y en la calificación de los funcionarios estatales. Sólo una élite estatal calificada puede contrarrestar la ambición de las élites privadas y de los poderes internacionales. Estos son los casos de Brasil y Chile en América Latina. Una tercera consecuencia ha sido la corrupción solapada de los funcionarios públicos. Como han dicho abierta y exageradamente algunos ministros, con los sueldos actuales que perciben ellos no pueden parar la olla. En esas condiciones, los políticos y los funcionarios sin escrúpulos, que los hay y en abundancia, buscan cubrir sus déficit (y mucho más) apelando a la corrupción. Los petroaudios, como se ha dicho, son la punta del iceberg. Toda la política del gobierno, especialmente las privatizaciones, las concesiones, los óbolos y las exoneraciones tributarias, hay que ponerla bajo la lupa del control y de la fiscalización. Especial atención hay que prestar a las ventas de los bienes públicos sin razón alguna que lo justifique y en algunos casos contra toda razón, como es el caso del Ministerio de Educación. Nadie vende su casa sino ha comprado otra en donde vivir. Esa venta es irracional, aberrante y se presta a toda suspicacia.

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Sinesio López Jiménez

Es una pregunta ritual de cada fin de año, propia de las sociedades modernas o cuasi-modernas. Era impensable en el Medioevo en el que la Providencia regía los destinos de los hombres. La cuestión alude al hombre y a la mujer que han hecho historia (para bien o para mal) en el año que está feneciendo. La ciencia política convencional, más atenta a las reglas, a los procedimientos y a las rutinas que a los actores, presta poca atención al tema. En estos últimos años, sin embargo, esta disciplina ha tomado prestado tímidamente el concepto de agencia, acuñado por el sociólogo inglés Anthony Giddens para aludir a la acción individual o colectiva en la coyuntura o, lo que es lo mismo, en el tiempo presente. Después de todo, los actores entran a la historia o salen de ella a través de la coyuntura. Resucitan el pasado y construyen el futuro en el presente. El examen de la coyuntura obliga al analista a colocarse en el punto de vista de los actores que hacen la historia. Esta es la especificidad del análisis de coyuntura. La prudencia analítica obedece quizás al carácter elusivo del objeto analizado. Hay mayores riesgos de error cuando se analizan los hechos al mismo tiempo que se producen y cuando se trata de comprender a los actores en plena acción que cuando la fiesta ya ha terminado.

La dificultad epistemológica tiene que ver principalmente con tres cosas. En primer lugar, el objeto de análisis (la coyuntura) se presenta como un tema abierto e inconcluso (problema ontológico) cuyo desenlace aún se desconoce y, a pesar de eso, el analista, sin embargo, formula algunas proposiciones con pretensión científica. En segundo lugar, no se conoce todos los datos (problema metodológico) que permiten hacer un análisis riguroso de los hechos y los actores. En el siglo XIX y en gran parte del XX era más fácil conocer los datos de la política que los de la economía. Hoy, por el contrario, es más fácil conocer los datos de la economía que los de la política. Eso se lo debemos a los avances científicos y tecnológicos, al Internet y a la poca transparencia actual de la política. En tercer lugar, la proximidad temporal (problema psicológico) de los hechos y los actores dificulta el control de la subjetividad del analista que se siente tentado a dejar las butacas de observador para ingresar al escenario.

¿En qué medida el hombre o la mujer del año expresan su identidad y despliegan su propia voluntad y sus capacidades individuales a través de las acciones que realizan? ¿O ellos son producto de las circunstancias en las que actúan? ¿O sus acciones y ellos mismos son explicados por los grupos, las generaciones y las clases sociales a las que pertenecen? Para responder estas preguntas hay, por lo menos, tres perspectivas principales de análisis. Una primera sostiene que los individuos proyectan su propia personalidad a través del sentido que le dan a las diversas acciones que desarrollan y construyen, de ese modo, realidades de diversos grados de complejidad (las instituciones, los capitalismos, los estados, etc). Afirma asimismo que las complejidades sociales son reductibles a acción simples con sentido de los individuos. Es la perspectiva del individualismo metodológico. Una segunda perspectiva sostiene que los individuos y sus acciones son explicados o por las clases sociales y generaciones a las que pertenecen o por las circunstancias en las que operan. Los individuos como tales no existen y no explican nada. Ellos son eficaces en sus acciones en la medida que encarnan categorías económicas, sociales, políticas, situacionales. Tengo la impresión que Fujimori y muchos outsiders son el resultado no tanto de sus capacidades como de las situaciones del país en las que actuaron y actúan. Esta es la perspectiva del holismo (totalismo).

Una tercera perspectiva sostiene que los individuos, las clases y las situaciones son actores, que cada uno de ellos tiene su propia lógica de acción y que no pueden reducirse todas las complejidades sociales a acciones individuales con sentido ni las acciones individuales pueden ser reducidas a totalidades sociales y a estructuras. Existen, sin embargo, algunos fenómenos complejos que pueden reducirse a acciones individuales con sentido si las características de uno y otro coinciden. Otros fenómenos complejos son irreductibles a acciones individuales. La riqueza y la pobreza, por ejemplo, no pueden reducirse a meros desempeños individuales (éxito o fracaso de los individuos como cree el liberalismo elemental) pues ellas son producto de relaciones sociales complejas. Esta es la perspectiva del anti-reduccionismo. Estas perspectivas de análisis han sido desarrolladas por tres grandes pensadores clásicos: Max Weber (individualismo metodológico), Carlos Marx (holismo) y Alexis de Tocqueville (anti-reduccionismo). Desde mi punto de vista, Marx es un holista radical en El Capital (Jon Elster ha señalado, sin embargo, que en algunas partes de El Capital -el cambio tecnológico, por ejemplo- es un individualista metodológico), pero en sus escritos políticos es un holista moderado. Sorprenden sus agudos análisis sicológicos de personajes como Napoleón III en El Dieciocho Brumario, Espartero en la Revolución en España y Thiers en la Guerra civil en Francia.

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Sinesio López Jiménez
La solidaridad es uno de los mejores sentimientos que puede abrigar el ser humano. En estos tiempos de individualismo posesivo, la solidaridad que se despliega en favor del prójimo y también en favor del otro permite abrigar el sentimiento de que la humanidad tiene salvación. La enemistad puede ser desplazada por la amistad. Al menos en los deseos. Por eso, la solidaridad puede ser el término de la política (entendida como lucha) en una perspectiva teórica casi intemporal si va acompañada por la justicia. En la corta, mediana y larga duración estamos obligados, sin embargo, a combinar la solidaridad con la política. En forma desigual y con diferentes resultados es lo que han tratado de hacer el comunitarismo, el republicanismo, el socialismo y también la democracia. La solidaridad, me parece, tiene un cierto aire de familia con la justicia. Ambas buscan el reconocimiento del otro y pretenden construir un orden social armonioso. Pero son diferentes. Mientras la solidaridad no reconoce linderos, la justicia parte de su reconocimiento. La justicia es la valorización de una relación entre las partes de un todo. La valorización es lo que diferencia la justicia de la igualdad, según Norberto Bobbio. Es ella la que nos permite evaluar si una determinada igualdad es justa o injusta. Muchas veces la justicia y la igualdad, sin embargo, han sido identificadas. Tocqueville, por ejemplo, decía que la búsqueda de la igualdad (comparada con la libertad) ha sido el sentimiento más fuerte (una pasión) que ha desatado más revoluciones en la historia humana.

La justicia tiene que ver con la asignación de derechos, obligaciones y bienes a los ciudadanos. La suerte de un ciudadano en una sociedad moderna no depende sólo del mercado o de la decisión del gobierno sino también de las asignaciones de las instituciones relativamente autónomas. Más allá de la diferenciación clásica de la justicia (distributiva, retributiva y atributiva), Jon Elster, destacado sociólogo y politólogo noruego, distingue la justicia global de la local. Se entiende por justicia local no sólo aquella que se ejerce en una localidad determinada y que depende de una sociedad mayor o de un Estado nacional sino también y sobre todo a la asignación de bienes y cargas que hacen determinadas instituciones en diversos campos: la salud, la educación, el trabajo, la seguridad. Cada campo local obedece a principios y procedimientos diferentes para seleccionar a los receptores de bienes y de responsabilidades: la necesidad es central en la asignación de órganos para el transplante, el mérito es el criterio en la admisión de los estudiantes a la universidad, etc., etc. No siempre funciona el mismo criterio en el ejercicio de la justicia local. Puede haber variantes en las localidades de un mismo país o entre países. Es el caso de los transplantes de órganos. La justicia global, en cambio, tiene tres características básicas: es diseñada por el gobierno nacional, establecen políticas que compensan a las personas por diversas clases de infortunio y asume la forma de transferencias en dinero.

La justicia local ha sido tratada filosófica y normativamente por Michael Walzer en su conocido libro Las Esferas de la Justicia. La justicia debe regirse por dos principios:
a. El principio de especificidad de bienes según el cual la naturaleza del bien exige cierto principio de distribución. Ejemplo: los bienes médicos deben darse a los que están enfermos, la educación a los talentosos.
b. Un principio de especificidad por país: La distribución del bien depende del significado de éste en la sociedad de que se trate.
Estos significados se reconcilian por el hecho de que los bienes están constituidos por su significado social. Las diversas esferas de la justicia operan mediante el intercambio bloqueado. No todas las cosas se pueden intercambiar por dinero: votos, servicio militar, honores, grados universitarios. Walzer dice que tampoco la salud debiera proporcionarse de acuerdo al dinero que se posea sino de acuerdo a la necesidad. La injusticia surge cuando los bienes se convierten incorrectamente en otros bienes, mediante una transgresión de esferas. La distribución desigual de bienes dentro de una esfera no tiene porque ser objetable. Se pueden aceptar que unos sean más ricos o poderosos que otros. Lo que no es aceptable es que los ricos usen su fortuna para comprar votos o voluntades de los políticos y los poderosos para hacer nepotismo y para recibir coimas.

Lo que tampoco es aceptable es que los políticos (García, por ejemplo) apelen a la solidaridad para eludir la aplicación de la justicia. Eso me parece una injusticia y una obscenidad. He aquí algunas políticas injustas y obscenas: Pedir óbolo a las corporaciones mineras en lugar de grabar con impuestos sus ganancias extraordinarias, pedir solidaridad a los trabajadores con sus gratificaciones y liberar de impuestos a los negocios del capital en la Bolsa de Valores, organizar una teletón en lugar de cobrar impuestos a los que más tienen para financiar las políticas sociales.

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Sinesio López Jiménez
Inflación, promesas incumplidas, corrupción, falta de empleo, pobreza son los factores principales que las encuestadoras utilizan para evaluar a los autoridades. Ellos son, sin duda, factores importantes que determinan tanto el nivel de vida de la gente como la conciencia que ella tiene del desempeño de sus gobernantes. Pero hay otros aspectos en los que éstos pasan o tratan de pasar piola. Es el caso del desempeño democrático que también es un factor decisivo para determinar la calidad de vida y la cultura política de los ciudadanos. Hay diversas maneras de evaluar el desempeño democrático. El más conocido es el nivel de satisfacción ciudadana con la democracia. Es el que usan las encuestas. Otro menos usado es el grado de credibilidad y de legitimidad que la gente otorga a las instituciones democráticas (el sistema electoral, los partidos políticos y las formas de gobierno). Existen otras formas de medir el desempeño de la democracia a las que se presta poca atención. El nivel de eficacia, el nivel de gobernabilidad, la capacidad de representación, la capacidad de gestión macroeconómica y el control de de la violencia constituyen también excelentes indicadores del desempeño democrático.

¿De qué depende el desempeño democrático?. La democracia es un proceso de construcción de un régimen político guiado por los valores de la libertad, la igualdad y la participación en el que los ciudadanos eligen a sus gobernantes que toman decisiones, despliegan políticas públicas y rinden cuentas siguiendo reglas y procedimientos aceptados por todos. En esa construcción intervienen tres conjuntos de factores: los actores (los ciudadanos, la sociedad civil, los partidos), las instituciones (el sistema electoral, los sistemas de partidos y las formas de gobierno –presidencialismo, parlamentarismo y semi-presidencialismo-) y las condiciones (el grado de desarrollo económico, el estado soberano consolidado, el nivel de desigualdad, el multiculturalismo, la cultura política, etc). El desempeño democrático depende de la articulación de estos tres conjuntos de factores. En la actualidad, la mayoría de los especialistas en la cuestión democrática, sin embargo, se concentra en los factores institucionales. Son los institucionalistas en el análisis de la democracia. Ellos creen que un eficiente diseño institucional es suficiente para garantizar un buen desempeño democrático. La versión más extrema de este enfoque es la ingeniería constitucional e institucional de Sartori. Quedan de lado los actores y las condiciones. Otros autores, en cambio, van más allá de las instituciones y examinan también los actores y las condiciones para explicar el desempeño de la democracia. Los teóricos clásicos de la democracia, unos más que otros, compartían un enfoque integral de la democracia.

La perspectiva cambia con Max Weber (1864-1920), destacado sociólogo alemán, quien redujo la democracia a un conjunto de procedimientos y de instituciones a través de los cuales los ciudadanos elegían a sus gobernantes y los dejaban gobernar. El ciudadano deliberante, soberano, participativo se convirtió en un mero elector. La versión más extrema fue la de Joseph Schumpeter (1883-1946) quien sostuvo que los ciudadanos no elegían a los gobernantes, sino que éstos, por controlar diversos tipos de recursos, se hacían elegir. El elector se transformó en un voto. Robert Dahl, catedrático emérito de la Universidad de Yale y el autor que ha dedicado su vida a la reflexión sobre la democracia, se inscribió en la corriente institucionalista en sus primeras obras, pero evolucionó posteriormente hacia un enfoque más o menos integral de la democracia. Guillermo O´Donnell, ex –profesor de Notre Dame, investigador actual de la U. de San Martín de Buenos Aires y uno de los autores más influyentes en los estudios sobre la democracia, ha salido del enfoque institucional de la democracia, ha abierto una perspectiva histórica que promete ser fecunda y ha ensanchado el análisis a los actores –particularmente a los ciudadanos- y a algunas condiciones –sobre todo al Estado- en sus análisis más recientes sobre la democracia, especialmente en el que realizó hace 5 años por encargo del PNUP.

¿A qué viene toda esta densa historia sobre el proceso de construcción de la democracia y las diversas perspectivas desde las cuales se construye?. Es necesario saber con precisión los factores que determinan el desempeño democrático. ¿Son estos factores exclusivamente institucionales? Suponiendo que se tiene un diseño institucional coherente, ¿puede fallar la democracia?. Mi hipótesis es que puede fallar porque ella puede presentar déficits por el lado de los actores o por el lado de las condiciones. Las fallas de los actores y de las condiciones se atribuyen a las instituciones democráticas. En el caso de la democracia en el Perú todo falla: los actores, las instituciones y las condiciones. Que los congresistas no se hagan falsas ilusiones y crean que con la eliminación del voto preferencial la democracia será mejor. Es probable que pase todo lo contrario. Por eso, sería provechoso para el país y para los ciudadanos que, al menos, elaboren una propuesta coherente del conjunto institucional de la democracia. Seguiremos con el tema.

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