Sinesio López Jiménez
El boom exportador favoreció la descentralización política y fiscal y su actual agotamiento estimula los intentos de recentralización. Desde 2002 cambió la administración fiscal del país: “El gobierno nacional ha transferido importantes funciones y recursos fiscales a los gobiernos regionales, a la vez que ha reforzado los ingresos de los gobiernos municipales. Estos han duplicado sus presupuestos en solo cinco años. Sin embargo, se financian principalmente con transferencias del gobierno central y no tanto con recursos propios recaudados por ellos. Los presupuestos fiscales de los gobiernos regionales y municipales equivalen al 30% del presupuesto del gobierno nacional, casi el doble de lo que era antes de 2002. Asimismo, más de la mitad de los trabajadores del sector público están en los gobiernos subnacionales, mientras que la inversión pública a cargo de estos gobiernos equivale al 55% de la inversión pública nacional” (Vega, 2009: 17).

La principal fuente de recursos de los gobiernos regionales no proviene del canon sino de los recursos ordinarios (77%) del tesoro público. El canon, sin embargo, especialmente el minero, ha sido el recurso de mayor crecimiento, registrando un notable aumento hasta el 2012. Los gobiernos locales cuentan, en cambio, con algunos recursos propios (tributarios y no tributarios) y dependen relativamente menos del gobierno nacional. Sin embargo, esta dependencia es todavía alta, ya que, en promedio, solo el 27% de sus ingresos provienen de recursos propios. Las transferencias aumentaron su participación de 55% en el 2002 a 73% en el 2006. El sistema de transferencias fiscales a los gobiernos regionales muestra cierta regresividad puesto que las regiones más pobres reciben relativamente menores transferencias presupuestales del gobierno nacional.

La política de recentralización se inicia en el 2014 y se acentúa en el 2016 en el que el gobierno central se autoasigna el 75% del presupuesto en el nivel nacional. El gobierno nacional arguye, por un lado, una supuesta incapacidad de gasto de los gobiernos descentralizados y, por otro, un alto nivel de corrupción en ellos. Pero el gasto ejecutado por los gobiernos descentralizados al 31 de agosto llega al 35.3%, cifra superior al ejecutado por algunos sectores del gobierno central (Salud, Mujer, MIDIS y Ambiente) y la corrupción corroe más al gobierno central que a otras instancias del gobierno.

La Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú (REMURPE) plantea para el corto plazo que el gobierno central reponga los recursos recortados a los gobiernos locales a través de transferencias compensatorias financiadas con el fondo de contingencia 2015, incremente el FONCOMUN para atender las necesidades de las poblaciones rurales, más pobres y con mayor número de necesidades básicas insatisfechas y reactive el PREBAM y lo incorpore al presupuesto 2016 para que las municipalidades cuenten con las maquinarias necesarias para atender las emergencias como la del fenómeno del Niño que se anuncia.

La REMURFE pide también instalar el Consejo de Coordinación Intergubernamental (en base al reglamento concertado por el Ejecutivo y las asociaciones de gobiernos descentralizados: REMURPE, AMPE y la ANGR) que espera la decisión de la PCM desde el 2013.

Sinesio López Jiménez
Si el Congreso no quiere autoreformarse, hay que reformarlo. Hay muchos problemas que impiden la reforma, pero el problema central es de agencia, esto es, de actores que impulsen el cambio: ¿Quien le pone la cascabel al gato?. El Congreso es el poder más desprestigiado e impopular, pero, a primera vista, la gente parece estar poco interesada en reformarlo. Dígase lo mismo de los partidos políticos. La gente los rechaza, pero casi la mitad de la población sigue apostando a ellos. Lo dicho puede extenderse también al Poder Judicial. Jalando el hilo de la madeja se puede llegar al repudio a la política, a la antipolítica que conduce a la indiferencia y a la parálisis decisoria de la gente.

¿Es la falta de interés o la dificultad para encontrar el camino del cambio lo que inmoviliza a la gente?. Es más probable que sea lo segundo que lo primero. Puede haber muchas razones por las cuales la gente no se moviliza, pero la principal parece ser el hecho de que las propuestas de reforma son meramente procedimentales y no tocan su vida material. Lo procedimental, sin embargo, es importante para todos, en particular para las clases medias y altas que han resuelto los problemas materiales de su vida. Pero si se quiere que la mayoría de la gente se involucre en los cambios procedimentales es necesario vincularlos a sus necesidades materiales. Los procedimientos políticos tienen que estar vinculados a los contenidos sociales.

Esta vinculación puede ser directa o indirecta. Es directa cuando la reforma política está estrechamente asociada a cambios materiales: unir, por ejemplo, los derechos políticos y los derechos civiles con los derechos sociales. Es indirecta cuando los cambios procedimentales ayudan a la gente a tener más poder, a fortalecer sus organizaciones (sindicatos, asociaciones, partidos) que les permiten obtener conquistas materiales. La organización propia le da poder a la gente. Si las reformas se quedan en lo meramente procedimental la gente va a responder también con procedimientos: va a ir a votar, pero cada vez con menos ganas.

Además de la masiva movilización ciudadana, ¿pueden otros actores reformar a los poderes del Estado y a los partidos políticos?. ¿Pueden ellos autoreformarse?. Pueden, pero sus propuestas de cambios son muy limitadas, cuando no contraproducentes, esto es, son contrareformas. Es difícil que cambien las situaciones y los procedimientos que los favorecen. El cambio tiene que venir de fuera. ¿De dónde?. Mi hipótesis es que el cambio puede venir de la acción combinada de las organizaciones de la sociedad civil, de la presión persistente de los medios y del apoyo masivo de la gente. Como fue el caso de la ley Pulpin y de otras movilizaciones que tuvieron un impacto efectivo en los poderes del Estado. Este es un camino democrático.

Otro camino es “el caballazo” de las dictaduras (Velazco, Fujimori, entre otros) contra los poderes del Estado y los partidos que suscitó un entusiasmo pasajero, pero que luego se disipó porque no logró el cambio que esperaba la gente de a pie.

Sinesio López Jiménez
Si un grupo económico controla el 80% de la lectoría y de la publicidad en la prensa escrita y es propietario de 2 importantes canales de TV (uno –el principal de todos- de señal abierta y otro por cable) es difícil sino imposible la democracia porque la concentración mediática impide la existencia del pluralismo efectivo en el campo de las ideas y de la política. Puede haber variedad (a veces irrelevante) pero no un pluralismo real y competitivo.

La prensa concentrada y con propiedad cruzada de otros medios (TV por ejemplo) es un poder total que no sólo influye en el comportamiento de la gente sino que impone la agenda pública al gobierno de turno y controla la mente y la voluntad de los ciudadanos a través de una hegemonía discursiva privilegiada a la que no se puede responder, no por la calidad de los argumentos, sino por la carencia de medios de igual o parecido alcance. Estamos frente a una dictadura mediática que, pese a que es blanda, es quizá peor que la política o la militar porque apresa, no al cuerpo, sino el alma de la gente.

Esta dictadura opera en el nivel de la presencia y relevancia de los actores políticos, en la etapa pre-electoral, en el proceso electoral, en la agenda del gobierno y en el pensamiento único del modelo neoliberal. La concentración mediática decide qué actores políticos deben existir y cuales deben desaparecer. La estrategia es conocida: Denuncia escandalosa contra los líderes a los que quiere destruir en la TV, campaña sistemática de todos los medios concentrados, contratación y publicación de una encuesta para evaluar la eficacia destructiva y culminación con editoriales solemnes de la prensa escrita.

La concentración mediática limpia el terreno pre-electoral, desaparece a los indeseables y coloca en un pedestal a los favoritos. El actual escenario de los principales candidatos de la derecha ha sido hecho a pulso por la concentración mediática con la colaboración de algunos políticos despistados de la izquierda que insisten en la fragmentación política y se niegan a lanzar un(a) buen (a) candidato(a) que represente a más del 30% que no está de acuerdo con los candidatos derechistas.

Es en el proceso electoral donde la concentración mediática expresa todo su poder porque impide que dicho proceso sea efectivamente competitivo: No todos los candidatos tienen iguales condiciones materiales y políticas para participar. Unos corren sin vallas (los favoritos de la derecha) y otros, con vallas. El alto costo y el desigual financiamiento de la campaña y el respaldo a unos y el rechazo a otros de los medios concentrados hacen que el proceso electoral sea muy injusto y afecten la legitimidad de origen de los elegidos.

Como si todo lo anterior fuera poco, la concentración mediática impone la agenda pública al gobierno. El presidente no gobierna con el programa con el que fue elegido dentro de un proceso electoral injusto sino con la agenda pública que le impone diariamente la prensa concentrada. Si hay alguna duda sobre el sometimiento del gobierno a la agenda impuesta, ella emprende una demolición del gobierno y del presidente de la República afectando la gobernabilidad del país.

El objetivo mayor de la concentración mediática es imponer el pensamiento único del neoliberalismo como si fuera el pensamiento de todos, el interés de pocos como si fuera el interés de todos. Aleluya.

Sinesio López Jiménez
La derecha y el fujimorismo están de plácemes. Han surgido de sus filas dos teóricos de polendas de la democracia que amenazan opacar a sus pares de otras latitudes.: Kenyi Fujimori y Martha Chávez, dos de los pilares de la organización de Keiko Fujimori, la candidata favorita de la derecha. Con sus recientes y deslumbrantes teorías sobre la democracia van a hacer papilla a las izquierdas y las van a obligar a renegar del chavismo y de la dictadura de Maduro.

Kenyi ha inventado una novísima interpretación de la democracia delegativa cuando declara: “ yo considero que en el gobierno de mi padre hubo una democracia delegativa: cuando un país atraviesa un período de crisis, inestabilidad, incertidumbre, la población está dispuesta a ceder parte de sus derechos a cambio de que el gobierno le restituya el orden y la seguridad. En otras palabras, poner mano firme. Y eso fue lo que ocurrió en los 90·s” (El Comercio, 13/09/15).

Los modestos ciudadanos que nos dedicamos a estudiar la política necesitamos ser esclarecidos por el luminoso pensamiento de Kenyi. ¿ Su tesis se refiere realmente a una nueva lectura de la democracia delegativa, a un nuevo pacto político o a la justificación del estado de excepción?. ¿A quién busca destronar Kenyi Fujimori: a Guillermo O´Donnell, el teórico de la democracia delegativa; a Hobbes, el teórico del contrato que conduce al absolutismo, o a Carl Schmitt, el gran teórico de las estados de excepción?. ¿O pretende reemplazar la teoría del autoritarismo competitivo por la de democracia delegativa?. Ponte en guardia querido Steven Levitsky porque ha aparecido un serio cuestionador de tus investigaciones.

Martha Chávez no se queda atrás en los intentos por innovar las anquilosadas teorías de la democracia: “Nunca el Perú se acercó más a un concepto verdadero de la democracia que durante la década de los 90 porque no puede haber democracia que signifique entregar un país quebrado. Fujimori fue el mejor presidente de la historia”. Martha Chávez apunta muy alto pues pretende refundar la democracia, desterrar las falsas teorías para instalar la verdadera. Tiembla Sartori y se remecen las tumbas de Robert Dahl, Schumpeter y de los grandes teóricos de la democracia moderna.

Me permito formular algunas preguntas a Martha Chávez sobre el verdadero concepto de la democracia al que el gobierno de Fujimori se aproximó como ningún otro en la historia: ¿ En qué consiste el verdadero concepto de la democracia?. ¿En qué se funda: en la voluntad de los ciudadanos expresada en las elecciones o en el autogolpe?. ¿Respeta la división de poderes o disuelve al Congreso que se opone a la verdadera democracia?. ¿Respeta la constitución vigente o la reemplaza por otra que esté más de acuerdo con los intereses del gobernante y de los grandes grupos de interés?. ¿Respeta a los derechos humanos o postula las ejecuciones extrajudiciales?. ¿Las esterilizaciones forzadas de las mujeres pobres es otro de sus fundamentos?. ¿ Los partidos políticos son necesarios o la verdadera democracia postula su extinción?.

Los peruanos necesitamos ser bien informados sobre estas nuevas ideas de la democracia. Pedimos, por eso, a la prensa concentrada que apoya la candidatura de Keiko Fujimori, que las difunda a lo largo y ancho del país para que no nos equivoquemos en las elecciones del 2016.

Sinecio López Jiménez
El Arequipazo, el moqueguazo, el baguazo, Conga, Tía María, la defensa de Petro-Peru en Loreto son movimientos sociopolíticos regionales que tienen una serie de características comunes y una incidencia similar en la política nacional, pero que actúan desarticuladamente porque no hay una fuerza política nacional que los articule. Estas características comunes definen un patrón de acción sociopolítica en los tiempos de neoliberalismo y de ausencia de partidos políticos nacionales.

La oposición al neoliberalismo y al extractivismo ha sido más social que política y ha provenido principalmente de las regiones. En estos niveles se ha producido una cierta articulación entre los movimientos sociales y los gobiernos regionales, provinciales y locales. Es probable que sin estos y sin la élites que los dirigen no hubieran podido organizarse, sostenerse y obtener algunos resultados. Son liderazgos locales o subnacionales que no logran alcanzar una dimensión nacional. La mayoría de los que entran en conflicto con el gobierno central y con el modelo económico neoliberal están vinculados a diferentes organizaciones de izquierda cuya fragmentación les impide tener una proyección nacional. Hay una cierta unidad dentro del movimiento regional, pero persiste una fragmentación nacional de los movimientos regionales.

La izquierda actual proyecta su división a los movimientos sociales regionales, a diferencia de los grandes movimientos sociales de los 70 cuya fuerza, masividad y centralización impulsó más bien la unidad de la izquierda. Esta fragmentación ha sido reforzada por la descentralización que ha producido una especie de desnacionalización de la política y de los partidos generando escenarios políticos regionales en los que se las élites sub-nacionales disputan funciones, atribuciones, competencias, recursos, especialmente en las regiones que reciben el canon. Estos escenarios y sus elites sub-nacionales, incluidos sus liderazgos partidarios, han tomado distancia de los liderazgos nacionales limeños, cada vez menos influyentes en las diversas regiones del país.

Casi todos estos movimientos regionales han sido relativamente exitosos y han obtenido no tanto lo que ellos buscaban como frenar las imposiciones del gobierno central y la voracidad de las grandes corporaciones que afectaban o afectan los intereses de amplios sectores sociales de las regiones. Las respuestas de los diversos gobiernos han sido más o menos las mismas: La imposición, la criminalización de la protesta social y la declaración de los estados de emergencia en las regiones en conflicto. Casi todos ellos han sido renuentes al diálogo y a la negociación. Han concentrado las decisiones en la cúpula (la presidencia de la República y el MEF), para evitar la presión social, el escrutinio público y la accountability.

Es probable que, con la desaceleración de la economía y la consiguiente disminución de los recursos para las regiones y con la coyuntura electoral del 2016, el malestar y las protestas regionales se incrementen y se expresen en la política y en los votos. Es probable que el éxito sonría a los candidatos a la presidencia que consigan una mejor articulación con las élites, los movimientos y los gobiernos subnacionales.

Sinesio López Jiménez
Es un error pensar que la reforma política resuelve todos los problemas de la democracia, pero es también un error menospreciarla porque ella supuestamente no toca los problemas de fondo. La reforma política es necesaria, pero no suficiente para tener una buena democracia. Esta requiere, además, otras reformas (como la del Estado por ejemplo) y otros cambios económicos, sociales y culturales. Algunos problemas de la democracia no provienen de los malos diseños institucionales sino de los déficits del Estado. Otros provienen de la estructura económica y social y de la cultura. Es difícil, sino imposible, tener una buena democracia en una sociedad racista, fragmentada e informal (de cachueleros) y en una economía poco integradora. En pocas palabras, una democracia de calidad no se consigue sólo con excelentes diseños institucionales, pero estos son indispensables.

Hay varios problemas que hacen difícil la reforma política. Uno es su amplitud, otro es su profundidad y un tercero tiene que ver con los problemas de agencia, estos, con quienes hacen la reforma. ¿Hasta dónde llega la reforma política?. ¿Comprende sólo el sistema electoral y el “sistema” de partidos?. ¿Entra también la forma de gobierno?. ¿ Y la Constitución es parte o no de la reforma política?. Me parece que el planteamiento de los organismos electorales y de algunas ONGs es minimalista pues toca sólo algunos aspectos del sistema electoral y de los partidos, no necesariamente los más importantes.

En lo que se refiere a la profundidad, ¿nos quedamos sólo en la forma como se vota o planteamos también problemas de fondo como los de representación y de participación?. ¿Abrimos o no el sistema político cerrado que han construido el sistema electoral y la ley de partidos?. ¿Reducimos el tema de las elecciones a la limpieza del acto de sufragio y los asuntos colaterales o planteamos también medidas para que el sistema electoral sea justo y competitivo?. ¿Nos quedamos sólo en planteamientos para regular el financiamiento directo de los partidos o discutimos también el financiamiento indirecto que brindan los medios, particularmente los de la concentración mediática y su decisiva incidencia en el proceso electoral?.

El problema mayor proviene del Congreso que tiene que aprobar la reforma política. Un Congreso fragmentado, sin mayoría consistente, sin partidos, integrado en su mayoría por representantes que son un producto de los sistemas que se busca cambiar, está incapacitado para impulsar y llevar a cabo una reforma política. Esta es un asunto técnico y político que la llevan a cabo los políticos que, sin embargo, saben poco o nada de los aspectos técnicos. En los Congresos que funcionan bien se llama a los expertos para que, con los políticos, contribuyan a hacer las reformas necesarias. Esto es imposible en el Congreso peruano de estos tiempos.

Habría que imaginar una salida a este impasse que puede durar mucho tiempo. El Congreso no puede hacer las reformas, pero puede encargar y darle facultades especiales a una comisión especializada de los organismos electorales para que en un plazo determinado presente un paquete de reformas políticas sobre el sistema electoral y sobre los partidos. La forma de gobierno y la Constitución son asuntos políticos y sociales que nos atañen a todos y que deben discutir los políticos, los partidos y la sociedad civil.

Sinesio López Jiménez
En el mundo moderno la política y la empresa son actividades de caudillos que difieren en los objetivos que buscan. Mientras los caudillos políticos anhelan el honor y la gloria, los caudillos empresariales persiguen la riqueza y el poder económico. Los objetivos distintos los obligan a buscar medios específicos que los llevan por rutas diferentes. En algún momento de su recorrido, los caminos se cruzan y se produce lo que Max Weber llamó afinidad electiva, esto es, un encuentro fortuito pero productivo.

Los empresarios descubren que los políticos pueden ofrecerles seguridades de diverso tipo (jurídica, coercitiva, etc.) para continuar su aventura y los políticos encuentran una mina de oro: los empresarios pueden financiar sus actividades políticas y ofrecer una base material a sus ambiciones. Desde ese momento el encuentro fortuito se transforma en una relación estructural: No hay empresa capitalista sin las seguridades que le ofrecen los políticos y el Estado moderno ni hay partidos ni Estado sin el financiamiento de las empresas vía impuestos a la renta o la canalización del impuesto al trabajo y del IGV. Esta es la tesis central del historiador Otto Hintze, discípulo de Max Weber.

A pesar de los esfuerzos que se hacen por mantener la diferencia y la distancia entre las actividades empresariales y la esfera política, la relación estructural es contaminante porque muchas veces las confunde y las superpone generando lo que Michael Walzer ha llamado intercambios bloqueados, esto es, injusticias. Se compra poder político con dinero y se paga el financiamiento de las empresas con favores políticos. Se ingresa de ese modo al núcleo de la corrupción política y económica y a la mercantilización de la política que eleva enormemente los costos de esta y, sobre todo, de las campañas electorales.

Las empresas financian legalmente las campañas electorales de los políticos que, una vez en el gobierno, pagan a los financistas con políticas públicas que los favorecen. Esta modalidad es injusta e irregular, pero aparece cubierta de una cierta legalidad y, en todo caso, no genera mucho escándalo porque es, más o menos, “transparente”. En cambio, es escandaloso y sancionado penalmente el financiamiento empresarial a través de coimas que constituyen una especie de pago ilegal a los gobernantes por los favores políticos recibidos (licitaciones amañadas, políticas públicas a favor de empresas y leyes con nombre propio). Este es el caso de Lava Jato de Brasil que se irradia a casi toda AL, además de los casos locales de cada país.

El delito mayor es, sin embargo, la narcopolítica que asume varias modalidades: el financiamiento de los políticos y sus campañas electorales con dinero del narcotráfico, el ingreso de narcotraficantes a la política, etc. Los medios hacen escarnio sobre todo del financiamiento externo de las campañas electorales, en particular si proviene del chavismo, olvidando el financiamiento social-demócrata o el socialcristiano. Las derechas buscan afanosamente en las agendas de Nadine la plata de Chávez. Los financiamientos con fondos provenientes del asalto al fisco (caso de Fujimori) parecen interesarle poco o nada.

La lucha contra la corrupción pasa parcialmente por la dación de una ley que limite en forma drástica el financiamiento de los partidos y de las campañas electorales.

Sinesio López Jiménez
No todas las elecciones políticas son buenas. Si son generales, libres, limpias, competitivas y periódicas o, para decirlo en breve, si son limpias y justas entonces son indiscutiblemente legítimas. En varios países de América Latina las elecciones son generalmente limpias (en el acto del sufragio), pero no son justas porque el proceso electoral (el dinero de la campaña, el apoyo del gobierno, la inclinación y la concentración de los medios, etc.) no es verdaderamente competitivo puesto que todos los recursos del poder se inclinan a favor del candidato de los ricos, del gobierno o de ambos. El problema en este caso es que se no ha logrado precisar el grado de injusticia que convierte a las elecciones en ilegítimas. Esta es una tarea pendiente.

Las elecciones de los regímenes autoritarios (las de Fujimori, por ejemplo) y las de diversos tipos de dictaduras no son limpias ni justas porque se hacen para perpetuarse en el poder. Eso hace de ellas una farsa. El caso más notorio es el de la dictadura portuguesa que durante 40 años (1933-1974) tuvo elecciones generales y periódicas, no para abrir las puertas a la alternancia en el poder, sino para perpetuarse en él. Este es el caso de un verdadero autoritarismo competitivo.

Algo parecido a las elecciones generales sucede con las elecciones para designar candidatos o primarias que pueden ser de diverso tipo. Las mejores primarias son las elecciones abiertas (a todos los ciudadanos), obligatorias y vinculantes (realizadas por los organismos electorales del Estado) como en USA, Chile, Argentina, entre otros. Las peores son las que realizan los dueños de la pelota para legitimar su candidatura. Este es el caso peruano donde no hay partidos sino caudillos, entornos e inscripción electoral. Va a ser muy interesante observar (si se puede) la elección como candidatos a la presidencia de la República de los señores Araoz, Acuña, PPK e incluso del Apra de García que ya no tiene los militantes de antes, pero conserva los padrones. Casi todas son primarias bamba. Lo que sorprende es que los organismos electorales les exijan solemnemente cumplir con lo que a todas luces es una farsa.

En la izquierda, los dueños de la pelota (Simons y Arana) han querido hacer lo mismo, pero no han podido. Tanto Unete por la democracia como el Frente Amplio van a realizar, por separado, primarias con diversos candidatos para quitarles la pelota a los dueños de la misma. ¿Será posible?. Es difícil, pero no imposible. Es posible que Verónica Mendoza le gane a Arana en el Frente Amplio así como Sergio Tejada (si compite) les gana a Goyo y a Simons en Unete si las elecciones son abiertas en las que, además de los militantes, participen efectivamente los izquierdistas independientes, los simpatizantes y los progresistas. De lo contrario, se imponen las capillas. Gane quien gane el problema es que las llamadas “primarias” en la izquierda legitiman su fragmentación y si ganan Verónica y Sergio se quema una buena plancha unitaria de la izquierda y del progresismo: La plancha de los treintones. Es un suicidio.

Las izquierdas tienen muy poco tiempo para evitar el suicidio si presionan a los dueños de las franquicias electorales (Simons y Arana) para ponerse de acuerdo en hacer una elección primaria unitaria y abierta de todas las izquierdas (sin vetos) para designar una buena plancha presidencial unitaria. Esto es también difícil, pero no imposible.

Sinesio López Jiménez
En la campaña le temían y buscaban destruirlo; en la hora del triunfo combinaron la presión, el atarantamiento y la seducción hasta someterlo; antes de asumir el mando ya las derechas tenían asegurados los puestos claves del gobierno (MEF y BCR); una vez en el gobierno seguía la presión angurrienta para que se deshaga de la izquierda y se preparaban para coparlo. Una vez capturado, Humala sufrió el síndrome de Estocolmo y asumió sin remordimientos el modelo neoliberal, se subió feliz a la ola del boom exportador (Conga va sí o sí), se olvidó de la diversificación productiva y desplegó las banderas de un asistencialismo focalizado.

Fueron dos años de gloria y de matrimonio feliz entre Humala y las derechas que lo sentían su gobierno. Todos fueron felices y comieron perdices. La pareja presidencial gozó las mieles del poder y los halagos de las derechas. De repente todo cambió entre ellos. Las derechas políticas y mediáticas comenzaron a cuestionarlo. Sólo la CONFIEP y los grupos empresariales en general se mantuvieron fieles. ¿Qué sucedió?. ¿Qué produjo la ruptura entre las derechas políticas y mediáticas con el gobierno de Humala?. ¿Fue un acontecimiento específico o un conjunto de acontecimientos que explican la ruptura? Me inclino por lo segundo.

Varios factores explican el distanciamiento que se transformó rápidamente en enemistad y odio. En primer lugar, la megacomisión investigadora de García y la revelación de los “narco-indultos” que han afectado seriamente su candidatura a la Presidencia por tercera vez. En segundo lugar, la negativa de Humala a indultar a Alberto Fujimori, lo que reavivó y agudizó los odios del fujimorismo contra el humalismo. En tercer lugar, la concentración mediática que impulsó el grupo de El Comercio para que las derechas no volvieran a experimentar los miedos del 2011, según lo expresó su propio director.

Finalmente, el adelanto inusitado de la campaña electoral del 2016 lanzado por García para defenderse de los narco-indultos acusando a la pareja presidencial de querer sacarlo de la competencia política porque quería perpetuarse en el poder a través de la primera dama. Los medios concentrados hicieron eco de las denuncias de García y emprendieron una campaña contra de Nadine Heredia hasta destruirla, como lo venía haciendo también con los líderes de las izquierdas. Haber recibido dinero de Chávez, estar vinculada a la corrupción debido a su amistad con Belaúnde Lossio, interferir en el gobierno sin haber sido elegida fueron las acusaciones principales hasta convertirla, según las encuestas, en la política más corrupta del Perú mientras Keiko Fujimori aparecía casi inmaculada.

La desaceleración de la economía, atribuida por las derechas a las políticas económicas equivocadas del gobierno, a los conflictos mineros y a las trabas burocráticas, a la incapacidad de los gobiernos regionales y a las políticas sociales desplegadas, ha potenciado las acusaciones contra la pareja presidencial y ha preparado el terreno para el retorno de los representantes directos y genuinos de la derecha dispuestos acabar con la descentralización y con las políticas sociales, conforme lo anuncian sus probables ministros de Economía y Finanzas.

Sinesio López Jiménez
Es una pelea de blancos, esto es, una peleita. Es un debate animado entre Segura, el actual ministro de economía, y los que disputan sucederlo (Carranza, ex-ministro de García y Abusada, ex-asesor de varios ministros de Economía y Finanzas de Fujimori). Sólo falta Kuczinsky para completar las visiones de los candidatos de las derechas y del neoliberalismo, aunque sospecho que el gringo se aproxima más a los puntos de vista de Segura. Para que deje de ser una pelea de blancos (pues todos se mueven en los marcos neoliberales) la prensa escrita debiera invitar también a los economistas de izquierda y progresistas que cuestionan al modelo neoliberal. Los lectores se verían beneficiados.

La discusión se centra en la desaceleración, en el grado en que ella afecta al Perú, en sus causas y en la eficacia de las políticas económicas para salir de ella. Mientras que Segura afirma que la desaceleración toca a todos los países de AL y del Caribe (pues todos ellos crecerán a un promedio de 0.5% en el 2015) y que el Perú es el enfermo menos grave del hospital (pues crecerá a una tasa de 3.5), Carranza y, en particular, Abusada se empeñan en demostrar que el Perú está casi moribundo debido a las políticas del gobierno de Humala.

Carranza sostiene que las tasas de crecimiento de AL varían, que los países (Argentina y Venezuela) que inflaron su gasto corriente y el crecimiento (a partir de los buenos precios de sus materias primas) entre 2006 y 2011, hoy tienen tasas negativas de crecimiento; que los países que mantuvieron la disciplina fiscal y redujeron el nivel de endeudamiento (Colombia y México) mantienen su tasa de crecimiento (4.9 y 2.3 respectivamente) del 2006 hasta ahora y que Perú y Chile han bajado ahora a la mitad su tasa de crecimiento del 2006-2011 porque la inversión ha caído debido a las malas políticas económicas que se vienen aplicando (El Comercio,04/08/15).

Para Segura las causas de la desaceleración son “los precios de las materias primas en declive por quinto año consecutivo, expectativas de mayores costos financieros, salidas de capitales que presionan al alza los tipos de cambio y menor crecimiento de los principales socios comerciales”. Reconoce que hay un factor interno (la incertidumbre electoral) que agrava la situación, pero que “la magnitud del actual debilitamiento de la confianza empresarial excede lo explicado por el deterioro del contexto externo o el ruido electoral” (El Comercio, 02/08/15 y La República 02/08/15). ¿Qué factor es este que sale de los marcos explicativos de la desaceleración y que la agrava?. Misterio por develar.

Para Abusada y Carranza el centro de todos de los males es el modelo humalista de “incluir para crecer” porque con él está condenando a toda la nación a la exclusión y al estancamiento. “El crecimiento- dice Abusada- se ha frenado por la ineficacia del gobierno en promover la inversión privada y por su incapacidad para llevar a cabo la inversión pública” (El Comercio, 31/0//15). Los factores internacionales son casi irrelevantes. En resumen, para Segura, la causa principal de la desaceleración proviene de un prolongado y severo shock externo mientras que para Carranza y Abusada radica en las malas políticas económicas del actual gobierno que no dan confianza a los inversionistas. ¿No son acaso las políticas económicas de Humala la continuidad de las de gobiernos anteriores?. ¿Castilla no fue acaso Viceministro de García?.