RECENTRALIZACION

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Sinesio López Jiménez
El boom exportador favoreció la descentralización política y fiscal y su actual agotamiento estimula los intentos de recentralización. Desde 2002 cambió la administración fiscal del país: “El gobierno nacional ha transferido importantes funciones y recursos fiscales a los gobiernos regionales, a la vez que ha reforzado los ingresos de los gobiernos municipales. Estos han duplicado sus presupuestos en solo cinco años. Sin embargo, se financian principalmente con transferencias del gobierno central y no tanto con recursos propios recaudados por ellos. Los presupuestos fiscales de los gobiernos regionales y municipales equivalen al 30% del presupuesto del gobierno nacional, casi el doble de lo que era antes de 2002. Asimismo, más de la mitad de los trabajadores del sector público están en los gobiernos subnacionales, mientras que la inversión pública a cargo de estos gobiernos equivale al 55% de la inversión pública nacional” (Vega, 2009: 17).

La principal fuente de recursos de los gobiernos regionales no proviene del canon sino de los recursos ordinarios (77%) del tesoro público. El canon, sin embargo, especialmente el minero, ha sido el recurso de mayor crecimiento, registrando un notable aumento hasta el 2012. Los gobiernos locales cuentan, en cambio, con algunos recursos propios (tributarios y no tributarios) y dependen relativamente menos del gobierno nacional. Sin embargo, esta dependencia es todavía alta, ya que, en promedio, solo el 27% de sus ingresos provienen de recursos propios. Las transferencias aumentaron su participación de 55% en el 2002 a 73% en el 2006. El sistema de transferencias fiscales a los gobiernos regionales muestra cierta regresividad puesto que las regiones más pobres reciben relativamente menores transferencias presupuestales del gobierno nacional.

La política de recentralización se inicia en el 2014 y se acentúa en el 2016 en el que el gobierno central se autoasigna el 75% del presupuesto en el nivel nacional. El gobierno nacional arguye, por un lado, una supuesta incapacidad de gasto de los gobiernos descentralizados y, por otro, un alto nivel de corrupción en ellos. Pero el gasto ejecutado por los gobiernos descentralizados al 31 de agosto llega al 35.3%, cifra superior al ejecutado por algunos sectores del gobierno central (Salud, Mujer, MIDIS y Ambiente) y la corrupción corroe más al gobierno central que a otras instancias del gobierno.

La Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú (REMURPE) plantea para el corto plazo que el gobierno central reponga los recursos recortados a los gobiernos locales a través de transferencias compensatorias financiadas con el fondo de contingencia 2015, incremente el FONCOMUN para atender las necesidades de las poblaciones rurales, más pobres y con mayor número de necesidades básicas insatisfechas y reactive el PREBAM y lo incorpore al presupuesto 2016 para que las municipalidades cuenten con las maquinarias necesarias para atender las emergencias como la del fenómeno del Niño que se anuncia.

La REMURFE pide también instalar el Consejo de Coordinación Intergubernamental (en base al reglamento concertado por el Ejecutivo y las asociaciones de gobiernos descentralizados: REMURPE, AMPE y la ANGR) que espera la decisión de la PCM desde el 2013.

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