Sinesio López Jiménez

Una gran desconfianza reina en el país. Los peruanos tenemos la impresión que se nos ocultan muchas cosas que debiéramos saber sobre la corrupción. Los medios y las redes quieren embarrar a todos para salvar a los verdaderos culpables o atenuar sus responsabilidades. Esa confusión se extiende incluso a los que protestan contra ella. Muchos contestatarios creen erróneamente que todos los políticos son corruptos. Los peruanos necesitamos saber toda la verdad por varias razones.

En primer lugar, necesitamos saber todo lo cantado por Barata, el representante de Odrebecht en el Perú. Hasta ahora sólo la Fiscalía, gracias a la justicia norteamericana y brasileña, monopoliza la información sobre las coimas. Tomadas prontamente las medidas del caso, la Fiscalía debe informar a todos los ciudadanos y debe hacerlo ya para acabar con la desconfianza generalizada.

En segundo lugar, es probable que lo dicho por Barata no sea toda la verdad. En todo caso, todo lo que ha dicho puede ser contrastado con los hechos. Esa es la tarea de jueces y fiscales. Pero es probable que Barata no haya dicho todo lo que sabe sobre la corrupción de su empresa y de los políticos en el Perú.

En tercer lugar, Barata sólo se refiere a las coimas y a los depósitos de dinero, pero no alude al conjunto de normas, dispositivos y adendas que es la contraparte gubernamental de la coima. Esta contraparte no se reduce al visto bueno de las licitaciones dado por los coimeados sino también y principalmente al tinglado normativo que deciden los presidentes y los ministros. Los fiscales y los jueces (también los medios) sólo miran la coima y la ruta del dinero, pero están dejando de la lado todo el arreglo normativo expresamente establecido para hacer viables las coimas. Están pescando a las pirañas, pero dejan escapar a los tiburones.

En cuarto lugar, la corrupción no se reduce a la coima sino que extiende a las donaciones, las conferencias sobrepagadas, etc, etc. La ruta del dinero no se dirige sólo a las pirañas sino que es probable que llegue hasta los tiburones y, viceversa, cuando llega a los tiburones es probable que chorree a las pirañas. En quinto lugar, Barata, hasta donde se sabe, se refiere a las coimas repartidas a los funcionarios corruptos, pero no dice nada de las sobreganancias repartidas entre Odrebecht y sus socios peruanos. Graña y Montero está pasando piola y los fiscales están silbando al techo.

En sexto lugar, no solo Odrebecht ha actuado en el Perú sino también otras empresas brasileñas que operaban con las mismas prácticas corruptas. Pero de ellas sabemos poco o nada. En sétimo lugar, la corrupción no se circunscribe a las empresas brasileñas y a los ministerios que tienen que ver con la infraestructura. Lamentablemente ella se extiende a casi todos los ministerios sin que los organismos de control hayan hecho algo para evitarlo. La corrupción los pone en la picota y los involucra. Hace poco García se vanagloriaba, como si fuera una condecoración, de haber sido investigado 39 veces y de haber salido ileso en todos los juicios. En todo caso, debemos un reconocimiento a los presidentes (Paniagua, Belaúnde, Haya, Bustamante y Rivero) que nunca fueron citados por los jueces porque actuaron con pulcritud y limpieza.

Sinesio López Jiménez
Tres son los componentes centrales de la política moderna: los políticos que deciden, los tecnócratas que saben y los ciudadanos que pifian o aplauden, esto es, otorgan legitimidad a los que cortan el jamón. Según Max Weber, los políticos deciden sobre medios y fines, mientras que tecnócratas solo deciden sobre medios. No siempre existe un equilibrio entre ellos. La asimetría es la relación más frecuente. En algunas épocas y gobiernos predominan los políticos; en otros, los tecnócratas. Los ciudadanos son los que siempre llevan la peor parte, aunque se les reconozca ciertos derechos y se les ofrezca algunas garantías.
El el Perú neoliberal post-90, los tecnócratas asumen un mayor peso político en relación con los partidos personalistas que tienen poca importancia. En realidad los tecnócratas, además de ejercer el conocimiento de los expertos, deciden en alianza con el Presidente de la República y refuerzan esta coalición con el respaldo de los poderes fácticos. Este respaldo arrebata el carácter autónomo que algunas veces tiene la tecnocracia.
Esta coalición presidencial-tecnocrática, reforzada con los poderes fácticos, ejerce el poder del siguiente modo:
1. Apuesta a la eficacia decisoria y hace de ella la fuente de la legitimidad y de la gobernabilidad. La eficacia decisoria no se deriva sólo de los políticos elegidos que deciden sino también de la tecnocracia que tiene el conocimiento experto y que, por eso, también participa en las decisiones.
2. La democracia choca con la eficacia decisoria porque ella abre las puertas a las demandas y a la protesta social. La tecnocracia quiere una torre de marfil para decidir y evitar el “ruido político”. El gobierno tecnocrático quiere una sociedad en silencio que lo deje gobernar.
3. La eficacia decisoria exige concentrar las decisiones en la cúspide del poder, esto es, en el Presidente de la República y en la alta tecnocracia. Desde esta perspectiva, fortalece algunas instituciones (BCR, MEF, SBS, SUNAT), pero debilita otras, entre ellas los organismos de control institucional.
4. El secretismo es la forma preferida de gobierno. Hay que decidir en secreto para que los ciudadanos no se enteren ni cuestionen las decisiones políticas. Todos los gobiernos post-90 han apelado con frecuencia a los decretos de urgencia para evitar el debate público en el Congreso.
5. El hiperactivismo legislativo del gobierno gracias a la delegación de facultades del Congreso, recurso al que apela con frecuencia.
6. El debilitamiento de la accountability vertical de los ciudadanos en la hora de elegir y del control social de la sociedad civil como producto de la neutralización de la presión social y del escrutinio público. Con este fin los gobiernos tecnocráticos deslegitiman las protestas sociales criminalizándolas.
La tecnocracia ha participado activamente en el diseño y aplicación de las privatizaciones, de las concesiones y de las APP y en sus distorsiones. Tienen por lo menos una responsabilidad política y, en algunos casos, posiblemente penal.

                                               Sinesio López Jiménez

Hablar de partidos políticos en el Perú es un abuso del lenguaje. Con la crisis de los populismos en los 80 del siglo pasado y la llegada del neoliberalismo, los grandes partidos que tenían un enraizamiento social más o menos sólido e ideologías cerradas y apasionadamente vividas se transformaron en partidos  blandos que levitan y abrieron las puertas a los partidos personalistas. ¿Son partidos Perú Posible, Gana Perú, Partido por el  Cambio, Solidaridad Nacional, APP, TyL?. ¿Y el fujimorismo?. No es aún un partido, pero es el que más se aproxima. Casi todos ellos son pequeños entornos de un caudillo que han logrado comprar una franquicia electoral en el mercado. Son “partidos” personalistas.

Para ganar el gobierno en los regímenes democráticos los nuevos partidos personalistas y los viejos partidos (que también han devenido personalistas) tienen que competir haciendo costosas campañas electorales que son una poderosa fuente de corrupción política. ¿De dónde sacan los recursos?. Principalmente de financiamientos privados. Algunos, incluso si provienen de grandes empresas, son legales, pero condicionan al gobierno que respaldan. Otros  provienen de robos al fisco, de coimas y del narcotráfico y los partidos disfrazan la ilegalidad de los recursos con falsas actividades partidarias que nadie controla ni sanciona.

Muchas veces el financiamiento legal e ilegal no se usa sólo para las campañas electorales sino también para el enriquecimiento personal. La política los hace ricos. Algunos políticos de origen social modesto hoy son millonarios. Una solución posible para eliminar la corrupción en las campañas electorales es prohibir el financiamiento privado y otorgar el financiamiento público a los partidos. Como se ha hecho en Méjico. Esto no anula la competencia ni el éxito de los partidos en la campaña electoral. Verónica Mendoza del FA no tuvo millones para gastar en su campaña electoral, no contrató un solo aviso en la TV ni gastó en paneles publicitarios y, sin embargo, obtuvo un excelente resultado electoral.

Los partidos personalistas (incluida el Apra que se ha transformado en un entorno de García) que ganan el gobierno no llegan a ser partidos de gobierno. Gobierna, no el partido triunfante, sino el presidente y sus amigos, los pretenciosos tecnócratas neoliberales y los poderes fácticos, esto es, los grandes empresarios, los medios poderosos y los militares (en el caso del fujimorismo). No tienen controles partidarios ni vigorosos controles institucionales porque el sistema político no los tiene y, en esas condiciones, son presa fácil de la corrupción.

¿Qué pasa con el caudillo presidente, sin controles partidarios ni institucionales, suelto en plaza, fascinado con todos los halagos del poder y tentado por el oro de los ricos?. Se vuelve hobsiano. Le salen “los espíritus animales” y se deja llevar por los apetitos materiales desmedidos y por la corrupción. Pasado el sueño de grandeza viene la pesadilla cuando lo atrapan con las manos en el fisco o en la coima. Algunos (Toledo y Humala) ni siquiera tienen un pequeño partido que los defienda. Otros (el fujimorismo y García) han transformado sus partidos en escudos para defender a sus líderes corruptos.

                                   Sinesio López Jiménez

¿Sabrán aprovechar la oportunidad?. ¿Estarán a la altura de las exigencias éticas de la ciudadanía honesta del Perú o cederán nuevamente a las presiones y al blindaje de los políticos corruptos?. ¿Utilizarán la ley para defender e impartir justicia o se servirán de ella para justificar las injusticias, los saqueos al fisco y la podredumbre moral de los corruptos?. Me refiero a los fiscales y a los jueces porque nada bueno ni grande se espera de las comisiones parlamentarias de investigación, salvo miopía política, mediocridad intelectual y miseria moral.

Tampoco se espera algo bueno de la Contraloría ni del CNM que cobija en su seno a algunos personajes incapaces y éticamente discutibles. Los ciudadanos honestos del país concentran su mirada en los jueces y fiscales, observan sus pasos y movimientos, prestan atención a sus investigaciones y decisiones, vigilan su conducta y sus acciones. El colapso moral de la vieja política y de la nueva tecnocracia constituye también la ocasión para que los fiscales y los jueces digan con hechos a los ciudadanos que son capaces de corregir su pasado poco edificante y muestren con sus veredictos la grandeza moral a la que pueden llegar. Para alcanzar esa cumbre debieran regirse por las siguientes indicaciones:

1. Sean audaces, valientes y justos. La prudencia que linda muchas veces con la timidez nada grande ha producido en la historia. No miren sólo a las pirañitas ni se hagan los ciegos frente a los tiburones. Las pirañitas no intervienen en las grandes decisiones de política ni en los grandes negocios. Estos son exclusividad de los tiburones. Barata de Odebrecht no habla ni negocia con las pirañitas sino con los tiburones. Las normas e indicaciones legales con las que operan las pirañitas las hacen los tiburones. La responsabilidad política y penal no la tienen sólo los pirañitas sino principalmente los tiburones.
2. Constituyan un cuerpo sólido e integro de fiscales y jueces honestos que sea capaz de controlar (sino de regenerar) a los podridos. Hubo fiscales y jueces honestos en el pasado y los hay también en el presente que deben servir de referencia intelectual y moral.
3. No se dejen presionar por los políticos corruptos ni caigan en el juego cainita de liquidar al adversario acusándolo de corrupto para salvar su pellejo. Ni los políticos corruptos ni sus partidos tienen la importancia que equivocadamente se les atribuye. La corrupción abismal y los magros resultados de las últimas elecciones los han liquidado. No los sobrevaloren ni les teman.
4. Tampoco se dejen amedrentar por los poderes fácticos, en particular por algunos medios que parecieran dedicados a salvar a algunos políticos y empresarios corruptos.

La podredumbre moral es la ocasión también para que los ciudadanos honestos –que son la mayoría-, los medios transparentes e interesados en conocer y difundir la verdad y los políticos honestos, en particular los que vienen de las nuevas generaciones, ayuden a combatir y a enterrar el oprobio, a defender los avances y logros y a salvar la dignidad del Perú. Si desaprovechamos esta ocasión la corrupción nos arrasará y no quedará otra cosa que esperar lo peor.

                                   Sinesio López Jiménez

Cada época histórica y cada forma de Estado tienen sus propias formas de corrupción. El populismo tiene las suyas. El neoliberalismo tiene sus formas específicas. Las privatizaciones de las empresas públicas, las Concesiones y las Alianzas Público-Privadas dan lugar a un tipo de corrupción neoliberal: la apropiación irregular e ilegal de bienes y servicios públicos para beneficiar a las empresas privadas y a los funcionarios públicos corruptos. Los que pierden son el Estado y los ciudadanos en general. La inversión pública que es predominante en el populismo pero que se hace también en otras formas de Estado, incluido en el neoliberalismo, da lugar a una forma más común de corrupción.

Un mecanismo general de corrupción en las privatizaciones de las empresas públicas es la subvaloración de estas para venderlas barato a los privados. Esa subvaloración no es gratis, desde luego. Las denuncias y escándalos que se produjeron por la venta de empresas estatales a precio huevo en el caso peruano son bastantes conocidos (Telefónica, Empresas Eléctricas, Aero-Perú, etc). Otro mecanismo de corrupción de algunas privatizaciones fue la sobrevaloración de los servicios públicos. El más conocido e irritante fue el pago de la renta básica a la Telefónica que tuvimos que pagar todos los usuarios durante varios años.

Además de estos mecanismos económicos, en las privatizaciones opera otro que es abiertamente obsceno: el robo de la venta de las privatizaciones por los altos funcionarios públicos. Es lo que pasó en la época del fujimorismo.

Las concesiones de bienes y servicios públicos a los privados por parte del Estado tiene sus propios mecanismos de corrupción: las licitaciones amañadas, la sobrevaloración de los costos del bien público para favorecer al Concesionario y a los funcionarios corruptos y el financiamiento de los negocios de los Concesionarios por la población. Ese es el sentido que tiene el cobro de Seguridad Energética CASE en el recibo luz que todos pagamos.

El mecanismo de corrupción que se da en algunas Alianzas Público-Privadas es la sobrevaloración de los costos de los bienes y servicios públicos para favorecer a los privados. Es lo que probablemente sucede en Obras por Impuestos y en el sector salud. Los mecanismos de corrupción de la inversión pública que hace el Estado son, por lo general, las licitaciones amañadas y la sobrevaloración de los costos de las obras públicas.

¿Quiénes deciden y operan en los diversos mecanismos de corrupción? Los funcionarios públicos corruptos en complicidad con las empresas privadas que son favorecidas por la corrupción. En Brasil están siendo apresados no sólo los altos funcionarios públicos corruptos sino también los grandes empresarios corruptos o corruptores. En el Perú, por lo que estamos viendo hasta ahora, están siendo apresados solo los funcionarios de menor rango. Son los que operan en las licitaciones como si ellos fueran totalmente autónomos para decidir y operar. ¿Y los presidentes y ministros que deciden y operan sobre estos mecanismos de corrupción no son responsables?. Todos ellos tienen responsabilidad política y algunos probablemente tienen responsabilidad penal.

                                   Sinesio López Jiménez

La corrupción es destructora de la política, de la sociedad y, a la larga, de la misma economía. Ella conduce a la antipolítica, a la desmoralización social y probablemente al estancamiento económico. Ella ha convertido a algunos políticos de origen social modesto en ampulosos millonarios y ha incrementado significativamente las ganancias de grandes empresas nacionales y extranjeras. No se trata de una empresa, sino de varias, por no decir casi de todas. Stiglitz afirma que en los presupuestos de las grandes corporaciones figura un rubro dedicado a la corrupción.

Para comprenderla a cabalidad hay que desplegar diversos enfoques interdisciplinarios, pero es la economía política la que permite entender algunos aspectos sustantivos de la misma. Sugiero algunas ideas exploratorias sobre el tema.

En primer lugar, hay una relación estructural entre la economía y la política en el capitalismo. Ella consiste en lo siguiente: El Estado promueve la inversión privada y garantiza la seguridad jurídica de las inversiones del capital y este, a cambio, ofrece los impuestos necesarios para que el Estado se organice y funcione. A los políticos les interesa que a los capitalistas les vaya bien porque de ese modo ellos resultan también favorecidos. Este es un intercambio legalizado y legitimado, pero puede ser fuente de inequidad y de corrupción, en particular por el lado de la capacidad impositiva (evasión, elusión, regresión, etc).

En segundo lugar, hay una relación coyuntural entre la economía y la política que se desarrolla en los procesos electorales competitivos para acceder al gobierno en los regímenes democráticos. La competencia electoral se desarrolla principalmente a través de los medios (en particular la TV) que son muy costosos y obliga a los políticos a buscar los recursos económicos necesarios para financiarla. El financiamiento puede ser público (franjas electorales) o privado que, a su vez, puede ser legal (de individuos o empresas) o ilegal (robos al fisco, coimas de empresas, narcotráfico, etc).

Algunos candidatos han desarrollado sus campañas dentro de la legalidad, pero sospecho que otros han apelado a la corrupción disfrazándola de actividades legales. No es posible ni creíble que algunos candidatos financien sus millonarias campañas electorales con rifas, polladas o contribuciones de sus modestos militantes. El problema es que los organismos electorales son incapaces para controlarlos y el poder judicial es incapaz para juzgarlos y sancionarlos.

En tercer lugar, hay una relación entre la economía y la política que surge de las políticas públicas que despliega el Estado. Para analizar la corrupción en este nivel hay que considerar principalmente cuatro políticas públicas: Las privatizaciones de las empresas públicas, las inversiones públicas, las concesiones del Estado a las empresas privadas y las Alianzas Público Privadas.   La corrupción del fujimorismo se produjo en las dos primeras mientras la corrupción de los tres gobiernos democráticos (Toledo, García y Humala) se ha dado en las dos últimas. Vuelvo sobre la corrupción que nace de estas cuatro políticas públicas en la próxima columna.

                                               Sinesio López Jiménez

Una de las cosas peores de la corrupción no es la inmoralidad de los gobiernos y de los estados sino la desmoralización de las sociedades cuando ella no es castigada sino que es mantenida en la impunidad. Sospecho que cuando se llega a ese nivel y se percibe que todo está podrido, incluida la sociedad, ya no hay un punto de retorno, salvo las salidas anti-institucionales. Creo que no hemos llegado aún a ese nivel de desesperanza. Sospecho que la mayoría de los peruanos se mueve entre el escepticismo y la esperanza.

Hay un gran escepticismo sobre la capacidad de las instituciones de control horizontal (Congreso, Fiscalía y Jueces, Procuradoría, CNM, TC y Contraloría) para denunciar, combatir y sancionar la corrupción. Para comenzar, la denuncia traumática sobre la corrupción de Odrebecht y de algunos funcionarios peruanos no proviene de ellos sino de la justicia norteamericana y brasileña. Los organismos peruanos de control, con alguna que otra honrosa excepción, no la vieron o, si la vieron, silbaron al techo. Todos pasaban piola. Hoy se ven empujados por la justicia norteamericana y brasileña y por los medios.

¿Qué se puede esperar de la Comisión del Congreso encargada de investigar el Lava Jato?. Poco o nada. La mayoría de sus integrantes apoyaron a los gobiernos acusados de corrupción.  Algunos han ofrecido poner las manos al fuego e inmolarse por sus líderes. Es obvio que la mayoría, lejos de investigar la corrupción, va a blindar a sus presidentes y funcionarios. Poco es lo que puede hacer allí algún congresista que nada tuvo que ver con los gobiernos corruptos.

Y ¿qué podemos esperar de los jueces y fiscales?. Si nos atenemos al papel que han jugado en las últimas décadas no es mucho lo que se puede esperar de ellos. Siempre hay excepciones. Los fiscales que acusaron y los jueces que encarcelaron a los corruptos del gobierno de Fujimori merecen un reconocimiento especial. Hay, sin duda, fiscales y jueces honestos. Pero la mayoría de ellos, comenzando por las cabezas, parecen haberse dedicado a blindar y a encubrir a los presidentes y funcionarios acusados de corrupción. Frente al enorme desafío actual, tienen la oportunidad de mostrar que son capaces de cambiar.

Lo mismo se puede decir de los otros organismos institucionales de control horizontal (Procuradorías, CNM, TC y Contraloría), lo que es una lástima porque sus decisiones son vinculantes. Obligan a todos también los mecanismos del control vertical, en particular los que provienen de los resultados electorales. La eficacia de estos es, sin embargo, desigual. Funcionaron bien durante los últimos tres gobiernos: Redujeron su representación (Apra 2011 y 2016) o la desaparecieron (el fujimorismo el 2001, Perú Posible, 2006 y 2016 y Gana Perú 2016). Los electores castigaron su pobre desempeño y la corrupción.

No todo, sin embargo, está perdido. En las horas más difíciles y en los grandes desafíos han aparecido los grandes movimientos de la ciudadanía y de la sociedad civil que adquieren una gran fuerza política cuando van acompañados por la denuncia y la difusión de los medios. La pregunta no es si va emerger o no una gran movilización social anticorrupción sino en qué momento va a aparecer. En esto radica la esperanza de salir del fango en que nos encontramos.

                                               Sinesio López Jiménez

Los estados desarrollados son, por lo general, menos corruptos que los estados post-coloniales porque sus funciones y capacidades están claramente diferenciadas del sistema económico y sus relaciones de interdependencia están bien institucionalizadas. En los estados post-coloniales, en cambio, las diferencias entre los sistemas económicos y políticos son borrosas y sus interdependencias no están sometidas a reglas y normas respetadas por todos.

Los gobiernos y los regímenes democráticos son menos corruptos que los gobiernos y regímenes no democráticos porque cuentan con controles horizontales, verticales y sociales que buscan impedir la corrupción y, cuando ella se produce, tratan de evitar la impunidad. Los gobiernos y regímenes no democráticos (dictaduras, autoritarismos, totalitarismos, etc), en cambio, no respetan la ley ni las instituciones. Son el reino de la arbitrariedad, del robo y de la impunidad.  Transgreden la ley y roban impunemente.

Las democracias no son inmunes a la corrupción, especialmente aquellas que no se han consolidado como tales o tienen, como ha señalado Phillipe Schmitter, una consolidación mínima o básica de alternancia en el poder, pero que no han alcanzado una consolidación amplia e institucionalizada. Ellas “exhiben una accountability horizontal débil o intermitente” (O´Donnell).  Este parece ser el caso nuestro y de gran parte de las democracias de AL.

Guillermo O´Donnell sostiene que “la debilidad de la accountability horizontal implica que los componentes liberales y republicanos de ellas son endebles. Las poliarquías (o democracias realmente existentes:slj) son la síntesis de tres corrientes históricas o tradiciones: democracia, liberalismo y republicanismo. Esta convergencia es parcialmente contradictoria porque algunos principios básicos de cada una de estas corrientes son inconsistentes con los principios básicos de las otras, lo que complejiza a las poliarquías pero las hace dinámicas y abiertas”.

El componente liberal asume al individuo como realidad primordial y enfatiza los derechos y libertades civiles mientras el componente republicano asume la comunidad de ciudadanos como la realidad primordial, defiende el bien común, enfatiza los derechos políticos, trata de hacer compatible el interés individual con el bien común y, si no lo logra, sacrifica al primero en nombre del segundo. Ambos distinguen entre la esfera pública y la privada, pero el liberalismo valora más la segunda y el republicanismo la primera. La discrepancia entre liberalismo y republicanismo lleva a conclusiones divergentes acerca de los derechos y obligaciones de los ciudadanos, el sentido de la participación política, el carácter de la sociedad civil.

En la democracia y en el republicanismo las autoridades no aceptan restricciones en sus decisiones y nada impide que los mejores gobiernen en favor del bien público, mientras que el liberalismo sostiene que hay derechos que no pueden ser violados por agentes públicos o privados (transgresión). El neoliberalismo actual ha fortalecido el componente liberal y ha debilitado el componente republicano, ha fortalecido el rechazo a la transgresión, pero es tolerante frente a la corrupción.

                                       Sinesio López Jiménez

La corrupción nace de una relación perversa de los intereses privados con los asuntos públicos. Ella es la apropiación privada de lo público violando las normas que lo protegen. Ha existido siempre porque la existencia de la relación de lo público con lo privado es anti-diluviana.

Lo que ha cambiado es la forma de corrupción porque cambiantes son las relaciones público-privadas. En el mundo clásico, por ejemplo, la relación entre lo público y lo privado estaba territorializada (lo público estaba en la polis y lo privado en el oikos) mientras en el mundo moderno (desde la monarquía absoluta en adelante) está corporizado: una pequeña parte nuestra como individuos es pública (estatal) mientras la mayoría de nuestras actividades es privada (Koselleck).

En el mundo moderno, en el capitalismo especialmente, se ha desarrollado una relación estructural entre los intereses privados y los intereses públicos del Estado que puede ser una fuente de corrupción. Sin promoción de la acumulación y sin seguridad jurídica que ofrece el Estado no hay capitalismo y sin los impuestos que vienen de los privados no hay Estado moderno (Kintze, Offe etc).

En los países poco desarrollados como los nuestros, esta diferenciación estructural es borrosa y se presta, por un lado, a la permanente injerencia de los intereses privados en las políticas públicas del Estado para beneficio propio y, por otra, a la apropiación privada de los bienes públicos por parte de los funcionarios del Estado. Tanto lo uno como lo otro son corrupción.  En los países de AL ella es endémica. Se da en todos tiempos, en todos los regímenes políticos, en todos los gobiernos, en unos más que otros, pero es algo generalizado. Es un escándalo cuando la corrupción se produce en grande en una situación de inflación (García en su primer gobierno) o en una situación recesión (Fujimori al final de su gobierno).

La corrupción, aunque sea enorme, puede pasar piola en tiempos de boom de las exportaciones. Pocos se escandalizan. Todos ganan, unos más que otros, pero todos se sienten más o menos bien. Esos son los tiempos propicios para el desarrollo de la cultura permisiva con la corrupción. No importa que el gobierno robe con tal que haga obra que me favorece. La cosa cambia cuando se acaba el boom y llega el tiempo de las vacas flacas. Entonces la corrupción presente o pasada se vuelve más visible y más escandalosa. Es lo que está pasando ahora en el Perú y en AL.

Es cierto también que en los tiempos de boom la corrupción es realmente mayor. El Estado obtiene más recursos, las empresas pueden obtener más beneficios si entran en contubernio con los presidentes y los funcionarios del Estado (sobrevalorando las obras que construyen, pagando menos impuestos, repartiendo más coimas, etc) y estos pueden robar más. Los presidentes se vuelven odriistas (hechos y no palabras) y prefieren las obras faraónicas en lugar de gastar en la gente a través de políticas sociales. La construcción de bienes públicos y de elefantes blancos se transforma en negociazos privados de las empresas y de los funcionarios corruptos.

                                         Sinesio López Jiménez

Una cosa es dialogar con la frente en alto y otra es dialogar poniendo la otra mejilla. Los fines de la política (equilibro de poderes, democracia, gobernabilidad, promoción del desarrollo, etc) no se logran con la aplicación de las enseñanzas del Sermón de la Montaña sino que exigen con frecuencia combinar la energía y la dignidad con el diálogo. El Sermón de la Montaña sirve para ir al cielo, pero no es aconsejable usarlo para conquistar o conservar el poder en este mundo.

La política no es sólo la fuerza como pensaban Max Weber y Carl Schmitt ni es sólo el diálogo como pensaba Hannah Arendt. Se parece más al centauro maquiavélico como pensaba Gramsci: Es mitad potro y mitad hombre, es fuerza y razón al mismo tiempo. En los países en donde la esfera pública y la sociedad civil son vigorosas, predominan el diálogo y el intercambio de razones. En cambio, en los países en donde no existen la esfera pública ni la sociedad civil o ellas son muy débiles predominan la imposición y la fuerza. El Perú está en una situación intermedia.

En los cien primeros días del gobierno, el Ejecutivo apeló al diálogo mientras el fujimorismo combinó la fuerza y el diálogo. El fujimorismo hizo concesiones (dio el voto de investidura al gabinete y concedió facultades legislativas al Ejecutivo), pero también ejerció la dictadura de la mayoría (elección del Defensor del Pueblo, imposición de la ley de rehenes de FP, elección de los representantes del Congreso en el BCR). Luego de la censura de Saavedra, el fujimorismo parece dispuesto a ejercer sólo la dictadura de la mayoría para romper el equilibrio de poderes, atentar contra la democracia, debilitar más aún más al Ejecutivo e imponer, en su momento, la vacancia presidencial.

El Ejecutivo, en cambio, no ha sabido (o ha tenido interés o ambas cosas a la vez) limitar la dictadura de la mayoría del Congreso con los recursos que la Constitución le da. Podía haber apelado al voto de confianza al gabinete para frenar la voracidad de la dictadura de la mayoría fujimorista, pero no lo hizo porque no quería apelar a una política confrontacional, pero si tolera la política confrontacional del fujimorismo. PPK cree ingenuamente que sólo con el diálogo puede contener al fujimorismo.

La exigencia del voto de confianza no es incompatible con el diálogo. PPK debió exigir el voto de confianza y llamar al diálogo. Es el diálogo con la frente en alto.  Es un error, desde el punto de vista del gobierno, sólo llamar al diálogo. Y el error más grave es permitir que en el diálogo con la Fujimori se cuele Cipriani, el representante de la Iglesia conservadora y del Opus Dei. Es el diálogo poniendo la otra mejilla.

Cipriani no sólo busca lavarse la cara e imponer sus ideas conservadoras al gobierno sino que también pretende ser el cemento de una coalición entre PPK y el fujimorismo para establecer el cogobierno entre ellos como quieren los poderes fácticos. Si PPK cede a las pretensiones del fujimorismo, de Cipriani y de los poderes fácticos, entonces traiciona a sus electores, pierde legitimidad y, en la práctica, se acaba su gobierno.