Sinesio López Jiménez

El proyecto de la nueva ley universitaria ha sido trabado por fuerzas externas al Congreso. Hay, por lo menos, tres grupos de interés que no quieren una nueva ley universitaria. Prefieren el statu quo. Todos ellos se oponen al nuevo proyecto en defensa de la autonomía universitaria, entendida de acuerdo al cristal con que se mira. En primer lugar, la ANR entiende la autonomía como la captura de las universidades públicas por parte de pequeños grupos  que operan con métodos mafiosos sin control ni oposición. Para perpetuarse en el poder universitario  cooptan a algunos profesores con pequeños cargos, compran a ciertos dirigentes universitarios que fungen de operadores en las elecciones estudiantiles  y en las asambleas universitarias, imponen reglamentos arbitrarios para sancionar a los estudiantes que protestan contra sus arbitrariedades, denuncian a los opositores ante los jueces inventando faltas sin fundamento.

En segundo lugar, las universidades privadas conciben la autonomía universitaria como la no interferencia del Estado en sus negocios privados de la educación como si esta fuera cualquier mercancía y no un bien público. Las universidades-empresa son  un negocio privado que rinde utilidades (que se reparten entre los socios), pero que no quiere pagar impuestos ni someterse a una necesaria regulación del Estado. Es legítima su presencia en el sistema universitario siempre y cuando entiendan que producen un bien público y que, por eso mismo, tienen que someterse a la regulación estatal. Este tema ha sido bien planteado por el actual ministro de Educación, aunque la solución propuesta es más que discutible (El Comercio, 19/05/14).

En tercer lugar, algunas universidades asociativas (que propiamente son organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro) entienden la autonomía como la perpetuación de una camarilla en los cargos universitarios para hacer lo que les da la gana (cobrar altos sueldos, manejos arbitrarios de los recursos, etc) y para convertirlas en universidades-empresa o privatizarlas. Hay varios intentos en esta dirección. El caso más escandaloso es el de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega cuyas autoridades se autoimponen astronómicos sueldos que no cobran ni las autoridades de las mejores universidades del mundo.  Esos sueldos no son tales sino que son escandalosos asaltos a los ingresos de su comunidad universitaria.

Aprovechando la trinca contra el proyecto de la nueva ley universitaria, el gobierno propuso el viernes pasado un proyecto de ley que crea la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, manejada por el Ministerio de Educación y el MEF y acompañada por cuatro doctores seleccionados por concurso público. La propuesta del SUNEDU del Ejecutivo es peor que la del SUNEU del Congreso. El rol rector en la educación universitaria que reclama el Estado bien puede ser cumplido por la presencia de un representante del MED en el gobierno del sistema universitario que debe estar integrado principalmente por algunos representantes de las universidades y  de la sociedad civil. La propuesta de la nueva ley universitaria del congreso no es la divina pomada, pero el debate en el Congreso puede hacerla mejor que la mediocre y caótica situación actual. Hay felizmente buenas universidades públicas, asociativas y privadas, pero en la mayoría reinan la mediocridad, las mafias y las ambiciones desmedidas.