Sinesio López Jiménez

De la podrida situación universitaria brotó pus. El debate sobre la ley de reforma universitaria ha sacado a luz los efectos perversos que produce la ola privatizadora llevada hasta los extremos en la universidad: educación privada de pésima calidad, apropiaciones ilícitas de universidades asociativas sin fines de lucro y la existencia de mafias en el gobierno de algunas universidades públicas. Esta ola privatizadora pone a su servicio el mito de la autonomía universitaria a la que deforma  y explota las justas aspiraciones educativas de los jóvenes que, ante la inexistencia de centros de formación técnica de calidad, creen que la universidad les abre el camino al éxito. Todo ello ha potenciado la masificación de las universidades, ha mostrado la incapacidad o la falta de interés de los promotores (incluido el Estado) para dotarlas de la infraestructura y la logística necesarias para una formación de calidad (bibliotecas, laboratorios, etc) y ha generado mediocridad académica.

Uno de los problemas más graves es que la mayoría de las universidades se limita a vender cursos y deja de lado la investigación científica, tecnológica, social y humanista. Por ese camino, nunca van a ser universidades de calidad ni pueden ayudar al logro de la competitividad del país. En Perú ni a las empresas privadas ni al Estado les interesa invertir seriamente en la investigación en todos los campos del saber. En los países desarrollados y en los países emergentes, en cambio, las empresas y el estado invierten en la producción de conocimientos que se realiza principalmente en las universidades públicas y privadas.

Lo grave de la situación universitaria peruana es que la mediocridad predomina sobre la calidad. Hay, desde luego, universidades privadas, asociativas sin fines de lucro y públicas de calidad, pero son pocas.  En algunas universidades públicas algunas facultades brillan dentro de la mediocridad general. Son los casos de medicina y veterinaria en la UNMSM, por ejemplo. La ley que se va a aprobar en el Congreso tiene algunas limitaciones (la Superintendencia que afecta la autonomía académica), pero es mejor que la deplorable situación actual. Es de esperar que el debate en el pleno del Congreso la mejore y que los defectos restantes se vayan corrigiendo en el camino.

La ley va a depurar al sistema eliminando a aquellas universidades cuyos egresados nunca serían contratados por las empresas encuestadas (IPSOS APOYO). La Comisión de Educación del Congreso tiene que investigar a fondo las privatizaciones o los intentos de privatización ilegal de las universidades asociativas sin fines de lucro por parte de camarillas enquistadas durante varios años en ellas, lo que afecta  a su calidad académica y a su comunidad universitaria. Algunos dispositivos de la ley  ayudan a acabar con el manejo mafioso de algunas universidades públicas. Las camarillas oficiales de la UNMSM, por ejemplo, han intervenido las facultades en las que perdieron las últimas elecciones, les impiden elegir a sus propios decanos, colocan autoridades a dedo que las administran con métodos mafiosos y se dedican a perseguir a sus opositores.

En el caso de CCSS, los secuestradores de la Facultad (la camarilla avalada ilegítimamente por el Rector) acusan a los profesores y estudiantes (que combatieron siempre al senderismo) de violencia y secuestro del “decano” ilegal y, lo que es peor, un juez despistado habría decretado contra ellos prisión efectiva de seis meses y el pago de diez mil soles de reparación.  Las camarillas mafiosas ponen a la universidad pública al servicio de su interés privado.