Sinesio López Jiménez
No sabemos aún cuál será el veredicto de los técnicos contratados por el gobierno sobre el caso Conga. Caben varias posibilidades. La primera es que ellos avalen al EIA preexistente, la segunda es que aconsejen algunos ajustes para que Conga vaya y la tercera (la más remota) es que sostengan que Conga no va tal como es hoy defendida por Yanacocha. La segunda posibilidad puede presentar, a su vez, varias alternativas dependiendo del grado de modificaciones sugerido por los técnicos. El abanico de alternativas va desde pequeños ajustes hasta cambios significativos en el proyecto para que Conga vaya pasando por algunas propuestas intermedias. No hay, pues, una sola salida técnica sino que son posibles varias alternativas igualmente técnicas, pero con diferentes costos. Algunas pueden ser más costosas para los inversionistas y otras, para los cajamarquinos.
El campo técnico no es, sin embargo, una feria de alternativas sino que su oferta tiene límites. Uno de los más importantes es la rentabilidad del proyecto. Por eso Yanacocha insiste en señalar que ella es baja: ¡¿ 9% !?. Lo que no dice es que ese cálculo ha sido hecho cuando la onza de oro costaba 400 dólares y no los 1,800 de ahora. Para la población las alternativas técnicas más costosas son las que avalan el EIA actual y la que sugiere pequeños ajustes, mientras que para los inversionistas las alternativas más costosas son las que aconsejan que Conga no va tal como está hoy la propuesta o para que vaya es necesario que se realicen importantes cambios en el proyecto original. Es probable que los técnicos planteen diversas opciones para que el gobierno decida. También cabe la posibilidad que los técnicos planteen sólo una alternativa en el espíritu en el que fueron contratados por el Primer Ministro y avalados por Yanacocha para que ella sea impuesta a como dé lugar. En este caso, estaríamos frente a la dictadura de la técnica. Como bien se pregunta Ricardo Giesecke, ex-ministro del MINAM, en una esclarecedora entrevista a EL Comercio (04/03/12): “¿Vamos a sacar la tropa para que la gente entienda que lo técnico está bien?”.
El gobierno tiene, en realidad, diversos insumos para tomar la decisión que juzgue conveniente. Un primer insumo es el veredicto de los técnicos cuyo menú, como hemos visto, puede ser variado. El segundo es lo que los inversionistas quieren (su capacidad de presión) y el tercero es lo que demandan los cajamarquinos a través de su gobierno regional, sus autoridades locales, su frente regional. Generalmente los políticos (en este caso el gobierno) deciden de acuerdo a valores e intereses que pretenden defender e imponer, los técnicos introducen cierta racionalidad en las decisiones de los políticos y los ciudadanos legitiman o deslegitiman esas decisiones. El gobierno no la tiene fácil. Si decide apoyar sólo a los inversionistas, el costo de la decisión sería muy alto para el gobierno porque tendría que imponer Conga a la mala contra la voluntad de los cajamarquinos, con todo lo que eso significa: autoritarismo, probable pérdida de vidas y segura pérdida de legitimidad.
Si, por el contrario, decide desandar lo andado y apoyar las demandas de los cajamarquinos, el costo puede ser relativamente alto para el gobierno en el campo empresarial: pérdida de confianza del capital, de la inversión, de los empleos, de los impuestos y del canon minero. Esta alternativa es, sin embargo, poco probable porque ella implica un cambio del esquema político impuesto en diciembre del año pasado. ¿Existe una alternativa en la que todos (gobierno, empresarios y cajamarquinos) ganen?. Creo que existe mientras la rentabilidad sea alta. Esta alternativa exige, sin embargo, dos condiciones. La primera consiste en modificar significativamente el proyecto de tal manera que la población lo acepte (licencia social), pero que no mate la rentabilidad legítima de los empresarios.
La segunda es el diálogo entre el gobierno, los empresarios y los representantes sociales y políticos de los cajamarquinos. Eso requiere, a su vez, una voluntad de diálogo de todos los actores del drama. La alta rentabilidad del proyecto posibilita felizmente este compromiso económico, social y político. ¿Existe esta voluntad política? Lo que se percibe hasta ahora es más bien un cierto maximalismo en algunos actores de todos los campos (incluido el gobierno). Es posible, sin embargo, que los actores democráticos de todos los campos logren controlar el maximalismo (el autoritarismo en el gobierno, la máxima rentabilidad en los empresarios, el fundamentalismo ecologista en el campo social) para desplegar un realismo político que permita llegar a un compromiso en el que todos ganen.