Sinesio López Jiménez
Con el levantamiento de la colosal estatua de Cristo en el morro solar de Chorrillos García quiere despedirse del gobierno con olor a santidad. Los ingenuos lo aplauden y algunos obispos, políticos y periodistas, nada ingenuos, lo celebran. Y García se muere de risa de todos. ¿García creyente?. ¿Desde cuándo?. Aparte de besar el anillo del cardenal y de asistir a las misas ceremoniales que el cargo implica, ¿ en donde están las expresiones de su fe cristiana?. ¿García ama al prójimo como a sí mismo?. Imposible. Su ego colosal se lo impide. ¿Qué sentidos tiene entonces esa obra monumental?. Varios, pero sólo quiero destacar tres desde la perspectiva política. En primer lugar, el carácter autoritario de García quien no creyó necesario atenerse a los procedimientos legales a los que debe someterse toda obra a construir en la ciudad.
En segundo lugar, el uso político que hace García de la religión de la mayoría de los peruanos para despedirse y para intentar el retorno en el 2016. En tercer lugar, la estrategia política de encubrimiento que, tras la santidad del monumento, pretende ocultar cosas nada santas: el financiamiento mismo (de la obra) nada convencional ni transparente, por ejemplo. Varias obras de García parecen haber seguido este mismo patrón: donaciones de empresas que “ganaron” licitaciones costosas. Es necesario investigar. Sospecho que de las consecuencias de los resultados de esas investigaciones ni Cristo lo va a salvar.
Otras modalidades de corrupción han sido y son las concesiones. Hay una que se frustró por el descubrimiento de los petroaudios, pero que ha sido revelada por el gerente general de Business Track. Lo cito in extenso: “Acá lo que estaba sucediendo en realidad era, según el derrotero de los audios, que (los apristas) pretendían birlarse del país 875 millones de dólares, esa es la verdad. Había un proyecto político –y por eso estoy preso- que antes del señor Toledo (el fujimorismo) lo hizo en forma casi prepotente. Acá no, más inteligente era tener un proyecto político de 15 años, cinco del doctor (Alan) García, cinco del señor (Jorge) del Castillo y cinco del señor García (otra vez). Y con las obras faraónicas que estamos viendo, más el soporte de todo el dinero que se supone se iba a ir al bolsillo de ellos, era factible hacer este proyecto político”.
Estamos frente a un caso de delitus interruptus como tantos otros. Uno que a mí me irrita hasta la exasperación es el siguiente: un ministro bloqueó un pequeño crédito muy barato para una institución indigente porque el vendedor (que iba a recibir dicho crédito como pago de algunos bienes y servicios) se negó a pagar la coima de 600 mil dólares (rebajada meses después a 300 mil dólares). El delito no se consumó, pero la institución quedó bloqueada en su funcionamiento y más dañada aún de lo que está. Todo indica, especialmente luego de la reciente ley que favorece la corrupción, que estos actos impropios no van a recibir sanción alguna. En el caso de los petroaudios se pretende olvidar los delitos prestos a consumar y sólo se quiere sancionar el chuponeo. Pero este también involucra a García, quien, en 2006, pidió chuponear al candidato Ollanta.
Una de las medidas más importantes que debe asumir el próximo gobierno de Ollanta es la investigación y la sanción de la corrupción que, al parecer, es también colosal. Todos los poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) tienen que asumir esa tarea en forma coordinada y todas las instituciones que ejercen el control horizontal (el poder judicial, la contraloría, el TC, el CNM, etc.) y las que ejercen el control social (la sociedad civil y la prensa) tienen que coordinar sus acciones para ser más eficaces. Los ciudadanos ya ejercieron el control vertical en forma magistral: El Apra no pudo tener un candidato presidencial propio y su numerosa representación se ha visto reducida al modesto número de cuatro congresistas. Es, sin duda, una sanción ejemplar.