Sinesio López Jiménez

Tengo la impresión que algunas reformas políticas que viene discutiendo el Congreso como la bicameralidad y la eliminación del voto preferencial no son viables en esta coyuntura y que es necesario esperar a que las circunstancias políticas cambien para volver sobre el tema. Insistir en introducirlas en este momento puede ser contraproducente. En política, a veces, hay que saber esperar. Nadie está obligado a librar batallas que, casi con seguridad, va a perder, por más justas o razonables que ellas sean. No se trata, en este caso, de la razonabilidad de las reformas sino del momento político en que ellas son propuestas. La coyuntura política actual está marcada por el enorme desprestigio del Congreso, debido a los escandalosos actos de corrupción cometidos por algunos de sus integrantes, pero que salpican a toda la institución, sobre todo cuando se sospecha que, si se levanta toda la alfombra, el escándalo será mayor. El Congreso actual ha perdido capacidad y credibilidad para llevar a cabo algunas reformas políticas necesarias. En realidad, las corruptelas parlamentarias de hoy son la gota que rebalsa el vaso, pues el desprestigio parlamentario hunde sus raíces en la estructura social actual y tiene que ver con la crisis de representación generalizada en el mundo de hoy, que en el Perú adquiere particularidades dramáticas. Obviamente, en esta crisis lo acompañan los partidos políticos que son los organizadores de la representación en el mundo moderno. Como lo han mostrado Bernard Manin y otros estudiosos del tema, la forma de representación del siglo XX – la representación partidaria definida por la ideología, los programas y la organización- ha entrado en crisis y tiende a ser sustituida por la representación personalizada en la que juegan un papel central los líderes pragmáticos, los medios, las imágenes y el espectáculo. Debido a esa crisis, el parlamento ha dejado de ser un foro público en el que se discuten los grandes problemas nacionales y ha sido sustituido en ese rol por los medios de comunicación de masas que lo hacen peor. La masificación ha convertido a los medios en mediocres, pero felices. Hay que mirar la TV peruana para disipar cualquier duda al respecto. La crisis parlamentaria se extiende también a la renuncia del Congreso a legislar sobre los temas más importantes del país, delegando esa función al Poder Ejecutivo (la reforma tributaria, por ejemplo) y a la banalización de su función fiscalizadora. Todas estas crisis se expresan en forma dramática en la calidad de la representación parlamentaria. No creo equivocarme si afirmo que, en el caso peruano, la representación parlamentaria, cuya historia no es larga ni estable, presenta, con altibajos, altos niveles de calidad hasta el período de la Asamblea Constituyente (1978-1980). Lo que viene después en un árido desierto, con algunos oasis de excepciones notables.

Tengo la sospecha que el profundo desprestigio actual del Congreso contamina toda su actividad parlamentaria. Me parece que en estas graves circunstancias, lo mejor que podría hacer es declararse en emergencia y en reorganización, como sucede con cualquier institución en crisis. No sé si los procedimientos parlamentarios permiten esa salida, pero algo de impacto tiene que hacer para salir del hoyo en que se encuentra. Es necesario un shock parlamentario que lo despierte del letargo y que anuncie a la opinión pública su firme voluntad de autoreformarse. Tiene que promoverlo y hacerlo el mismo Congreso, impulsado por los elementos y las fuerzas sanas y respetables que, sin duda, existen en esa institución. Si no toma la iniciativa el Congreso, otros van a estar tentados de hacerlo como ya lo vienen pregonando algunos voceros del fujimorismo que no les vasta tener un fujimorismo sin Fujimori, sino que quieren hacer de García otro Fujimori. Con la campaña que promueve el cierre del parlamento, los voceros periodísticos del fujimorismo están alentado el golpismo que puede tener acogida en ciertos sectores de la opinión pública cuya situación social no les ofrece razón alguna para apostar a la consolidación de la democracia. La situación se agravaría si esa campaña fuese vista con simpatía, o peor aún, estuviese alentada por algunos elementos vinculados a las altas esferas del poder. Lo que les interesa a los golpistas no es, obviamente, reformar y mejorar el Congreso, sino aprovechar la grave crisis parlamentaria para impulsar un régimen autoritario que frene y acabe con las demandas regionales y sociales que, sin duda, van a ir creciendo y poniendo al descubierto la incapacidad del gobierno de García para resolver los graves problemas de empleo y de pobreza que agobian a la mayoría de peruanos y peruanas. El shock parlamentario tiene que ir más allá de pequeños cambios administrativos y financieros para comprender al Congreso como institución y como organización que es capaz de renovar, actualizar y hacer eficaces y transparentes sus clásicas funciones de representación, de debate público, de legislación y de fiscalización y que se erige, de ese modo, en un real y efectivo contrapeso del poder ejecutivo, del mercado y de los poderes fácticos que agobian actualmente a los ciudadanos.