Sinesio López Jiménez

La última encuesta de Apoyo sorprende o, para decirlo con más precisión, nos quiere sorprender. Digo esto con todo el respeto intelectual, profesional y personal que tengo por los amigos de Apoyo. “Apoyo a la reforma del Estado” es mucho decir porque lo que los encuestados y las encuestadas realmente apoyan es sólo la reforma de la administración pública y la manera de gestionarla, además de algunas orientaciones del gasto estatal y de reformas parciales (educación, salud, judicial) cuyo contenido preciso la mayoría del país desconoce. No es ninguna novedad que ella apoye la reforma de una administración pública patrimonialista, caótica, ineficaz, ineficiente, corrupta y poco transparente. Por eso, está bien que la mayoría apoye esa reforma, pero afirmar que ella apoya la reforma del Estado es más que un salto olímpico de garrocha. En efecto, la administración pública, con toda la importancia que tiene, es sólo una dimensión del Estado. Hay otras dimensiones del Estado (el sistema legal con sus operadores, los jueces; el monopolio de la violencia con sus funcionarios, los militares y la policía; las funciones estatales; el estado-para-la nación [identidad y representación] y el sistema institucionalizado de dominación social que están totalmente ausentes de la encuesta.

Algunas de estas dimensiones (las funciones estatales y el sistema institucionalizado de dominación social) son tanto o más importantes que la administración pública, pero los que cortan el jamón se niegan a incluirlas en la agenda del debate político. ¿Por qué? Propongo una hipótesis para entender el silencio de García y de su corte palaciega: Las respuestas de la inmensa mayoría del país a las preguntas sobre estos dos temas cuestionan profundamente al Estado Neoliberal, la forma de Estado que se nos impuso con alevosía y ventaja durante la dictadura de Fujimori, luego del desastre que nos dejó el primer gobierno de García. Apoyándome en dos encuestas realizadas en todo el país (de Imasen realizada para el Instituto de Diálogo y Propuesta en 1997 y de la UNI hecha para la Biblioteca Nacional del Perú en el 2004) quiero mostrar la otra cara de la medalla: la demanda de la gente común y corriente de una forma de estado incluyente que la reconozca, la integre a la vida económica, social y política del país, la defienda, la represente y resuelva los graves problemas que la agobian. En verdad, estas encuestas revelan, no pasajeros estados de ánimo, sino lo que Monstesquieu llamaba l´esprit d´une nation, esto es, la cultura política nacional.

En las dos encuestas nacionales se le pidió a la gente que señalara las dos principales obligaciones del Estado, ofreciéndole un abanico de posibles respuestas. El 71.6% en la primera (2,000 encuestados) y el 67.0 % en la segunda (20,000 encuestados) dijeron que la obligación más importante del Estado era lograr que todas las familias tengan ingresos suficientes y el 40.7% en la primera encuesta y el 35.4% en la segunda declararon que la otra obligación importante del Estado era velar por la unión de todos los peruanos. Los que afirman ambas cosas a la vez pueden ser denominados comunitaristas-estatistas y constituyen la mayoría del país con el 45.4% en la primera encuesta y al 39% en la segunda. En el polo opuesto se ubican los peruanos y peruanas que afirman que la obligación más importante del Estado (7.6% en la primera y 11.5% en la segunda encuesta) es hacer que funcione un mercado competitivo que permita a todos conseguir sus ingresos y que la otra obligación más importante es garantizar la libertad individual de todos (24% en la primera encuesta y 21.8% en la segunda). Los y las que afirman ambas cosas a la vez pueden ser denominados liberales puros y apenas alcanzan el modesto porcentaje del 3.1% en la primera encuesta y al 6% en la segunda.

Entre los polos se presentan dos situaciones intermedias. Una, que combina la obligación estatal de lograr que todos puedan acceder a ingresos con las obligaciones de garantizar tanto la existencia de un mercado competitivo como la vigencia de la libertad individual, puede ser denominada estatista-liberal y alcanza el 43.1% en la primera encuesta y el 45.0% en la segunda. La otra, que combina la obligación estatal de velar por la unión de todos los peruanos con las obligaciones de garantizar tanto la existencia de un mercado competitivo como la vigencia de la libertad individual, puede ser denominada comunitarista-liberal y alcanza el 8.3% en la primera encuesta y el 10.0% en la segunda.

La existencia y la dinámica de estos diversos tipos de ciudadanos (comunitaristas-estatistas, estatistas-liberales, comunitaristas-liberales y liberales puros), que probablemente existan en todos los países latinoamericanos con distintos pesos y desigual importancia, están estrechamente ligadas, por un lado, a una arraigada tradición comunitarista que le atribuye un rol activo al Estado en diversos campos y, por otro, a la situación económica y social. A medida que más se desciende en la escala social, se encuentran más comunitaristas y estatistas y a medida que más se asciende en ella se puede topar con más liberales hasta llegar a los liberales puros. Si los peruanos y peruanas demandan un Estado distributivista no lo hacen porque son unos cochinos populistas, como piensan los liberales puros, sino porque la economía de mercado no los incluye y porque el actual Estado neoliberal no les ofrece una salida. ¿Por qué razón, entonces, un puñado de liberales puros quiere imponer a la inmensa mayoría del país un excluyente Estado Neoliberal y legitimarlo con pequeñas reformas de la administración pública sin tocar los problemas de fondo? ¿Con qué derecho, con qué moral y con qué sentido de libertad y de justicia?. ¿Por qué razones el APRA, que proviene de tradiciones populistas y hasta socialdemócratas, se deja arrastrar de la nariz al matadero del Estado neoliberal?. Si el APRA se quiere suicidar políticamente que se suicide sola: no tiene porque arrastrar consigo a todos los peruanos. Quince años de estado neoliberal excluyente, ineficaz, ineficiente y corrupto son más que suficientes para la sufriente mayoría del país. Quince años son un cuarto de vida (o de muerte lenta) para los individuos (sobre todos para los pobres), aunque para la sociedad (el Perú) son apenas un suspiro.