Sinesio López Jiménez

Están en desacuerdo, pero no se atreven a cuestionar directamente la ley universitaria que, salvo contadas excepciones, viene funcionando más o menos bien. Sólo apuntan a echarse abajo a la SUNEDU para reemplazarla por la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), la vieja articuladora de varias mafias que manejaron el podrido sistema universitario por décadas. Alegan que la SUNEDU viola la autonomía universitaria como si la ANR hubiera sido su celosa guardiana al ponerla en manos de los intereses privados de las mafias. La ley universitaria es buena y hay que hacerle sólo algunos ajustes.

¿Quiénes quieren volver a la ANR?. En primer lugar, los dueños de universidades privadas de pésima calidad que son la mayoría del sistema universitario, que no quieren ningún control que garantice su calidad académica y que sólo están interesadas en lucrar. En segundo lugar, algunas mafias agazapadas en las universidades nacionales que pretenden volver al control de las mismas. En tercer lugar, algunas autoridades eternas de universidades asociativas que ganan altísimos sueldos y que pretenden transformar las sociedades civiles sin fines de lucro en lucrativas empresas privadas, lo que constituiría un robo descarado.

Esta suma de intereses mafiosos se expresa en el proyecto del congresista Velásquez Quesquén que busca cambiar la ley universitaria y que ha recibido, al parecer, el respaldo del fujimorismo. La maniobra pasa por interpelar al Ministro de Educación Jaime Saavedra, impulsor de la actual reforma universitaria junto con el ex-congresista Daniel Mora, censurarlo y obligarlo a renunciar.   Esta es la madre del cordero. Las acusaciones de corrupción en el Ministerio de Educación (el mal manejo de fondos de los Juegos Panamericanos, la compra de computadoras, etc) son triquiñuelas para justificar la interpelación del Ministro Saavedra.

Jaime Saavedra es un excelente economista (egresado de la PUCP y Phd por la Universidad de Columbia) que sabe, como pocos, lo que hay que hacer con la educación en el Perú porque ha investigado sus problemas y desafíos y ha escrito muchos artículos académicos sobre el tema. Es un funcionario honesto que quiere hacer las cosas bien y con transparencia. Si se presume la existencia de corrupción, que se investigue y que sancione a los responsables, pero que no se manche la honra de un buen ministro como Jaime Saavedra.

Lo más irritante de todo esto es que los Catones de afiche son los congresistas partidarios y defensores de los gobiernos más corruptos de la historia (Fujimori y García). ¿Con qué cara, con qué derecho, con qué moral estos partidarios de gobiernos y líderes corruptos se erigen hoy en defensores de la moral pública?. ¿Es necesario recordarles cuántos funcionarios de sus gobiernos están presos por corrupción?. ¿Desconocen acaso a los corruptos que han salido del país huyendo de la justicia? ¿No saben acaso que sus líderes han sido blindado por fiscales y jueces corruptos?.

Si se produce la interpelación y si PPK defiende a su ministro Saavedra con energía, la polarización entre el gobierno y el fujimorismo se pondrá al rojo vivo. Una causa justa bien vale una buena batalla.

                                               Sinesio López Jiménez

Las renuncias y expulsiones que vienen sucediendo en los agrupamientos políticos de diverso signo es un síntoma del malestar que las habita. Tanto en los viejos partidos (Apra, Patria Roja) que sobreviven aún, pero muy disminuidos, como en las agrupaciones partidarias nuevas (Tierra y Libertad-Frente Amplio, PPK, Fuerza Popular) con mayor gravitación electoral se producen contradicciones y tensiones internas que culminan en renuncias y expulsiones.

Las contradicciones y tensiones son de diverso tipo: ideológicas, programáticas, de liderazgo, organizativas. Con frecuencia muchas disputas de liderazgo se disfrazan con un ropaje ideológico y programático. Hay que reconocer, sin embargo, que aún existe un debate ideológico real, en particular en Patria Roja y en el Apra. Sospecho que Patria Roja, como partido comunista ortodoxo, no termina de digerir lo que significa, en términos ideológicos, políticos y programáticos, la caída del muro de Berlín y el triunfo del neoliberalismo en el mundo.

El Apra está viviendo algo parecido. Algunos dirigentes y sus seguidores se niegan a asimilar y digerir el neoliberalismo que les impuso García y su estado mayor. Ellos quieren volver a la tradición socialdemócrata que inspiró al Apra en las primeras décadas. El debate programático será siempre un tema abierto, particularmente en el campo de la izquierda. Un tema central es el programa económico. ¿Cuál es el programa económico de la izquierda para el mediano y largo plazo?. En el corto plazo ha izquierda se mueve en el plano reivindicativo y distributivo tanto en Europa como en AL.

La crisis del 2008-2009 y la desaceleración económica después del 2013 han puesto en cuestión el neoliberalismo como programa económico. Estas crisis revelaron que el “milagro” económico en el Perú y AL no provenía del neoliberalismo sino del boom exportador. La crisis actual de los agrupamientos políticos no es tan apasionada, ni ideologizada ni destructiva como en el pasado. Las renuncias a Tierra y Libertad y la búsqueda de inscripción del nuevo partido Por un Perú Nuevo se producen para fortalecer el Frente Amplio sin afectar la unidad del bloque parlamentario de la izquierda.

Es posible que la crisis partidaria actual genere un proceso de renovación política de los partidos en el campo de los programas, de los liderazgos y de la organización. Si supera su origen dinástico y las disputas de sucesión dinástica y se organiza como un partido moderno, FP puede constituir un sólido partido popular de derecha. Si Por un Perú Nuevo logra su inscripción, construye un enraizamiento popular sólido y fortalece el FA, este podría convertirse en un poderoso partido de izquierda en el Perú. No se puede descartar la existencia de un partido ultraizquierdista formado a partir de los remanentes de Sendero Luminoso. El centro está abierto a agrupamientos políticos renovados o a nuevos agrupamientos que emergen generalmente en épocas electorales.

La crisis “partidaria” actual puede contribuir a superar la fragmentación política, los problemas de representación y a dar origen a un nuevo sistema de partidos con nuevos formatos organizativos y con nuevos anclajes en la vida social.

                                   Sinesio López Jiménez

Hay varios mitos sobre los conflictos sociales. El más frecuente es que ellos son generados por conspiradores que quieren crear problemas a las empresas y al gobierno. Este mito supone que la gente involucrada en el conflicto no tiene intereses reales sino que es manipulada. Otro mito es que el conflicto proviene de un solo lado: el de los malos de la película. Son los antimineros dice la derecha, por ejemplo, olvidando que el conflicto nace de una relación social que anida intereses sociales en contradicción o en tensión en este caso entre la empresa minera, por un lado, y los trabajadores y el medio ambiente que la rodea, por otro.

Otro mito es que se puede acabar con los conflictos a través de la represión y la aplicación de la ley por parte del Estado. Este mito soslaya el hecho que, en este caso, se enfrentan los efectos, pero quedan intactas las causas del conflicto. Mientras las causas más irritantes permanezcan intactas, el conflicto seguirá latente, listo a estallar en el momento oportuno. Se pueden eliminar quizás las aristas más irritantes y contradictorias que suscitan mayor rechazo y protesta, pero es imposible eliminar todas causas de los conflictos. En este sentido, los conflictos son inevitables. John Stuart Mill, un gran pensador liberal del siglo XIX, decía que si no existiera el conflicto habría que inventarlo para evitar la standarización y el conformismo social.

Para enfrentar adecuadamente los conflictos no basta conocer las causas que los producen sino que es necesario imaginar y proponer las formas y las estrategias más adecuadas para resolverlos.  En el señalamiento de las causas es alentador lo que dice el Vice-presidente de la República: “Más que el polvo, el camión es la expresión del paso de la riqueza delante de sus ojos”. Y sigue: “No puede ser que un proyecto de tanta inversión conviva con vecinos que sufren de estos niveles de falta de desarrollo y de pobreza” (Caretas N.2460)

En la búsqueda de soluciones, el gobierno apela a organizar coaliciones con los gobiernos regionales y al diálogo con los actores en conflicto. Eso está bien, pero aún es una propuesta parcial y limitada. Las coaliciones y el diálogos son eficaces si van acompañadas por una política que articule una amplia coalición socio-política entre los empresarios mineros y los pobladores de las zonas mineras que permita la coexistencia de los intereses privados con la producción de bienes públicos (educación y salud pública de calidad, saneamiento, electricidad, carreteras, etc).

Ryan Saylor ha escrito un libro que va en esta dirección: State Building in Boom Times. Commodities and Coalitions in Latin America and Africa (Oxford, 2014) en el que se propone explicar la capacidad del Estado a través de una perspectiva “botton–up”, es decir, la capacidad del Estado explicada por un juego de coaliciones  de los grupos políticos y económicos.  Saylor sostiene que la capacidad del Estado consiste en la habilidad para estructurar bienes públicos e instituciones fuertes como un prerrequisito para el desarrollo económico.

                                               Sinesio López Jiménez

La elección de los representantes del Congreso al Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) pone sobre el tapete un debate sobre la democracia de regla de mayoría que es el tipo de democracia que el Perú comparte con la mayoría de países del mundo. Luz Salgado ha pedido que “se respete el voto popular. Quienes respetan la democracia deben respetar el voto popular; si no, ya se hubiera desconocido a este gobierno. Basta de odio!”. Juan Sheput, vocero de PPK, ha dicho: “A mí no me gusta el resultado de las elecciones de los directores del BCRP, pero soy un político demócrata, y si vamos a continuar sin aceptar las decisiones que se toman y actuar como se está haciendo, entonces que el Congreso cierre y que la turba tome decisiones” (Perú21, 2/10/2016).

Matices más o matices menos, fujimoristas y ppkausas se ubican del mismo lado. Pero la mayoría de los medios, los colectivos de jóvenes y el FA cuestionan esa elección por razones técnicas, éticas y políticas. Mi posición crítica cuestiona la concepción misma de democracia que tienen los fujimoristas y los ppkausas (no todos quizás). Para ellos la democracia se reduce al dicho popular “la mayoría manda” y punto. Doble reduccionismo: Reducen la democracia a la regla de mayoría (desconociendo la democracia de consenso que se aplica a una docena de países de sociedades plurales o multinacionales) y reducen la democracia a la mera voluntad (o capricho) de la mayoría.

La democracia de regla de mayoría no sólo se rige por la voluntad de la mayoría sino también por el sometimiento de la voluntad mayoritaria a las leyes y a la ley de leyes que es la Constitución tanto en el acceso al gobierno como en el ejercicio del mismo (y de la mayoría parlamentaria). La regla de mayoría tiene límites. Las reglas de acceso al gobierno son de sobra conocidas aunque poco practicadas: las elecciones tienen que ser generales, libres, limpias, competitivas y periódicas. Las reglas y leyes de ejercicio del gobierno son múltiples, dependiendo del caso de que se trate. Lamentablemente en Perú y en AL estas leyes son las menos practicadas. Elegimos presidentes y parlamentos democráticos, pero nos gobiernan dictadores. Ya es hora de acabar con esta pésima tradición.

En el caso que estamos discutiendo, la Constitución prescribe que el BCRP es autónomo y el artículo 11 de su Ley Orgánica traduce esa autonomía en la exigencia de capacidades técnicas y calidad moral de sus representantes, pero ni el fujimorismo ni su apéndice aprista han respetado la Constitución ni la Ley Orgánica. Ergo su decisión no es legítima porque no es legal. Se argumenta que anteriores representantes no fueron técnicos (economistas) sino abogados y de otras profesiones. Ha sido un error y el error no puede ser un fundamento de la jurisprudencia. Manuel Moreyra es quizás una excepción. Era abogado, pero sabía economía como el que más y manejó bien el BCRP.

El riesgo que el fujimorismo aplique esta concepción errónea de la democracia de regla de mayoría sin límites a otros organismos autónomos de control (Poder Judicial, CNM, Tribunal Constitución) nos encamina hacia una dictadura de mayoría. Las protestas y movilizaciones contra esa amenaza son legítimas.