Sinesio López Jiménez

Desvalorizar lo público para hacer avanzar los negocios privados es una vieja estrategia liberal, exacerbada en tiempos neoliberales. En el mundo clásico greco-romano y en las ciudades-república italianas del Medioevo, lo público era el espacio de realización de los ciudadanos mientras lo privado era el mundo de las carencias, de la desigualdad y de la violencia. Con la Monarquía absoluta la relación entre lo público y lo privado se desterritoriazó y se corporizó: Ya no ocuparon espacios geográficos distintos sino que el hombre mismo adquirió una dimensión pública y otra privada. Lo público quedó reducido a una relación de autoridad (entre el monarca y el súbdito) mientras lo privado se enriqueció abarcando las otras dimensiones de la vida social (las actividades económicas, la afectividad, la religión, las ideas, etc).

Las críticas de los ciudadanos y de los intelectuales (la ilustración) a la monarquía absoluta desde el mundo privado dieron origen a otro tipo de público: la esfera pública y la sociedad civil que jugaron un papel fundamental en la transformación de las monarquías absolutas en monarquías constitucionales. Las revoluciones democráticos burguesas profundizaron la separación entre lo público y lo privado. Lo público estatal quedó definido como el reino de la igualdad, de la universalidad, de la racionalidad mientras lo privado era el mundo de la riqueza, de la moral privada, de la afectividad, de las ideas, pero también de la discriminación, de la pobreza  y de la desigualdad. Nunca ha existido, sin embargo, un lindero infranqueable entre lo público estatal y lo privado. Con frecuencia, este último invadió al primero. En el Perú y en otras latitudes está de moda ahora la captura del Estado por los intereses privados.

Albert O. Hirschman ha sugerido que la historia moderna se mueve entre los ciclos privados y los ciclos públicos y que el tránsito y la duración de los mismos dependen de sus respectivos éxitos y fracasos. De acuerdo a esta tesis, el Perú está viviendo un largo ciclo privado luego del desastroso gobierno de García que, con el necio populismo que desplegó, destruyó la economía, el estado y la confianza de la gente en este. Ello no obstante, los de debajo de la escala social (la mayoría) sigue demandando más y mejor estado.  Un componente de la estrategia neoliberal es el despliegue de políticas y campañas de desvalorización de lo público estatal para asaltarlo. Con motivo de una encuesta que revela la incapacidad del Estado para atender los servicios públicos, el liberalismo local propone como alternativa eficaz la privatización o las alianzas público-privadas (APP).

¿Pero quienes han construido el estado ineficaz que hoy tenemos? Aquí como en otras latitudes los ejércitos, los empresarios y los caudillos han forjado los estados con todas sus virtudes y sus defectos. Hace más de veinte años que los neoliberales y sus representantes vienen manejando la economía y el Estado en el Perú. Si este es ineficaz, antidemocrático y corrupto, los responsables son ellos. Han construido y mantienen expresamente un estado ineficaz para justificar la transformación de los servicios públicos en negocios privados.

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Sinesio López Jiménez

El proyecto de la nueva ley universitaria ha sido trabado por fuerzas externas al Congreso. Hay, por lo menos, tres grupos de interés que no quieren una nueva ley universitaria. Prefieren el statu quo. Todos ellos se oponen al nuevo proyecto en defensa de la autonomía universitaria, entendida de acuerdo al cristal con que se mira. En primer lugar, la ANR entiende la autonomía como la captura de las universidades públicas por parte de pequeños grupos  que operan con métodos mafiosos sin control ni oposición. Para perpetuarse en el poder universitario  cooptan a algunos profesores con pequeños cargos, compran a ciertos dirigentes universitarios que fungen de operadores en las elecciones estudiantiles  y en las asambleas universitarias, imponen reglamentos arbitrarios para sancionar a los estudiantes que protestan contra sus arbitrariedades, denuncian a los opositores ante los jueces inventando faltas sin fundamento.

En segundo lugar, las universidades privadas conciben la autonomía universitaria como la no interferencia del Estado en sus negocios privados de la educación como si esta fuera cualquier mercancía y no un bien público. Las universidades-empresa son  un negocio privado que rinde utilidades (que se reparten entre los socios), pero que no quiere pagar impuestos ni someterse a una necesaria regulación del Estado. Es legítima su presencia en el sistema universitario siempre y cuando entiendan que producen un bien público y que, por eso mismo, tienen que someterse a la regulación estatal. Este tema ha sido bien planteado por el actual ministro de Educación, aunque la solución propuesta es más que discutible (El Comercio, 19/05/14).

En tercer lugar, algunas universidades asociativas (que propiamente son organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro) entienden la autonomía como la perpetuación de una camarilla en los cargos universitarios para hacer lo que les da la gana (cobrar altos sueldos, manejos arbitrarios de los recursos, etc) y para convertirlas en universidades-empresa o privatizarlas. Hay varios intentos en esta dirección. El caso más escandaloso es el de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega cuyas autoridades se autoimponen astronómicos sueldos que no cobran ni las autoridades de las mejores universidades del mundo.  Esos sueldos no son tales sino que son escandalosos asaltos a los ingresos de su comunidad universitaria.

Aprovechando la trinca contra el proyecto de la nueva ley universitaria, el gobierno propuso el viernes pasado un proyecto de ley que crea la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, manejada por el Ministerio de Educación y el MEF y acompañada por cuatro doctores seleccionados por concurso público. La propuesta del SUNEDU del Ejecutivo es peor que la del SUNEU del Congreso. El rol rector en la educación universitaria que reclama el Estado bien puede ser cumplido por la presencia de un representante del MED en el gobierno del sistema universitario que debe estar integrado principalmente por algunos representantes de las universidades y  de la sociedad civil. La propuesta de la nueva ley universitaria del congreso no es la divina pomada, pero el debate en el Congreso puede hacerla mejor que la mediocre y caótica situación actual. Hay felizmente buenas universidades públicas, asociativas y privadas, pero en la mayoría reinan la mediocridad, las mafias y las ambiciones desmedidas.

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Sinesio Lopez Jiménez

Ha llegado la hora de las definiciones y las apuestas electorales. Los líderes de los partidos, los posibles candidatos y, en general, todos los actores políticos hacen cálculos electorales, examinan posibilidades de establecer coaliciones, definen sus programas y sus estrategias, seleccionan los integrantes de las listas. La cosa no es fácil porque hay varios problemas electorales que todos ellos tienen que enfrentar.  Uno de ellos es la desconexión creciente entre los llamados partidos nacionales  y los partidos regionales y locales. Otro es la fragmentación partidaria en todos los niveles (nacional, regional y local), pero sobre todo a nivel regional. Un tercero es la volatilidad electoral y partidaria también en todos los niveles. Y, finalmente, como resultado de lo anterior, el caudillismo y el personalismo de la política han despertado ambiciones desmedidas.

El desafío de los actores políticos es si  están o no dispuestos a enfrentar y resolver estos problemas y expresan esa predisposición en sus definiciones y apuestas. ¿Se puede superar la desconexión entre los partidos nacionales y regionales?. Teóricamente hay varias posibilidades, pero en la práctica la más posible es la coalición entre los partidos nacionales y los partidos regionales. Es posible, pero no es fácil, si se tiene en cuenta el desprestigio de los partidos nacionales y la variedad de los escenarios regionales. La viabilidad de la coalición reposa quizá en que a través de ella los partidos regionales pueden alcanzar una proyección nacional y los partidos nacionales, un anclaje regional.

En la conformación de las coaliciones posibles entre partidos nacionales y regionales, quienes llevan la batuta son generalmente estos últimos. Puede haber algunas excepciones como La Libertad en el caso del Apra. Es una cuestión de realismo político. El grado de aceptación de un candidato y la correlación política de fuerzas son buenos criterios para definir las coaliciones políticas. Las pequeñas ambiciones y los deseos de perfilarse como alternativa política no pueden desconocer estos datos básicos de la realidad. El juego de perder ahora para ganar mañana no funciona en estas circunstancias porque la derrota puede ser tan aplastante que impide cualquier juego mañana. Digo esto para todos los partidos, pero sobre todo para la izquierda en los casos de Cajamarca, Lima, Moquegua,  quizás Cusco y alguna otra región.

El cemento de estas coaliciones nacional-regionales o simplemente regionales y locales puede provenir de diversas fuentes (buena relación entre los líderes, presiones militantes y ciudadanas para forjarlas, liderazgos prestigiados, necesidad de hacer frente a adversarios poderosos, deseos de ganar las elecciones o de competir decorosamente, etc), pero el más importante es el programa que se ofrece a los electores. La importancia radica no tanto en que la gente vota por programas sino en que sirve para gobernar, para organizar un partido y definir el carácter de la coalición: derecha, centro, centro-derecha, centro-izquierda, izquierda. La gente tiende a votar más por la simpatía y la confianza (que le inspiran los candidatos) que por programas.

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Sinesio López Jiménez

Las luchas por el poder político son generalmente escandalosas. Tras los conflictos entre el TC, el CNM y  la Fiscalía no sólo se libra una pugna franca en defensa de los fueros de cada organismo de control sino también una lucha abierta entre el Presidente de República, los ex-Presidentes y los partidos políticos (que tienen representantes en el Congreso) por capturar esos organismos para curarse en salud, esto es, para blindarse de cualquier tipo de acusación que se les formule. Sospecho que la lucha por la captura pesa más que la pugna por la defensa de los fueros.

Cada organismo de control reivindica una autonomía en el desarrollo de sus funciones y en sus decisiones, pero muchas de estas han sido y son muy cuestionadas porque han servido para blindar a algunos personajes políticos y para favorecer a algunos grupos de interés. Los casos más notorios y controvertidos provienen del TC y  de la Fiscalía y tienen que ver con decisiones para limpiar a García de la violación de los derechos humanos y de las acusaciones de corrupción.

La madre del cordero está, sin embargo, tanto en el Ejecutivo como en Congreso que deciden la repartija. García y el Apra tienen mucho interés en la permanencia de la actual composición del TC y de la Fiscalía. Quieren mantener la repartija anterior en la que ellos cortaron el jamón. Pero la diminuta representación del Apra es irrelevante sin el apoyo del fujimorismo que, al parecer, la ha abandonado a su suerte. Las otras fuerzas políticas, en cambio, buscan cambiarla para designar a sus propios “representantes” en esos organismos.

La situación está trabada en el Congreso porque los partidos fragmentados no logran establecer un acuerdo que les permita alcanzar los votos necesarios para elegir a sus favoritos. El escandaloso conflicto actual los ha obligado, sin embargo, a apurar el paso y es probable, por eso, que hoy elijan a los nuevos integrantes del TC para reemplazar a los antiguos que han excedido largamente el plazo del ejercicio de sus funciones y que vienen actuando con irresponsabilidad.

No sólo los partidos están interesados en esta nueva repartija. Por las campañas que han venido librando contra el nuevo Fiscal de la Nación y por el apoyo tácito a la discutida decisión del TC, sospecho que los medios concentrados de la derecha quieren tener también su propio Fiscal y sus propios “representantes” en el TC. Son un grupo de interés que quiere participar también en la captura y en la repartija. Mientras tanto hay otras capturas y repartijas del estado que están pasando piola: las de los aparatos económicos del Estado.

Ni siquiera los analistas se refieren a este tipo evidente de captura. Menos aún los medios. Todos parecen más bien celebrarla. La explicación de esta temporal complacencia se encuentra en los intereses y en la ideología que comparten, además de la buena marcha de la economía (expresada en las altas tasas de crecimiento del PBI) que los aparatos económicos capturados se la atribuyen, relativizando el boom exportador y los altos precios de las commodities de estos doce últimos años.

Estas capturas y repartijas del Estado plantean algunas cuestiones académicas y políticas fundamentales. ¿Es posible organizar un Estado autónomo en el Perú?. ¿La desprivatización del Estado hace parte sustantiva de la reforma del Estado o esta se reduce solo a la reforma de la burocracia?. La discusión de estos temas en la academia es vasta, pero su solución política es difícil porque requiere una correlación política favorable a los sectores que buscan que el Estado defienda el interés general y el bien común.

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