Sinesio López Jiménez
En medio de una confusión general se aprobó la ley de Servicio civil. Gritos y protestas masivas de los trabajadores estatales que se sienten afectados por ella han mecido su cuna y aplausos entusiastas de los medios de derecha le dan la bienvenida. Humalistas, toledistas y pepecistas y los burócratas del MEF son los padres de la criatura. Fujimoristas, solidarios, apristas, populistas e izquierdistas son los que la repudian. Teniendo en cuenta las posiciones e ideologías contrapuestas tanto de los promotores como de los opositores de la ley es probable que cada uno de ellos esgrima alguna razón particular para explicar su conducta.
Es probable también que el apoyo o la oposición a la ley se expliquen no por los objetivos que persigue sino por su contenido diverso y contradictorio. Me parece que todos estamos de acuerdo en contar con una burocracia eficaz y eficiente. Este es un objetivo general compartido. Otro objetivo igualmente compartido es superar el caos administrativo, funcional, presupuestal, salarial (más de 400 conceptos de pago) de los trabajadores de la administración pública. Me temo, sin embargo, que este objetivo se va lograr en forma parcial porque quedan fuera de los alcances de la ley importantes sectores de la burocracia.
Las diferencias se producen en la discusión de los medios para lograr la eficiencia. La mayoría de analistas y políticos estamos de acuerdo en que la eficacia de la burocracia se logra a través del mérito, de la evaluación y de la capacitación permanente de los burócratas. Los trabajadores estatales y algunos partidos, en cambio, temen (muchas veces con cierto fundamento) que esos métodos sean usados para los despidos masivos. Pero el mayor rechazo de los trabajadores proviene del desconocimiento de algunos de sus derechos como el de la negociación colectiva.
El Estado es, en este caso, el único y gran patrón que negocia con los trabajadores fragmentados en múltiples sectores, obteniendo una serie de ventajas injustas. Lo justo es respetar lo que se llama el monopolio bilateral que establece un solo negociador por cada lado, esto es, el estado y la negociación colectiva de los trabajadores. Está demostrado por diversas investigaciones laborales que los trabajadores obtienen mayores niveles de ingreso a través de la negociación colectiva. Cuando se rompe el monopolio bilateral obtienen más beneficios los que tienen más poder, esto es, el estado y los grandes empresarios.
Uno de los temas más polémicos es la “supresión de puestos de trabajo por motivos tecnológicos o científicos”. Este es un tema que abre la discusión sobre la naturaleza misma de la burocracia en el siglo XXI y plantea la necesidad de una reforma gerencial del Estado. Este tema complejo lo analizaremos en otra oportunidad. Ahora quiero subrayar la ilusión que ha despertado en la derecha esta ley. Ella cree que se ha hecho la reforma más importante de los últimos 30 años. Olvida (le interesa olvidar) que tanto o más importantes que la ley de Servicio Civil es la desprivatización y la democratización del Estado.
Mientras no se acabe con la captura del Estado (por los poderes fácticos en el caso de los aparatos económicos y por los corruptos en el caso de los aparatos de control), este no puede ser el espacio del bien común y del interés general. Mientras las políticas públicas y la ley no lleguen a todos y a todo el territorio por igual no tendremos un estado democrático.