Sinesio López Jiménez

Si la autonomía universitaria pudiera personificarse y hablar en medio de la actual confusión general diría con razón a varios representantes de las universidades públicas y privadas: No me defiendas compadre. Las mafias de algunas universidades públicas defienden la autonomía universitaria. Lo mismo hacen algunas camarillas enquistadas por años, como si fueran imprescindibles, en algunas universidades asociativas (sin fines de lucro). No se quedan atrás en esa defensa varias universidades societarias (con fines de lucro), de pésima  calidad  e interesadas  solo en el negocio educativo.  Para bien de la autonomía universitaria, felizmente han levantado la voz (también para defenderla) algunas universidades  públicas y privadas asociativas (y profesores) de calidad y de prestigio académico.

Reconozco que el concepto “autonomía universitaria” ha sido estirado hasta la ambigüedad y la confusión y el debate ha sido descontextualizado. Discutimos ahora (en un Estado de derecho al menos normativamente) como si estuviéramos en los años 20 (durante el Estado oligárquico, patrimonial y excluyente). La autonomía universitaria  ¿es absoluta o relativa?, ¿es parcial o es total?, ¿es respecto de los gobiernos o del Estado unitario?, ¿se basa en una situación real (como los estados federales) o es una ficción jurídica (como el BCR)?, ¿se refiere a lo nacional o a lo global?.

No me puedo extender en las respuestas, pero sostengo que la autonomía universitaria es relativa, parcial, se refiere principalmente a los gobiernos y es una ficción jurídica.  La autonomía universitaria se refiere al libre desarrollo de las actividades académicas y de investigación, a la libertad de pensamiento  y a la gestión y administración transparente y democrática de esas actividades. Nada más. ¿Se puede hablar de autonomía económica en universidades cuyos fondos vienen principalmente del Estado y sobre los cuales tienen que rendir cuentas?. Tengo la impresión que muchas universidades privadas demandan autonomía para no pagar impuestos. Hay que reconocer que nuestras universidades están en transición de lo nacional a lo global, que la ciencia y la tecnología no tienen patria, pero que están obligadas a impulsar un pensamiento autónomo.

Las universidades no son espacios virtuales, ellas ocupan un territorio y tienen autoridades estatales que ejercen jurisdicción sobre él. De eso no pueden escaparse. En esa medida tienen que ocupar un lugar en el Estado. ¿Cuál es ese lugar?.  Sin duda, el espacio educativo. Eso no significa que ellas tienen que someterse al Ministerio de Educación (perdiendo autonomía) sino que tienen que  coordinar con él, como lo señalan algunos proyecto al respecto. Esa coordinación supone dos cosas. Primero, definir a las universidades como un sistema y segundo, que ellas y los colegios profesionales (que son su producto) propongan ternas para que el poder legislativo (no el gobierno) elija entre ellas y se forme de ese modo el Consejo Nacional de Universidades. La ANR (integrada por gente honorable, pero también por impresentables) debe desaparecer.

El error fundamental de la Comisión parlamentaria de educación es pretender liberar a las universidades de las mafias y camarillas a través de los representantes del pensamiento único neoliberal (MEF y CONFIEP) y del nombramiento por el gobierno de los integrantes de la llamada Autoridad Nacional Universitaria. Eso viola  doblemente la autonomía. Es, en cambio, un acierto la elección de las autoridades universitarias mediante el sufragio universal.