Sinesio López Jiménez
Las recientes elecciones sanmarquinas para elegir a los miembros de la Asamblea Universitaria y de los Consejos de Facultad muestran una vez más la deformación y el agotamiento de la reforma de Córdoba y la necesidad de una nueva ley de reforma universitaria. La reforma de Córdova postulaba la apertura de la universidad oligárquica a las clases medias y populares, la participación democrática de los estudiantes en el gobierno de las universidades o el cogobierno, la implantación de la docencia libre y la asistencia libre y la autonomía de la Universidad, entendida como institución de los alumnos, profesores y diplomados.
A partir de los 60 del siglo pasado la apertura democrática se tradujo en masificación que conllevó, a su vez, el práctico abandono económico de la universidad pública por parte del Estado dando lugar a la mediocrización académica y a la anarquía. La democracia universitaria ha degenerado. Se mantienen las formalidades democráticas, pero ellas no expresan la voluntad de la comunidad universitaria sino que constituyen mecanismos perversos para consolidar el poder de pequeños grupos que asumen comportamientos mafiosos para mantenerse en él.
El Comité electoral es nombrado formalmente por la Asamblea universitaria (que ya era producto de un fraude cometido en la elección anterior (2010) contra la Facultad de Medicina), pero en realidad es designado por el pequeño grupo que controla el poder. Su comportamiento es arbitrario y fraudulento con las listas opositoras y parcializado con las listas oficialistas. El proceso electoral es injusto e inequitativo. Las listas oficialistas reciben todo el apoyo de las autoridades universitarias. Estas usan el poder y los recursos de la universidad para tentar con prebendas, prometer ascensos, ofrecer pequeños cargos, comprar votos.
El clientelismo es reforzado con el autoritarismo ejercido contra la oposición de profesores y estudiantes. Se abren procesos administrativos a los profesores y se amenaza con el reglamento de sanciones a los estudiantes que protestan. Como si todo esto fuera poco, la votación no está exenta de fraudes: eliminación de mesas electorales (2010), violación del debido proceso en la elección de los profesores principales en la facultad de Ciencias Sociales, por ejemplo.
El tercio estudiantil no expresa tampoco la voluntad de los estudiantes. La lista oficialista es organizada por operadores apoyados y financiados por las autoridades universitarias. Los estudiantes aún no han logrado formar una organización centralizada que les permita presentar una lista propia y autónoma que los represente. Eso explica que (en la elección para la asamblea universitaria) ganen los votos blancos, nulos y viciados con el 60.97% de los votantes (24,700) y que la lista oficialista “ganadora” sólo obtenga el 28.88%. Es parecido el resultado en el Consejo Universitario: los votos blancos, nulos y viciados ganan con el 62.45% y la lista oficialista “ganadora” obtiene sólo el 28.79% de los votos.
Pese al proceso electoral injusto y al fraude electoral, la oposición profesoral y estudiantil obtuvo una alta representación en la Asamblea universitaria y ganó en casi una decena de facultades. En estos casos las autoridades mafiosas apelan a triquiñuelas y arbitrariedades para impedir las elecciones de los decanos y la cúpula universitaria nombra decanos a dedo, ilegales, ilegítimos e impresentables.