Sinesio López Jiménez
Es un logro histórico que el acceso a la administración pública se defina por los méritos. Me parece, sin embargo, que ese postulado no es aún aceptado mayoritariamente por los políticos, los funcionarios públicos y los ciudadanos. Para muchos, el dinero, el parentesco y la clientela son las formas más o menos aceptadas de acceso a un puesto público. También es cierto, sin embargo, que estas formas aparecen cada vez más como mecanismos de corrupción ante la opinión pública.
El criterio partidario de acceso a los puestos de mando del Estado es legítimo en el caso de los partidos de gobierno. Ellos tienen derecho a designar en esos puestos a los militantes de los partidos que triunfaron en las elecciones. En ese caso no tiene sentido el regateo que generalmente se hace a los partidos de gobierno del derecho a designar a sus cuadros partidarios. Ellos forman parte del funcionariado político que accede al Estado con el gobierno de turno y se va con él. Ellos no son funcionarios de carrera. A lo que no tienen derecho es a copar la administración pública con sus militantes como lo hizo el Apra en el primer y en el segundo gobierno.
El mérito es el criterio adecuado para contar con una administración pública eficiente. El problema surge muchas veces con los definidores y administradores del mérito. Ellos son cuestionados generalmente porque esconden tras los criterios meritocráticos formas de corrupción o tendencias partidarias. Todo esto a propósito del último concurso organizado por el CNM para designar al jefe de la ONPE. En la parte del concurso (de conocimientos) que define el mérito por criterios objetivos, una de las participantes (Carlota Casalino Sen) salió primera con más de 10 puntos de diferencia sobre el que la seguía inmediatamente y el que lo ha ganado ocupaba el último lugar.
¿Cómo se produjo este extraordinario salto de garrocha?. La respuesta es simple: en la entrevista en la que se expone el plan de trabajo y se responde las preguntas y las objeciones de los miembros del CNM se sobrecalificó al que ocupaba el último lugar y se descalificó prácticamente a la ocupaba el primero. He podido escuchar la exposición de los planes de trabajo y las preguntas del jurado y las respuestas de todos los participantes y me parece que los miembros del CNM no han actuado con imparcialidad a la hora de calificar a los participantes. Hay que investigar las razones de su parcialización.
Me parece que el plan de Trabajo de Carlota Casalino es el más integral y consistente, define con claridad el papel de la ONPE en los procesos electorales y democráticos, señala las orientaciones, las metas y las acciones que debía desarrollar para cumplir con el marco normativo que la rige. Sospecho, por las objeciones y preguntas que se formularon, que algunos miembros del CNM no comprendieron a cabalidad su plan de trabajo. Sería interesante compararlo con el del elegido jefe de la ONPE que tuvo un carácter principalmente administrativo. El cuestionado concurso que comento y la decisión de librar de toda sanción a los miembros de la Corte Suprema que negaron los delitos de lesa humanidad a los integrantes del grupo Colina deslegitiman al CNM.