Sinesio López Jiménez
Es un logro histórico que el acceso a la administración pública se defina por los méritos. Me parece, sin embargo, que ese postulado no es aún aceptado mayoritariamente por los políticos, los funcionarios públicos y los ciudadanos. Para muchos, el dinero, el parentesco y la clientela son las formas más o menos aceptadas de acceso a un puesto público. También es cierto, sin embargo, que estas formas aparecen cada vez más como mecanismos de corrupción ante la opinión pública.
El criterio partidario de acceso a los puestos de mando del Estado es legítimo en el caso de los partidos de gobierno. Ellos tienen derecho a designar en esos puestos a los militantes de los partidos que triunfaron en las elecciones. En ese caso no tiene sentido el regateo que generalmente se hace a los partidos de gobierno del derecho a designar a sus cuadros partidarios. Ellos forman parte del funcionariado político que accede al Estado con el gobierno de turno y se va con él. Ellos no son funcionarios de carrera. A lo que no tienen derecho es a copar la administración pública con sus militantes como lo hizo el Apra en el primer y en el segundo gobierno.
El mérito es el criterio adecuado para contar con una administración pública eficiente. El problema surge muchas veces con los definidores y administradores del mérito. Ellos son cuestionados generalmente porque esconden tras los criterios meritocráticos formas de corrupción o tendencias partidarias. Todo esto a propósito del último concurso organizado por el CNM para designar al jefe de la ONPE. En la parte del concurso (de conocimientos) que define el mérito por criterios objetivos, una de las participantes (Carlota Casalino Sen) salió primera con más de 10 puntos de diferencia sobre el que la seguía inmediatamente y el que lo ha ganado ocupaba el último lugar.
¿Cómo se produjo este extraordinario salto de garrocha?. La respuesta es simple: en la entrevista en la que se expone el plan de trabajo y se responde las preguntas y las objeciones de los miembros del CNM se sobrecalificó al que ocupaba el último lugar y se descalificó prácticamente a la ocupaba el primero. He podido escuchar la exposición de los planes de trabajo y las preguntas del jurado y las respuestas de todos los participantes y me parece que los miembros del CNM no han actuado con imparcialidad a la hora de calificar a los participantes. Hay que investigar las razones de su parcialización.
Me parece que el plan de Trabajo de Carlota Casalino es el más integral y consistente, define con claridad el papel de la ONPE en los procesos electorales y democráticos, señala las orientaciones, las metas y las acciones que debía desarrollar para cumplir con el marco normativo que la rige. Sospecho, por las objeciones y preguntas que se formularon, que algunos miembros del CNM no comprendieron a cabalidad su plan de trabajo. Sería interesante compararlo con el del elegido jefe de la ONPE que tuvo un carácter principalmente administrativo. El cuestionado concurso que comento y la decisión de librar de toda sanción a los miembros de la Corte Suprema que negaron los delitos de lesa humanidad a los integrantes del grupo Colina deslegitiman al CNM.
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Sinesio López Jiménez
La corrupción no es lo peor de la política sino su impunidad. Esta desmoraliza a la sociedad, la induce al rechazo de la política o la hace éticamente permisiva. Y lo peor de lo peor es que los corruptos se sienten limpios de polvo y paja y pretenden ser reelegidos para algún cargo público para volver a las andadas. (Esto es lo que buscan los que mueven los hilos de la revocatoria de Susana Villarán). La corrupción existió siempre en todas las formas de gobierno, incluso en los gobiernos republicanos clásicos que fueron las formas más éticas de gobierno porque ellos tenían como valor central el bien común. Atribuían la corrupción a la falta de participación y de control del gobierno representativo por parte de los ciudadanos. En ellos el control vertical (ciudadano) era más fuerte que el control horizontal (institucional).
En los gobiernos liberales, en cambio, los controles institucionales pesan más que el control vertical. Cuando estos controles son autónomos funcionan bien y cumplen eficazmente su rol de fiscalización, pero cuando pierden su autonomía la corrupción puede operar a sus anchas. Eso explica el interés de los gobiernos corruptos y de sus partidos de gobierno por capturar a las instituciones de control horizontal. El objetivo de la captura es blindar a los funcionarios del gobierno para evitar los controles y la sanción por corrupción. En el Perú de estas últimas décadas hemos tenido dos formas de captura de estas instituciones. La primera, la del fujimontesinismo, compró a los principales funcionarios de las instituciones de control (casi todos fueron a la salita del SIN o recibieron una asignación económica especial).
La segunda, la del alanismo principalmente, colocó a sus cuadros partidarios o simpatizantes en los cargos directivos de las diversas instituciones de control con la finalidad expresa de blindar a García y a los funcionarios de su gobierno. El fujimorismo actual hace uso también de esta forma de captura. Fujimoristas y apristas ocupan los cargos directivos de algunas instituciones de control. La Contraloría parece ser el modelo de este tipo de captura. Sería interesante que el Congreso haga una investigación al respecto.
Las maneras de blindar son múltiples y cada institución tiene un propio modus operandi. Enumero un listado de formas de blindaje que aparecen todos los días en los medios de comunicación: Hacerse de la vista gorda frente a evidentes delitos; dejar de investigar lo importante, dedicarse a la chuchilla para que puedan operar los peces gordos; eludir la acusación fiscal; emitir fallos exculpatorios de evidentes delitos; otorgar sanciones benignas; demorar la sanción hasta que los delitos de corrupción prescriban.
El blindaje de los políticos corruptos no sólo genera impunidad sino también legitimidad. Muy sueltos de huesos, ellos afirman que todas las instituciones los han investigado y han salido limpios de todo tipo de acusación. Algunos políticos corruptos han encontrado otra forma de legitimarse: la construcción de obra faraónica si los recursos lo permiten. Entonces entra a tallar la cultura política permisiva según la cual el corrupto “roba, pero hace obra”.
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Sinesio López Jiménez
Lima está en peligro. Es la conclusión a la que se llega luego de conocer los rostros de los operadores y de los políticos que apoyan la revocatoria. Ya se conocía a los operadores impresentables de la revocatoria que, según Hildebrant en sus trece, “parece una delegación de la baja policía”. Mirko Lauer sugiere la hipótesis de la existencia de bandas organizadas de revocadores en el país y en Lima a los que llama “Comealcaldes”. Ahora se han quitado la careta los jefes políticos de los operadores: Fujimori, García y Castañeda.
¿Qué es lo que hay de común en estos tres personajes de la política peruana?. Según las encuestas, ellos son los gobernantes más corruptos de los últimos tiempos. El caso de Fujimori ha sido demostrado hasta la saciedad, los (recientes) de García (la plata llega sola) y Castañeda (Comunicore) están en proceso de investigación. Los promotores (operadores y políticos) de la revocatoria quieren recuperar el poder y las finanzas del Municipio más grande (un tercio del país) y más rico del país. Organizan un asalto planificado al fisco limeño, sin duda. Ocultan este objetivo voraz y corrupto detrás de la lucha contra una supuesta izquierda ineficaz.
La obsesión por el asalto al fisco limeño es tan grande que no les importa sumir a Lima y a los limeños en la ingobernabilidad absoluta y en el caos durante tres años. ¿Qué hacen los medios de derecha en este asunto muy turbio?. Salvo el caso de Castañeda, los medios de derecha tratan (en tiempos neoliberales) con guantes de seda a Fujimori y García por intereses y por ideología. Los voceros de la DBA, además, han defendido generalmente a los gobiernos corruptos. Todo este cambalache revela que lo que está en juego con la revocatoria es el manejo honesto y transparente del gobierno municipal y la gobernabilidad democrática de Lima. Vuelve nuevamente al primer plano la lucha contra la corrupción y los corruptos que amenazan retomar el gobierno de Lima.
Parece que los promotores de la corrupción están organizándose mejor que los se oponen a ella. Hay evidentes coordinaciones y campañas en marcha. En cambio, en el campo de los contrarios a la revocatoria no hay aún una coordinación política y una estrategia colectiva de confrontación contra la corrupción y por la gobernabilidad democrática y honesta de Lima. El logro de estos objetivos los puede llevar quizá a formar una coalición social y política amplia de salvación de Lima en el que participen las izquierdas, el centro y las derechas democráticas y honestas frente a las fuerzas de la corrupción y la ingobernabilidad.
El eje de la campaña serán seguramente estos temas centrales, pero la mejor campaña contra la revocatoria es un buen gobierno municipal, según me decía un inteligente político, ducho en estas lides. Esto supone el despliegue de una agresiva política municipal que ponga énfasis en las demandas e intereses de los sectores populares y pobres de Lima. En suma, una reorientación política popular.

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Sinesio Lopez Jiménez
Revocadores y anti-revocadores están ya en plena campaña. Las últimas encuestas revelan que la correlación de fuerzas es desfavorable a Susana Villarán, pero muestran también que ella puede variar a favor de la alcaldesa de Lima. Lo que es preocupante para una autoridad que proviene de los predios de la izquierda es la composición social de esa disposición de fuerzas. La desaprobación y la inclinación por la revocatoria es general, pero es mayor en las clases medias, populares y pobres (C, D y E) que en los sectores acomodados (A y B).
¿Por qué y cómo se llega a esta situación?. Varios factores, sin duda, la han producido. En primer lugar, la falta de una definición clara y temprana de una política municipal para todos, pero que pusiera énfasis en la atención de las necesidades y las demandas de las clases populares y pobres. En segundo lugar, el desinterés o la incapacidad para convocar a una coalición social y política más amplia que le ofrezca apoyo y sustento a sus políticas, excluyendo, desde luego, a los políticos corruptos. Desde un comienzo, sin embargo, Susana Villarán se abrió frentes políticos innecesarios. Basarse en sus propias fuerzas cuando éstas son magras y volátiles es, a todas luces, un grave error político.
En tercer lugar, la falta de experiencia en la gestión ha llevado a Fuerza Social, sin duda, a cometer errores. Fuerza Social tiene excelentes cuadros profesionales formados en las mejores universidades del Perú y del extranjero, pero no son muchos ni su experiencia de gestión es amplia. En cuarto lugar, la aplicación de las importantes y necesarias reformas de la ciudad (que ningún alcalde limeño se ha atrevido a realizar) no ha imaginado ni propuesto políticas de apoyo y amortiguamiento para aquellos sectores que se ven perjudicados por las mismas (los informales pobres en el caso de la Parada y en el caso del transporte urbano).
En quinto lugar, la despiadada campaña de la DBA apenas Susana Villarán llegó a la alcaldía ha puesto también su grano de arena. Los voceros de la DBA han apelado a los medios que acostumbran (los insultos, las calumnias, las difamaciones, etc) para demoler a los políticos honestos y colocarlos al nivel de los corruptos que ellos defienden. En la actual campaña de la revocatoria los voceros de la DBA han sido reforzados por casi todos los medios de derecha. ¿Son invencibles?. No. Varias veces han sido derrotados, pese a que estaban acompañados por las derechas políticas y empresariales que ahora, en su mayoría, están contra revocatoria.
La campaña cuenta en esta lucha política. Pese a algunos errores, no dudo que el equipo de Susana Villarán hará una mejor campaña que la coalición mafiosa que impulsa la revocatoria. Las figuras más importantes del mundo de la cultura, la política y la empresa la respaldan. Pero más importante que la campaña es la reorientación popular y participativa de su política municipal. Está a tiempo todavía.
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Sinesio López Jiménez
Los gobernantes que ganan el gobierno con un programa de cambio, pero gobiernan con un programa neoliberal tienden generalmente a prostituir el lenguaje político. A las políticas asistencialistas y clientelistas las llaman inclusión, a los pequeños ajustes en la administración de los tributos los llaman reforma tributaria, a los intentos de hacer pequeños cambios en la burocracia y en la administración pública los llaman reforma del Estado, a la gran continuidad la llaman gran transformación.
El estado es una macro-estructura compleja de relaciones sociales (coaliciones sociales y políticas que permiten su autonomía o su captura) e instituciones de dominación (el monopolio de la violencia, el sistema legal, la burocracia, el gobierno, la distribución del poder en el territorio, la capacidad impositiva, un sistema político de referencia) que hace difícil (sino imposible) realizar de golpe una reforma total. Ni las revoluciones lo han hecho. Pero la complejidad estatal no debiera llevar a reducir los cambios del Estado a pequeños ajustes burocráticos.
Toda reforma estatal es un proceso y exige organizar ciertas relaciones de fuerza y ciertos arreglos institucionales que la hagan posible. Humala y su pequeño entorno no quisieron construir esas correlaciones y esos arreglos por inexperiencia, pragmatismo, temor, interés y quizás por corrupción. En ese contexto es posible entender la reducción de la Reforma del Estado a reforma de la burocracia para ponerla al servicio del Estado capturado, antidemocrático y hemipléjico (en el que sólo funcionan más o menos bien los aparatos económicos, pero en el que los aparatos sociales son un desastre).
La realización de la reforma del Estado exige impulsar, entre otras, tres reformas prioritarias, además de la reforma burocrática: la desprivatización, la democratización y la modernización integral del Estado. La desprivatización supone acabar con la captura del Estado por parte de los poderes fácticos para ponerlo al servicio del interés general (en el sentido liberal) y del bien común (en el sentido republicano). La desprivatización permite asimismo organizar un estado fuertemente autónomo (con respecto al sistema económico y a los poderes fácticos) en el que los desiguales sean considerados efectivamente iguales.
La democratización del Estado exige que todas las políticas públicas (económicas y sociales, en especial la educación y la salud) sean de calidad y lleguen a toda la población y a todo el territorio por igual. Ella supone también que la ley y la justicia sean iguales para toda la población en todo el territorio nacional. Todo eso implica extender el Estado a toda la sociedad y a todo el territorio. A un tercio de este no llega el estado y a otro tercio llega tarde y mal. La modernización integral del estado exige ir más allá de las islas económicas de modernidad para extender la calidad, la eficacia y la efectividad a los aparatos sociales que tienen que ver con los servicios (educación, salud, seguridad y justicia) a los ciudadanos.
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