Sinesio López Jiménez
La actitud de los ciudadanos y de los políticos frente a los movimientos sociales es un buen indicador de su orientación ideológica. La derecha detesta generalmente a los movimientos sociales, les atribuye un carácter subversivo y exige su represión. La izquierda, en cambio, los ve con simpatía, los alienta y exige que el Estado los respete y atienda sus demandas. Más allá de las actitudes de la gente hacia los movimientos sociales, lo cierto es que entre éstos y el Estado existe una tensión relativamente permanente que muchas veces se transforma en contradicción y en conflicto abierto. Esto es lo que está pasando en el Perú desde hace un buen tiempo. ¿Por qué?. Hay varias razones, unas de carácter estructural y otras tienen sólo un alcance coyuntural.
Entre las primeras está la distinta naturaleza de las cosas. El Estado es una macro-estructura (integrada por el monopolio de la fuerza, la burocracia, la producción del sistema legal, la capacidad impositiva, la distribución del poder en el territorio, el sistema de identidades y referencias) que busca imponer su dominio e instaurar y mantener el orden. Ese es su papel. Los movimientos sociales, por el contrario, buscan la atención política de sus demandas, el cambio y, con frecuencia (no siempre), una mayor democratización en su relación con el Estado. Los elementos coyunturales que avivan los conflictos pueden ser múltiples: crisis económicas, medidas estatales, incumplimientos de acuerdos, corrupción, voracidad empresarial, etc.
Un tema central es el modo como el Estado trata a los movimientos sociales. Ese modo depende de los regímenes políticos (democráticos y no democráticos) que son justamente el resultado del tipo de relación entre el Estado y los ciudadanos. Cuando “las relaciones políticas entre el Estado y sus ciudadanos se demuestran con consultas mutuamente vinculantes, amplias, iguales y protegidas”(Tilly, Democracy, 2007:13-14 ) estamos frente a un régimen democrático. Cuando esas relaciones, en cambio, se caracterizan por ausencia de consultas o por consultas no vinculantes, no protegidas, desiguales y excluyentes estamos frente a un régimen no-democrático.
Todos los políticos y los medios, sin embargo, se llenan la boca con el Estado de Derecho, pero en el Perú, independientemente de lo que diga la Constitución, no existe un dominio efectivo de la ley en todo el territorio y para toda la población. Lo que predomina aquí es el monopolio de la violencia. Eso explica quizá que los gobiernos de los regímenes democráticos se comporten en forma autoritaria frente a los movimientos sociales. García incluso los llamó abusivamente “perros del hortelano” y criminalizó a renglón seguido la protesta social. En el gobierno de Ollanta Humala hay dos momentos diferentes. El del gabinete Lerner que reconoció las justas demandas de los movimientos de protesta y que buscó instaurar el diálogo como forma de atenderlos y de solucionar sus demandas y el del gabinete Valdés que ha impuesto una forma autoritaria de resolver los conflictos sociales. Hoy la consigna es disparar y matar.
Lo que llama la atención en el Perú es el alto nivel de agresividad con el que desarrollan los movimientos de protesta. Eso tiene que ver, por un lado, con la indiferencia o la violencia con las que el Estado, los políticos de derecha, las élites económicas tratan las demandas de los movimientos de protesta y, por otro, con el bajo nivel de desarrollo de las instituciones políticas. Los movimientos de protesta saben que sólo en forma agresiva (quemando llantas, ocupando carreteras, tirando piedras) pueden colocar sus demandas en la agenda pública. Los protestatarios no quieren destruir el sistema: sólo quieren hacerlo funcionar. Si existiera un sistema de partidos y vigorosas reglas de juego que todos acepten y respeten, las protestas serían menos desbordantes y menos desestabilizadoras.
Los movimientos sociales, cuando son vigorosos y más o menos articulados, tienen efectos poderosos en la política y en el Estado. Uno de los nervios centrales del cambio del Estado Oligárquico fue el vasto y agresivo movimiento campesino de los 50 y los 60 del siglo pasado. El Perú no se hubiera desembarazado de la dictadura de Morales Bermúdez, si los movimientos clasistas de entonces no hubieran desplegado grandes movilizaciones. La imposición del Estado neoliberal extremo en el Perú se debió a la ausencia de la protesta social que la limitara. Es probable que su cambio tenga en los masivos movimientos de protesta, especialmente en los socio-ambientalistas, uno de los motores principales.