Sinesio López Jiménez
La democracia y la dictadura en el Perú del siglo XX se mueven por ciclos que se alternan. El motor que los dinamiza es la relación cambiante entre el Estado y los ciudadanos. Cuando éstos formulan demandas y realizan protestas y movilizaciones inician o reactivan los ciclos de democratización (que se institucionaliza para culminar en una democracia) y cuando el Estado fortalece sus capacidades y reprime afectando los derechos de los ciudadanos anuncia o pone en marcha un ciclo autoritario. La del 90 es una década de desdemocratización en el Perú. El golpe del 5 de abril de 1992 cerró el ciclo de democratización (abierto en 1976) que dio lugar a la transición 1978-1980 y a la instauración del régimen democrático del 80 y que continuó en esa década, pero debilitado y neutralizado por el terrorismo de Sendero Luminoso y del MRTA. Ese golpe tuvo varios sentidos. El primero, recuperar para el Estado el monopolio perdido de la violencia e imponer el orden; el segundo, arrebatar los derechos de los ciudadanos; el tercero, perpetuar a Fujimori en el poder y cuarto, establecer el modelo neoliberal extremo y blindarlo constitucionalmente.
El caos económico creado por la hiperinflación y el político generado por el terrorismo indujeron a los ciudadanos a otorgar un respaldo mayoritario al golpe del 5 de abril. Eso no obstante, las relaciones que estableció el Estado con los ciudadanos (apoyados por las principales democracias de América y Europa) fueron muy inestables y quebradizas dando lugar a sucesivos y breves regímenes políticos no democráticos: la dictadura inicial, la dictablanda, la democradura y un régimen autoritario relativamente estable que duró hasta el 2000. El Estado que emergió de ese golpe tuvo un carácter contradictorio. Por un lado, recuperó poco a poco sus capacidades políticas (monopolio de la violencia, dominio territorial, funcionamiento burocrático, imposición del orden, capacidad extractiva de recursos, dación de políticas públicas, etc) y por otro, debilitó y redujo su rol económico y su capacidad reguladora del mercado.
Del capitalismo de Estado de Velasco se pasó al capitalismo de mercado sin un Estado autónomo que lo regule. Los organismos reguladores (Indecopi, Osiptel, Osinerming, etc,) estuvieron y están subordinados a los intereses de los grupos económicos que deben ser regulados. Los organismos financieros internacionales (FMI, Banco Mundial, BID) y los grupos económicos poderosos capturaron el Estado, crearon islas estatales de modernidad (MEF, BCR, SUNAT, etc) y mantuvieron los aparatos sociales en la inopia y en la ineficacia burocrática. Gracias a esas islas de modernidad, el ministro de economía, que desde el 90 no proviene del partido que triunfa en las elecciones sino de los organismos financieros internacionales y de los bancos, es un superministro que es casi el gobierno.
La captura del Estado trae consigo la imposición de los intereses de los grupos económicos poderosos a todo el país a través de la burocracia, bloqueando la posibilidad de que el Estado exprese y defienda el interés general y el bien común e impidiendo la formulación y el acceso a las políticas públicas universales de calidad. La captura del Estado por los intereses privados abre las puertas a la corrupción o, en todo caso, la tolera. La captura y la corrupción son casi lo mismo. En ambos casos se trata de la apropiación de los aparatos estatales y/o de los fondos públicos para ponerlos al servicio de los intereses privados.
El Estado neoliberal acompañó la emergencia y permanencia del capitalismo salvaje (capitalismo sin derechos de los trabajadores, mercado sin Estado, apertura al mercado internacional sin protección interna, etc.) y desplegó una política asistencialista agresiva (financiada por el Banco Mundial y el BID) en los tiempos de Fujimori, quien gobernó para los ricos con el apoyo de los pobres. Ese Estado neoliberal limita los derechos políticos y civiles de los ciudadanos y recorta sus derechos sociales. Con la marcha de los cuatro suyos se inició un nuevo ciclo de democratización que (con apoyo externo) se trajo abajo al gobierno autoritario de Fujimori, posibilitó la instauración de regímenes democráticos del 2001 en adelante, pero no ha logrado aún recuperar todos sus derechos perdidos en la década del 90.
Toledo permitió el libre cauce del ciclo democratizador, García pretendió liquidarlo criminalizando las protestas sociales y se esperaba que Ollanta lo fortaleciera, pero la forma autoritaria de enfrentar las protestas y los movimientos sociales anuncia más bien un freno en seco. Mi hipótesis es, sin embargo, que, por las expectativas desatadas, la ola democratizadora que viene es grande.