Sinesio López Jimenez
Algo se mueve en los predios de la izquierda. Reencuentros con ciudadanos de a pie que mantienen aún una cierta expectativa de cambio en el gobierno, pero expresan al mismo tiempo un ánimo contestario. Reuniones semanales de los diversos partidos y movimientos de izquierda con miras a una acción conjunta tanto en la coyuntura como en el mediano y largo plazo. Preparación de eventos ciudadanos y partidarios que anuncian el abandono del letargo y la puesta en marcha de un poder en movimiento. Todas estas movidas apuntan, al parecer, a la conformación de una fuerza política de izquierda como alternativa de gobierno.
Si quiere gobernar las regiones en el 2014 y el país en el 2016, la izquierda está obligada a realizar una serie de tareas políticas indispensables. En primer lugar, ella debe convocar a la unidad de los partidos y los movimientos (nacionales y regionales) de ese signo que quieren realizar la gran transformación en democracia. Eso supone el abandono de las nostalgias y los dogmas del pasado y la superación de la desconfianza y del espíritu faccioso. En segundo lugar, ella está llamada a hacer un balance crítico y autocrítico del 80 en adelante. Hay avances significativos en esa dirección. Este es el caso del último libro editado por Alberto Adrianzén cuya presentación desbordó el auditorio de la BNP, lo que muestra el gran interés que amplios sectores de la ciudadanía tienen sobre el tema.
En tercer lugar, la izquierda tiene que ofrecer una visión del Perú en el largo plazo que defina un horizonte utópico movilizador. Es necesario recuperar el derecho de los peruanos a soñar en un Perú ideal. Los pilares de esa sociedad soñada son los eternos ideales de la justicia, la libertad, la solidaridad y la autonomía del Perú en el mundo globalizado. En cuarto lugar, la izquierda tiene que partir del Perú actual con sus continuidades y sus cambios. Para bien o para mal, este país ya no es el mismo de los 70. Se tiene que tomar en cuenta los cambios producidos para mantenerlos o para superarlos. Salvo uno, el de la servidumbre rural y la independencia de los campesinos, los grandes clivajes que definen la estructura social, económica, política y cultural del país (dependencia-autonomía, modernidad-tradición, capital-trabajo, centralismo-descentralismo, homogeneidad-diversidad cultural) se mantienen en pie, pero han cambiado el peso y la importancia de cada uno de ellos.
La conformación de la izquierda como un frente amplio, de su estrategia y de sus tácticas tiene que partir de la articulación ponderada de estos clivajes. Los partidos no se fundan por decreto ni por refinados diseños institucionales. Ellos se forman en la lucha que nace de estos clivajes. En quinto lugar, la izquierda debería abandonar el esquema schmittiano (también leninista) de amigo-enemigo en el campo de la política interna. Esa concepción conduce a ver la política como guerra y como confrontación permanente. Lo que la izquierda tiene que evitar sobre todo es la mezcla de la política con la religión o con la ética que conduce a la idea de una enemistad absoluta. Según esta tesis todos los enemigos son malos y hay que matarlos.
En sexto lugar, la izquierda está obligada a defender el Estado- nación como espacio de ejercicio de la ciudadanía y de la democracia mientras no se invente la comunidad sudamericana que integre a los estados naciones actualmente existentes. Eso implica el impulso de políticas que encaucen y hagan gobernable la globalización. En sétimo lugar, la izquierda debiera postular los avances de la ciencia y la tecnología como base del desarrollo y revalorar a los intelectuales y a los organizadores de cultura como creadores de proyectos políticos, culturales y morales y de espacios de hegemonía y de integración social y nacional. En esta tarea juegan un papel muy importante los medios que, en su mayoría, han sido monopolizados por la derecha. Felizmente hay medios y programas que ponen el toque del pluralismo. Pero sobre todo están las redes sociales y el internet, el diario libre en el que pueden comunicarse un número creciente de ciudadanos.
En octavo lugar, la izquierda está llamada a adecentar la política convertida por algunos políticos y gobernantes en un albañal. La política y la ética son realidades diferenciadas, pero no debieran caminar separadas. Entre los fines buenos y los medios no siempre santos de la política, la izquierda tiene que colocar los valores que adecentan la política. En noveno lugar, la izquierda tiene que acompañar y expresar (en el campo de la política) las demandas contestatarias y negociadoras de los ciudadanos que constituyen un poder en movimiento. Finalmente, si la izquierda quiere gobernar tiene que ganar a las clases medias rescatando sus valores de progreso y sus exigencias de respeto a las libertades.
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Sinesio López Jiménez
Martín Tanaka (LR, 5 de febrero) cree encontrar en tres de mis artículos recientes (post renuncia del gabinete Lerner) una lógica de confrontación que se emparenta con la desarrollada en un ensayo que escribí en los 70 (De imperio a nacionales oprimidas) y que se aleja de la lógica de concertación expresada en otros escritos míos de los ochenta en adelante. En resumen, afirma que mi pensamiento político en el campo de la izquierda ha evolucionado desde la polarización a la institucionalización y que ahora involuciona a la confrontación, esto es, que paso del estilo Chávez al estilo Lula y que ahora vuelvo al primero.
Tanaka hace una lectura parcial y parcializada de mis columnas recientes (aparecidas en LR) pues deja de lado los términos precisos de la salida del gobierno. Con la renuncia del gabinete Lerner, la izquierda sale del gobierno, pero no renuncia al programa de la gran transformación ni a la hoja de ruta primigenia con la que Ollanta gana la segunda vuelta (Carta desde la sociedad civil). Esto significa que la izquierda evalúa al gobierno desde estas perspectivas programáticas y exige que las cumpla en las políticas que despliega. Este apoyo crítico irá cambiando de acuerdo a las políticas y a la conducta del gobierno.
La misma lectura tiene de mi ensayo de 1978 que fue escrito para entender al Perú, para comprenderme a mí mismo (nací en una hacienda feudal), para explicar (desde la perspectiva de la sociología histórica) la transformación del Imperio de los Incas (siglo XVI) en una clase campesino-indígena en el siglo XX y para celebrar la conquista del voto de los campesinos gracias al proceso de democratización abierto en 1976. ¿Quienes impidieron la participación de los campesinos analfabetos en el siglo XX?, ¿Quiénes bloquearon la participación política del Apra y del PC con el artículo 53 de la Constitución del 33?, ¿Quiénes trataron de impedir la participación de las clases medias y de los jóvenes arequipeños en el proceso electoral de 1956? ¿Quiénes pretendieron sacar del juego electoral a Fernando Belaúnde en 1956? ¿Quiénes entonces polarizaron al país e impidieron un juego electoral e institucional?
La respuesta, estimado Martín, es la misma: No fueron las fuerzas democratizadoras (los ciudadanos movilizados de las diversas clases sociales con sus distintas representaciones sociales y políticas), sino la oligarquía, el gamonalismo, las dictaduras pro-oligárquicas y la derecha política de entonces. Mantuvieron la exclusión casi total al costo de producir y alimentar una polarización exacerbada. La fuerzas democratizadores, en cambio, buscaron participar en las elecciones y abrir un juego institucional (que he llamado incursiones democratizadoras en otros escritos). Es cierto también que los representantes políticos de las fuerzas democratizadoras respondieron al paradigma oligárquico de la exclusión y la polarización con el paradigma de la revolución. Todos los políticos de la reforma (Haya hasta los 50, Cornejo Chávez, Belaúnde, las izquierdas desde luego y hasta Velasco mismo) hablaron de la revolución para acabar con la exclusión oligárquica.
Martín parece asustarse con las polarizaciones que, con frecuencia, son inevitables en un país sin instituciones fuertes como el nuestro y parece creer que la concertación y la institucionalización acaban con ellas. Grave error. Toda polarización expresa una o un conjunto de contradicciones o clivajes (económicos, sociales, políticos, culturales) que es necesario resolver para construir el orden (si es justo mejor). Hay tres maneras típicas de manejar las polarizaciones. Una es la sumisión (derrota) de los de abajo. Otra es la lógica de las movilizaciones contestatarias-la represión-la negociación (Charles Tilly en sus últimas obras brillantes) que no resuelve las contradicciones, pero las redefine, si la negociación es exitosa para los de abajo. Y finalmente, la victoria de los de abajo sobre los de arriba. Es el caso típico de una revolución exitosa. A diferencia de México o de Bolivia, Perú se ha movido entre la sumisión y la contestación negociadora. Es esta última la que permite el juego institucional.
La institucionalización no acaba, sin embargo, con las polarizaciones ni con las contradicciones sino que las transforma (haciendo que el enemigo devenga un adversario y un opositor) y permite que los actores diferentes jueguen el mismo partido (competencia electoral) con las mismas reglas. Pero la lucha continúa porque hay que resolver las contradicciones en democracia y esta, para que tenga calidad, tiene que apoyarse en un proceso democratizador. Esta es ya otra discusión.

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Sinesio López Jiménez
La democracia y la dictadura en el Perú del siglo XX se mueven por ciclos que se alternan. El motor que los dinamiza es la relación cambiante entre el Estado y los ciudadanos. Cuando éstos formulan demandas y realizan protestas y movilizaciones inician o reactivan los ciclos de democratización (que se institucionaliza para culminar en una democracia) y cuando el Estado fortalece sus capacidades y reprime afectando los derechos de los ciudadanos anuncia o pone en marcha un ciclo autoritario. La del 90 es una década de desdemocratización en el Perú. El golpe del 5 de abril de 1992 cerró el ciclo de democratización (abierto en 1976) que dio lugar a la transición 1978-1980 y a la instauración del régimen democrático del 80 y que continuó en esa década, pero debilitado y neutralizado por el terrorismo de Sendero Luminoso y del MRTA. Ese golpe tuvo varios sentidos. El primero, recuperar para el Estado el monopolio perdido de la violencia e imponer el orden; el segundo, arrebatar los derechos de los ciudadanos; el tercero, perpetuar a Fujimori en el poder y cuarto, establecer el modelo neoliberal extremo y blindarlo constitucionalmente.
El caos económico creado por la hiperinflación y el político generado por el terrorismo indujeron a los ciudadanos a otorgar un respaldo mayoritario al golpe del 5 de abril. Eso no obstante, las relaciones que estableció el Estado con los ciudadanos (apoyados por las principales democracias de América y Europa) fueron muy inestables y quebradizas dando lugar a sucesivos y breves regímenes políticos no democráticos: la dictadura inicial, la dictablanda, la democradura y un régimen autoritario relativamente estable que duró hasta el 2000. El Estado que emergió de ese golpe tuvo un carácter contradictorio. Por un lado, recuperó poco a poco sus capacidades políticas (monopolio de la violencia, dominio territorial, funcionamiento burocrático, imposición del orden, capacidad extractiva de recursos, dación de políticas públicas, etc) y por otro, debilitó y redujo su rol económico y su capacidad reguladora del mercado.
Del capitalismo de Estado de Velasco se pasó al capitalismo de mercado sin un Estado autónomo que lo regule. Los organismos reguladores (Indecopi, Osiptel, Osinerming, etc,) estuvieron y están subordinados a los intereses de los grupos económicos que deben ser regulados. Los organismos financieros internacionales (FMI, Banco Mundial, BID) y los grupos económicos poderosos capturaron el Estado, crearon islas estatales de modernidad (MEF, BCR, SUNAT, etc) y mantuvieron los aparatos sociales en la inopia y en la ineficacia burocrática. Gracias a esas islas de modernidad, el ministro de economía, que desde el 90 no proviene del partido que triunfa en las elecciones sino de los organismos financieros internacionales y de los bancos, es un superministro que es casi el gobierno.
La captura del Estado trae consigo la imposición de los intereses de los grupos económicos poderosos a todo el país a través de la burocracia, bloqueando la posibilidad de que el Estado exprese y defienda el interés general y el bien común e impidiendo la formulación y el acceso a las políticas públicas universales de calidad. La captura del Estado por los intereses privados abre las puertas a la corrupción o, en todo caso, la tolera. La captura y la corrupción son casi lo mismo. En ambos casos se trata de la apropiación de los aparatos estatales y/o de los fondos públicos para ponerlos al servicio de los intereses privados.
El Estado neoliberal acompañó la emergencia y permanencia del capitalismo salvaje (capitalismo sin derechos de los trabajadores, mercado sin Estado, apertura al mercado internacional sin protección interna, etc.) y desplegó una política asistencialista agresiva (financiada por el Banco Mundial y el BID) en los tiempos de Fujimori, quien gobernó para los ricos con el apoyo de los pobres. Ese Estado neoliberal limita los derechos políticos y civiles de los ciudadanos y recorta sus derechos sociales. Con la marcha de los cuatro suyos se inició un nuevo ciclo de democratización que (con apoyo externo) se trajo abajo al gobierno autoritario de Fujimori, posibilitó la instauración de regímenes democráticos del 2001 en adelante, pero no ha logrado aún recuperar todos sus derechos perdidos en la década del 90.
Toledo permitió el libre cauce del ciclo democratizador, García pretendió liquidarlo criminalizando las protestas sociales y se esperaba que Ollanta lo fortaleciera, pero la forma autoritaria de enfrentar las protestas y los movimientos sociales anuncia más bien un freno en seco. Mi hipótesis es, sin embargo, que, por las expectativas desatadas, la ola democratizadora que viene es grande.

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Sinesio López Jiménez
El Perú no ha logrado hasta ahora establecer una relación equilibrada entre el Estado y los ciudadanos que permita y garantice la democracia. Estas relaciones han estado marcadas casi siempre por el desequilibrio que ha provenido principalmente de los cambios en el Estado. Los peruanos hemos tenido o poco Estado que no tenía capacidad para reconocer ni garantizar los derechos de los ciudadanos o mucho Estado que los aplastaba. Los ciudadanos han hecho lo suyo en la búsqueda de un equilibrio democrático con el Estado a través de sus demandas de derechos, de sus contestaciones, movilizaciones y negociaciones.
Los cambios en las relaciones entre el Estado y los ciudadanos han producido diversos tipos de regímenes: democráticos, no democráticos, dictablandas, democraduras y otras especies. Los momentos democratizadores han surgido por lo general de las contestaciones ciudadanas mientras los momentos de desdemocratización (que son también momentos autoritarios) han provenido generalmente (no siempre) de las políticas del Estado. La iniciativa y la dinámica de los cambios estatal-ciudadanos varía. En algunos casos, ellas provienen del Estado (Velazco, Fujimori) y en otros de los ciudadanos (1955-1968, 1976-86; 2001 en adelante).
Aparte del Estado criollo del siglo XIX, que no era propiamente un Estado, en el Perú han existido tres formas de Estado que han tenido diversos tipos de relación con sus ciudadanos: El Estado oligárquico (1895-1968), el Estado velasquista (1968-90) y el estado neoliberal. El Estado oligárquico fue una estructura muy débil y fragmentada (no tuvo una autoridad centralizada), fue privatizado por los grandes propietarios de la tierra (oligarquía y gamonalismo) que controlaron sus aparatos principales, no tuvo el monopolio de la violencia, sus relaciones con los ciudadanos fueron indirectas (mediadas por los terratenientes), sus aparatos coercitivos tuvieron preeminencia sobre sus aparatos hegemónicos, su capacidad impositiva fue mínima y fue incapaz de establecer políticas públicas universales.
El Estado oligárquico fue la forma política de la economía agro-minero-exportadora (que coexistía con el gamonalismo y amplios sectores económicos tradicionales) y desplegó, por eso, una política económica ortodoxa (liberal). Con respeto a los ciudadanos fue excluyente, paternalista, represivo y cooptativo. Fue incapaz de reconocer los derechos ciudadanos y de garantizarlos. Las cosas comenzaron a cambiar con la formación del Apra (sobre todo) y del PC en los 30 y aceleraron el paso después de los 50 con movimientos de clases medias, grandes movimientos campesinos, con las luchas de los pobladores urbanos y con el movimiento obrero. Se produjo entonces un ciclo político de movilización y contestación-represión- negociación que favoreció la democratización y un ensanchamiento de los derechos ciudadanos que, sin embargo, seguían siendo limitados.
El velasquismo fortaleció el Estado echándose abajo a todos los poderes (la oligarquía, el gamonalismo, las empresas extranjeras, los medios) que lo habían capturado y que impedían el desarrollo de sus capacidades estatales, centralizó la autoridad, estableció relaciones directas con los ciudadanos, culminó la monopolización de la violencia (que comenzó en el oncenio de Leguía), impulsó un reforma de la burocracia estatal, liberó a la servidumbre rural, desplegó políticas de reconocimiento de la diversidad cultural, integró a los ciudadanos en forma corporativa, incrementó la presión tributaria y estableció políticas públicas universales que, sin embargo, no llegaron a toda la sociedad y al territorio.
El Estado Velasquista impulsó el proceso de industrialización y de desarrollo del mercado interno, pero fracasó porque la burguesía era muy débil y porque faltaron capitales para financiarlo debido, entre otras cosas, a que no existió en los 70 una vigorosa demanda internacional de materias primas. Como dictadura corporativa inclusiva, su relación con los ciudadanos fue contradictoria. Por un lado, limitó los derechos políticos de los ciudadanos pero, por otra, ensanchó parcialmente los derechos civiles y otorgó un reconocimiento amplio a los derechos sociales de los trabajadores. La situación cambió gracias a los masivos movimientos ciudadanos entre 1976 y 1986 que iniciaron un nuevo ciclo democratizador de contestación-represión-negociación dando lugar a la democracia a partir de 1980 y ensanchando los derechos de los ciudadanos, aunque el Estado no podía garantizarlos.
La aparición del terrorismo en los 80 neutralizó el ciclo democratizador, debilitó al Estado, generó el caos y la ingobernabilidad y sentó las bases del Estado autoritario de los 90.
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