Sinesio López Jiménez
A cien días de gobierno, poco es lo que se puede exhibir como gran transformación. Cinco cambios son los más importantes: el gravamen a las mineras, la consulta previa, la creación del Ministerio de Inclusión Social (MIDIS), el incremento del salario mínimo y una política laboral que atiende y defiende los derechos de los trabajadores. A todo esto hay que añadir el despliegue de una política exterior soberana, independiente y desideologizada que busca fortalecer la CAN y el CONASUR. El nubarrón que oscurece la transparencia del gobierno y desdibuja la promesa de la lucha sin cuartel contra la corrupción en estos cien días son los casos de Chehade y de la mega-comisión para investigar al gobierno de García. Ambos casos han sido pésimamente manejados y enredados por los asesores de la cúspide del poder. Tontamente se les dio carne fresca a los buitres de la derecha política y mediática.
Lo que ha cambiado y está cambiando rápidamente es el humor de los diversos sectores sociales. Las clases medias y altas han perdido el temor y han incrementado, por eso, el apoyo a OH. Los sectores pobres y muy pobres, en cambio, parecen estar perdiendo la esperanza y han disminuido su respaldo, especialmente en el sur andino. Eso muestra quizá la impaciencia de los pobres y su poca capacidad de espera. El accionar del gobierno discurre, sin embargo, como un lento proceso en el que predomina la continuidad sobre el cambio. Siguen los mismos funcionarios políticos de los gobiernos anteriores, muchos de ellos corruptos, siguen las mismas políticas económicas y sociales y hay muy poco de la promesa transformadora. La voluntad de cambio persiste en Ollanta y en el gobierno, sin embargo.

Los compromisos de la segunda vuelta

¿A qué se debe la lentitud de los cambios prometidos?. La respuesta es compleja y obedece a varios factores. Las coaliciones sociales y políticas de la segunda vuelta, la debilidad política de la coalición triunfante, el acuerdo de una democracia concertada con el capital para darle gobernabilidad al país y los cambios estructurales de estos últimos 20 años (que, por un lado, han polarizado socialmente al Perú y, por otro, le han inyectado una alta dosis de moderación política) constituyen las principales causas que explican los cambios a cuenta gotas que, por eso mismo, dejan de tener el impacto político deseado. Todas las clases sociales tenían diversas expectativas sobre Ollanta Humala como candidato y como Presidente. Para el imaginario de las clases populares y pobres Ollanta expresaba la promesa de la gran transformación tanto en la primera como en la segunda vuelta y mantenía esa promesa cuando llegó al gobierno. Para las clases altas y medias, en cambio, Ollanta era una amenaza a su estabilidad económica y social y significaba el salto al vacío en la primera vuelta. Ese sentimiento cambió en la segunda vuelta (especialmente en las clases medias) gracias al rechazo al fujimorismo, por un lado, y gracias al respaldo de la corriente liberal-democrática encarnada por Vargas Llosa y Toledo. La segunda vuelta se polarizó entre el candidato de Gana Perú y la de Fuerza 2011, entre la centro-izquierda y la derecha. Ollanta sufrió un cargamontón del poder económico, de la derecha política y mediática, de la Iglesia conservadora y del mismo gobierno de García. La estrechez del triunfo de Ollanta no puede ocultar, sin embargo, la amplitud y la profundidad de la derrota de la derecha. Es la segunda vez que el poder económico pierde democráticamente el gobierno. La primera vez (1945) que perdió el gobierno lo recuperó con el golpe de estado de Odría (1948)
El triunfo de la primera vuelta fue una obra maestra de campaña electoral, por un lado, y fue también un producto del entrampamiento de las candidaturas del centro y de la derecha, particularmente de Toledo, PPK y Castañeda. Triunfaron la corriente nacionalista y la de izquierda que conformaban Gana-Perú. El triunfo en la segunda vuelta suponía ampliar la coalición social y política hacia el centro-derecha, esto es, hacia el liberalismo democrático que encarnaban Alejandro Toledo y Mario Vargas Llosa. Eso, como es obvio, exigía morigerar los planteamientos de cambio de Gana-Perú, lo que se expresó claramente en la hoja de ruta.

La debilidad de la fórmula de gobierno (que no fue) de la democracia electoral

La debilidad de los actores políticos que impulsan el cambio es notoria. En primer lugar, las corrientes nacionalistas y las de izquierda, agrupadas en Gana Perú, así como las de centro-derecha no son fuerzas organizadas ni institucionalizadas sino que constituyen organizaciones incipientes y son principalmente corrientes de opinión. La fuerza electoral proviene del apoyo popular a Ollanta Humala, el líder de Gana Perú. En segundo lugar, la debilidad de los movimientos sociales populares (que, desde los 90 del siglo pasado, viven procesos de fragmentación y disgregación de los que hasta ahora no logran salir) no constituyen un soporte sólido de una propuesta de cambio. En tercer lugar, el peso creciente de los medios, la mayoría de ellos en manos de la derecha y la ultraderecha, en el campo de la política es avasallador y no tienen un contrapeso político en el campo de la reforma. Son ellos los que ponen la agenda pública y los que catapultan y/o hunden a los personajes políticos En cuarto lugar, la importancia decisiva de los poderes fácticos en la organización y funcionamiento de los gobiernos y del Estado es notoria y creciente. En el pasado reciente los gobiernos han sido formados por coaliciones de la cúpula gubernamental con los poderes fácticos. Desde los tiempos del fujimorismo, los ministros de economía no provienen de los partidos que ganan las elecciones sino de los organismos financieros internacionales y de los bancos.
A partir de la nueva coalición social y política que le dio el triunfo electoral en la segunda vuelta, Ollanta se propuso organizar el gobierno y administrar el capitalismo ofreciendo reglas de juego claras: seguridad jurídica, mantenimiento de los equilibrios macroeconómicos, despliegue de políticas monetaria y fiscal responsables para los diversos grupos empresariales y políticas de inclusión social para las clases populares y pobres. Se buscaba establecer una política de coalición de las fuerzas victoriosas que llevara a cabo el programa de crecimiento con inclusión en democracia, pero sin la presencia de los representantes del capital en el gobierno. Eso implicaba el respeto a la voluntad de los electores y al mismo tiempo la consideración de los intereses empresariales, esto es, la vigencia de la democracia electoral que tomaba en cuenta también a los diversos grupos de interés. El equipo económico que encabezaba esta propuesta estaba integrado por Félix Jiménez, Kurt Burneo y Oscar Dancourt que habían manejado con eficiencia y responsabilidad los aparatos económicos del Estado en el gobierno del Presidente Toledo.
Ollanta quería evitar de ese modo que la democracia sea secuestrada por la derecha y que ésta lo obligara a gobernar con el programa de los que habían perdido las elecciones, tal como sucedió desde 1990 en adelante. Esta fórmula de democracia burlada (y traicionada) ha sido y es muy común en el Perú y en América Latina en los tiempos del neoliberalismo. Eso explica que una de las razones más frecuentes esgrimidas por los electores peruanos y latinoamericanos para desaprobar a sus gobernantes en las encuestas sea la del incumplimiento de sus promesas electorales.
El poder económico y la derecha política y mediática no estaban dispuestos, sin embargo, a respetar la voluntad de los electores. Ellos exigían más. Los grupos económicos arrastraban los pies cuando se hablaba de inversión y mostraban su desconfianza en el probable nuevo gobierno de centro-izquierda mientras la derecha mediática azuzaba los cucos y despertaba los miedos del mundo empresarial. Se negaban a someterse a la autoridad democrática que había nacido del triunfo electoral de la coalición social y política que se había organizado en la segunda vuelta. No les gustaba para nada la fórmula de gobierno de la democracia electoral. Pretendían otro tipo de democracia en la que ellos fueran considerados como parte del gobierno sin haber ganado las elecciones. Querían una democracia concertada con ellos. Eso era posible porque la coalición triunfante en la segunda vuelta no tenía la fuerza social y política para hacer respetar su éxito electoral

La búsqueda de la gobernabilidad y la democracia concertada

Finalmente Ollanta dio el paso decisivo para darle gobernabilidad al país: incorporó al gobierno a los representantes del mundo empresarial (Velarde en el BCR y Castilla en el MEF) El poder económico y la derecha política y mediática lo celebraron, pero querían más: Deseaban a la izquierda fuera del gobierno y pretendían que Ollanta fuera un gobernante sin poder para manejarlo a su antojo. Como es obvio, todas estas concesiones al capital y a sus representantes significaban y significan una mayor moderación política y una mayor lentitud en los cambios. Lo peor que le podría suceder a la nueva coalición de gobierno sería la degeneración de la democracia concertada en una democracia trabada o, peor aún, en una democracia traicionada.
El triunfo electoral abrió las puertas del gobierno a Ollanta, pero no le otorgó gobernabilidad. En una democracia el que gana las elecciones (competitivas e institucionalizadas) recibe la autorización de los ciudadanos para gobernar. En eso consiste la legitimidad de origen de las autoridades democráticas. El triunfo electoral, sin embargo, no le otorgó capacidad de gobernar con eficacia y efectividad (gobernabilidad). Para tenerla Ollanta invitó a los representantes del capital (que, sin embargo, habían apostado por la candidata derrotada) a participar en el gobierno. Este hecho se ha prestado a múltiples lecturas (concesión a la presión, traición, juego estratégico, realismo político, etc.).
Más allá de las diversas lecturas de este hecho, hay un dato macizo de la realidad: Los resultados electorales no expresan siempre las relaciones económicas, sociológicas y políticas de las fuerzas que existen efectivamente en el país. Si se quiere tener gobernabilidad es necesario tener en cuenta también las reales relaciones de poder en la sociedad, en la economía y en la política, establecer un equilibrio complejo entre ellas y proponer políticas públicas en las que todas y todos ganen.
Ante la ausencia de partidos, la política ha sido copada por los medios, los poderes fácticos y los políticos sin partido. Si Gana-Perú fuera un partido bien organizado y con mucha influencia social, podría contrarrestar esos poderes y sería un sustento sólido del nuevo gobierno. Si tuviéramos un sistema de partidos, la política sería más estable y predecible y la gobernabilidad estaría relativamente garantizada. La fuente de poder de Ollanta no sólo radica en el triunfo electoral y en la relación afectiva con las masas sino también en el hecho contundente que, como Presidente de la República, es jefe supremo de las FF.AA. Este es el contrapeso real del poder del capital. El capital y la coerción se hallan frente a frente, pero no se confrontan sino que conciertan. Salvo en el de Velasco, en los otros gobiernos, especialmente en los del 90 en adelante, el capital y la coerción se ubicaron siempre del mismo lado pro-empresarial para enfrentar a las fuerzas del cambio.
Las correlaciones sociales constituyen un terreno movedizo y conflictivo. No hay organizaciones populares sólidas (sindicatos, asociaciones, sociedad civil), pero existen muchos conflictos de diverso tipo, especialmente socioambientales, y un movimientismo desbordante. Si este se organizara e institucionalizara podría ser más efectivo en sus demandas, ayudaría a la gobernabilidad y podría constituir un vigoroso apoyo al nuevo gobierno. El poder económico está hegemónicamente en manos de los grandes grupos empresariales (48) nacionales y extranjeros. Su hegemonía se ha visto fortalecida y legitimada con el crecimiento económico de los últimos diez años gracias a la demanda de los mercados internacionales. Lamentablemente no existen sindicatos ni centrales sindicales que contrapesen el poder de la CONFIEP.
El crecimiento con inclusión en democracia es la propuesta programática en la que todos ganan. Ello requiere establecer equilibrios complejos entre los diversos campos de las relaciones de poder. Esos equilibrios se mueven entre los dos límites programáticos y estratégicos extremos que hay que evitar: la máxima ganancia y la máxima distribución, la amenaza de desinversión y la presión social y política extrema que la atemoriza. En resumen, la gobernabilidad no proviene de la fuerza de las instituciones (partidos, sociedad civil y Estado) ni de las condiciones favorables a la misma (bajo nivel de desigualdad, alto nivel de desarrollo, etc.), sino de la eficacia, la transparencia y la legitimidad del gobierno de Ollanta y del juego que él establece con los principales actores del mundo empresarial.

La fragilidad institucional del Estado

La fragilidad institucional se puede percibir mejor en el Estado. Este es pequeño y débil. Es más pequeño que la sociedad y que el territorio en el que debiera ejercer su jurisdicción. Hay zonas geográficas, especialmente las alto-andinas, a las que no llega el Estado. Es más débil que otros Estados de la región y es débil también para ejercer la autoridad e imponerla a ciertos grupos sociales que se colocan fuera de la ley. ¿Qué explica la debilidad del Estado peruano?. Mi hipótesis es que ella obedece a un conjunto de características que lo definen.
En primer lugar, es un Estado sometido a la cultura patrimonial. Esta se expresa en diversas situaciones. Cuando un partido triunfa en las elecciones cree que ha obtenido el Estado como botín y se dispone a coparlo con sus militantes apelando al supuesto derecho que le da el triunfo electoral. Esto es lo que han hecho los partidos mejor organizados, muy duchos en las lides de atiborrar al estado con sus clientelas partidarias. Cuando los ciudadanos gestionan algún tipo de servicios en el estado, lo primero que los burócratas les hacen sentir es que ellos son dueños de la función que tienen y que los van a atender, no porque la ley los obliga, sino porque son buena gente y en reciprocidad les piden, en el peor de los casos, una coima. Cuando los grupos económicos buscan atarantar al Presidente para que nombre a personas de su confianza en los puestos claves del Estado es igual. Todos ellos se sienten dueños del Estado e impiden que éste se organice y funcione como un Estado de todos.
En segundo lugar, es un Estado que tiene islas de modernidad, pero la mayoría de sus aparatos, especialmente aquellos que tienen ver con los servicios y derechos de la población, está anquilosada y sometida a formas tradicionales de organización y de funcionamiento. En tercer lugar, nuestro Estado, como la mayoría de los estados de AL. no es democrático. Sus políticas sociales (educación y salud) no llegan a todos los peruanos y peruanas por igual. Lo mismo sucede con la ley, la justicia y la seguridad. En cuarto lugar, el Estado es más criollo que andino y amazónico. Así nació y así sigue. Lo criollo se ha estirado, sin embargo, más allá de la costa y lo andino y amazónico se ha encogido en sus propias regiones, pero el Estado tiene problemas para acomodarse y expresar a la sociedad pluricultural compleja. Podría adecuarse sin renunciar a su carácter unitario.
En quinto lugar, El Estado es limeño. Las otras regiones tienen menos estado con todo lo que eso implica: menos poder, menos presupuesto, menos servicios, menos desarrollo. En sexto lugar, el nuestro es un Estado pobre. ¿Qué se puede hacer con el 14 o 15% de presión tributaria?. Sólo se reproduce en malas condiciones con una burocracia ineficiente y mal pagada. Con los escasos recursos que le quedan no puede realizar políticas sociales de calidad para todos ni puede hacer que la seguridad y la justicia imperen igualmente para todos. En sétimo lugar, la burocracia es ineficiente. Perú, a diferencia de otros países de AL (Brasil, por ejemplo), no concluyó una reforma burocrática profunda (que Europa tuvo en el siglo XIX). Por eso, nuestra burocracia no es weberiana: racional, objetiva, impersonal, eficiente. Y, finalmente, es un Estado corrupto y poco transparente.
¿Qué consecuencias trae la debilidad del Estado?. Varias, pero quiero señalar brevemente tres. En primer lugar, un estado débil es la principal causa de la falta de gobernabilidad del país. La capacidad de gobierno y su desempeño dependen, en gran medida, de la fortaleza institucional del Estado. Eso no existe en el Perú actual. En segundo lugar, un estado débil afecta la calidad de la democracia. Las frecuentes fallas y la baja calidad de la democracia no dependen tanto de su precario diseño institucional como de la debilidad y del carácter antidemocrático del Estado. En tercer lugar, un estado débil no ayuda al crecimiento y al desarrollo. Por lo general, el Estado y el desarrollo con procesos que se acompañan. A más Estado, más desarrollo.

Los cambios estructurales: polarización social y moderación política

El neoliberalismo ha debilitado estructuralmente a los sectores populares, especialmente a los que se cobijan en el trabajo asalariado. El mundo actual del trabajo es un buen mirador para observar lo que sucede con el capitalismo neoliberal. En efecto, lo que está pasando en el mundo del trabajo dice mucho del capitalismo que tenemos delante en términos del nivel de desarrollo alcanzado, de su escasa capacidad de integración social, del tipo de capitalismo que lo explota, de las estrategias utilizadas para ahorrar los costos laborales y para neutralizar la acción colectiva de los trabajadores, de las expectativas y frustraciones que genera. Para el capitalismo neoliberal, que organiza la producción desde la oferta, el trabajo ha dejado de ser un factor de producción para transformarse en un costo laboral.
Generalmente existe una relación directa entre el nivel de desarrollo y el tamaño del trabajo asalariado: A más desarrollo, más porcentaje del trabajo asalariado y a menos desarrollo, menos trabajo asalariado. Los países desarrollados, a diferencia de los que no lo son, tienen un mayor número de trabajadores asalariados tanto en el campo productivo como en el campo no productivo. Lo que ha pasado en el capitalismo avanzado es que el trabajo no productivo asalariado ha crecido más que el productivo. El reducido tamaño del trabajo asalariado es un buen indicador del bajo nivel de desarrollo alcanzado por el capitalismo en el Perú.
El abultado porcentaje de trabajadores independientes revela la poca capacidad de integración social de la economía de mercado y muestra más bien sus características de exclusión económica. Estamos frente a un capitalismo que es intensivo en capital y muy ahorrador de mano de obra. La gran minería, por ejemplo, sólo absorbe el 2% de la PEA y de ella el 70% no está en planilla. Producir un puesto de trabajo en la gran minería cuesta alrededor de un millón de dólares dada la alta intensidad de capital que ella utiliza. Esto se expresa en la mayor velocidad del crecimiento del PBI y el débil crecimiento del empleo. En los últimos años el país ha crecido económicamente, pero el empleo no ha crecido en la misma magnitud y con la misma velocidad y, obviamente, tampoco han crecido los sueldos y salarios. Los ingresos que percibía el trabajo en el 2002 bajaron del 25% del PBI al 21.9% en el 2007.
El rasgo más distintivo del capitalismo actual es, sin embargo, la capacidad que ha tenido para reestructurar el mundo del trabajo en general, del trabajo asalariado en particular y de la clase obrera. Esta ha sido fragmentada y dividida en una serie de situaciones: asalariados, servicios personales, servicios no personales, trabajadores por contrato a plazo fijo, services, etc. Lo que motiva esta fragmentación es probablemente la búsqueda de la disminución de los costos laborales, por un lado, y el bloqueo de la acción colectiva de los trabajadores asalariados, por otro. En efecto, esta fragmentación desarticula los intereses comunes, diversifica los adversarios y los conflictos, rompe la comunicación y hace difícil, sino imposible, la construcción de plataformas comunes de acción colectiva. Todo esto se expresa en el debilitamiento –en la realidad social y política y en la conciencia de la gente- de los sindicatos como instrumentos de defensa de los derechos de los trabajadores.
El crecimiento de los últimos diez años gracias a la demanda del mercado internacional, más que el modelo neoliberal mismo, ha generado importantes cambios que tienen diversos impactos importantes en la estructura social y en la política. Los grandes grupos económicos nacionales y extranjeros se han fortalecido. Algunas empresas, sobre todo las mineras, han recuperado su inversión en tres o cuatro años gracias a las altas tasas de rentabilidad en esta época del boom exportador. La pobreza se ha reducido, pero la desigualdad persiste o se ha incrementado. Han emergido unas vigorosas clases medias en Lima y en las principales ciudades de la costa que han amenguado parcialmente la polarización social y han moderado la radicalidad de la política. El progreso de la costa y de algunas islas de modernidad en la sierra y en la selva en medio del estancamiento mayoritario alimenta también la moderación política.

Los juegos de poder y los tiempos turbulentos del neoliberalismo actual

El juego político central se organiza en torno a la política de concertación entre el Presidente Ollanta y los grandes grupos empresariales para impulsar el programa de crecimiento con inclusión en democracia. No es una política de coalición o alianza, como en los gobiernos anteriores, en la que ambos actores se colocaban en el mismo lado (pro-empresarial) sino una política de concertación en la que cada actor mantiene sus intereses específicos –acumulación creciente por parte de los empresarios y política distributiva vía impuestos por parte del gobierno- al mismo tiempo que ambas partes buscan acercar sus intereses diferentes para que todos ganen: los empresarios, el gobierno y los ciudadanos.
Asociado al juego político central se desarrolla otro colateral de las fuerzas aliadas: la confrontación entre la derecha política y mediática, aliada de los grandes grupos empresariales, por un lado, y el centro liberal democrático de Toledo y la izquierda, aliadas del Presidente Humala, por otro. Los aliados mantienen con los actores centrales (Ollanta y los grandes grupos empresariales) acuerdos y apoyos básicos sin que eso impida la existencia de tensiones y las desconfianzas entre ellos. Estas son quizás mayores en el campo de la izquierda que en el campo de la derecha. Los conflictos políticos, algunos de ellos estridentes, son desplegados, sin embargo, por la derecha política y mediática contra el centro liberal democrático (Toledo) y contra la izquierda. La derecha mediática sostiene una guerra sin cuartel contra los aliados de Ollanta en primer lugar y, en menor medida, contra Ollanta mismo. Aviva una polarización suicida que Ollanta rehúye. Busca instaurar una democracia polarizada que puede generar una parálisis decisoria (ingobernabilidad) para luego imponer la fórmula de la democracia traicionada.
La estrategia de la derecha política y mediática consiste en una especie de juego de “quítate tú para ponerme yo”. Se trata de desplazar del gobierno al centro y a la izquierda para cercar a Ollanta, coparlo, obligarlo a gobernar con el programa de los derrotados y volver a la “normalidad” de siempre: mantener el establisment y cuidar la siesta de los ricos. La conducta de la mayoría de los medios obliga a preguntarse si sus posiciones políticas polarizantes obedecen a una iniciativa propia, suicida e irresponsable, o hacen parte de una estrategia de los grandes grupos empresariales que manejarían una escopeta de dos cañones: con uno celebran y conciertan con Ollanta y con otro disparan contra él y contra sus aliados. En general, no hay prensa desideologizada ni medios independientes. La mayoría de ellos están estrechamente asociados al poder económico por diversos mecanismos (publicidad, accionariado, etc.).
Este doble juego político (central y colateral) se desarrolla en medio de una profunda crisis internacional que ha dejado de ser escenario para transformarse en director de orquesta de ese juego. La profundidad, la amplitud y la duración de esa crisis impactarán fuertemente en la economía peruana y en la dinámica de los conflictos políticos que tenderá a agudizarse. Es probable que las coaliciones y alianzas se debiliten e incluso se rompan, que la concertación cruja y la polarización política se incremente. La crisis financiera internacional, tanto la norteamericana que viene desde el 2008 como la de Europa de fecha más reciente, golpea fuertemente a las economías latinoamericanas, a unas más que a otras. El impacto en la economía peruana será probablemente menor que en el resto de AL gracias a la política anti-cíclica que ha impulsado el gobierno y a la demanda de minerales por parte de China. Todo parece indicar que la crisis económica internacional será profunda y de mediana o larga duración y que su impacto se sentirá en la disminución del crecimiento, en la caída de las exportaciones y de la importaciones, en la reducción de inversión privada, en la fuga de capitales, en la contracción de los ingresos tributarios, en la retracción del empleo y en el aumento de la pobreza, probablemente en dimensiones mayores que en el 2008. En ese contexto la respuesta del gobierno debiera ser, por un lado, desarrollar políticas fiscales y monetarias expansivas e incrementar la presión tributaria para desplegar políticas agresivas de inclusión social y, por otro, aprovechar la profunda crisis del capitalismo neoliberal para impulsar el desarrollo de los mercados internos y construir una economía nacional de mercado. Los tiempos económicos, sociales y políticos que se avecinan serán turbulentos, tumultuarios y atiborrados de indignados y requieren una conducción política hábil y al mismo tiempo audaz que conduzca la nave del Perú a un buen puerto.